Carlos Alfredo Bravo Bucio

Expediente 91/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
91/2021
Año
2021
Actuaciones
26
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alfredo Bravo Bucio

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veinticinco de marzo de la presente anualidad, en la que por una parte se SOBRESEYÓ en el juicio y por la otra se negó la protección constitucional; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse NEGADO el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES. Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional así como una parte la suspensión definitiva. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponde la razón actuarial de cuenta a través de cual manifiesta la imposibilidad de entregar el oficio número 5365 del índice de este juzgado dirigido al Agente del Ministerio Público (Juan Pablo Guillén García), adscrito al Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Región Morelia, con residencia en esta ciudad, por las razones a que alude. En consecuencia y toda vez que mediante oficio número 955-DLM/2021 recibido por este juzgado el treinta de agosto de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público (licenciada Salud Pérez Rubio) adscrita a la Unidad Especializada de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso y Feminicidio, con residencia en esta ciudad, informó que dicho Agente fue el que intervino dentro de la causa penal de origen, por tanto, con copia del oficio en comento, se comisiona al actuario adscrito a fin de que se constituya de nueva cuenta en las oficinas que albergan los Jueces de Oralidad del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Michoacán, a fin de que realice la entrega del oficio en comento. Notifíquese y cúmplase por parte del actuario correspondiente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO DE 25/MARZO/2022: veinticinco de marzo de dos mil veintidós V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-91/2021, promovido por Carlos Alfredo Bravo Bucio contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, Carlos Alfredo Bravo Bucio promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, y otras autoridades. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en cuestión, registrándola con el número VIII-91/2021; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo por la Secretaria encargada del Despacho por Ministerio de Ley en los términos del acta que antecede. Lo que no supone un obstáculo para que el titular de este Juzgado Federal dicte el fallo correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de naturaleza penal atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/20001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 1 Publicada en el Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste: a) Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, la orden de aprehensión dictada en su contra. b) Del Fiscal General del Estado de Michoacán; Titular de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía del Estado; Director de Carpetas de Investigación de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía del Estado; y, Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, todos con residencia en esta ciudad; la ejecución del mandamiento de captura dictado en su contra. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Titular de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía del Estado y el Director de Carpetas de Investigación de dicha unidad, ambos con residencia en esta ciudad, se advierte que niegan la existencia de los actos reclamados. Ello sin que la parte quejosa desvirtuara eficazmente esas negativas, no obstante que le correspondía la carga de hacerlo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Máxime que no se advierte que por sus funciones, dichas autoridades tengan que realizar algún acto de ejecución en contra del quejoso, a más de que de las constancias y disco óptico remitido junto con el informe justificado, se advierte que fueron otras las autoridades que participaron en su emisión. Por lo cual procede sobreseer en el juicio únicamente respecto a dichas autoridades. QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por su parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, el Fiscal General del Estado y la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, todos con sede en esta capital, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Lo que además se corrobora con el disco que contiene el registro de audio y video de la audiencia privada relativa a la orden de aprehensión reclamada, derivada de la causa penal 941/2019, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia; pruebas con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. Sirve de apoyo el siguiente criterio: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa resultan infundados, por las razones que a continuación se exponen. En efecto, el solicitante de la protección constitucional argumenta, esencialmente, que se le pretende privar de la libertad sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento, con base en pruebas falsas; no haber cometido delito alguno, por lo cual se violan en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de evidenciar lo infundado de los anteriores planteamientos, resulta necesario realizar las siguientes precisiones. Los artículos 14 y 16 Constitucionales señalan: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder." Por su parte, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De dichos numerales se desprenden los siguientes elementos de forma y fondo requeridos para librar una orden de aprehensión: a) Que provenga de autoridad judicial. b) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. c) Que de lo actuado en autos aparezcan datos suficientes que acrediten que se ha cometido ese hecho. d) Datos suficientes que demuestren la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. e) Así como que la comparencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. Además, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, es decir, sustentarse en consideraciones en las que se citen los preceptos legales aplicables y se expongan los hechos, circunstancias inmediatas y razones particulares con las que se ponga en evidencia que en el caso en particular se actualizan las hipótesis legales invocadas. Ahora bien, del registro digital remitido en sustento al informe con justificación rendido por el juez responsable se advierte la satisfacción del primer requisito puesto que la orden de aprehensión combatida fue librada por una autoridad judicial, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia. De igual manera, el segundo de los requisitos se encuentra satisfecho pues de las constancias que en disco remitió el juez responsable, se desprende que previa denuncia formulada por Raúl Ramírez Miranda (hermano de la víctima) y Hugo Guerrero (primo del occiso), el Agente del Ministerio Público solicitó se librara orden de aprehensión contra Carlos Alfredo Bravo Bucio y otro, por su probable responsabilidad de hechos constitutivos del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Miguel Ángel Ramírez Miranda; siendo dicha solicitud un elemento de procedencia indispensable para la judicialización del delito en mención, y evidenciado que actualmente se encuentra sujeto a una investigación instaurada en su contra. Además, dicho delito se encuentra previsto y sancionado con pena privativa de libertad en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado (homicidio calificado con ventaja), por haberse demostrado su probable participación. Igualmente, por lo que respecta al tercer y cuarto de los elementos, consistentes en que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de igual manera se estiman colmados, pues de los registros de audio y video se desprende que el Juez de Control, el trece de diciembre de dos mil diecinueve, al estimar que se satisfacen los requisitos que exigen los preceptos constitucionales y legales, libró orden de aprehensión contra Carlos Alfredo Bravo Bucio por el hecho delictivo precisado con antelación, atento a las siguientes consideraciones. En primer término para mayor ilustración, se citan los dispositivos legales del Código Penal del Estado de Michoacán, que contemplan el delito por el cual se libró la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio: "Artículo 117. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión." "Artículo 122. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá de veinte a cuarenta años de prisión." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: . b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él;." Establecido lo anterior, en la audiencia relativa a la emisión de la orden de captura realizada el trece de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable consideró que los antecedentes de investigación invocados por el representante social y a los que otorgó valor de manera libre y lógica en términos de lo dispuesto por los artículos 259 segundo párrafo, 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eran suficientes para demostrar el cuerpo del delito de homicidio calificado, en agravio de Miguel Ángel Ramírez Miranda, así como la probable autoría del aquí quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio en su comisión. Hechos sucedidos aproximadamente entre las veinte horas con cincuenta y cinco minutos y las veintidós horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, en la calle Manuel Bezanilla, afuera del número 112, colonia Mariano Michelena de esta ciudad. En este orden de ideas, la Jueza de Control precisó que los hechos constitutivos del delito de homicidio calificado, los tuvo por acreditados con los siguientes antecedentes de investigación: 1.Reporte de noticia criminal de veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el representante social en el que en esencia señaló que a las veintitrés horas con tres minutos se recibió la llamada por parte de un operador que informó de la existencia de un cuerpo sin vida. 2.Entrevista con Raúl Ramírez Miranda y Hugo Guerrero, hermano y primo de la víctima, quienes identificaron el cuerpo del occiso y formularon la denuncia correspondiente. Además señalan que ellos regresaban de Puerto Vallarta cuando recibieron la llamada de la hermana de la víctima informándoles que había recibido a su vez una llamada de Yesenia Constantino Bucio, quien les avisó que habían matado a Miguel Ángel Ramírez Miranda, por lo que acudieron al Servicio Médico Forense para identificar el cadáver. 