Carlos Alejandro Villa García

Expediente 116/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
116/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
09/08/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alejandro Villa García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Uruapan, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo actuado en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno incidental, se advierte que en esta fecha se ordenó su archivo definitivo. Asimismo, del expediente en que se actúa se evidencia que en resolución interlocutoria de nueve de marzo de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados. Consecuentemente, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se precisa que: * El original del presente cuaderno, es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del citado Acuerdo General, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido. * Y, respecto del duplicado de este incidente, también es destruible, de conformidad con el numeral 19, fracción II, inciso a), del acuerdo aludido, trascurrido el plazo de seis meses ahí indicado. Una vez destruidos, deberá remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en las carátulas respectivas, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos se advierte que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido la sentencia dictada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el presente juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otro lado, visto lo actuado dentro del presente sumario, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto: * No es de relevancia documental, conforme a lo establecido en el artículo 15 del citado acuerdo. * Es destruible, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20 del citado Acuerdo General, razón por la que, trascurrido el plazo de tres años ahí establecido, deberá destruirse y remitirse el acta de baja documental que acredite dicha circunstancia a la Dirección General de Archivo y Documentación. Lo anterior, hágase constar en la carátula del presente expediente, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del numeral 34 del citado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, acuérdese lo conducente en los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Uruapan, Michoacán, a las diez horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintitrés día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, estando en audiencia pública la Licenciada ESTHELA PEDROZA DÍAZ, Jueza Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, asistida del licenciado Luis Enrique Garamendi Alvarez, Secretario que da fe, se declara abierta la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 116/2023, promovido por Carlos Alejandro Villa García, contra actos que atribuye al Secretario de Salud Federal y otra autoridad, sin presencia de las partes, pese haber sido citadas oportunamente. Acto continuo, el Secretario hace constar que en los presentes autos obra: Demanda de amparo. Auto de veintitrés de febrero Notificación al agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. En ese tenor, continuando con la relación de constancias, se cuenta con el informe justificado de la autoridad responsable siguiente: No. AUTORIDAD SENTIDO 1 Secretario de Salud Federal CIERTO 2 Titular del Poder Ejecutivo Federal CIERTO A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias que antecede; para los efectos legales a que haya lugar, en ese sentido, se tiene por rendido el informe justificado de las autoridades mencionadas en el cuadro detallado con antelación. Con lo anterior, se ordena la apertura de periodo probatorio. El Secretario hace constar que el quejoso ofertó como prueba de su parte: Documentales. Tres ticket o nota de venta de productos de tabaco, recibos de compra, efectuados el doce, diecinueve y veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Al efecto la Jueza acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y se tienen por desahogadas las documentales ofertadas por la parte quejosa, dada su propia y especial naturaleza jurídica, asimismo, se tiene por perdido el derecho de las demás partes de ofrecer pruebas, con lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se abre la etapa de alegatos. Abierto el período de alegatos: El Secretario certifica que los actos reclamos consistentes en: "Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de diciembre del 2022" "Específicamente las disposiciones contenidas en los artículos: 1,2 fracción IV bis, 2 fracción VI ter, 40 fracción IX, 40 fracción XII y 50 bis del Reglamento mencionado en el párrafo que antecede." No se encuentran implícitos, ni encuadran en el supuesto normativo del artículo 15 de la ley de amparo. Asimismo, el Secretario hace constar: que fueron formulados alegatos por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, previo a al día y hora de la presente audiencia. A lo anterior la Jueza acuerda: Conforme a las certificaciones anteriores, téngase al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito formulando alegatos en los términos indicados, y por perdido el derecho de las partes de formularlos, al no haberlos hecho por escrito y no haber comparecido a la presente audiencia, y toda vez que los actos que se reclaman no son de los establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo, se cierra así este período. La Jueza: Se consideran agotadas las etapas procesales de la audiencia constitucional, correspondiendo transitar a la etapa de resolución. Vistos; para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo indirecto 116/2022, que promovió Carlos Alejandro Villa García, contra actos de la Secretario de Salud Federal y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta Ciudad Carlos Alejandro Villa García, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto, en el que solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos que atribuye al Secretario de Salud Federal y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión, trámite y audiencia. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se admitió la demanda y fue registrada con el consecutivo 116/2023; se solicitó de las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que le corresponde al representante social de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, párrafo primero y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se reclama la inconstitucionalidad de una norma administrativa con motivo de su entrada en vigor y el quejoso afirma tener su domicilio, respecto del cual realiza sus actividades económicas, en la circunscripción territorial asignada a este juzgado en el Acuerdo General 3/2013. SEGUNDO. Precisión y existencia de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es oportuno mencionar que los actos reclamados en la demanda de amparo son: "Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de diciembre del 2022" "Específicamente las disposiciones contenidas en los artículos: 1,2 fracción IV bis, 2 fracción VI ter, 40 fracción IX, 40 fracción XII y 50 bis del Reglamento mencionado en el párrafo que antecede." Luego, en cuanto a la existencia de los actos reclamados, se tiene que el Titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud, así como esta última, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron el acto que concretamente se les atribuyó. Aceptación de los actos reclamados, que se confirma con la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, del Acuerdo por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, Específicamente las disposiciones contenidas en los artículos: 1,2 fracción IV bis, 2 fracción VI ter, 40 fracción IX, 40 fracción XII y 50 bis del Reglamento ya mencionado. Por tanto, se demuestra la existencia de los reclamados, ya que en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la existencia del ordenamiento legal combatido y su procedimiento de creación está acreditada con su publicación en el órgano de difusión oficial. TERCERO. Causas de improcedencia alegadas por las autoridades responsables. A la luz de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se estudiará la causa de improcedencia que las autoridades responsables afirman, se actualizan en este juicio de amparo, concretamente, la prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, con relación al diverso 5°, fracciones I, la cual sostienen actualizan y provocan, el sobreseimiento de este juicio, en términos del diverso 63. Esto es, las autoridades responsable afirman se actualiza la anterior causa de improcedencia, en razón de carecer el quejoso de interés jurídico para impugnar el Decreto reclamado, al señalar que reclama el contenido de los artículos 60 y 65 Bis contenidos en dicho ordenamiento legal, relativos esos dispositivos a las zonas exclusivamente para fumar deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre, y no aportó elemento de prueba que justifiquen su interés jurídico. En ese sentido, resulta fundada la causa de improcedencia que hacen vales las autoridades responsables, aunque por razones distintas a las que exponen. Esto es, las autoridades responsables, invocan la causa de improcedencia del juico de aparo, prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, para estar en condiciones de realizar el estudio de la causal de improcedencia, es menester transcribir el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Luego, los artículos 61, fracción XII, y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resienta una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Así, del precepto constitucional transcrito, en lo que interesa, se advierte que el amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, es decir, por quien tenga un derecho o un interés legítimo, siempre que se alegue que el acto reclamado violenta sus derechos fundamentales y, con ello, se afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su situación frente al orden jurídico. En efecto, al juicio constitucional puede acudir cualquier persona que alegue tener un interés jurídico o legítimo, que sea vulnerado por el acto reclamado a una autoridad, por lo tanto, en el caso, conviene precisar qué se entiende por interés jurídico y legítimo. Así, acorde a las interpretaciones que sobre el tema han realizado tanto los diversos tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en Pleno o por medio de alguna de sus Salas, se tiene que los intereses de los gobernados se clasifican en simple o mera facultad, jurídico y legítimo. Luego, se tiene que atendiendo al caso en estudio, al tratarse de un relacionado a la libertad de trabajo que afirma la parte quejosa le afecta de manera directa, sólo se abordará el análisis del interés jurídico. Por lo que, el denominado interés jurídico, es un concepto que se prevé tanto en la Constitución como en Lay de Amparo y que se constituye, cuando el quejoso aduce ser titular de un derecho, siendo uno de los requisitos que se debe cubrir en cumplimiento al presupuesto procesal de procedencia de la acción constitucional. Por tanto, el interés jurídico debe entenderse como el derecho que asiste a un particular para reclamar un acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal; o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Esto, es el interés jurídico es una prerrogativa reservada únicamente a quien resiente en sus derechos un perjuicio, ofensa o daño para la procedencia de la acción de amparo, presupone la existencia de un derecho actual legítimamente tutelado que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, afecta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. De lo anterior se puede concluir lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo vigente, derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse necesariamente con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; y c) Ese interés jurídico debe