Carlos Daniel Velasco Bonilla

Expediente 1478/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 14 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1478/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
02/10/2023

Partes del expediente

  • Carlos Daniel Velasco Bonilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 9229/2023 remitido por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de queja interpuesto por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, en representación de las autoridades responsables, contra la sentencia de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, formándose el toca ********************. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, once de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad, en contra de la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad: 1. El original del escrito de recurso de revisión y de expresión de agravios interpuesto por el representante de las autoridades responsables Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad. 2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. Lo anterior, para la sustanciación del referido recurso. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Hágase del conocimiento del Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Salud y Director de Asuntos Jurídicos de los Servicios de Salud de Yucatán, con sede en esta ciudad, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés en los autos del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de revisión y de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el referido oficio de expresión de agravios y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, para el trámite del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito, en turno con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 1478/2023, promovido por ******, contra actos atribuidos a Servicios de Salud de Yucatán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda. El doce de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, ******, sucesivamente parte quejosa, presentó demanda de amparo contra actos atribuidos a Servicios de Salud de Yucatán y otra autoridad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales que precisó. SEGUNDO. Trámite. El trece siguiente, por razón de turno, la demanda se recibió en este Juzgado; por lo cual, en auto de catorce posterior, se ordenó formar expediente que se registró bajo el número 1478/2023, se admitió la demanda; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se requirió el informe con justificación; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, seguida la secuela procesal correspondiente, la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37 y 107, fracciones I, inciso f) y II, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues se reclaman actos en materia administrativa ejecutables dentro del ámbito de competencia territorial asignada a este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda en su integridad, para determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado a la demanda de amparo y demás constancias, se hace consistir en: Secretaría de Salud del Estado de Yucatán Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán Servicios de Salud de Yucatán Resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***/07/2023, por la Subdirectora de Calidad y Educación en Salud de los Servicios de Salud en Yucatán, en la que se canceló el servicio social que estaba realizando el quejoso en el campo clínico, así como sus efectos y consecuencias, que se reclama como primer acto de aplicación. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos ya precisados, porque así los aceptaron las responsables al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora de las constancias remitidas por las responsables en copia certificada, las cuales hacen prueba plena en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte la existencia de la resolución del expediente PAISS/07/2023 de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés y del Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán, que constituyen los actos reclamados, de ahí su certeza. Máxime que la existencia de las normas generales se corrobora con el propio ordenamiento legal, ya que una norma jurídica no es objeto de prueba, lo que se acredita plenamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Para entender la problemática del presente asunto, a continuación, se destacan los antecedentes relevantes, a saber: Aceptación del servicio social. El veintidós de julio de dos mil veintidós, al aquí quejoso, médico pasante de la Universidad Marista, se le expidió constancia de adscripción y aceptación del servicio social dentro del marco del Programa Nacional, de tal suerte que se le adscribió al Centro de Salud Paraíso, en la localidad de Paraíso, con jurisdicción Mérida. Cabe destacar que al pie de dicha constancia obra la firma de la parte quejosa y la siguiente leyenda: «III. ADSCRIPCIÓN Y ACEPTACIÓN El prestador se compromete a efectuar su servicio social en el lugar mencionado, durante el tiempo estipulado, cumpliendo la normatividad nacional e institucional». Exhortación. Mediante oficio de ocho de febrero de dos mil veintitrés, suscrito por el doctor Carlos Alberto Aranda Salazar, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, se le informó al aquí quejoso que debido a que abrió y cerró el Centro de