3.Necropsia practicada en la que se estableció que el cuerpo presentaba diversas lesiones: cinco provocadas por proyectil de arma de fuego y dos atípicas por esquirlas, las que fueron calificadas como mortales, estableciéndose con ello la causa de la muerte. 4.Declaración de Yesenia Constantino Bucio, testigo presencial y hermana del imputado, aquí quejoso, quien destacó conocer a la víctima por ser su pareja sentimental, a cuyo efecto señaló, en esencia, que su hermano no estaba de acuerdo con su relación; que el día de los hechos arribó a su negocio (cafetería) el hoy occiso, quien dijo sentirse mal y por tal motivo se fue a dormir al vehículo que se encontraba estacionado afuera del negocio; posteriormente, ingresó el aquí quejoso quien portaba dos armas de fuego, una 38 súper y otra 9 milímetros, acto en el que preguntó por la víctima, siendo que en ese momento su acompañante le avisó que la persona buscada se encontraba arriba del vehículo, por lo que el activo salió del establecimiento a encarar al occiso, momento en el que Yesenia vio a su hermano disparando hacia el carro; pasado el tiempo salió del negocio para verificar lo ocurrido y encontró el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Ramírez Miranda. 5.Dictamen de química forense y de balística en el primero se determinó que la víctima dio positivo a anfetaminas, así como que su cuerpo presentaba diversos orificios por proyectil de arma de fuego; y, en el segundo de ellos se determinó que los disparos fueron realizados con dos armas de fuego distintas, una 38 súper y la otra 9 milímetros. Datos de investigación que el juzgador tomó en consideración para concluir, en grado de probabilidad, que el veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, entre las veinte horas con cincuenta y cinco minutos y las veintidós horas con treinta minutos, dos personas, entre ellas, Carlos Alfredo Bucio Bravo, dispararon dos armas de fuego contra la humanidad de la víctima Miguel Ángel Ramírez Miranda quien se encontraba a bordo de su vehículo marca Volkswagen, tipo hatchback, golf, 2014, de color rojo, con placas de circulación DPK812A del Estado de Chiapas a la altura del número 112, de la calle Manuel Bezanilla, de la colonia Mariano Michelena de esta ciudad, produciéndole cinco heridas por disparo de arma de fuego que le ocasionaron la muerte. Lo anterior, señaló, porque se tiene noticia de lo acontecido por las manifestaciones de Yesenia Constantino Bucio, quien estuvo presente en el momento de los hechos y refirió que el día de los hechos llegó su hermano Carlos Alfredo Bucio Bravo en compañía de un amigo, que vio cuando sacó un arma de fuego y preguntó por la víctima con quien ya tenían problemas con anterioridad, que ambos se dirigieron hacia donde se encontraba la víctima y realizaron diversos disparos en su contra, para posteriormente percatarse de que se encontraba sin vida. Por lo que se considera que, acertadamente, el juzgador ponderó los datos arrojados por los diversos medios de prueba, al ser coincidentes, además de establecer que entre las personas que realizaron los disparos se encuentra, al parecer, el aquí quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio, ya que incluso existió una exteriorización de una resolución interna de privar de la vida al hoy occiso, la cual trascendió materialmente. En ese mismo orden, también se advierte acreditada la calificativa de ventaja, porque fueron dos personas, entre ellas, probablemente el aquí quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio, quienes presumiblemente realizaron los actos bélicos de que se viene hablando, para lo cual utilizaron dos armas de fuego que, al ser activadas, pusieron en situación de desventaja a la víctima, ante la imposibilidad de defenderse o evitar la afectación, ocasionándole cinco heridas que le produjeron la muerte acorde a lo destacado en la necropsia legal. Finalmente, la jueza natural razonó y fundamentó en forma adecuada la necesidad de la cautela al señalar que el hecho generaría eventualmente el dictado de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ello en consonancia con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además de puntualizar legalmente que tal circunstancia complicaría que el quejoso fuera citado para la formulación de la imputación. De ahí que la juez de origen resolvió como adecuada la necesidad del libramiento de la orden de captura que hoy se reclama. Bajo ese contexto, cabe resaltar que el juez precisó los términos en que habría de verificarse la ejecución de la orden de aprehensión. En ese tenor, este Juzgado Federal considera que del