Carlos Augusto Rodriguez Solis
Expediente 644/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Augusto Rodriguez Solis
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio 8739/2023, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual informa que se resolvió el conflicto competencial 55/2023, de su índice; en consecuencia, una vez que se consulta la sentencia en el expediente vinculado por el Tribunal Colegiado, se obtiene que la Superioridad en lo conducente resolvió: "ÚNICO. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Augusto Rodríguez Solís, contra autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en esta ciudad." Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo General citado. Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 19 fracción I, inciso a) del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de seis meses ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del referido acuerdo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio electrónico firmado por el Actuario adscrito del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, mediante el cual transcribe el auto de diez de octubre del dos mil veintitrés, dictado por dicho Tribunal, del que se desprende que se admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, derivado de la demanda de amparo promovida por Carlos Augusto Rodríguez Solís; mismo que quedó registrado con el número 55/2023, de igual forma, se advierte que fueron turnados los autos a ponencia para la elaboración del proyecto correspondiente. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dos de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual, devuelve el juicio de amparo 644/2023, del índice de este juzgado, y comunica que no acepta la competencia que le fue declinada mediante auto doce de septiembre de dos mil veintitrés. SE INSISTE EN DECLINAR COMPETENCIA El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en la ciudad de Morelia, señala que no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo, promovida por ********************, al considerar que el acto reclamado no tiene ejecución, y por ende debe ser competente para conocer de la misma el Juez de Distrito ante el que se presentó la demanda. El Juzgado Segundo, señala que la determinación reclamada no puede considerarse un acto ejecutable, pues "no se le constriñe" en modo alguno al quejoso a que deba realizar el trámite de reparación del daño material que ahí se señala, sino únicamente que "en caso de no encontrarse de acuerdo con el monto" señalado en el convenio, podría dar inicio presentando la documentación que ahí se indica, por lo que "no existió requerimiento" por parte de la autoridad responsable en el acto que se reclama que deba ejecutarse. Sin embargo, se estima que la apreciación del acto reclamado es incorrecta, toda vez que en la demanda de amparo se precisa como tal: "La resolución con número de oficio [...] 417/2023 de fecha diecisiete de agosto" El oficio reclamado se anexó a la demanda de amparo, del cual se advierte que se comunica al quejoso que en virtud de no haber estado de acuerdo con el convenio de pago de reparación del daño, puede nuevamente dar inicio al trámite de pago de indemnización, presentando la documentación requerida; además a fin de continuar con el trámite de reparación integral del daño, es necesario requisite el formato que se adjunta agregando copia de su INE, CURP, acta de nacimiento, copia de su acuerdo de inscripción de víctimas emitido por RENAVI, y una copia de comprobante de cuenta bancaria. Lo anterior se obtiene de la lectura que se realiza del oficio que contiene la resolución reclamada: En vista de lo anterior, contra lo considerado por el Juez declinado, se estima que la resolución reclamada sí constriñe al quejoso a realizar nuevo trámite de reparación del daño, puesto que la misma no se le da opción a que "en caso de no encontrarse de acuerdo con el monto", sino que en la propia resolución se señala que al no haber estado de acuerdo con el convenio en el cual se indicó una cantidad de $30,889.95 (treinta mil ochocientos ochenta y nueve pesos con noventa y cinco centavos), derivado de lo anterior se le comunica que puede dar nuevamente inicio al trámite. Y aun cuando se indica al quejoso que "puede" dar inicio nuevamente, es lógico que se le constriñe a realizar nuevamente el trámite, habida cuenta que el quejoso no ha estado de acuerdo con el monto estipulado en el convenio ofrecido y lo que pretende es precisamente que se le pague el importe que solicita por concepto de indemnización. Este juzgado considera también que contra lo considerado por el Juez declinado, la resolución reclamada sí impone un requerimiento al quejoso, puesto que se le indica que a fin de dar nuevamente inicio al trámite, debe presentar la documentación requerida y requisitar el formato que se adjunta, agregando copia de su INE, CURP, acta de nacimiento, copia de su acuerdo de inscripción de víctimas emitido por RENAVI, y una copia de comprobante de cuenta bancaria. Además, como se dijo en el auto de doce de septiembre del año en curso, todas las autoridades responsables tienen su residencia en Morelia, Michoacán, aunado a que la ejecución de la referida resolución reclamada, tiene ejecución en el lugar donde residen dichas autoridades, habida cuenta que el nuevo trámite de indemnización y la presentación de la documentación, así como el llenado del formulario correspondiente, deberá presentarse ante las propias autoridades responsables, mismas que como ya se dijo, tienen su residencia en Morelia, Michoacán. Consecuentemente, este Juzgado Octavo, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, INSISTE EN DECLINAR COMPETENCIA AL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO CON SEDE EN MORELIA, MICHOACÁN. En tales condiciones, con base en el Punto Décimo, fracción II, del Acuerdo General número 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, remítase el presente expediente físico y electrónico al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, para que resuelva lo que conforme a derecho proceda en el conflicto competencial que se plantea. En la inteligencia que de conformidad con el artículo 253 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, en auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se determinó no imprimir ni agregar al expediente impreso, las actuaciones del presente asunto, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma. Infórmese al Tribunal Colegiado de Circuito, que se deja a su disposición el expediente electrónico del presente juicio de amparo 644/2023, para lo cual, se comisiona a la Encargada del SISE para que otorgue los permisos correspondientes en dicho sistema. Comuníquese esta determinación al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia; para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE. Háganse las anotaciones