Salud a destiempo el dos de febrero anterior, se le exhortó en los términos siguientes: «. motivo por el cual, se le exhorta a cumplir con las obligaciones que los becarios contraen al momento de realizar su Servicio Social, de acuerdo al Reglamento vigente de los Servicios de Salud de Yucatán, en el Artículo 34, Apartado IX; que a la letra dice: Prestar el servicio social en el tiempo establecido de acuerdo a la sede de adscripción. DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Sin otro particular por el momento, me despido de usted reiterándole a realizar su mejor esfuerzo para beneficio de la comunidad que le toco servir». Cabe destacar que en dicho oficio obra firma de recibido del aquí quejoso, el diez de febrero de dos mil veintitrés. Primera llamada de atención. Mediante oficio de seis de abril de dos mil veintitrés, suscrito por el doctor ******, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, se le informó al aquí quejoso que debido a múltiples retardos mayores y menores, así como una falta que tuvo lugar el veinticinco de marzo, sin previo aviso al superior inmediato, incurrió en infracciones al Reglamento del Servicio Social y, por ende, se hizo acreedor a la primera llamada de atención y se le apercibió que de reincidir se procedería de acuerdo con la sanción correspondiente. Reportes de ausencia en el Centro de Salud. Mediante oficio de doce de mayo de dos mil veintitrés, suscrito por el doctor ******, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, se le informó al Secretario de Salud y Director General de los Servicios de Salud, que el cinco de mayo anterior, se recibieron reportes de los usuarios del Centro de Salud Paraíso en el sentido de que estaba cerrado, por lo que al momento que ingresaron a revisar el lugar el aval ciudadano y personal de limpieza, se percataron que en los informes del reloj checador ya obraban registros de entrada y salida del propio cinco de mayo y del seis siguiente, pero no se pudo encontrar el citado reloj checador, de forma que se informó que había sido sustraído sin autorización. A lo anterior, se anexó informe de ocho de mayo de dos mil veintitrés, signado por el doctor *******, en el que se relató lo ya precisado. Inicio de procedimiento sancionatorio. Mediante acuerdo de diecinueve de mayo siguiente, suscrito por *****, Subdirectora de Calidad y Educación en Salud de los Servicios de Salud en Yucatán, la denuncia se radicó con el número PAISS/**/2023 y se admitió a trámite, el cual se le notificó en la propia fecha. Comparecencia. El veintidós siguiente, el aquí quejoso compareció al procedimiento y manifestó las razones por las que se había llevado el reloj checador. Acto de aplicación. Finalmente, la Subdirectora de Calidad y Educación en Salud de los Servicios de Salud en Yucatán, el veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictó resolución en la que concluyó lo siguiente: «PRIMERO.- Quedo probada la violación de normas relativas al programa de servicio social establecidas en cláusulas Quinta fracciones II numeral 2 y fracción III numeral 4 y Octava fracción III numeral I del Convenio Específico de Colaboración en Materia de Servicio Social de la carrera de licenciatura en Médico Cirujano celebrado entre los Servicios de Salud de Yucatán y UNIVERSIDAD MARISTA respecto de las infracciones establecidas en el artículo 35 fracciones II, VIII y XI del reglamento para la instrumentación del servicio social de los Servicios de Salud de Yucatán del pasante CARLOS DANIEL VELASCO BONILLA y se le sanciona con la cancelación y en consecuencia la baja del campo clínico de servicio social. SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución por los medios idóneos al pasante, CARLOS DANIEL VELASCO BONILLA, así como al Director de la Escuela de medicina de la Universidad Marista de Mérida». Inexistencia de publicación oficial. A manera de preámbulo conviene precisar que a pesar de que el reclamo principal de la parte quejosa consistió en que el Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán no se publicó oficialmente, las autoridades responsables fueron omisas en acreditar su publicación en algún medio oficial. Hasta aquí los antecedentes de los actos reclamados. SEXTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, por ser una cuestión de orden público y preferente análisis, resulta procedente el examen de las causas de improcedencia del juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Actos consumados de modo irreparable - Al respecto, las autoridades responsables, consideran que el juicio de amparo debe sobreseerse porque se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, en virtud de que los actos se consumaron de modo irreparable. Dicha causa de improcedencia es infundada. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 136/2007-SS, interpretó el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo abrogada (61, fracción XVI, de la actual), y estableció qué debía entenderse por actos consumados de modo irreparable, a efecto de establecer cuándo opera la causa de improcedencia de estudio. La Segunda Sala, sostuvo que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que, para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Señaló que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquélla que por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, entonces, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Adujo, que lo anterior se corrobora al tener presente que el efecto de la sentencia en que se otorgue el amparo y protección de la Justicia Federal, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven; de esa forma, la fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, interpretada a contrario sensu, en relación con el indicado artículo 80 del propio cuerpo de normas, (61, fracción XVI, y 77 de la Ley actual), permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que en él se dicte pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho vulnerado. Concluyó, que si el acto reclamado se encuentra consumado de modo irreparable, es decir, se han producido todos sus efectos, no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, por lo que el juicio de amparo que se promueva en su contra será improcedente toda vez que la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos. Las anteriores consideraciones, aplicadas al caso en análisis, conducen a estimar que no se está frente a actos consumados de manera irreparable, como aseveran las responsables, en virtud que la circunstancia de que ya se haya dado de baja al aquí quejoso del servicio social, no implica que no pueda ser restituido al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas, pues precisamente, mediante la concesión de amparo la autoridad se encuentra obligada a realizar todas las acciones necesarias para cumplir con los efectos del fallo protector. Se afirma lo anterior, porque el acto reclamado en sí, consistente en la cancelación del servicio social de la quejosa, no es un acto que por su naturaleza, no pueda ser reparado, pues en todo caso, corresponde a las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, realizar las adecuaciones necesarias y solucionar los impedimentos técnicos, para restablecer las cosas al estado que se encontraban hasta antes de la violación alegada, de ahí que resulte infundada la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad recurrente; de ahí lo infundado de la causa de improcedencia alegada. Lo anterior, tal como, en un caso análogo, lo determinó el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, al resolver el amparo en revisión 344/2021. SÉPTIMO. Oportunidad de la demanda de amparo respecto del Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán reclamado a partir de su primer acto de aplicación. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para normas generales que se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación. Ello, en virtud de que a pesar de que antes de la notificación de la cancelación del servicio ya se le había realizado una exhortación y una llamada de atención con base en el Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán, lo cierto es que cuando se impugnan actos dentro de un procedimiento sancionatorio el juicio de amparo contra leyes debe promoverse por regla general contra la resolución que lo resuelve en definitiva, o bien, en forma excepcional contra el primer acto de aplicación de la ley reclamada, y además de imposible reparación. Lo anterior, por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, con base en la jurisprudencia con registro 190707, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: «AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA, TIENE COMO PRESUPUESTO QUE SE TRATE DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 73, fracción XV y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que dichos preceptos tienen como objetivo primordial determinar la procedencia del amparo indirecto, sólo contra una resolución definitiva, entendiéndose ésta como aquella que sea la última, la que ponga fin al asunto; y que para estar en tales supuestos, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, o bien, todas las etapas procesales, en tratándose de actos emitidos en un procedimiento seguido en forma de juicio. Sin embargo, cuando la resolución dictada dentro del procedimiento, aun sin ser la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del promovente y se reclama también ésta, surge una excepción al principio de definitividad, en virtud de la indivisibilidad que opera en el juicio de garantías, que impide el examen de la ley, desvinculándola del acto de aplicación que actualiza el perjuicio. En este supuesto, el juicio de amparo procede, desde luego, contra ambos actos, siempre y cuando esté demostrada la aplicación de la ley, de manera tal que no basta la afirmación del quejoso en ese sentido para que el juicio resulte procedente contra todos los actos reclamados». En ese contexto, tomando en cuenta que la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente PAISS/07/2023, por la Subdirectora de Calidad y Educación en Salud de los Servicios de Salud en Yucatán, en la que se canceló el servicio social que estaba realizando el quejoso en el campo clínico, así como sus efectos y consecuencias, que se reclama como primer acto de aplicación, se notificó el veinticuatro de mayo del año en curso -lo que se corrobora con las documentales exhibidas por la responsable, en donde se aprecia la firma del quejoso-; la demanda debe considerarse oportuna. Se afirma lo anterior, porque en términos del artículo 68 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán, aplicable de conformidad con el artículo 45 del Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán, dicha notificación personal surtió sus efectos el propio día (veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés). Por tanto, la demanda se depositó el décimo tercer día del plazo; esto es, el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés; ello sin tomar en cuenta los sábados y domingos, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, tal como se corrobora en la siguiente gráfica. MAYO 2023 (...) OCTAVO. Procedencia del juicio de amparo. El juicio de amparo contra normas generales derivado de su primer acto de aplicación, es procedente en términos del artículo 107, fracción I, de la Ley de Amparo. Se considera que sí es el primer acto de aplicación de aquellos que causan una imposible reparación dentro de la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente PAISS/**/2023, por la Subdirectora de Calidad y Educación en Salud de los Servicios de Salud en Yucatán, se canceló el servicio social que estaba realizando en el campo clínico. Es así, en virtud que de no analizarse la constitucionalidad de dicho acto, ello implicaría que quede firme la cancelación del servicio social de la parte quejosa; de ahí que, en este caso, se justifique la procedencia del juicio. Apoya lo anterior, lo determinado por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en sesión de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, al resolver el amparo en revisión 344/2021, en donde también se impugnó la cancelación del servicio social. En el entendido que la parte quejosa no estaba obligada a instar un recurso ordinario, porque al reclamar la constitucionalidad de una norma general ello le permite acudir al juicio de amparo, sin observar el principio de definitividad, y además, porque del propio Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán se advierte que su artículo 44, fracción VII, prevé que las resoluciones que cancelen el servicio social no admitirán recurso alguno. En ese contexto, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, se precisa que no opera alguna causa de improcedencia que deba estudiarse de oficio. Sirve de apoyo a lo anterior, al no oponerse al texto de la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia con registro 205800, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO». NOVENO. Estudio de constitucionalidad de los actos reclamados. A manera de preámbulo, se explica que, debido a que la parte quejosa impugna el Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán, y, el acto de aplicación, al no actualizarse alguna hipótesis que permita suplir la deficiencia de la queja, el estudio del presente asunto se realizará en el orden y términos en los que fue propuesto por la parte quejosa. En su PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN, la parte quejosa precisa que el Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán, vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en el artículo 14 y 16 constitucional, en virtud de que no se publicó en ningún medio de difusión oficial, lo que era necesario en términos de lo que exige el artículo 7 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán y, por ende, no se le puede aplicar en su perjuicio. Dicho concepto de violación es fundado. A manera de preámbulo conviene precisar que a pesar de que el reclamo principal de la parte quejosa consistió en que el Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán no se publicó oficialmente, las autoridades responsables fueron omisas en acreditar su publicación en algún medio oficial y de la búsqueda en los medios disponibles no se advirtió la existencia de su publicación, por ende, se debe partir de la premisa de que no existe la citada publicación, al no advertirse de forma fehaciente. En ese orden de ideas, con base en las constancias remitidas por las responsables, el Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán que se impugna es del contenido literal visible de fojas 54 a 61 del expediente del juicio de amparo y de su contenido se extrae que: En el artículo 3° precisa que tiene como objeto orientar la formación de recursos humanos para la salud a partir del establecimiento de reglas, procedimientos y operación de los programas del servicio social para pasantes de las profesiones del área de salud que deben realizar su servicio social en las instalaciones y campos clínicos de los Servicios de Salud. Luego de establecer las reglas de coordinación entre las instituciones de Educación Superior y los Servicios de Salud de Yucatán, así como la estructura y organización, dicho reglamento regula la práctica del servicio social, establece derechos y obligaciones de los pasantes y, en lo que interesa, establece un régimen sancionatorio que puede implicar la amonestación, extrañamiento y cancelación del servicio social, en los siguientes términos: «Artículo 36.-De las sanciones Las sanciones por infracciones que se aplicarán a los pasantes serán las siguientes: a) Amonestaciones; b) Extrañamientos: y c) Cancelación del servicio social. Articulo 37.-de las amonestaciones. Las amonestaciones las harán los responsables de enseñanza que tengan bajo su cargo a los pasantes: siempre se harán en privado y tendrán lugar cuando los pasantes violen las obligaciones de las fracciones I, IV, V, VI; VIII; XI, X, XIII; y XV del artículo 34, y cometan las infracciones de las fracciones I, iV, VI, y IX, del articulo 35 ambos de este ordenamiento y mediante el procedimiento que se determine en el convenio de colaboración de los servicios de salud con las instituciones de educación superior. Articulo 38.