Carlos Carrillo Espinosa

Expediente 1823/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1823/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2023

Partes del expediente

  • Carlos Carrillo Espinosa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, con el que informa las gestiones que se encuentra realizando con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de la sentencia de amparo. Lo anterior, dado que señala que se dio contestación al escrito presentado por la parte quejosa con el que solicitó la devolución de su vehículo, tal y como fue ordenado en la sentencia dictada en el presente juicio. Sin embargo manifiesta que a la fecha del oficio de mérito aún no cuenta con el acuse de recibo y refiere que una vez que tenga dicho acuse, lo hará del conocimiento de este juzgado. Por tanto, se advierte que el fallo protector se encuentra en vías de cumplimiento. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: ".se concede el amparo para que el efecto que las autoridades responsables realicen lo siguiente: a) Den inmediata contestación en forma congruente, exhaustiva y completa al escrito presentado por el quejoso ********************, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la devolución del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Quintana Roo. b) Notifique personalmente al quejoso la respuesta que otorgue en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones respecto el trámite del presente juicio de amparo. En el entendido que lo anterior no presupone la legitimidad de lo peticionado, por lo que la presente sentencia no constriñe a la responsable a dar contestación en sentido afirmativo, esto es, otorgando al peticionario lo que pide, sino únicamente a hacerlo de manera congruente, fundada y motivada y a notificarle dicha respuesta." En tal virtud, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, den cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a las responsables, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a las autoridades responsables del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se les conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1823/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El catorce de agosto de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó su único concepto de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En auto de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1823/2023 y se admitió a trámite. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento. Se recibió el informe de ley. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama la omisión de autoridades distintas de la judicial cuya consecuencia es de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, tercer párrafo, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisan los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo, sus ampliaciones, y demás constancias, se hacen consistir en: Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por sí y en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado y la Jefa del Departamento del Depósito Vehicular de la referida Secretaría, al rendir su informe de ley aceptó que es cierto el acto reclamado. Circunstancia que se corrobora con la documental exhibida por la parte quejosa, relativa al acuse de recibo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés presentado ante la responsable y las manifestaciones aducidas por la peticionaria del amparo, bajo protesta de decir verdad; medios de convicción que, concatenados entre sí, revelan la existencia de una petición elevada ante la responsable, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. CUARTO. Oportunidad para presentar la demanda En el particular, la acción constitucional puede ser promovido en cualquier momento, ya que la afectación de la omisión reclamada se actualiza de momento a momento, por tratarse de un hecho continuo que no se agota una vez actualizado, sino hasta que cese esa omisión. QUINTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, no se actualiza alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ni tampoco se hizo valer alguna por las partes, por tanto se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Son fundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, tomando en consideración la causa de pedir, por lo que son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justifica Federal. La parte quejosa se duele, en esencia, de que la autoridad correspondiente vulneró en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8° constitucional, en virtud de que ha sido omisa en dar contestación a su petición formulada por escrito el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Ahora el artículo 8 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos establece, en lo conducente lo siguiente: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De la trascripción anterior se advierte que los funcionarios y empleados públicos respetarán el derecho de petición, al que debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se dirija y deberá hacerla del conocimiento en breve término al peticionario. En relación a aquel derecho fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que no basta que la autoridad a quien se eleva la petición, dé respuesta a aquélla y la notifique al solicitante, sino que además, debe verse satisfecho efectivamente tal derecho, de manera que la respuesta que recaiga debe ser congruente con lo planteado, pues solo así, materialmente se da cabal atención a la solicitud del gobernado, ya que admitirlo de otro modo equivaldría a permitir que una simple atención formal de lo solicitado, se tome como respuesta, aun cuando no aborde la cuestión formulada, evadiendo el requerimiento instado. Lo anterior, sin que esta interpretación implique que la respuesta dada deba ser favorable a la petición del requirente, sino solamente, que se dé contestación a lo efectivamente planteado. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXXIV, tercera parte, Sexta Época, página 49, que prevé: "PETICIÓN, DERECHO DE. Aunque la garantía constitucional de petición sea tal que no libre a los particulares de las exigencias de la legislación secundaria en cada caso, la verdad es que ocurre también que a pesar de ello las autoridades, conforme al artículo 8o. constitucional estén siempre obligadas a respetar el derecho de petición cuando el mismo se ejercite por escrito, de modo pacífico y respetuoso, y que por obra de esa garantía a toda petición del particular debe recaer acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido el escrito de solicitud, acuerdo que deberá ser congruente con lo pedido y debiendo la respectiva autoridad hacer conocer ese acuerdo en breve término al peticionario. Con la circunstancia de que si por demora suya, la responsable se viere obligada a dictar su acuerdo respectivo con mayor premura, ello no es obstáculo para que se cumpla con la repetida garantía." Ahora bien, de las constancias que integran el presente sumario constitucional, no se advierte que las autoridades responsables, hayan dado respuesta al escrito presentado por el quejoso ********************, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la devolución del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Quintana Roo. Aunado al hecho que del informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se advierte que efectivamente a la fecha, no se le ha dado contestación al aquí quejoso. Sin que sea justificación lo manifestado en el mismo informe, en relación a que por excesiva carga de trabajo no se le ha dado contestación al quejoso; pues resulta evidente que ha transcurrido más un mes y medio sin que se emita una contestación a la petición ya citada. En esas condiciones, el proceder de la responsable, vulnera el derecho constitucional establecido en el artículo 8° de la Norma Suprema, por lo que lo procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Sin que pasen inadvertidas las manifestaciones que realiza el quejoso en su demanda, relativas a que se vulnera en su perjuicio los derechos de propiedad y audiencia, pues como se estableció en párrafos anteriores, la omisión reclamada deriva del ejercicio del derecho de petición contemplado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el cual se estima procedente conceder el amparo solicitado. Y será en el momento en el que la autoridad emita la contestación correspondiente, cuando el quejoso (en caso de así estimarlo conducente) se encuentre en aptitud de combatir tal determinación. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo para que el efecto que las autoridades responsables realicen lo siguiente: a) Den inmediata contestación en forma congruente, exhaustiva y completa al escrito presentado por el quejoso ********************, el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual solicitó la devolución del vehículo marca ********************, tipo ********************, modelo ********************, serie ********************, con placas de circulación ******************** del Estado de Quintana Roo. b) Notifique personalmente al quejoso la respuesta que otorgue en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones respecto el trámite del presente juicio de amparo. En el entendido que lo anterior no presupone la legitimidad de lo peticionado, por lo que la presente sentencia no constriñe a la responsable a dar contestación en sentido afirmativo, esto es, otorgando al peticionario lo que pide, sino únicamente a hacerlo de manera congruente, fundada y motivada y a notificarle dicha respuesta. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia XVI.1o.A. J/38 (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 46, Septiembre de 2017, Tomo III, consultable a página 1738, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o., en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra la omisión de las autoridades responsables, por la razón señalada en el considerando sexto de esta sentencia, para el efecto indicado en el diverso considerando último. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · 2,237 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano