Carlos Antonio Granja Ricalde
Expediente 1548/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1548/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Antonio Granja Ricalde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por la tercera interesada ********************, en contra de la sentencia firmada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, en contra de la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad: 1. El original del escrito de recurso de revisión y de expresión de agravios interpuesto por la tercera interesada ********************. 2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Lo anterior, para la sustanciación del referido recurso. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. CÚMPLASE.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa ************ el acuerdo de nueve de agosto de dos mil veintitrés, que en síntesis dice: Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte tercera interesada ***********, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés en los autos del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítanse el referido escrito y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los presentes autos el escrito signado por la parte tercera interesada ***********, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés en los autos del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítanse el referido escrito y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. En tal virtud, se pone a disposición del Tribunal de Alzada, la consulta y vinculación electrónica de todo lo actuado en el presente juicio de amparo, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para los efectos legales. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1548/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra el acto que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, y; RESULTANDO******************** PRIMERO******************** Demanda de amparo El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia esta ciudad, recibió la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistente en la omisión de otorgar fuerza pública solicitada mediante oficio número ******************** de trece de abril de dos mil veintitrés suscrito por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad en autos del expediente ******************** de su índice******************** En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación******************** SEGUNDO******************** Admisión de la demanda y trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán******************** En auto de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1548/2023 y se admitió a trámite******************** En la secuela procesal, se emplazó al representante social y a la tercera interesada, quien compareció a juicio******************** Posteriormente se recibió el informe con justificación rendido por la responsable******************** Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede******************** (...) SEXTO Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que es fundado lo que la parte quejosa aduce respecto a que la abstención u omisión de otorgar el auxilio de la fuerza pública solicitada por la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, para llevar a cabo la orden de desalojo ordenada por ésta, dentro del Juicio Ordinario Civil ******************** del índice de la citada autoridad judicial, violenta sus derechos humanos y garantías plasmadas en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** Ello, ya que, efectivamente, este órgano jurisdiccional advierte que se transgrede en su contra el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia de todo gobernado, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos que establece, en lo conducente: "Artículo 17******************** Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho******************** Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial******************** Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales (.)"******************** Del precepto constitucional transcrito, se advierte que garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional en la que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador secundario establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República******************** Esto es así, porque la garantía constitucional establecida a favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades administrativas de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, y tener, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los procedimientos ante ellas ventilados dentro de los términos consignados por las leyes procesales respectivas, lo que conlleva a entender que la obligación estatal que deriva de derecho fundamental es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales tienen el deber de actuar a favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga en forma expedita, de conformidad con los plazos procesales******************** Sirve de apoyo a lo considerado, la tesis 1ª********************LXX/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL******************** OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA******************** El mandato contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial******************** Por lo que respecta a los actos legislativos, la justicia pronta se garantiza cuando el legislador establece en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales, entendiéndose por: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales********************" Ahora, como del informe rendido por el Consejero Jurídico, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, se advierte que por oficio ********************, de trece de abril de dos mil veintitrés, presentado ante la autoridad responsable el catorce del mismo mes y año a fin de otorgar el auxilio de la fuerza pública para el desalojo de ********************de la ********************, sin que hasta la fecha se haya otorgado el auxilio solicitado******************** Por tanto, dado el tiempo transcurrido desde que el citado oficio fue presentado ante la responsable (catorce de abril de dos mil veintitrés) hasta la emisión de la presente resolución, es evidente que el proceder de la responsable se traduce en una franca violación a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos******************** Ello, ya que la omisión del Gobernador del Estado de tomar las medidas necesarias, así como proporcionar la fuerza pública no está sustentada en algún precepto legal que lo faculte a desatender la solicitud de mérito, obstaculizando con ello el debido cumplimiento de un mandato de una autoridad judicial; todo lo cual implica la denegación de justicia de que se duele la parte quejosa y, por ende, violatoria del citado precepto constitucional que prevé como garantía de todo individuo, el derecho a acudir a la jurisdicción del Estado, a fin de que se le administre justicia pronta, completa e imparcial, ante la prohibición constitucional de hacerlo por sí mismo******************** Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, con número de registro 193318, con rubro y texto siguientes: "FUERZA PÚBLICA******************** LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN)******************** Atento lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que establezcan las leyes; asimismo, el artículo 4o********************, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que están obligados a prestar auxilio al Poder Judicial en la administración de justicia la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Judicial del Estado, así como las demás corporaciones policiacas en la entidad; el artículo 5o******************** siguiente, señala que el Ejecutivo del Estado facilitará el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a dichas autoridades y el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establece que cuando no se señala término para la práctica de un acto o para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días******************** En este orden de ideas, resulta claro que cuando las autoridades administrativas actúan en auxilio de la función jurisdiccional, sus actos u omisiones están en aptitud de vulnerar los derechos subjetivos públicos del gobernado relacionados en el citado dispositivo constitucional, toda vez que aunque se trata de órganos formalmente administrativos, su intervención en esa hipótesis está inmersa en la función jurisdiccional******************** En consecuencia, cuando el secretario de Protección y Vialidad del Estado omite ejecutar de facto una orden del gobernador del Estado emitida en relación a una resolución de la autoridad judicial dentro del término a que se refiere el artículo 47 del código procesal mencionado, tal conducta se traduce en el incumplimiento material de un mandato del órgano jurisdiccional, que se origina merced al ejercicio de un derecho promovido por un particular y, por ende, su omisión es violatoria de la garantía constitucional consagrada en el invocado artículo 17 de la Carta Magna; sin que deba soslayarse que también incumple con lo establecido en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que señala que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo, dichos servidores deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión******************** SÉPTIMO******************** Sentido del fallo y efectos de la concesión******************** En las relatadas condiciones, al resultar la conducta omisiva de la responsable, violatoria de los derechos fundamentales contenidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República, LO PROCEDENTE ES CONCEDER a la quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado, de inmediato autorice el auxilio de la fuerza pública solicitada, en términos del oficio ******************** de trece de abril de dos mil veintitrés, deducido del juicio ordinario civil ******************** del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de llevar a cabo el desalojo ahí ordenado******************** Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO******************** La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto que reclamó de la autoridad responsable precisada en el considerando segundo, por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia y para los efectos señalados en el último siguiente******************** Notifíquese.
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