estar plenamente probado en el juicio de amparo, para así estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, provenientes. Lo antes dicho se robustece con la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Entonces, se advierte que aun cuando al juicio de amparo pueda acudir cualquier gobernado que alegue tener un interés jurídico, debe demostrar el requisito de la existencia de afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, ya será económica, profesional o de otra índole, que de cualquier modo pueda ser oponible, cualificado, actual y real. En conclusión, uno de los principios que se erige como base del juicio de garantías, es que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada. De lo anterior se advierte que la parte quejosa, acude en su calidad de comerciante de productos del tabaco, al manifestar que, cumple a cabalidad con todas las disposiciones normativas y referentes a la comercialización de ese producto, porque, depende de la exhibición de productos de tabaco y, afirma tener un punto de venta donde se exhibe habitualmente dicho producto. Es decir, en su carácter de comerciante acude a esta instancia constitucional; y para acreditarlo, adjuntó el documento original, de tres ticket o nota de venta de productos de tabaco, recibos de compra, efectuados el doce, diecinueve y veintiséis de enero de dos mil veintitrés, en los cuales, aparece el nombre del aquí quejoso en calidad de cliente, en tanto, la personal moral vendedora, denominada "British American Tabacco, México". Documentos que adquieren valor probatorio pleno, porque, en términos del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este juicio de amparo, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo. Ello, porque, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar la fuerza probatoria de la información, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. También, permiten advertir, salvo prueba en contrario, que el doce, diecinueve y veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se comercializaron los productos que se indican en ellos, el precio que se pagó por los mismos y la mención de quienes efectuaron el acto, en el caso, el quejoso en calidad de cliente y la personal moral "British American Tabacco, México" como vendedora, elementos impresos con el objeto de proporcionar la información necesaria que facilite el pago expedito del producto por una máquina registradora. Además, aparecen denominaciones de las marcas de tabaco de los productos que se aparecen, fueron materia de venta, tales como "YAMA" y PALL MALL", por señalar algunos; y, en los tres documentos se aprecia la siguiente leyenda "FUMAR ES CAUSA DE CÁNCER", elementos de identificación en dichos documentos, que permiten a la suscrita, válidamente considerar que, el quejoso el doce, diecinueve y veintiséis de enero de dos mil veintitrés, adquirió por compra, productos de tabaco. Sin embargo, la parte quejosa, no demostró contar con la licencia de funcionamiento del "lugar o negociación" donde dice comercializa el tabaco, así como tampoco, demostró la existencia de PUNTO DE VENTA, ello conforme al artículo 2, fracción XVIII, del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco que define a dicho PUNTO como cualquier lugar que permite gestionar acciones de comercialización y venta de los productos de tabaco para su consumo; lo que implica, tampoco demuestra lo que dicho reglamento exige en su artículo 50. De lo anterior deriva entonces que, cuando un gobernado se dice afectado por un acto de autoridad, es requisito indispensable acreditar la titularidad del derecho que dice tener y se le pretende afectar, sin que sea suficiente para tener por demostrado ese extremo, la manifestación bajo protesta de decir verdad a que refiere la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, que a ese respecto se realice en la demanda, dado que esa manifestación únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a cada uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto. Y si bien, se adjuntó al escrito de demanda, tres notas, emitidas por la British American Tabaco México Comercial Sociedad Anónima de Capital Variable, a nombre del quejoso, lo cierto es que tales documentos, no acredita el interés jurídico necesario para acudir a esta instancia constitucional y reclamar la normativa que regula la venta de tabaco al público en México. Por lo tanto, se deja de acreditar por la parte quejosa, el daño que el acto reclamado le genera, esto es, el impacto en su esfera jurídica, lo que implica que, la suscrita esté impedida para ubicar a la quejosa en alguna de las hipótesis de la norma que combate, de ahí que, no acredita su interés jurídico. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo, ello de conformidad con el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. CUARTO. Publicidad. En términos de lo previsto en los artículos 113, 118, 119 y 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 62, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo que promovió Carlos Alejandro Villa García, contra actos que atribuye al Secretario de Salud Federal y otra autoridad, por los motivos expuestos en los considerando tercero de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; y por oficio a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema de Seguimiento de Expedientes SISE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán, catorce de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, sin mayor proveído, únicamente para que obren como legalmente corresponda, los oficios de cuenta, suscritos por la Subdirectora de Recursos Administrativos adscrita a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y, de la Secretaría de Salud Federal, mediante los cuales rinde su informe justificado; toda vez que en auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés se proveyó lo conducente. NOTIFÍQUESE.

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