Carlos Arturo Mendoza Loera y Otros.
Expediente 319/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Arturo Mendoza Loera y Otros.
- Xiomara Becerra Olvera
- Carlos Arturo Mendoza Loera
- Sneider Ivan Torres Aguilar
- José Everardo Martínez Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Morelia, Michoacán, ocho de agosto de dos mil veintidós. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que no obra acuse de recibo del oficio 5441 de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, dirigido a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Salud Federal, con sede en la Ciudad de México; en tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo del primer período vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del cinco al diecinueve de agosto del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/01926/2022, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, se observa que al día de hoy transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de once de julio de este año; de tal modo se hace efectivo el apercibimiento realizado a la parte quejosa en el acuerdo en cita. De modo que se está en el entendido que los menores quejosos C.A.M.L., X.B.O., J.E.M.F., S.I.T.A., D.S.A.B. y D.A.G.P., han sido vacunados contra el virus SARS- CoV-2, por lo que cuentan con el esquema completo de vacunación; por tanto, se provee: El acto reclamado en el presente juicio lo constituye sustancialmente la omisión por parte de las autoridades de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 12 a 17 años de edad, para que se le aplicara la vacuna de las farmacéuticas Biontech-Pfizer, el que suscribe estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" La cesación de efectos se ha interpretado como la circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica, de tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de garantías desapareció o por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del promovente, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 9/98, con número de registro digital 196820, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del criterio invocado se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo generaba deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación o actúa ante la omisión que se le reclama, lo que implica no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo y restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura se reitera que, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 193758, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En el caso, como se indicó al inicio de esta actuación, la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables la omisión de aplicar la Política de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2, a los menores de 12 a 17 años de edad, para que se le aplique la vacuna de las farmacéuticas Biontech-Pfizer. Ahora, toda vez que la parte quejosa fue omisa en realizar manifestación alguna respecto de la vacunación de los menores quejosos de iniciales C.A.M.L., X.B.O., J.E.M.F., S.I.T.A., D.S.A.B. y D.A.G.P., a pesar de que fue apercibida que en el caso de no realizar manifestación alguna se estaría en el entendido que los menores quejosos en cita habían recibido la vacunación completa, ante tales circunstancias se estima que han cesado los efectos de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Por tanto, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo; por lo que se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya la determinación adoptada la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 184572, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiséis de julio de dos mil veintidós. AUTORIDAD INFORMA Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico de las autoridades responsables, a través del cual informa la imposibilidad que tiene para remitir las constancias solicitadas en auto de catorce de julio de dos mil veintidós. De modo que solicita a este órgano jurisdiccional para que requiera a la parte quejosa, a fin de que informe si los menores quejosos ya cuentan con el esquema completo de vacunación de la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, no ha lugar a requerir a la parte quejosa en los términos solicitados por la autoridad responsable, toda vez que dentro del expediente principal de donde deriva el presente incidente, en acuerdo de esta fecha se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.JegpEnseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste. Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste.
- Incidental
Morelia, Michoacán, catorce de julio de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS Visto el estado procesal que guarda el presente cuaderno incidental, se observa que al día de hoy no obra acuse de recibo del oficio 5441 de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, girado a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Salud Federal, con sede en la ciudad de México, ni se desprende que la misma haya rendido su informe previo, como le fue requerido en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia incidental señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que la autoridad Secretaría de Salud en el Estado, se señaló las diez horas del día miércoles veintinueve de junio del dos mil veintidós, para la aplicación de la primera dosis a los menos quejosos X.B.O., J.E.M.F., S.I.T.A. y S.A.G.P., y la segunda dosis a C.A.M.L., de la vacuna de la farmacéutica Pfizer a los menores en cita. Por tanto, se requiere a la autoridad responsable Secretaría de Salud en el Estado informe dentro del plazo de TRES DÍAS computados a partir del siguiente día en que quede notificado si los menores quejosos comparecieron en la fecha señalada a la aplicación de la vacuna y recibieron la dosis correspondiente de la vacuna contra Covid-19. Con el apercibimiento que de no informar lo solicitado dentro del tiempo señalado, o no indicar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 237, fracción I de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy Fe.
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