contenido de la orden reclamada se desprende que el Juez de Control sí se pronunció sobre las razones expuestas por el órgano investigador, asimismo expresó los elementos o circunstancias que consideró relevantes para concluir la necesidad de cautela con el propósito de que el inculpado se presente sin demora ante el órgano jurisdiccional. Máxime que para la emisión de una orden de aprehensión no es requerido un estándar alto de acreditación con pruebas del delito y de la responsabilidad en su comisión por el imputado; sino que basta un estándar de eficiencia que a través de datos de prueba hagan probable que el inculpado realizó una conducta que la ley señala como delito. Lo cual, según se vio, está satisfecho. Así las cosas, contrario a lo aducido por el quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio, se concluye que la orden de aprehensión reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se citaron los preceptos legales aplicables al caso, de igual manera se expresaron las razones particulares y causas inmediatas que conducen a la autoridad a decidir en el sentido en que lo hizo, y se adecuaron los motivos aducidos a las normas aplicables al caso justiciable, esto es, se explicaron razonadamente porqué se surten las hipótesis normativas invocadas. En otro orden de ideas, resulta infundado lo manifestado por el peticionario del amparo en el sentido de que se vulneró en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, el cual establece, en lo que interesa, que nadie puede ser privado de la libertad sin mediar juicio ante tribunales competentes en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sin embargo, como quedó precisado en esta sentencia, el artículo 16 Constitucional, es el que establece los requisitos de fondo que debe contener una orden de aprehensión, mismos que se encuentran satisfechos en el presente caso a estudio de acuerdo a los medios probatorios ya analizados y que en su oportunidad fueron debidamente valorados por la autoridad judicial responsable. Asimismo, para el estudio del citado concepto de violación, resulta pertinente citar de nuevo dicho dispositivo legal, que señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. (.)" Así, los elementos de fondo requeridos para librar una orden de aprehensión consisten en: a)Que dicha orden provenga de autoridad judicial. b) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que el hecho señalado como delito se encuentre sancionado con pena privativa de libertad. d) Que de lo actuado en autos obren datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. Además, como requisito formal, dicha resolución debe sustentarse en consideraciones en que se citen los preceptos legales aplicables y se expongan los hechos, circunstancias inmediatas y razones particulares con las que se ponga en evidencia que en el caso en particular se actualizan las hipótesis legales invocadas. Así las cosas, es dable concluir que la garantía de audiencia previa prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal no es requisito que deba ser observado por la autoridad responsable al momento de emitir una orden de aprehensión sino únicamente, éstas deben ser dictadas por autoridad judicial, estar precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Aunado a lo anterior, debe decirse que será en el procedimiento penal respectivo en el que tendrá en su momento la oportunidad de intervenir de la forma en que considere pertinente, ofreciendo y desahogando los medios probatorios para su adecuada defensa; por tanto, como se dijo deviene infundada tal aseveración de la parte quejosa. Por las razones expuestas, se concluye que la orden de aprehensión librada contra el aquí quejoso no es violatoria de derechos, toda vez que reúne los requisitos del artículo 16 de la Constitución Federal. De ahí que al no advertir deficiencia de la queja que deba suplirse en favor del amparista, procede negar a Carlos Alfredo Bravo Bucio, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a las restantes autoridades, al no haberlos impugnado actos por vicios propios. OCTAVO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Para efectos a de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alfredo Bravo Bucio, en contra de los actos reclamados a las autoridades que precisadas quedaron en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a Carlos Alfredo Bravo Bucio, en contra de los actos que reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en la Región de Morelia, del Fiscal General del Estado y de la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, todos con residencia en esta ciudad, con base en las razones expuestas en el séptimo considerando del presente fallo. TERCERO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA RAÚL RAMÍREZ MIRANDA, LA RESOLUCIÓN CON ENGROSE DE VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN LO CONDUCENTE REFIERE: veinticinco de marzo de dos mil veintidós V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número VIII-91/2021, promovido por Carlos Alfredo Bravo Bucio contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta capital, Carlos Alfredo Bravo Bucio promovió demanda de amparo contra actos del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, y otras autoridades. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Por auto de tres de febrero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en cuestión, registrándola con el número VIII-91/2021; se requirió a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; finalmente, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo por la Secretaria encargada del Despacho por Ministerio de Ley en los términos del acta que antecede. Lo que no supone un obstáculo para que el titular de este Juzgado Federal dicte el fallo correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad a la entrada en vigor de la misma. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso, la parte quejosa reclama actos de naturaleza penal atribuidos a autoridades con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. TERCERO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia P./J.40/20001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 1 Publicada en el Tomo XI, Abril de 2000, página 32, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional consiste: a) Del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, la orden de aprehensión dictada en su contra. b) Del Fiscal General del Estado de Michoacán; Titular de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía del Estado; Director de Carpetas de Investigación de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía del Estado; y, Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, todos con residencia en esta ciudad; la ejecución del mandamiento de captura dictado en su contra. CUARTO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del contenido de los informes justificados rendidos por el Titular de la Unidad Especializada de Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio de la Fiscalía del Estado y el Director de Carpetas de Investigación de dicha unidad, ambos con residencia en esta ciudad, se advierte que niegan la existencia de los actos reclamados. Ello sin que la parte quejosa desvirtuara eficazmente esas negativas, no obstante que le correspondía la carga de hacerlo, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Máxime que no se advierte que por sus funciones, dichas autoridades tengan que realizar algún acto de ejecución en contra del quejoso, a más de que de las constancias y disco óptico remitido junto con el informe justificado, se advierte que fueron otras las autoridades que participaron en su emisión. Por lo cual procede sobreseer en el juicio únicamente respecto a dichas autoridades. QUINTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Por su parte, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia, el Fiscal General del Estado y la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, todos con sede en esta capital, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Lo que además se corrobora con el disco que contiene el registro de audio y video de la audiencia privada relativa a la orden de aprehensión reclamada, derivada de la causa penal 941/2019, del índice del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia; pruebas con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°. Sirve de apoyo el siguiente criterio: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 50/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa resultan infundados, por las razones que a continuación se exponen. En efecto, el solicitante de la protección constitucional argumenta, esencialmente, que se le pretende privar de la libertad sin que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, sin que se funde y motive la causa legal del procedimiento, con base en pruebas falsas; no haber cometido delito alguno, por lo cual se violan en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A efecto de evidenciar lo infundado de los anteriores planteamientos, resulta necesario realizar las siguientes precisiones. Los artículos 14 y 16 Constitucionales señalan: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho." "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder." Por su parte, los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión. En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia. El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." De dichos numerales se desprenden los siguientes elementos de forma y fondo requeridos para librar una orden de aprehensión: a) Que provenga de autoridad judicial. b) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad. c) Que de lo actuado en autos aparezcan datos suficientes que acrediten que se ha cometido ese hecho. d) Datos suficientes que demuestren la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. e) Así como que la comparencia del imputado pudiera verse demorada o dificultada. Además, de conformidad con el artículo 16 de la Constitución Federal, dicha resolución debe estar debidamente fundada y motivada, es decir, sustentarse en consideraciones