Carlos Efrain Fernandez Peniche
Expediente 757/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Efrain Fernandez Peniche
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido vía electrónica, con evidencia criptográfica, por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por el quejoso ********************, en contra del acuerdo dictado el once de mayo del año en curso, en el presente juicio de amparo; formándose por tal motivo, el toca ******************** Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito suscrito por el quejoso Carlos Efraín Fernández Peniche, mediante el cual interpone el recurso de queja contra el auto de once de mayo de dos mil veintitrés, a través del cual se desechó de plano su demanda de amparo. En mérito a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, ríndase el correspondiente informe a la Superioridad, manifestando QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL RECURRENTE, toda vez que en acuerdo de once de mayo de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, al considerarse actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En tal virtud, remítase vía electrónica al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno, el escrito de interposición del recurso de mérito, en el que expresa sus agravios, por lo que resulta innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Finalmente, hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, a once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Cuatro, con sede en esta ciudad, al respecto, se acuerda: Fórmese expediente con el número 757/2023-IV y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte promovente reclama de la responsable en esencia, el acuerdo de tres de abril de dos mil veintitrés, relativo al perfeccionamiento de la prueba pericial en materia de topografía, dictado en el expediente ********************, del índice del citado Tribunal, en la cual: Ordenó el perfeccionamiento de los dictámenes periciales en materia de topografía rendidos por los peritos de las partes solo y únicamente para identificar la superficie materia de la Litis, a fin de determinar si se encontraba dentro de la superficie legalmente dotada al ******************** y en su caso si la superficie contravertida sigue siendo propiedad del ejido. Conforme a la naturaleza del bien materia de restitución, dicho Tribunal consideró que no era necesario identificar la totalidad de las superficies expropiadas, porque no era materia de la Litis determinar si el ********************aún contaba con tierras ejidales, sino resolver si la superficie objeto de controversia en ese juicio aún tenía el carácter ejidal o ha había sido sustraída del régimen ejidal por alguna expropiación. Ahora bien, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, mismo que se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito respecto de dicho acto, por los motivos que a continuación se exponen. En ese sentido, en principio, este órgano de control constitucional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en virtud de que, al tratarse de una actuación dentro de juicio, el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: .III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: .b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Lo dispuesto en el segundo artículo trascrito, debe interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós fracciones anteriores del artículo 61 de la ley de la materia, solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, de los diversos artículos transcritos se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, será procedente únicamente contra actos que producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la instancia constitucional no se reclamen actos ocurridos dentro del juicio, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; habida cuenta que el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del proceso es de carácter excepcional. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que la propia Ley de Amparo establece que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que no tienen tal característica los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Esto significa que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En este apartado, conviene precisar que las violaciones procesales ocurridas dentro del juicio son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva. Luego, si llegado el momento de dilucidar si es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, no se actualiza alguno de los enunciados supuestos, el juicio de derechos fundamentales será improcedente y, en tal condición, el peticionario de amparo deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva, entendida ésta como la que decida el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado; así, una vez emitida la resolución que revista tal característica, estará en aptitud de controvertir la posible violación cometida a través de la vía directa del juicio de amparo, conforme a las reglas previstas en los artículos 170 a 172 y 174 de la Ley de Amparo. En otras palabras, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no se ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos sean de imposible reparación, esto es, que incidan inmediatamente en alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal y tratados internacionales y no en los adjetivos. Debiéndose entender por los primeros, aquéllos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son aquéllos que solamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con la finalidad de obtener una sentencia favorable, por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del particular. Bajo este óptica, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y solo trascenderán en el caso de que la sentencia definitiva fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. En efecto, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan solo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado, siempre que, como ya se mencionó, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. En ese sentido, si el acto reclamado consiste en la actuación de tres de abril de dos mil veintitrés, relativo al perfeccionamiento de la prueba pericial en materia de topografía, dictado en el expediente ********************, del índice del citado Tribunal, en la cual, se ordenó el perfeccionamiento de los dictámenes periciales en materia de topografía, resulta evidente que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: En el particular, resulta claro que el acuerdo reclamado en el perfeccionamiento de una prueba pericial en materia de topografía, que se debe desahogar en el expediente ********************, del índice del citado Tribunal; no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, sino que se trata de una infracción intraprocesal. Ello, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales; esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque se trata de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. Lo anterior es así, porque de existir alguna infracción en la resolución reclamada, esa determinación es susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. Y en su caso, dichas violaciones solo son reclamables mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, en términos del artículo 172, de la fracción III, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: .III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley." Consecuentemente, el acto reclamado no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, porque no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Por tanto, con dicho acto solo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Ilustra las consideraciones anteriores la jurisprudencia 3a. 20/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 207226 de rubro: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva de origen, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del Juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar, así, a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En esa tesitura, el acto reclamado no produce al quejoso de manera inmediata una afectación a sus derechos fundamentales que sea de imposible reparación, dado que se trata de una cuestión de índole procesal, que solamente repercute en el propio procedimiento, pero que no afecta algún derecho sustantivo, en razón de que existe la posibilidad de que los quejosos obtengan un fallo definitivo favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los efectos de la supuesta determinación que señalan y su esfera jurídica quedaría intocada. Por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva que resuelva la controversia respectiva cuando pueda apreciarse si el proceder de la autoridad responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en su caso, si la supuesta violación trascendió al resultado de ese fallo, pues en tal supuesto entonces sí tendría la posibilidad de combatirla vía amparo directo, si ésta resultara adversa a sus intereses. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualizan las causales de improcedencia antes ponderadas, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo, téngase como su autorizado a la persona que designa en su demanda de amparo, con las facultades conferidas expresamente. De igual manera, se toma en consideración el correo electrónico que proporcionó la parte quejosa en la boleta anexa a la demanda de amparo. En diverso orden, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Finalmente, se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Carlos Eduardo Figueroa Vadillo183/2020
- Carlos Eduardo Figueroa Vadillo1191/2019
- Carlos Eduardo Lopez Alcocer616/2019
- Carlos Eduardo Quintal Castilla1444/2017
- Carlos Eduardo Sulu Salas5/2019
- Carlos Eduardo Vazquez Nah1239/2021
- Carlos Elias Corona Perez229/2018
- Carlos Emmanuel Gorocica Aguilar877/2018
- Carlos Enrique Abdala Berzunza1335/2019
- Carlos Enrique Abraham Mafud120/2019
- Carlos Enrique Abraham Mafud649/2020
- Carlos Enrique Abraham Mafud1916/2022