Carlos Efrain Fernandez Peniche

Expediente 2904/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2904/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
17/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Efrain Fernandez Peniche

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en estos autos el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que causa ejecutoria la referida sentencia en la que se sobreseyó en el presente asunto. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracciones a) y b), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por analogía de razón, se indica que el presente asunto es susceptible de destrucción; toda vez que, se sobreseyó en el presente juicio de amparo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el expediente al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación en los Libros de Gobierno. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2909/2022-VI-B, promovido por CARLOS EFRAÍN CARLOS PENICHE, contra el acto que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veinte siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció la referida parte quejosa a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Mediante proveído de dos de enero de dos mil veintitrés, toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención realizada en auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 57 de la Nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo, como de las constancias que obran en autos, se tiene que la parte quejosa reclama: La falta de emplazamiento al juicio agrario TUA 34-55/1994, así como todo lo actuado en el mismo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, pues no obstante que lo negó al rendir su informe justificado, realizó diversas manifestaciones que evidencian su existencia, lo que se corrobora de igual manera con las copias certificadas que acompañó al mismo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 211,004, cuyo texto es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, primer párrafo, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. De los artículos anteriores, se desprende que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del plazo de quince días, contados a partir del siguiente a aquel en que surte efectos la notificación del acto reclamado a la parte quejosa, o bien, de aquel en que hubiera tenido conocimiento o se ostente sabedora del acto reclamado o de su ejecución; y que se exceptúan de la regla anterior, según el numeral 17, los siguientes casos: "I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Partiendo de las anteriores premisas, se desprende que un acto se entiende como consentido tácitamente, cuando siendo susceptible de ser recurrido por la vía del amparo no se impugna dentro del término señalado por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2º. J/21, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 291, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registrada en el disco óptico IUS 2001, con el número 204,707, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Asimismo, en cuanto al estudio preferente de esta causa de improcedencia, a cualquier otra que pudiera actualizarse, se cita la tesis III.2o.P.255 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, visible en la foja 3028, del Tomo XXXII, Octubre de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 163630, que establece: "IMPROCEDENCIA. CUÁNDO ES PREFERENTE EL ESTUDIO DE DETERMINADAS CAUSALES. De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si el Juez de Distrito advierte que el acto que se reclama fue consentido tácitamente, porque la presentación de la demanda resultó extemporánea, aun cuando pudiera existir alguna otra causal, como es la inobservancia del principio de definitividad; debe considerarse actualizada la primera de esas causales, esto es, la prevista en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque al ser extemporánea la demanda, a ningún fin práctico conduce analizar cualquier otro motivo de improcedencia, porque es preferente analizar la oportunidad en que se presentó la demanda de garantías." Ahora bien, se afirma que en la especie se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas al juicio agrario TUA 34-696/2017, las que hacen prueba plena al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2° de la propia ley, se advierte el escrito presentado por el ahora quejoso el nueve de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual, desahogó la vista que dicho Tribunal le otorgara en proveído de dos de marzo del referido año, en el que declaró la conexidad de dicho procedimiento con el diverso TUA 34-55/1994. En el ocurso en cita, la parte impetrante del amparo, entre otras cosas, una vez realizada una detallada relación de las actuaciones contenidas en el referido juicio TUA 34-55/1994, solicita al Tribunal responsable: ".de lo señalado por el ejido de Chuburná, se desprende que pretenden acreditar la propiedad de las tierras que reclaman con los trabajos periciales en topografía realizados en el expediente TUA 34-55/1994; sin embargo, a la fecha el citado expediente se encuentra debidamente concluido, e incluso mediante acuerdo que obra a foja 9570 se dio por cumplimentada la sentencia; siendo improcedente que pretendan acreditar su acción en la prueba pericial desahogada en el juicio TUA 34-55/1994, en virtud de que dejó se surtir efectos en la vida jurídica, por lo que este H. Tribunal deberá declarar que el presente expediente ha quedado sin materia, ya que el expediente que refiere el ejido como base de su acción, número TUA 34-55/1994, dejó de surtir efectos en la vía jurídica, al haberse cumplimentado la sentencia y encontrarse debidamente concluido.". En ese sentido, se concluye que, por lo menos, desde el nueve de abril de dos mil veintiuno, el aquí quejoso se enteró de la existencia del juicio agrario TUA 34-55/1994, promovido por el Ejido de Chuburná, ante el Tribunal Unitario Agrario 34, con sede en esta ciudad, pues en esa fecha, desahogó la vista que le fuera otorgada por dicha responsable, en el proveído en el que determinó la conexidad de dicho juicio con el TUA 34-696/2017, por ende, desde ese momento pudo combatir los actos que ahora pretende hacer creer que desconocía. Pues del contenido del escrito de mérito, deviene incuestionable que desde ese momento, el peticionario del amparo tuvo pleno conocimiento de la Litis del juicio agrario TUA 34-55/1994, pues específicamente manifestó: ".mediante escrito de fecha veintisiete (27) de noviembre del año dos mil seis (2006), que obra a foja 8222 de autos, el Ejido actor señaló a este H. Tribunal que la superficie conocida como fraccionamiento Los Álamos, será regularizada mediante por el ejido (sic) la asamblea de formalidades especiales en la que se lleve a cabo el cambio del destino y creación de una zona de urbanización a fin de asignar los solares resultantes a favor de los legítimos poseedores que acrediten la titularidad de los mismos, debidamente registrada a la fecha de la sentencia, mediante el pago de una contraprestación económica.". De ahí que se reitera, no es jurídicamente factible que acuda a este juicio constitucional, reclamando la falta de llamamiento al juicio TUA 34-55/1994, bajo el argumento de que en el mismo se dilucidaron cuestiones relativas a una superficie de la que resulta ser propietario, pues tal como quedó establecido, ello lo supo por lo menos desde el nueve de abril de dos mil veintiuno. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada por la parte quejosa hasta el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, es evidente que fue promovida en forma extemporánea, por lo que deben estimarse consentidos los actos reclamados. Por ilustrativa, se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco, Tomo VII, enero de dos mil novecientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 196930, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. EL PLAZO PARA QUE PROMUEVA EL AMPARO NO SE COMPUTA SIEMPRE A PARTIR DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA, SINO A PARTIR DE CUANDO AQUÉLLA CONOCE EL PROCEDIMIENTO, SENTENCIA O ACTO QUE AFECTE SU INTERÉS (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 359, COMPILACIÓN DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO, TOMO VI). Una nueva reflexión sobre el tema del amparo promovido por las personas extrañas a juicio a que se refiere el artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, lleva a este Pleno, por una parte, a reiterar las consideraciones generales de la resolución dictada en el expediente de contradicción de tesis 22/92 y que originó la jurisprudencia 359 (compilación de mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, páginas doscientos cuarenta y uno a doscientos cuarenta y dos), esto es, que quien promueve amparo como persona extraña a juicio tiene la carga de acreditar la afectación que los actos reclamados causan a su interés jurídico, y que esta violación a los derechos de que el quejoso es titular permite determinar la regla de que el plazo impugnativo debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello; asimismo, si lo que agravia al quejoso es la sentencia, el cómputo empieza cuando tiene conocimiento de este fallo, o bien, a partir de la ejecución, si sólo ésta lo perjudica. Por otra parte, sin embargo, este Pleno se aparta del criterio de dicha tesis jurisprudencial, en cuanto limitaba la causación de la afectación al extraño a juicio sólo por los actos de ejecución, de donde derivaba que el cómputo del plazo debía comenzar, en todos los casos, a partir de la ejecución. La separación respecto de esta parte de la tesis deriva de su desarmonía con la regla fundamental de la primera parte, así como por la razón de que cuando dos personas litigan entre sí, sin llamar a quien es titular de los derechos controvertidos, ya el solo procedimiento le causa perjuicio, tanto desde el punto de vista legal, como constitucional, en virtud de que se sigue el juicio sin darle la garantía de audiencia; además, si en los casos en que desde el procedimiento se causa perjuicio al quejoso extraño y tiene conocimiento de ello, se tuviera que esperar hasta la ejecución, es claro que se apartaría de la regla prevista en el artículo 21 de la Ley de Amparo, acerca de que el plazo impugnativo debe contarse a partir de que haya tenido conocimiento de tal acto. El cómputo a partir de la ejecución se justifica, por tanto, sólo cuando ésta es la única que agravia al quejoso, o bien, cuando afectándole el procedimiento, tuvo conocimiento del mismo hasta la ejecución." Así como la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 364, Tomo IX, junio de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." En tal virtud, al haberse evidenciado el consentimiento tácito de los actos reclamados, lo que se estima así, por no haber promovido la demanda de amparo dentro del plazo que la ley señala para ese efecto, y no encontrarse aquéllos dentro de las excepciones a la regla general respecto del plazo concedido para promover el juicio de amparo; es inconcuso que resulta extemporánea su presentación y por tanto, lo procedente es sobreseer en el juicio, acorde con lo dispuesto en el diverso 63, fracción V, de la misma ley. Lo anterior impide a este Juzgador a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Ello, tiene apoyo en las Jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las página 49 y 414, de los tomos 24 tercera parte y VIII, Agosto de 1998, ambas del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no es obstáculo a lo anterior, que la demanda de amparo haya sido admitida a trámite por este órgano jurisdiccional, pues en ese momento sólo se contaba con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa; de ahí que, en ese momento procesal no se consideró notoria y manifiesta para estimar que se actualizaba la causa de improcedencia analizada. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis aislada con registro 202792, visible a página cuatrocientos setenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, Materia: Común, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. ES PROCEDENTE CUANDO LA DEMANDA FUE PRESENTADA EXTEMPORANEAMENTE, SIN IMPORTAR QUE INICIALMENTE EL JUEZ LA HUBIESE ADMITIDO. El hecho de que sea hasta la sentencia que se sobresea en el juicio de amparo, con fundamento en lo que establece la fracción XII, del artículo 73, de la Ley de Amparo, es decir, cuando el Juez al momento de dictar resolución, advierta que la demanda fue presentada extemporáneamente, no resulta incongruente con el hecho de haber sido admitida a trámite, pues en el auto admisorio sólo se establece el cumplimiento de determinados requisitos y si en aquél, el a quo no se percató o no señaló la extemporaneidad de la demanda, ello obedece a que las partes tienen hasta la audiencia constitucional la oportunidad de aportar las pruebas necesarias y de formular los alegatos convenientes a su favor, pues la manifestación del quejoso de haber conocido el acto reclamado en determinada fecha, pudo variar al exhibir las constancias de notificación relativas, de tal suerte que si el Juez al momento de dictar sentencia, se percató de que la demanda se presentó en forma extemporánea, de acuerdo al citado artículo, la resolución que sobreseyó fue correcta.". QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo también en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: R E S U E L V E PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra de los actos que reclamó del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta resolución definitiva, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de la publicación de la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista ordenada a las partes en proveído de veinticuatro de enero del año en curso, a fin de que se impongan del contenido del informe justificado rendido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con residencia en esta ciudad. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las once horas con cuarenta y seis minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, la licenciada Jennifer Pérez González. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán; veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 34, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

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