Carlos Arroyo Carrillo
Expediente 909/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 909/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Arroyo Carrillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. SE DA BAJA COMUNICACIÓN Visto el estado procesal que guarda el presente sumario y con la finalidad de no tener ninguna actuación pendiente por resolver, únicamente se ordena dar de baja la comunicación número 773/2022-456.D dirigido al Juez Mixto de Primera Instancia en Puruándiro, Michoacán, así como realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Devuélvanse al Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, las documentales con las cuales se formó un tomo de pruebas. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del segundo período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós al seis de enero del año dos mil veintitrés, en términos del oficio CCJ/ST/5550/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Por otro lado, en este acto se da cuenta con la promoción registrada con el número 16139, para su acuerdo.V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-909/2022, promovido por Carlos Arroyo Carrillo, por propio derecho, contra actos de Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. En escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, recibido en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, ese mismo día, Carlos Arroyo Carrillo, por propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra del Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales vulnerados en su perjuicio lo reconocidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Previa prevención, mediante proveído de uno de septiembre del año que transcurre, se admitió la demanda de amparo respecto de los actos reclamados y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con el número de expediente III-909/2022. En el mismo proveído, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. Mediante actuación de diez de octubre de dos mil veintidós se reconoció el carácter de terceros interesados a (1) Agripina Arteaga Chávez en cuanto albacea provisional de los bienes que correspondieron al extinto Vidal Arroyo Carrillo, (2) Martha Alicia, (3) Ma. del Socorro y (4) María Cecilia, éstas últimas de apellidos Arroyo Merino, de quienes se ordenó su emplazamiento vía despacho girado al Juzgado Mixto de Primera Instancia en Puruándiro, Michoacán, el que a la actualidad no ha tenido verificativo. No obstante, como se precisó en la audiencia constitucional, ello no es impedimento para el dictado de la presente sentencia, por las razones que más adelante se precisarán. El veintiocho de octubre de dos mil veintidós tuvo lugar la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente por razón de materia, grado y territorio para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Por tratarse de una demanda de amparo en materia mercantil promovida contra actos de una autoridad asentada en esta ciudad y con efectos dentro del territorio en donde tiene jurisdicción y competencia mixta este órgano federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo y aclaratorio, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la Litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgador establece que del escrito de demanda, así como de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: El acuerdo de cinco de agosto del año en curso dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil sobre pago de pesos número 488/1997 del índice de la responsable, promovido por Elvira Toledo García frente a Vidal Arroyo Carrillo. Determinación en la que la responsable señaló que no ha lugar proveer de conformidad la petición de Carlos Arroyo Carrillo, la que formuló en el sentido de que se girara oficio al Director del Registro Público de la Propiedad, para que de manera inmediata cancelara el tomo 617 y registro 25, del libro de propiedad del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, el nueve de febrero de dos mil veintidós, que contenía el "supuesto" contrato de donación entre Vidal Arroyo Carrillo como donante y Martha Alicia, Ma. del Socorro y María Celia de apellidos Arroyo Moreno, como donatarias. También solicitó que posterior a ello, debía subsistir la propiedad a nombre de Vidal Arroyo Carrillo, con el número 115 y registro 67. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Lo anterior queda corroborado con las constancias remitidas por dicha autoridad al rendir su informe, de las cuales se advierte que realizó diversas actuaciones, las cuales adquieren pleno valor en términos del artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según se advierte de su numeral 2º. CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, se impone analizar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que de oficio las advierta este órgano de control constitucional, por ser una cuestión oficiosa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". Del precepto legal transcrito se deduce que, para que opere la causa de improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que exista una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo el presente juicio, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos. Ahora, para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado a que se refiere el citado numeral, se requiere de lo siguiente: 1) Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra. 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo. 3) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. Asimismo, se advierte que existen dos hipótesis de cesación de efectos: a) Por revocación, y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando la autoridad responsable derogue o revoque dicho acto, de manera tal que los efectos de éste, se destruyan total e incondicionalmente y, por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado a la parte quejosa el amparo que solicitó es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. Cobra aplicación a lo anterior, la siguiente tesis I.3o.C.92 K, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el tomo XXX, página 1491, diciembre de 2009, Novena Época, registro digital 165870, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente.". En el caso particular -como ya se anticipó-, el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo constituye el auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, en el que se negó se girar oficio al Director del Registro Público de la Propiedad, para que de manera inmediata cancelara el tomo 617 y registro 25, del libro de propiedad del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, el nueve de febrero de dos mil veintidós, que contenía el "supuesto" contrato de donación entre Vidal Arroyo Carrillo como donante y Martha Alicia, Ma. del Socorro y María Celia de apellidos Arroyo Moreno, como donatarias, así como la subsistencia del registro de propiedad a nombre de Vidal Arroyo Carrillo, con el número 115 y registro 67. No obstante, la autoridad responsable al dar cumplimiento al requerimiento formulado mediante acuerdo de tres de este mes y año, señaló que el aquí quejoso Carlos Arroyo Carrillo, interpuso recurso de apelación en contra del referido acto reclamado, del que tocó conocer por razón de turno al Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el que mediante resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dentro del toca I-266/2022, determinó lo siguiente: "(.) PRIMERO. Esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de apelación. SEGUNDO. Los conceptos de agravio expresados por CARLOS ARROYO CARRILLO, resultaron fundados. TERCERO. Se modifica el auto apelado. CUARTO. No se hace especial codena en costas de esta instancia. QUINTO. Notifíquese personalmente.". Anexando para acreditar lo anterior, copia de la sentencia citada; documentales que tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En esa tesitura, si la parte quejosa señala como acto reclamado un auto en contra del cual se hizo valer un medio defensa ordinario, como lo es el recurso de apelación, y éste ya fue resuelto, se colige que aquel acto primigenio cesa en sus efectos, porque sus consecuencias jurídicas quedaron insubsistentes y no puede ser analizado por tratarse de un estadio procesal diferente, además de que no es factible decidir la situación jurídica anterior al quedar legalmente sustituida con la decisión que recayó al recurso de apelación hecho valer con posterioridad. Por ello, como se adelantó, se estima se surte la indicada causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, pues si el acto que se reclama ya no surte efectos con motivo de la sustitución procesal que se actualizó respecto de éste, por virtud de la impugnación de que fue objeto, y su sustitución por su resolución, resulta improcedente su estudio. Por lo que, con motivo de la nueva decisión, se considera que no puede ser analizada la situación jurídica que prevalecía inicialmente, al ser objeto de estudio de la nueva determinación que la ha sustituido. Lo anterior se apoya en la tesis I.2o.P.4 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2546, tomo IV, libro 38, enero de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro digital 2013461, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia.". De igual forma, en lo conducente, la tesis III.3o.C.23K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página 410, tomo V, enero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 199560, que es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente.". De igual forma, sirve de sustento a lo anteriormente expuesto, la tesis I.3o.C.769C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 1492, tomo XXX, diciembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro digital 165869, cuyo rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos.". De ahí que en el caso, no es posible examinar la constitucionalidad del acto reclamado de cinco de agosto de dos mil veintidós, toda vez que fue sustituido por la resolución del recurso de apelación de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, emitida por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, en términos del numeral 63, fracción V, de la citada ley. Respecto a las diversas manifestaciones formuladas por el agente del Ministerio Público adscrito es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionario de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común). SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por Carlos Arroyo Carrillo, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable, precisado en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el último de esta sentencia. Notifíquese.
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Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintidós. QUEJOSO CUMPLE CON REQUERIMIENTO Agréguese a los presentes autos el escrito signado por Carlos Arroyo Vidal en cuanto quejoso en el presente juicio de amparo, a través del cual cumple el requerimiento formulado en auto de tres de octubre del año en curso. ESTADO DE AUTOS Ahora, de la literatura del escrito de cuenta, así como del auto de tres de octubre del año en curso, se desprende que se encuentra reconocido el carácter de terceros interesados a (1) Vidal Arroyo Carrillo (demandado en el proceso primigenio), así como a (2) Martha Alicia, (3) Ma. del Socorro y (4) María Cecilia, últimas tres mencionadas de apellidos Arroyo Merino. En consecuencia, se advierte que el extinto donador Vidal Arroyo Carrillo, puede ser representado y llamado a juicio por conducto de su albacea provisional Agripina Arteaga Chávez, carácter que tiene reconocido dentro del juicio intestamentario número 424/2022 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Puruándiro, Michoacán. RECONOCIMIENTO DE TERCERO INTERESADO En consecuencia, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercera interesada a Agripina Arteaga Chávez, en cuanto albacea provisional de los bienes que correspondieron al extinto Vidal Arroyo Carrillo, para todos los efectos legales a que haya lugar. SEÑALA DOMICILIO DE LAS TERCERAS INTERESADAS Asimismo, que las donatarias Martha Alicia, Ma. del Socorro y María Cecilia de apellidos Arroyo Moreno, así como Agripina Arteaga Chávez, tienen su domicilio ubicado en calle Carranza, número 36, colonia Centro, de Angamacutiro, Michoacán. EMPLAZAMIENTO A TRAVÉS DE DESPACHO Ahora bien, a fin de lograr el emplazamiento de las citadas terceras interesadas Martha Alicia, Ma. del Socorro y María Cecilia de apellidos Arroyo Moreno, así como Agripina Arteaga Chávez, en cuanto albacea provisional de los bienes que le correspondió al extinto Vidal Arroyo Carrillo, en el domicilio antes mencionado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5o., fracción III y 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II y 116, todos de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Puruándiro, Michoacán, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda a fin de que se constituya en el referido domicilio y cerciorado que es el que corresponde a la citadas personas, proceda a realizar lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, de la Ley de Amparo, las emplace por sí, o por conducto de quien al momento de la diligencia acredite con documento idóneo ser su apoderado o representante legal y de ser posible recabe copia del documento; b) Les haga saber la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, la que tendrá verificativo a las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el concepto de que si el despacho llega con posterioridad a la fecha antes señalada, deberá diligenciar el mismo, al ser el emplazamiento de orden público y de estudio oficioso, indispensable para la debida integración del juicio, ya que llegada la fecha en cita no sería posible llevar a cabo la audiencia pues se estaría en espera de las constancias de emplazamiento de las referidas terceras interesadas. c) En términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, las requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le realice o en el primer escrito que presente, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Morelia, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se les harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado conforme al artículo 27, fracción III, inciso b, de la citada Ley de Amparo; d) Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para realizar el emplazamiento para que lo efectúe aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarlo, se le faculta para constituirse en el lugar que se le informe y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente. Hecho lo anterior, se sirva enviar a este juzgado las constancias respectivas que acrediten lo encomendado. EMPLACE A LAS TERCERAS CON INTERÉS, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
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