en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Uruapan, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Carlos Augusto Rodríguez Solís, contra actos que atribuye al Instituto Mexicano del Seguro Social con residencia en Morelia, Michoacán, y otras autoridades; regístrese en el libro de control (electrónico) respectivo, bajo el número 644/2023. INCOMPETENCIA. En su demanda de amparo, el quejoso manifiesta bajo protestad de decir verdad que mediante escrito presentado el veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, ante las autoridades responsables del Instituto Mexicano del Seguro Social, todas con domicilio en Morelia, Michoacán, solicitó la observancia y reparación integral en términos de la Ley General de Víctimas, anexando la resolución emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos para su cumplimiento, dentro del expediente CNDH/52018/7667/Q, para lo cual se le requirió cierta documentación, la que exhibió el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Sigue narrando el quejoso que el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo 601/2023, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Michoacán, se le notificó la resolución que ahora reclama, contenida en el oficio 179001051100/CTQ/00417/2023 de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, firmado por la Coordinadora de Atención y Orientación del Derechohabiente, en el que se comunica al quejoso que en respuesta a su solicitud de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, como no estuvo de acuerdo con el convenio de pago de reparación del daño, por la cantidad de $30,889.95 (treinta mil ochocientos ochenta y nueve pesos con noventa y cinco centavos), por tanto, se le comunica que puede dar inicio nuevamente al trámite de pago de indemnización presentando la documentación requerida. Asimismo, a fin de continuar con el trámite de pago de reparación integral de daño, se le informó que es necesario que requisite el "Formato de solicitud de Acceso a los recursos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por Compensación por violación de derechos humanos cometidas por autoridades federales y en su caso, estatales o municipales, mismo que le fue adjuntado. En vista de lo anterior, éste Juzgado Octavo de Distrito, con residencia en Uruapan, Michoacán, considera que es legalmente incompetente por razón de territorio para conocer de la presente demanda de amparo, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los cuales se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), relativa a que el acto reclamado tiene ejecución en Morelia, Michoacán. Es así, en razón de que todas las autoridades responsables tienen su residencia en Morelia, Michoacán, además de que la resolución reclamada contenida en el oficio 179001051100/CTQ/00417/2023 de diecisiete de agosto del año en curso, firmado por la Coordinadora de Atención y Orientación del Derechohabiente, tiene ejecución en el lugar donde residen dichas autoridades, habida cuenta que en el mismo se le comunica que en virtud de no haber estado de acuerdo con el convenio de pago de reparación del daño, podría dar nuevamente inicio al trámite de pago de indemnización presentando la documentación requerida; esto es, ante las propias autoridades responsables, mismas que como ya se dijo, tienen su residencia en Morelia, Michoacán. De igual manera, en el oficio reclamado se informa al quejoso que a fin de continuar con el trámite de reparación integral del daño, se le informó era necesario requisitar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación necesaria ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAV., lo que se entiende que debe realizarlo ante dicha autoridad responsable, con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán. De ahí que el oficio reclamado tiene ejecución en la ciudad de Morelia, Michoacán, la cual corresponde al distrito judicial donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, de donde deriva la incompetencia legal por razón de territorio de este órgano judicial para conocer la demanda. Consecuentemente, la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución dentro de la jurisdicción territorial de dicho Juzgado, en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, así como el acuerdo de 28/2016 por el que se modificó. En tales condiciones, REMÍTASE la demanda de amparo de cuenta y sus anexos, AL JUEZ DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, EN TURNO, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. En la inteligencia que el oficio reclamado se emitió en cumplimiento a la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en el juicio de amparo 601/2023. Solicítese al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. JUICIO EN LÍNEA Con fundamento en los artículos 3, 24, 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa se practiquen las notificaciones de carácter personal mediante el juicio en línea, con el usuario "8A9514KEHK", y conforme al artículo 55 del "ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En la inteligencia que conforme al diverso numeral 57 del propio Acuerdo General, la autorización para ser notificado electrónicamente lleva implícita la relativa a consultar el expediente electrónico y la de remitir promociones por vía electrónica, conforme a los artículos 18 y 51 del citado Acuerdo General. Consecuentemente a lo anterior, se ordena a la Encargada del Área de Sistema de Seguimiento de Expedientes -SISE, que otorgue los permisos correspondientes en el sistema, así como al Actuario de la adscripción para que realice las notificaciones personales través del Sistema del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Se tiene al quejoso señalando únicamente como dato de contacto, el domicilio que refiere en su demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene al quejoso autorizando con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de amparo, a Juan José Rodríguez Solís y Francisco Javier Solís Pérez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN HORAS Y DÍAS INHÁBILES A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. DATOS PERSONALES De conformidad con lo señalado por los artículos 68,110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, se informa a las partes que en atención a los lineamientos establecidos en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a fin de adoptar como eje rector la actividad jurisdiccional desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, a partir de esta fecha, todas las actuaciones del presente asunto constarán únicamente en el expediente electrónico sin que deban imprimirse ni agregarse al expediente impreso, con excepción de las presentadas de forma física, así como las notificaciones practicadas de esa forma; en el entendido que es el expediente electrónico el que tiene validez para todos los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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