en las que se citen los preceptos legales aplicables y se expongan los hechos, circunstancias inmediatas y razones particulares con las que se ponga en evidencia que en el caso en particular se actualizan las hipótesis legales invocadas. Ahora bien, del registro digital remitido en sustento al informe con justificación rendido por el juez responsable se advierte la satisfacción del primer requisito puesto que la orden de aprehensión combatida fue librada por una autoridad judicial, Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de la Región Morelia. De igual manera, el segundo de los requisitos se encuentra satisfecho pues de las constancias que en disco remitió el juez responsable, se desprende que previa denuncia formulada por Raúl Ramírez Miranda (hermano de la víctima) y Hugo Guerrero (primo del occiso), el Agente del Ministerio Público solicitó se librara orden de aprehensión contra Carlos Alfredo Bravo Bucio y otro, por su probable responsabilidad de hechos constitutivos del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de Miguel Ángel Ramírez Miranda; siendo dicha solicitud un elemento de procedencia indispensable para la judicialización del delito en mención, y evidenciado que actualmente se encuentra sujeto a una investigación instaurada en su contra. Además, dicho delito se encuentra previsto y sancionado con pena privativa de libertad en los artículos 117, 122 y 135, fracción I, inciso b), del Código Penal del Estado (homicidio calificado con ventaja), por haberse demostrado su probable participación. Igualmente, por lo que respecta al tercer y cuarto de los elementos, consistentes en que se haya cometido un hecho que la ley señala como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, de igual manera se estiman colmados, pues de los registros de audio y video se desprende que el Juez de Control, el trece de diciembre de dos mil diecinueve, al estimar que se satisfacen los requisitos que exigen los preceptos constitucionales y legales, libró orden de aprehensión contra Carlos Alfredo Bravo Bucio por el hecho delictivo precisado con antelación, atento a las siguientes consideraciones. En primer término para mayor ilustración, se citan los dispositivos legales del Código Penal del Estado de Michoacán, que contemplan el delito por el cual se libró la orden de aprehensión en contra del aquí quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio: "Artículo 117. Homicidio simple A quien prive de la vida a otra persona, se le impondrá de quince a treinta años de prisión." "Artículo 122. Homicidio calificado A quien cometa el delito de homicidio calificado se le impondrá de veinte a cuarenta años de prisión." "Artículo 135. Circunstancias calificativas El homicidio y las lesiones son calificadas cuando se cometen con ventaja, traición, alevosía, retribución, por el medio empleado, saña o en estado de alteración voluntaria. I. Existe ventaja: . b) Cuando el sujeto activo es superior por las armas empleadas, por su mayor destreza en el manejo de éstas o por el número de personas que intervengan con él;." Establecido lo anterior, en la audiencia relativa a la emisión de la orden de captura realizada el trece de diciembre de dos mil diecinueve, el juez responsable consideró que los antecedentes de investigación invocados por el representante social y a los que otorgó valor de manera libre y lógica en términos de lo dispuesto por los artículos 259 segundo párrafo, 261, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, eran suficientes para demostrar el cuerpo del delito de homicidio calificado, en agravio de Miguel Ángel Ramírez Miranda, así como la probable autoría del aquí quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio en su comisión. Hechos sucedidos aproximadamente entre las veinte horas con cincuenta y cinco minutos y las veintidós horas con treinta minutos del veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, en la calle Manuel Bezanilla, afuera del número 112, colonia Mariano Michelena de esta ciudad. En este orden de ideas, la Jueza de Control precisó que los hechos constitutivos del delito de homicidio calificado, los tuvo por acreditados con los siguientes antecedentes de investigación: 1.Reporte de noticia criminal de veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, emitido por el representante social en el que en esencia señaló que a las veintitrés horas con tres minutos se recibió la llamada por parte de un operador que informó de la existencia de un cuerpo sin vida. 2.Entrevista con Raúl Ramírez Miranda y Hugo Guerrero, hermano y primo de la víctima, quienes identificaron el cuerpo del occiso y formularon la denuncia correspondiente. Además señalan que ellos regresaban de Puerto Vallarta cuando recibieron la llamada de la hermana de la víctima informándoles que había recibido a su vez una llamada de Yesenia Constantino Bucio, quien les avisó que habían matado a Miguel Ángel Ramírez Miranda, por lo que acudieron al Servicio Médico Forense para identificar el cadáver. 