Carlos Eduardo Figueroa Vadillo
Expediente 951/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Eduardo Figueroa Vadillo
Actuaciones
- Principal
Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por el quejoso Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, en contra del auto dictado el doce de julio del año en curso; en el presente juicio de amparo, radicándolo con el número de toca 156/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por autorización otorgada en sesión de dos de julio de dos mil diecinueve, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y comunicado en oficio número CCJ/ST/3306/2019, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos el escrito signado por el promovente Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, mediante el cual interpone recurso de queja contra el auto doce de julio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo intentada. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de doce de julio del año en curso, se desechó la demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIII, 107, fracción V, contrario sensu y la diversa prevista en el propio artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 197, fracción IV, de la citada legislación. En tal virtud, remítase copia certificada de la totalidad de las constancias que integran el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimocuarto Circuito, a fin de acreditar lo antes expuesto, así como la legalidad del acto reclamado, asimismo remítase el escrito original de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios y la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, sin que haya necesidad de otorgarle a la parte quejosa el plazo de tres días que consigna el artículo 101 de la Ley de Amparo, en virtud de la naturaleza del acto que reclama.
- Principal
MESA I. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, contra el acto que reclama de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado; por tanto, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Asimismo, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que el quejoso reclama el proveído de veintiocho de junio del año en curso, dentro de la substanciación del toca 709/2019, del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio del cual, dicha responsable no accedió a admitir una prueba que exhibió el directo quejoso, la cual aduce es superviniente. Así, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, que prevé el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso precepto 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento jurídico. Con relación al tema, cabe mencionar que la imposibilidad de reclamar determinados actos a través del juicio de amparo ha sido determinada por el legislador atendiendo a múltiples criterios, tales como: el órgano que emite la resolución, su naturaleza, o bien, la etapa o fase del procedimiento contencioso en que fue dictada, entre otras. En efecto, los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, de la Ley de la materia, que se transcriben a continuación disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". El primero de los artículos citados establece que una demanda de amparo debe desecharse cuando al analizarla resulte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. El segundo dispone que el amparo indirecto procede contra actos en juicio que tengan sobre las personas o las cosas efectos de imposible reparación. Luego, debe entenderse que los actos dentro de juicio producen efectos de imposible reparación, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, ya que la afectación no sería susceptible de repararse aun obteniendo una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Así lo ha establecido la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia localizable en la página 157, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 189, visible en la página 154, del Tomo VI, Común, Apéndice 2000, Octava Época, del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha definido cuáles son los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, entendiendo por éstos si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, ya que la afectación o sus efectos no se destruirían con el sólo hecho de que quien la sufre obtuviera una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación sería susceptible de ser reparada en amparo directo. Es aplicable la tesis P. LVII/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 9, Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Así también, la tesis P./37/2014 (10 a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Libro 7, Tomo I, Junio de 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En el presente asunto, el acto reclamado consistente en el proveído de veintiocho de junio del año en curso, dentro de la substanciación del toca 709/2019, del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio del cual, dicha responsable no accedió a admitir una prueba que exhibió el directo quejoso, la cual aduce es superviniente, prueba que ofreció el apelante, aquí quejoso, en el toca formado con motivo del recurso de apelación que interpuso contra el auto dictado el once de marzo de dos mil diecinueve, por el Juez Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el juicio número 7701/2012, en el que se le requirió el cumplimiento de lo ordenado en el resolutivo segundo de la sentencia de segunda instancia, por ende, se puede advertir que fue dictado en la etapa de ejecución, y por ende, no afecta de manera directa e inmediata sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forma parte, como la libertad, la propiedad, posesión, etcétera; y sólo produce efectos intraprocesales entre las partes contendientes en el toca de apelación en comento, que podrían ser reparados si en el dictado de la sentencia que lo resuelva, dentro de la etapa de ejecución, el hoy afectado obtuviera sentencia favorable. En efecto, la no admisión de una prueba dentro de la substanciación del toca apelación número 709/2019, contra un auto dictado en ejecución de sentencia, no puede ni debe reclamarse en amparo indirecto al no constituir un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que constituye una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de la resolución que resuelva el toca en comento. En la especie, se reitera, el acto reclamado lo constituye el proveído de veintiocho de junio del año en curso, dentro de la substanciación del toca 709/2019, del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio del cual, dicha responsable no accedió a admitir una prueba que exhibió el directo quejoso, la cual aduce es superviniente; sin embargo, dicho auto afecta sólo un derecho procesal que hace improcedente el juicio de amparo indirecto porque las consecuencias directas e inmediatas del mismo no afectan un derecho sustantivo de la parte quejosa, ni un derecho procesal de carácter predominante o superior, consecuentemente procede desechar la presente demanda de amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. Asimismo, cabe citar al caso la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 4233, Tomo LXX del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que establece: "PRUEBAS, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA A RECIBIRLAS. Conforme al artículo 107, fracción IX de la Constitución Federal, sólo pueden reclamarse en amparo indirecto los actos en el juicio, cuando su ejecución sea de imposible reparación, y la denegación de una prueba no puede ocasionar a quien la ha ofrecido, un perjuicio irreparable, toda vez que la sentencia que se pronuncie, puede ser favorable a sus intereses; por tanto, la oportunidad para solicitar el amparo de la Justicia Federal, por violaciones del procedimiento como la de