Carlos Eduardo Figueroa Vadillo
Expediente 1191/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 11 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1191/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 11/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Figueroa Vadillo
Actuaciones
- Principal
MESA II. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de CARLOS EDUARDO FIGUEROA VADILLO, quejoso en estos autos, con el que cumple la prevención realizada en acuerdo tres de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, contra el acto que reclama de Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el quejoso reclama el proveído de veintinueve de agosto del año en curso, dictado por el Magistrado Segundo y Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación 709/2019, en el que se negó su solicitud en el sentido de acumular los autos de sendos tocas formados con motivo de sus apelaciones. Así, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento jurídico; toda vez que dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Los citados dispositivos legales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Conforme a los numerales previamente reproducidos, se tiene que en el caso en que se promueva un juicio de amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia, éste procederá contra la última resolución dictada en ese procedimiento, en cuyo caso los quejosos podrán reclamar en su demanda las diversas violaciones cometidas durante el mismo, que los hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Así, la regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Además, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización permitiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones, es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que: 1. Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de tal resolución definitiva. 2. Declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. 3. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente ó, 4. Tratándose de los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el entendido de que cualquiera que sea el caso en que se ubique el accionante de amparo, éste podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. En otras palabras, la Ley de Amparo no permite que se promueva el amparo respecto de todos y cada uno de los actos que durante la etapa de ejecución se lleguen a dictar, sino que limita su promoción a la última resolución en dicho procedimiento, cuyas hipótesis han sido acotadas. Así las cosas, se afirma que en el caso concreto el quejoso no se encuentra en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consiste en la negativa a acumular un escrito con motivo de una apelación contra el requerimiento a garantizar el pago de la pensión alimenticia decretada en sentencia definitiva, a un diverso toca de apelación. Al respecto, debe señalarse que constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la determinación aquí reclamada está vinculada con la ejecución del juicio de guarda y custodia número 7701/2012, pues con motivo del juicio de amparo 284/2019 promovido por el propio quejoso, en contra de diversa determinación, se dictó sentencia con base en las constancias de autos, de las que se obtuvieron los antecedentes siguientes: "1. Mediante resolución de diez de diciembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el juicio ordinario civil de guarda y custodia número 3731/2012, promovido por Rosa Elena Lavalle Lorenzana contra actos de Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, ante el Juzgado Segundo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el que se condenó entre otras cuestiones, a este último a pagar en concepto de pensión alimenticia a su menor hija la cantidad de dos mil pesos, moneda nacional. 2. El ocho de junio de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en autos del toca 152/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto por las partes del aludido juicio contra la sentencia de primera instancia, en la cual, la sala modificó la aludida resolución y condenó al quejoso a pagar en concepto de pensión alimenticia la cantidad de ocho mil pesos. 3. El doce de enero de dos mil dieciocho, en el expediente de ejecución número 7701/2012, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, la juez responsable, comisionó al actuario adscrito a dicho juzgado, a fin de que requerir al aquí quejoso, para que en el término de tres días, señale la manera en que garantizara la pensión alimenticia en ese procedimiento por el término de un año, con apercibimiento de multa. 4. El tres de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de ochocientos seis pesos, moneda nacional; lo anterior, debido a que incumplió con el requerimiento descrito en el párrafo que antecede. 5. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso el respectivo recurso de apelación, que fue resuelto el diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, y, en el cual, como ya se ha dicho, se le requirió para que garantice a través de póliza o fianza el equivalente a un año de pensión alimenticia de su hija menor, cantidad que le fue impuesta a través de la sentencia definitiva de ocho de junio de dos mil quince. Por lo tanto, obténgase copia certificada de la sentencia dictada en el aludido juicio de amparo para que obre en el presente. De lo anterior, es dable colegir que el acto que ahora reclama fue dictado en esa etapa procedimental. Sin que en el caso se surta algún supuesto de excepción, ya que el acto reclamado no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada, pues deriva exclusivamente de su cumplimiento, debiendo remarcarse que éste versa sobre el pago de alimentos en favor de un menor. En esa medida, al no tratarse de la última resolución en esa etapa de ejecución del juicio de guarda y custodia de origen, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es inconcuso que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con base en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley citada. Por consecuencia, resulta evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes ponderada, cuenta habida que será hasta que se dicté la última resolución en el procedimiento de ejecución, que la parte aquí quejosa, en su caso, podrá acudir al juicio de amparo, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en ella. En las anotadas consideraciones, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, contrario sensu, del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese personalmente.Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito aclaratorio de CARLOS EDUARDO FIGUEROA VADILLO, quejoso en estos autos, con el que cumple la prevención realizada en acuerdo tres de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, contra el acto que reclama de Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, el quejoso reclama el proveído de veintinueve de agosto del año en curso, dictado por el Magistrado Segundo y Presidente de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en el toca de apelación 709/2019, en el que se negó su solicitud en el sentido de acumular los autos de sendos tocas formados con motivo de sus apelaciones. Así, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento jurídico; toda vez que dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Los citados dispositivos legales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El juicio de amparo se pedirá ante el juez de Distrito: .IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Conforme a los numerales previamente reproducidos, se tiene que en el caso en que se promueva un juicio de amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia, éste procederá contra la última resolución dictada en ese procedimiento, en cuyo caso los quejosos podrán reclamar en su demanda las diversas violaciones cometidas durante el mismo, que los hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Así, la regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Además, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización permitiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones, es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que: 1. Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de tal resolución definitiva. 2. Declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. 3. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente ó, 4. Tratándose de los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el entendido de que cualquiera que sea el caso en que se ubique el accionante de amparo, éste podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. En otras palabras, la Ley de Amparo no permite que se promueva el amparo respecto de todos y cada uno de los actos que durante la etapa de ejecución se lleguen a dictar, sino que limita su promoción a la última resolución en dicho procedimiento, cuyas hipótesis han sido acotadas. Así las cosas, se afirma que en el caso concreto el quejoso no se encuentra en alguna de las hipótesis de procedencia del juicio de amparo a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el acto reclamado consiste en la negativa a acumular un escrito con motivo de una apelación contra el requerimiento a garantizar el pago de la pensión alimenticia decretada en sentencia definitiva, a un diverso toca de apelación. Al respecto, debe señalarse que constituye un hecho notorio para el suscrito, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que la determinación aquí reclamada está vinculada con la ejecución del juicio de guarda y custodia número 7701/2012, pues con motivo del juicio de amparo 284/2019 promovido por el propio quejoso, en contra de diversa determinación, se dictó sentencia con base en las constancias de autos, de las que se obtuvieron los antecedentes siguientes: "1. Mediante resolución de diez de diciembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el juicio ordinario civil de guarda y custodia número 3731/2012, promovido por Rosa Elena Lavalle Lorenzana contra actos de Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, ante el Juzgado Segundo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el que se condenó entre otras cuestiones, a este último a pagar en concepto de pensión alimenticia a su menor hija la cantidad de dos mil pesos, moneda nacional. 2. El ocho de junio de dos mil quince, se dictó sentencia definitiva en autos del toca 152/2015, relativo al recurso de apelación interpuesto por las partes del aludido juicio contra la sentencia de primera instancia, en la cual, la sala modificó la aludida resolución y condenó al quejoso a pagar en concepto de pensión alimenticia la cantidad de ocho mil pesos. 3. El doce de enero de dos mil dieciocho, en el expediente de ejecución número 7701/2012, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, la juez responsable, comisionó al actuario adscrito a dicho juzgado, a fin de que requerir al aquí quejoso, para que en el término de tres días, señale la manera en que garantizara la pensión alimenticia en ese procedimiento por el término de un año, con apercibimiento de multa. 4. El tres de mayo de dos mil dieciocho, el Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado impuso al aquí quejoso una multa por la cantidad de ochocientos seis pesos, moneda nacional; lo anterior, debido a que incumplió con el requerimiento descrito en el párrafo que antecede. 5. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso el respectivo recurso de apelación, que fue resuelto el diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, y, en el cual, como ya se ha dicho, se le requirió para que garantice a través de póliza o fianza el equivalente a un año de pensión alimenticia de su hija menor, cantidad que le fue impuesta a través de la sentencia definitiva de ocho de junio de dos mil quince. Por lo tanto, obténgase copia certificada de la sentencia dictada en el aludido juicio de amparo para que obre en el presente. De lo anterior, es dable colegir que el acto que ahora reclama fue dictado en esa etapa procedimental. Sin que en el caso se surta algún supuesto de excepción, ya que el acto reclamado no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada, pues deriva exclusivamente de su cumplimiento, debiendo remarcarse que éste versa sobre el pago de alimentos en favor de un menor. En esa medida, al no tratarse de la última resolución en esa etapa de ejecución del juicio de guarda y custodia de origen, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es inconcuso que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, con base en el diverso numeral 63, fracción V, de la ley citada. Por consecuencia, resulta evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes ponderada, cuenta habida que será hasta que se dicté la última resolución en el procedimiento de ejecución, que la parte aquí quejosa, en su caso, podrá acudir al juicio de amparo, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en ella. En las anotadas consideraciones, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, 107, fracción IV, contrario sensu, del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo.
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