-Del extrañamiento. El extrañamiento, es la severa observación que se haga por escrito a los pasantes que infrinjan las obligaciones de las fracciones II, III, VII, IX, XII. y XIV del artículo 34, y cometan las infracciones de las fracciones II, III, V. y VII, del articulo 35 ambos de este ordenamiento y mediante el procedimiento que se determine en el convenio de colaboración de los servicios de salud con las instituciones de educación superior: también se aplicará esta sanción en caso de reincidir los pasantes en las infracciones de las que fueron previamente amonestados. La sanción de extrañamiento por reincidencia se aplicará por los responsables o jefes de enseñanza donde el pasante preste su servicio social, una copia de dicho extrañamiento se agregará al expediente personal y otra se enviará a la Institución de Educación Superior a la que pertenezca Articulo 39.-De la cancelación. Los servicios de salud, procederán a la cancelación del servicio social cuando se infracciones establecidas en las fracciones VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. XVI. XVII, XVIII Y XIX del, 35; también será aplicable esta sanción cuando, previo extrañamiento, se reincida en las o realizadas y mediante el procedimiento administrativo por infracciones al servicio social». En ese sentido, atendiendo al contenido del Reglamento reclamado, se estima que constituye una verdadera norma de carácter general, puesto no sólo regula la actuación de diversas autoridades sino que también regula en forma general y abstracta la forma en que se podrá sancionar a quienes incurran en determinadas infracciones. De tal suerte que inclusive en los artículos 40 a 45 prevé todo un procedimiento administrativo para imponer sanciones. Entonces, es inconcuso que, por su naturaleza y características, debieron publicarse en el Diario Oficial de esta entidad para que surtieran efectos jurídicos, en cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 7 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. Lo anterior es así, porque constituyen una disposición administrativa de carácter general emitida por una dependencia de la Administración Pública Estatal, como lo es la Secretaría de Salud, que por ende, debieron publicarse en el Diario Oficial de esta entidad para que surtieran efectos jurídicos, al ser éste el órgano o medio oficial para publicar ese tipo de actos (normas generales) para que sean aplicados y observados debidamente, como se corrobora de lo dispuesto en los artículos 1, 3, 4 y 17 de la Ley del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán que disponen: "Artículo 1.- Esta Ley es de interés público y tiene por objeto regular la edición, publicación y distribución del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, y el funcionamiento de la Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán". "Artículo 3.- El Diario es el medio de publicación oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, a través del cual difunde: (REFORMADA, D.O.F. 31 DE MAYO DE 2019) [.] V.- Los decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de interés general expedidos por el Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con la normatividad aplicable [.]". "Artículo 4.- Las publicaciones a que se refiere el artículo 3 de esta Ley surtirán efectos jurídicos y, en consecuencia, obligarán a sus destinatarios, a partir del sexto día al de su publicación en el Diario, cuando el propio instrumento jurídico no señale expresamente fecha de entrada en vigor." "Artículo 17.- El Diario tendrá una versión electrónica que se difundirá vía Internet el mismo día de su publicación y, en su caso, en el portal que se indique. La versión electrónica del Diario tendrá validez legal y el carácter de documental pública, siempre y cuando la Dirección del Diario la emita asegurando la integridad y autenticidad de su contenido a través de la firma electrónica, acreditada de conformidad con la ley de la materia." En esos términos, el cumplimiento de esa formalidad, publicación en el Diario Oficial de la entidad, constituye una obligación reglada a cargo de las autoridades estatales para que ese tipo de actos administrativos surtan efectos jurídicos, en tanto que la publicación de las disposiciones de observancia general en el periódico oficial es el medio jurídico a través del cual se da a conocer las normas a sus destinatarios, con el propósito de que tengan conocimiento cierto de su existencia y pueda exigírseles su cumplimiento. Lo anterior, porque conforme al principio de publicación formal que rige en nuestro sistema jurídico, las normas jurídicas producen sus efectos vinculantes cuando se han dado a conocer con la debida oportunidad a los gobernados, quienes deben estar enterados del contenido de las disposiciones para poder cumplirlas, con lo que se pretender combatir la arbitrariedad de los gobernantes y salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídica. Consideración que encuentra sustento, en la parte conducente, en la jurisprudencia 179863 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "LEYES Y DECRETOS EXPEDIDOS POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL. PARA SU DEBIDA APLICACIÓN Y OBSERVANCIA SÓLO ES NECESARIA SU PUBLICACIÓN EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL. Del artículo 49 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se advierte