3.Necropsia practicada en la que se estableció que el cuerpo presentaba diversas lesiones: cinco provocadas por proyectil de arma de fuego y dos atípicas por esquirlas, las que fueron calificadas como mortales, estableciéndose con ello la causa de la muerte. 4.Declaración de Yesenia Constantino Bucio, testigo presencial y hermana del imputado, aquí quejoso, quien destacó conocer a la víctima por ser su pareja sentimental, a cuyo efecto señaló, en esencia, que su hermano no estaba de acuerdo con su relación; que el día de los hechos arribó a su negocio (cafetería) el hoy occiso, quien dijo sentirse mal y por tal motivo se fue a dormir al vehículo que se encontraba estacionado afuera del negocio; posteriormente, ingresó el aquí quejoso quien portaba dos armas de fuego, una 38 súper y otra 9 milímetros, acto en el que preguntó por la víctima, siendo que en ese momento su acompañante le avisó que la persona buscada se encontraba arriba del vehículo, por lo que el activo salió del establecimiento a encarar al occiso, momento en el que Yesenia vio a su hermano disparando hacia el carro; pasado el tiempo salió del negocio para verificar lo ocurrido y encontró el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Ramírez Miranda. 5.Dictamen de química forense y de balística en el primero se determinó que la víctima dio positivo a anfetaminas, así como que su cuerpo presentaba diversos orificios por proyectil de arma de fuego; y, en el segundo de ellos se determinó que los disparos fueron realizados con dos armas de fuego distintas, una 38 súper y la otra 9 milímetros. Datos de investigación que el juzgador tomó en consideración para concluir, en grado de probabilidad, que el veinticinco de noviembre de dos mil dieciocho, entre las veinte horas con cincuenta y cinco minutos y las veintidós horas con treinta minutos, dos personas, entre ellas, Carlos Alfredo Bucio Bravo, dispararon dos armas de fuego contra la humanidad de la víctima Miguel Ángel Ramírez Miranda quien se encontraba a bordo de su vehículo marca Volkswagen, tipo hatchback, golf, 2014, de color rojo, con placas de circulación DPK812A del Estado de Chiapas a la altura del número 112, de la calle Manuel Bezanilla, de la colonia Mariano Michelena de esta ciudad, produciéndole cinco heridas por disparo de arma de fuego que le ocasionaron la muerte. Lo anterior, señaló, porque se tiene noticia de lo acontecido por las manifestaciones de Yesenia Constantino Bucio, quien estuvo presente en el momento de los hechos y refirió que el día de los hechos llegó su hermano Carlos Alfredo Bucio Bravo en compañía de un amigo, que vio cuando sacó un arma de fuego y preguntó por la víctima con quien ya tenían problemas con anterioridad, que ambos se dirigieron hacia donde se encontraba la víctima y realizaron diversos disparos en su contra, para posteriormente percatarse de que se encontraba sin vida. Por lo que se considera que, acertadamente, el juzgador ponderó los datos arrojados por los diversos medios de prueba, al ser coincidentes, además de establecer que entre las personas que realizaron los disparos se encuentra, al parecer, el aquí quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio, ya que incluso existió una exteriorización de una resolución interna de privar de la vida al hoy occiso, la cual trascendió materialmente. En ese mismo orden, también se advierte acreditada la calificativa de ventaja, porque fueron dos personas, entre ellas, probablemente el aquí quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio, quienes presumiblemente realizaron los actos bélicos de que se viene hablando, para lo cual utilizaron dos armas de fuego que, al ser activadas, pusieron en situación de desventaja a la víctima, ante la imposibilidad de defenderse o evitar la afectación, ocasionándole cinco heridas que le produjeron la muerte acorde a lo destacado en la necropsia legal. Finalmente, la jueza natural razonó y fundamentó en forma adecuada la necesidad de la cautela al señalar que el hecho generaría eventualmente el dictado de una medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ello en consonancia con el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además de puntualizar legalmente que tal circunstancia complicaría que el quejoso fuera citado para la formulación de la imputación. De ahí que la juez de origen resolvió como adecuada la necesidad del libramiento de la orden de captura que hoy se reclama. Bajo ese contexto, cabe resaltar que el juez precisó los términos en que habría de verificarse la ejecución de la orden de aprehensión. En ese tenor, este Juzgado Federal considera que del contenido de la orden reclamada se desprende que el Juez de Control sí se pronunció sobre las razones expuestas por el órgano investigador, asimismo expresó los elementos o circunstancias que consideró relevantes para concluir la necesidad de cautela con el propósito de que el inculpado se presente sin demora ante el órgano jurisdiccional. Máxime que para la emisión de una orden de aprehensión no es requerido un estándar alto de acreditación con pruebas del delito y de la responsabilidad en su