Carlos Alberto González Torres
Expediente 433/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Alberto González Torres
Actuaciones
- Principal
Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde, el oficio 18541/2019 suscrito por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual acusa recibo de diverso 15865 de veintiocho de agosto del presente año, mediante el cual transcribe el proveído de nueve de septiembre del año en curso, del que se advierte, en lo que aquí interesa, informa que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto González Torres, y acepta la competencia planteada, registrándola bajo el número VIII-1007/2019; de lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales. Por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio de garantías. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto décimo primero del citado acuerdo, toda vez que como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente asunto no existen documentos originales por entregar. En su oportunidad, transfiérase el expediente al archivo judicial conforme al calendario respectivo que el Centro de Documentación y Análisis elabore, tal y como lo establece el punto décimo, fracción I, del acuerdo aludido con anterioridad. En la inteligencia de que este asunto es destruible. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, EL PROVEÍDO DE ESA MISMA FECHA (VEINTIOCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO), A LA PARTE QUEJOSA CARLOS ALBERTO GARCÍA TORRES, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene a ***, por su propio derecho, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de la Novena Sala Penal en Materia Penal, con sede en Morelia y otra autoridad; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 433/2019. INCOMPETENCIA. Resulta pertinente precisar que uno de los presupuestos procesales de orden público que rigen en todo procedimiento, entre ellos, el juicio de amparo, es la competencia, que atañe a la facultad de los órganos del Estado para dirimir una controversia o imponer un acto a los particulares, dado que constituye una figura jurídica que alude a la idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, por lo que en razón de su importancia en el orden jurídico mexicano se erige como un derecho fundamental inserto en la genérica de legalidad, tutelado en el artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y respecto de la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puntualizado que en virtud de esa figura las autoridades sólo pueden hacer aquello que la ley les permite, es decir, sólo pueden emitir actos que legal o constitucionalmente estén autorizadas a pronunciar, conforme a la división competencial establecida. Ahora, conviene destacar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado y autoridades responsables, los siguientes: Acto reclamado: *****se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:. **** VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera del juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ****" "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (lo subrayado es propio). De la lectura de los preceptos legales antes citados, se obtienen tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda, a saber: 1) Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; 2) Cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Bajo ese contexto, en este asunto resulta aplicable la regla especificada en el inciso 1), es decir, la relativa al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la cual precisa que cuando trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, será competente para conocer del asunto aquél Juez de Distrito en cuya jurisdicción se trate dicha ejecución. En efecto, la parte quejosa comparece a reclamar de Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Morelia, Michoacán, la resolución de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el, dentro del toca penal I-34/2019, en la que ordena dejar sin efectos la sentencia definitiva apelada y reponer el procedimiento, para los efectos precisados en la misma, en el proceso penal 39/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Zamora, Michoacán. En ese contexto, el escrito de demanda de amparo pone de manifiesto que el acto reclamado por la parte quejosa tiene ejecución material en la ciudad de Zamora, Michoacán, ya que el proceso penal es derivado de una causa penal instruida en esa localidad y sería en ese lugar donde daría cumplimiento al fallo protector de resultar favorable la promovente del amparo. Por lo que el Juez competente para conocer de la presente demanda, será el Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, quien tiene jurisdicción en el lugar donde residen las autoridades responsables, y donde tiene su domicilio el quejoso, en el caso, el mismo se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de la Ciudad de Zamora, Michoacán, y del que se derivan las violaciones que se duele la parte quejosa, ya que en momento dado sería en la ciudad de Zamora, Michoacán, donde tendría ejecución dicho acto, tal como lo dispone el artículo 37 de la ley de la materia, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Consecuentemente, la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, en turno, por lo que este Juzgado Federal carece de competencia legal en términos del párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio con las copias de la demanda de amparo al Juez competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, acuse de recibo en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda de amparo y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ****, toda vez que tienen su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Martha Pérez Valladares y José Luis Mora Martínez, hasta en tanto acredite encontrarse legalmente facultado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho. Sin que haya lugar a tenerle señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el correo electrónico que proporciona en su escrito de demanda, en razón a que los medio de notificación propuestos no los contempla la Ley de Amparo reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; por tanto, las notificaciones se le practicarán por medio de lista, en términos de los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto proporcione clave de usuario de alguno de sus autorizados, o bien: señale domicilio en esta ciudad para ese efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES; AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS; CAPTURAS Y ANOTACIONES DEL EXPEDIENTE. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones relativas al presente juicio en el Libro de Gobierno correspondiente. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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