que la publicación de las leyes y decretos expedidos por la Asamblea Legislativa en la Gaceta Oficial del Distrito Federal es "para su debida aplicación y observancia", en tanto que la llevada a cabo en el Diario Oficial de la Federación es "para su mayor difusión", de manera que para efectos de su validez y vinculación, no es necesario que se publiquen en este último; interpretación que se fortalece si se atiende a una exégesis teleológica del referido precepto, en la que se toma en cuenta que uno de los elementos característicos del Estado de Derecho es el principio de publicidad de las normas jurídicas estaduales, conforme al cual éstas producen sus efectos vinculantes cuando se han dado a conocer con la debida oportunidad a los ciudadanos, quienes deben estar enterados del contenido de las disposiciones legislativas para poderlas cumplir, con lo que se procura combatir la arbitrariedad de los gobernantes y, además, se intenta salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídicas. Lo anterior es así porque en nuestro país seguimos el principio de publicación formal, donde sólo es necesario insertar el contenido de la ley en un medio de difusión oficial, como es el caso del Diario Oficial en materia federal y de la Gaceta del Distrito Federal en materia local, por lo que la sola publicación en esta última permite que los habitantes de esa entidad estén en aptitud de conocer la ley y, por ende, obligados por ella, de ahí que la publicación en el Diario Oficial de la Federación, constituye una facultad discrecional de la Asamblea Legislativa." Importa destacar que ese criterio derivó de la ejecutoria que el veintisiete de octubre de dos mil cuatro, recayó a la contradicción de tesis 156/2004-SS, entre las sustentadas por los tribunales colegiados Primero y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la que la Segunda Sala de ese Alto Tribunal, sostuvo -en lo que interesa-: "[.] Ahora bien, aunado a la importancia de la publicidad de la discusión, existe la de la publicación de las normas cuya existencia es una exigencia para la incorporación al ordenamiento jurídico de la norma impugnada, pues el Estado de derecho se realiza con el cumplimiento efectivo de un ordenamiento jurídico legítimo que a todos vincula. Sólo a partir de la publicación nace el deber -en sentido amplio- que es contenido de toda norma jurídica y la ley produce su efecto vinculante para todos. Sólo con la publicación opera el principio iura novit curia y la publicación determina la fecha de la entrada en vigor. D.3. Interpretación teleológica. Uno de los elementos característicos del Estado de derecho, es el principio de publicidad de las normas jurídicas estaduales. Éstas producen sus efectos vinculantes cuando se han dado a conocer con su debida oportunidad a los ciudadanos, con ello se intenta combatir la arbitrariedad de los gobernantes. Las autoridades deben difundir el contenido de la ley a través de un periódico oficial y de alcance general. Además, se intenta salvaguardar los principios de certeza y seguridad jurídicas, baluartes de la democracia nacional. En otro orden de ideas, los ciudadanos deben estar en aptitud de conocer el contenido de las disposiciones legislativas para poderlas cumplir. Ciertamente, uno de los elementos claves del Estado de derecho, es la presunción legal que se resume en los siguientes aforismos: 1. Nemini jus ignorare licet. 2. Nemo jus ignorare censetur; ignorantia legis neminem excusat. En esencia, estos aforismos indican que a nadie es permitido ignorar las leyes y se presume que todo el mundo las conoce, pero para que este aforismo pueda hacerse efectivo necesariamente tiene como precedente la publicación de las normas, así lo ha reconocido la Suprema Corte en la siguiente tesis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXIII, Segunda Sala, página 1829. "LEYES, PUBLICACIÓN DE LAS.- La publicación de las normas jurídicas tiene por finalidad lograr que sean conocidas de aquellos a quienes obligan; los particulares no están obligados a cumplir lo prevenido en disposiciones que por falta de publicación, forzosamente han de ser ignoradas ..." Desde hace más de dos mil años existe la presunción, juris et de jure, de que a nadie se permite ignorar las leyes, lo que es una ficción, ya que nadie conoce todo el derecho. Sin embargo, esta ficción es absolutamente necesaria para la preservación del orden social, ya que es una presunción necesaria para la seguridad jurídica. Asimismo, esta ficción es un sostén esencial del Estado de derecho, en tanto que el principio democrático plantea como una exigencia la publicidad de la ley, pues las normas que integran el ordenamiento jurídico deben ser conocidas de manera exacta por aquellos a quienes vincula. La publicación es un requisito esencial de la norma que determina la entrada en vigor y permite conocer el texto completo. La publicación es un requisito constitucional para que una ley o decreto pueda tener su efecto vinculante frente a los particulares. En nuestro país seguimos el principio de publicación formal, donde sólo es necesario insertar el contenido de la ley en un medio de difusión oficial, como es el caso del Diario Oficial en materia federal y de la Gaceta Oficial en el Distrito Federal, que son administrados por órganos estatales. [.]". Previamente, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, había sostenido, al resolver la contradicción de tesis 