que se trata, existe al pronunciarse la sentencia definitiva, de acuerdo con los artículos 158, fracción I, y 159, fracción III, de la Ley de Amparo." En las anotadas consideraciones, con apoyo en el numeral 113 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, 107, fracción V, contrario sensu, del mismo ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo. De igual forma, este Juzgador Federal advierte que respecto al acto reclamado en este juicio de amparo, se advierte una diversa causal del improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" Conforme a los numerales previamente reproducidos, se tiene que en el caso en que se promueva un juicio de amparo indirecto contra actos de ejecución de sentencia, éste procederá contra la última resolución dictada en ese procedimiento, en cuyo caso los quejosos podrán reclamar en su demanda las diversas violaciones cometidas durante el mismo, que los hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. Así, la regla específica para la procedencia del juicio de amparo indirecto, prevista en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, hace referencia a que se combata la "última resolución" de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictada en el procedimiento de ejecución de una sentencia definitiva; circunstancia que presupone normativamente la existencia de una determinación que goza ya del carácter de cosa juzgada, la que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Además, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador tiende a evitar su obstaculización permitiendo que en el juicio constitucional se combata precisamente la "última resolución" que se emita en el procedimiento de ejecución respectivo, y no así sucesivas determinaciones, es por ello que la "última resolución" en contra de la cual procede el juicio de amparo biinstancial, en términos del numeral de mérito, es aquella en la que: Se aprueba o reconoce el cumplimiento total de tal resolución definitiva. Declara la imposibilidad jurídica o material para darle cumplimiento. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente ó, Tratándose de los procedimientos de remate, la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el entendido de que cualquiera que sea el caso en que se ubique el accionante de amparo, éste podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que lo hubieren dejado sin defensa y trascendido al resultado de la resolución. En otras palabras, la Ley de Amparo no permite que se promueva el amparo respecto de todos y cada uno de los actos que durante la etapa de ejecución se lleguen a dictar, sino que limita su promoción a la última resolución en dicho procedimiento, cuyas hipótesis han sido acotadas. Ahora bien, de los antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso, promovió un diverso juicio de amparo ante este Juzgado, mismo que quedó registrado bajo el número 284/2019, contra la misma autoridad, esto es, la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y contra un acto derivado del mismo juicio Ordinario Civil de Guarda y Custodia, promovido por Rosa Elena Lavalle Lorenzana, con número 7701/2012 del índice del Juez Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Por lo tanto, obténgase copia certificada de la sentencia dictada en el aludido juicio de amparo toda vez que las referidas constancias se consideran necesarias para acordar lo relativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXII.J/12, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, página doscientos noventa y cinco, bajo el rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN". De lo anterior, es dable advertir, que de las constancias en copia certificada del juicio de amparo 284/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, agregadas como hecho notorio, y de los antecedentes bajo protesta de decir verdad que se señaló el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que la resolución reclamada está vinculada con la ejecución del juicio de guarda y custodia número 7701/2012, y de las citadas constancias se desprende lo siguiente: Que mediante resolución de diez de diciembre de dos mil catorce, se dictó sentencia en el juicio ordinario civil de guarda y custodia número 7701/2012, promovido por Rosa Elena Lavalle Lorenzana contra actos de Carlos Eduardo Figueroa Vadillo, ante el Juzgado Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en el que se condenó entre otras cuestiones, a este último a pagar en concepto de pensión alimenticia a su menor hija la cantidad de dos mil pesos, moneda nacional. De lo anterior, es dable advertir que el acto reclamado consistente en el proveído de veintiocho de junio del año en curso, dentro de la substanciación del toca 709/2019, del índice de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por medio del cual, dicha responsable no accedió a admitir una prueba que exhibió el directo quejoso, la cual aduce es superviniente, fue dictada en la etapa de ejecución del juicio de guarda y custodia número 7701/2012. En esa medida, al no tratarse de la última resolución en esa etapa de ejecución del juicio de guarda y custodia de origen, a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, es inconcuso que debe desecharse el presente juicio de amparo, con base en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Cabe precisar que el suscrito no soslaya que, tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de laudos, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia o laudo, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado o laudo adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. Luego, si en la especie se reclama la no admisión de una prueba en la substanciación de un toca de apelación, derivado de un juicio que se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, es indudable que no se está en ninguno de los supuestos puntualizados con antelación para que pueda considerarse como la última resolución en el procedimiento de ejecución respectivo. En tal virtud, resulta propio destacar que por la naturaleza misma de la determinación reclamada, no se está en presencia de un acto cuyos efectos sean de imposible reparación, pues sólo genera efectos intraprocesales; y por ello, no se estaría en el caso de excepción de procedencia del amparo indirecto contra actos en ejecución de sentencia de imposible reparación, porque además, éstos deben ser ajenos a la cosa juzgada, lo que tampoco ocurre en la especie. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se aplica por similitud de razón, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, en el caso a estudio, el acto reclamado no afecta de manera directa los derechos sustantivos de la parte quejosa ajenos a la cosa juzgada, pues deriva exclusivamente de su cumplimiento, debiendo remarcarse que éste versa sobre el pago de alimentos en favor de un menor. Por consecuencia, resulta evidente que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia antes ponderada, cuenta habida que será hasta que se dicté la última resolución en el procedimiento de ejecución, que la parte aquí quejosa, en su caso, podrá acudir al juicio de amparo, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en ella. En mérito de lo anterior, lo procedente es desechar la demanda, por notoriamente improcedente, al actualizarse la causal prevista en el numeral 61, fracción XXIII, 107, fracción V, contrario sensu y la diversa prevista en el propio artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción IV, de la citada legislación. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por otro lado, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el precisado en el ocurso de demanda. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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