comisión por el imputado; sino que basta un estándar de eficiencia que a través de datos de prueba hagan probable que el inculpado realizó una conducta que la ley señala como delito. Lo cual, según se vio, está satisfecho. Así las cosas, contrario a lo aducido por el quejoso Carlos Alfredo Bravo Bucio, se concluye que la orden de aprehensión reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que se citaron los preceptos legales aplicables al caso, de igual manera se expresaron las razones particulares y causas inmediatas que conducen a la autoridad a decidir en el sentido en que lo hizo, y se adecuaron los motivos aducidos a las normas aplicables al caso justiciable, esto es, se explicaron razonadamente porqué se surten las hipótesis normativas invocadas. En otro orden de ideas, resulta infundado lo manifestado por el peticionario del amparo en el sentido de que se vulneró en su perjuicio la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 Constitucional, el cual establece, en lo que interesa, que nadie puede ser privado de la libertad sin mediar juicio ante tribunales competentes en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sin embargo, como quedó precisado en esta sentencia, el artículo 16 Constitucional, es el que establece los requisitos de fondo que debe contener una orden de aprehensión, mismos que se encuentran satisfechos en el presente caso a estudio de acuerdo a los medios probatorios ya analizados y que en su oportunidad fueron debidamente valorados por la autoridad judicial responsable. Asimismo, para el estudio del citado concepto de violación, resulta pertinente citar de nuevo dicho dispositivo legal, que señala: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. . No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. (.)" Así, los elementos de fondo requeridos para librar una orden de aprehensión consisten en: a)Que dicha orden provenga de autoridad judicial. b) Que exista denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. c) Que el hecho señalado como delito se encuentre sancionado con pena privativa de libertad. d) Que de lo actuado en autos obren datos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado en su comisión. Además, como requisito formal, dicha resolución debe sustentarse en consideraciones en que se citen los preceptos legales aplicables y se expongan los hechos, circunstancias inmediatas y razones particulares con las que se ponga en evidencia que en el caso en particular se actualizan las hipótesis legales invocadas. Así las cosas, es dable concluir que la garantía de audiencia previa prevista en el artículo 14 de la Constitución Federal no es requisito que deba ser observado por la autoridad responsable al momento de emitir una orden de aprehensión sino únicamente, éstas deben ser dictadas por autoridad judicial, estar precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. Aunado a lo anterior, debe decirse que será en el procedimiento penal respectivo en el que tendrá en su momento la oportunidad de intervenir de la forma en que considere pertinente, ofreciendo y desahogando los medios probatorios para su adecuada defensa; por tanto, como se dijo deviene infundada tal aseveración de la parte quejosa. Por las razones expuestas, se concluye que la orden de aprehensión librada contra el aquí quejoso no es violatoria de derechos, toda vez que reúne los requisitos del artículo 16 de la Constitución Federal. De ahí que al no advertir deficiencia de la queja que deba suplirse en favor del amparista, procede negar a Carlos Alfredo Bravo Bucio, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman a las restantes autoridades, al no haberlos impugnado actos por vicios propios. OCTAVO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Para efectos a de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, como las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, y no obstante que no hayan manifestado dicha oposición, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que con dicha supresión no se impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Carlos Alfredo Bravo Bucio, en contra de los actos reclamados a las autoridades que precisadas quedaron en términos del considerando cuarto de la presente sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara, ni protege a Carlos Alfredo Bravo Bucio, en contra de los actos que reclamó del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral en la Región de Morelia, del Fiscal General del Estado y de la Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado, todos con residencia en esta ciudad, con base en las razones expuestas en el séptimo considerando del presente fallo. TERCERO. Se hace constar que la publicación de esta sentencia se hará con supresión de los datos sensibles de las partes, aun cuando no hayan manifestado su oposición, de acuerdo con las razones expuestas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hoy veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado lo permitieron.- Doy fe.

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