218/2007, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, en la parte conducente: "[.] El efecto primordial de la publicación de las leyes, decretos, reglamentos, etcétera, en el Diario Oficial es que, a partir de la fecha de publicación, estos ordenamientos entran en vigor para toda la población y, por tanto, son obligatorios. Existen disposiciones que fijan una fecha posterior a la de publicación para su entrada en vigor. La publicación es el nombre que se le da a los actos o medios que tienen por finalidad poner la ley en conocimiento de todos los habitantes (foja 50). En el ámbito federal en el artículo 2o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, se ordena publicar en dicho medio de información las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los Poderes de la Federación. Por otra parte, en el artículo 13 de la ley citada se establece que para efectos de la misma se entiende por Gaceta Gubernamental, el órgano de publicación de los acuerdos, órdenes, resoluciones, circulares y en general todos aquellos comunicados emitidos por las dependencias del Ejecutivo Federal que no corresponda publicar en el Diario Oficial de la Federación. En relación con el tema de publicación de las leyes o normas que impongan obligaciones está vinculado el interés general, el cual según lo estableció la anterior integración de esta Segunda Sala, se da en relación con actos de autoridad que contienen principios de orden normativo dirigidos en forma abstracta a un número indeterminado de personas. De las ejecutorias transcritas se advierte que el Alto Tribunal ha establecido: Que las normas que integran el ordenamiento jurídico deben ser conocidas de manera exacta por aquellos a quienes vincula. Que la publicación es un requisito esencial de la norma que determina su entrada en vigor y permite conocer el texto completo. Que en nuestro país seguimos el principio de publicación formal, donde sólo es necesario insertar el contenido de la ley en un medio de difusión oficial, como es el caso del Diario Oficial en materia federal y de la Gaceta Oficial en el Distrito Federal. Que la publicación es un requisito constitucional para que una ley, decreto, reglamento, etcétera pueda tener su efecto vinculante frente a los particulares. Que en el ámbito federal, en el artículo 2o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales se ordena publicar en dicho medio de información las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos expedidos por los Poderes de la Federación. Que, por otra parte, en el artículo 13 de la ley en cita se establece que para efectos de la misma se entiende por Gaceta Gubernamental, el órgano de publicación de los acuerdos, órdenes, resoluciones, circulares y en general todos aquellos comunicados emitidos por las dependencias del Ejecutivo Federal que no corresponda publicar en el Diario Oficial de la Federación. Que en relación con el tema de publicación de las leyes o normas que impongan obligaciones, está involucrado el interés general, el cual se da en relación con actos de autoridad que contienen principios de orden normativo dirigidos en forma abstracta a un número indeterminado de personas. Y que el efecto primordial de la publicación de las leyes, decretos, reglamentos, etcétera, en el Diario Oficial es que, a partir de la fecha de publicación, estos ordenamientos entran en vigor para toda la población y, por tanto, son obligatorios. Por lo que, atendiendo a la pauta fijada por el Alto Tribunal en dichos criterios, debe estimarse que al constituir la publicación un requisito constitucional para que una ley, decreto, reglamento, etcétera pueda tener su efecto vinculante frente a los particulares; es decir, que las normas surtan efectos, para que sus destinatarios tengan conocimiento cierto de su existencia y sean obligatorias, la formalidad prevista en el artículo 7 de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán es indispensable a fin de que gocen de validez y eficacia jurídica. Asimismo, debe considerarse que la certeza del conocimiento pleno de la existencia y contenido de esas normas sólo puede derivar de su publicación en el órgano de difusión oficial correspondiente que, como lo sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de normas de carácter general emitidas por las dependencias de la Administración Pública, son los medios de comunicación oficiales, como en el caso lo es el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Por lo que con independencia de que la quejosa hubiera conocido los acuerdos reclamados a través de un medio distinto, lo cual no puede afirmarse, lo importante es que según lo ha definido el Alto Tribunal, de manera constante y reiterada, el único medio legalmente idóneo para su difusión y su correspondiente efecto vinculante son los medios de difusión oficiales. También ha establecido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con registro 2010889, que independientemente de que exista prueba fehaciente de que un servidor público hubiere tenido conocimiento de una disposición general a través de un medio legal diferente a su publicación en el órgano oficial de difusión, no puede considerarse que haya tenido pleno conocimiento del contenido de dichas disposiciones. La jurisprudencia mencionada es del contenido literal siguiente: "SERVIDORES PÚBLICOS. CUANDO LOS MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS O DE SERVICIOS AL PÚBLICO SON LA BASE PARA FINCARLES RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES, EL CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA Y CONTENIDO NO PUEDE DERIVAR DE ALGÚN OTRO MEDIO LEGAL, SINO DE SU PUBLICACIÓN EN EL ÓRGANO DE DIFUSIÓN OFICIAL CORRESPONDIENTE. Conforme a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 249/2007 (*), dichos manuales deben publicarse en un órgano de difusión oficial, llámese Diario Oficial de la Federación, gaceta gubernamental o periódico oficial local, según sea el caso, pues al tratarse de normas de carácter general, sólo así los servidores públicos a quienes les resulten de observancia obligatoria tendrán conocimiento de su contenido y sabrán con certeza las sanciones que se les impondrán y las responsabilidades que se les fincarán, en caso de que incurran en el incumplimiento de sus obligaciones o en irregularidades en el desempeño de sus funciones. Por tanto, no puede admitirse que el conocimiento pleno de la existencia y contenido de los manuales derive de algún otro medio legal aunque éste sea fehaciente, ya que dejar tal conocimiento a la valoración de pruebas no abona a la seguridad jurídica, en tanto que si aquéllos son la base para afectar la esfera de derechos de los servidores públicos al fincarles responsabilidades y sancionarlos, la certeza del conocimiento pleno en los términos referidos sólo puede derivar de su publicación en un órgano de difusión oficial." Como se ha logrado advertir, si no se llevó a cabo la publicación del Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán, en un medio de publicación oficial, es dable concluir de dicho Reglamento es inconstitucional en tanto que aquella falta de publicación contraviene los principios de legalidad y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucional. En esos términos, al no haber cumplido la autoridad con la formalidad de publicar el citado Reglamento, éste resulta inconstitucional y, por ende, lo procedente es conceder el amparo y protección federal a la quejosa. Concesión que debe hacerse extensiva al acto de aplicación contenido en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente PAISS/07/2023, por la Subdirectora de Calidad y Educación en Salud de los Servicios de Salud en Yucatán, en la que se canceló el servicio social que estaba realizando el quejoso en el campo clínico, así como sus efectos y consecuencias. Ello, al tener origen en un Reglamento que resultó inconstitucional al no haberse publicado oficialmente y, por ende, no puede surtir sus efectos en la esfera jurídica del aquí quejoso, de ahí que resulte innecesario analizar los diversos conceptos de violación propuestos. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia con registro 191311, de la novena época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN». Por otra parte, no se analizan los alegatos formulados por la parte quejosa, al no formar parte de la litis. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con registro 205449, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: «ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO». DÉCIMO. Efectos de la protección constitucional. En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos correspondientes. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto de que las autoridades responsables Secretaría de Salud del Estado de Yucatán y Servicios de Salud de Yucatán, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen y acaten lo siguiente: I. Mientras no sea publicado el Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán, en el Diario Oficial del Gobierno de esta entidad, no podrá tener efectos vinculantes para el aquí quejoso. II. Por otra parte, al tener origen el acto de aplicación reclamado en el citado Reglamento, en vía de consecuencia, se deberá dejar sin efectos la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente PAISS/07/2023, por la Subdirectora de Calidad y Educación en Salud de los Servicios de Salud en Yucatán, en la que se canceló el servicio social que estaba realizando el quejoso en el campo clínico. III. Finalmente, se deberán emitir las decisiones administrativas pertinentes, a fin de que al aquí quejoso Carlos Daniel Velasco Bonilla, se le permita continuar con el servicio social, con libertad de jurisdicción. Esto último, con base en el artículo 78, último párrafo, de la Ley de Amparo, en la parte que dispone que el órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales deberán adoptarse para restablecer a la parte quejosa en el pleno goce del derecho violado. Por lo expuesto fundado y con apoyo en los artículos 74, 75, 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, respecto de la inconstitucionalidad del Reglamento para la Instrumentación del Servicio Social de los Servicios de Salud de Yucatán que se atribuyó a la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán; así como respecto de su acto de aplicación contenido en la resolución de veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente PAISS/07/2023, por la Subdirectora de Calidad y Educación en Salud de los Servicios de Salud en Yucatán, en la que se canceló el servicio social que estaba realizando el quejoso en el campo clínico, así como sus efectos y consecuencias, atribuido a Servicios de Salud de Yucatán; por las razones contenidas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese.

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