Carlos Antonio Perez Maldonado
Expediente 186/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Antonio Perez Maldonado
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que el promovente Carlos Antonio Pérez Maldonado interpusiera recurso de queja, en contra del auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por tanto, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto en el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías, es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos tres años. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente físico, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la causa penal 29/2019/CHOLULA/F-I y tres discos versátiles digitales, del índice del Juzgado de Control de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla, así como el toca de apelación 4/2020 y un disco versátil digital, del índice de la Novena Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, devuélvanse las constancias y discos versátiles digitales antes descritos. Sin que sea necesario requerir el acuse de recibo correspondiente a las citadas autoridades, toda vez que su sede se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega de los documentos descritos. Notifíquese por lista a la parte quejosa, por oficio al Juez de Control de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla y a la Novena Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días concedido al quejoso Carlos Antonio Pérez Maldonado, para que diera cumplimiento al requerimiento que se le formuló el cuatro de marzo de dos mil veintiuno. En consecuencia, con apoyo en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías con la que se formó este expediente, al no haber dado cumplimiento al requerimiento preventivo formulado en autos. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. CONSIDERACIONES PREVIAS. Visto lo de cuenta, se advierte que ante la emergencia mundial sanitaria, derivada de la pandemia que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus que causa la enfermedad conocida como "Covid19", mediante el cual se reactivó el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reanudación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia, insistiendo en la utilización de tecnologías de la información y de comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las actividades productivas de los órganos jurisdiccionales. Esquema renovado que se estableció para el período comprendido del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, y que entró en vigor a partir del primer día de dicho período. Conforme al nuevo esquema implementado por el referido Acuerdo General, se reanudaron los plazos y términos procesales y reanudó la recepción, radicación y tramitación de promociones presentadas físicamente, así como el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptaron diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como la fijación de porcentajes máximos de asistencia para el personal jurisdiccional y su escalonamiento en turnos y horarios; la recepción de promociones físicas mediante buzones judiciales; la habilitación de oficialías de partes comunes a varios órganos jurisdiccionales; el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas; el uso de herramientas tecnológicas para eficientar la labor jurisdiccional; y la continuidad del trabajo a distancia como eje rector en la prestación del servicio público de impartición de justicia. Que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. Que el Acuerdo General 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, mediante el cual se amplió el periodo de vigencia del uno de marzo al treinta de junio de dos mil veintiuno, a efecto de dar continuidad a las acciones y medidas preventivas adoptadas en el contexto de la contingencia sanitaria. Que el oficio 542/2021 de uno de marzo del año en curso, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite el expediente relativo al juicio de amparo directo 4/2021 de su índice, en el que se encuentra glosada la demanda de amparo promovida por Carlos Antonio Pérez Maldonado, por propio derecho, con ocho copias simples de la misma y dos anexos, consistentes en la causa penal 29/2019/CHOLULA/F-I y tres discos versátiles digitales, del índice del Juzgado de Control de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla (causa penal que fue remitida en alcance a través del oficio 574/2021), así como el toca de apelación 4/2020 y un disco versátil digital, del índice de la Novena Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; fue presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial, y remitido en la misma data por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, en archivo digital, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en el apartado "Oficialía de partes", sub índice "Recursos o Demandas OCC". Que de la boleta de turno correspondiente, se advierte que el servidor público responsable de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, asentó que la demanda -con la que se dio cuenta-, contiene firma. FORMACIÓN. Atento a lo anterior, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 186/2021, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el oficio 542/2021 de uno de marzo del año en curso, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite el expediente relativo al juicio de amparo directo 4/2021 de su índice, en el que se encuentra glosada la demanda de amparo promovida por Carlos Antonio Pérez Maldonado, por propio derecho, con ocho copias simples de la misma y dos anexos, consistentes en la causa penal 29/2019/CHOLULA/F-I y tres discos versátiles digitales, del índice del Juzgado de Control de Oralidad y Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Cholula, Puebla (causa penal que fue remitida en alcance a través del oficio 574/2021), así como el toca de apelación 4/2020 y un disco versátil digital, del índice de la Novena Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Ahora bien, toda vez que de dichas constancias se advierte que el uno de marzo pasado, el Pleno dicho tribunal colegiado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente asunto por razón de la vía, al considerar que en el caso, es competente para conocer de la demanda de amparo el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla en Turno; en virtud de que el acto reclamado no se trata de una sentencia definitiva o resolución que ponga fin a un juicio o proceso, ya que no resuelve la cuestión principal del juicio ni lo da por concluido, por tanto, el suscrito juez de Distrito se avoca al conocimiento de dicha demanda de amparo. Acúsese recibo de estilo. PREVENCIÓN. Entonces, antes de proveer respecto a la admisión, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 108, 112 y 114 fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al promovente Carlos Antonio Pérez Maldonado para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, dé cumplimiento a lo siguiente: ÚNICO. Exhiba su demanda de amparo indirecto completa, ya que la demanda que dio origen al presente asunto obra incompleta, pues las fojas que la integran no tienen una relación congruente en la forma en que se exhibieron; lo cual también fue asentado en acuerdo de dieciocho de febrero del año en curso, dictado en el juicio de amparo directo 4/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito. Cumplimiento cada uno de los requisitos que dispone el artículo 108 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." Lo anterior, con el fin de analizar íntegramente dicha demanda y que este juzgado de Distrito cuente con los elementos necesarios para resolver lo conducente sobre su admisión, si en el caso procede o no. Ello es así, ya que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional deberá requerir a la parte promovente que aclare la demanda de amparo, cuando hubiere alguna irregularidad. Hágase del conocimiento de la parte promovente que la presente prevención es con el fin de que subsane la irregularidad ya precisada, sin que ello signifique que cambie o modifique su demanda, ni que la amplíe. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte promovente que de no dar cumplimiento a la presente prevención en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la demanda de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. También signifíquesele que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberá presentar su escrito aclaratorio signado por él mismo, y no por conducto de autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." DESISTIMIENTO. Por otra parte, del contenido del oficio 542/2021 de uno de marzo del año en curso, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, así como del escrito signado por el aquí quejoso Carlos Antonio Pérez Maldonado, que obra a foja ciento cincuenta y cuatro del toca de apelación 4/2020, del índice de la Novena Sala Unitaria en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, se advierte que se desiste de la demanda de amparo que dio origen al presen asunto. Por tanto, toda vez que el promovente Carlos Antonio Pérez Maldonado cuenta con la facultad para desistirse de la presente instancia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al quejoso para que en el término de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de desistimiento indicado. Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito referido y se continuará con el procedimiento del presente juicio. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 119/2006, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido son: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio." En la inteligencia que, se deberá atender al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Por lo que, atendiendo a lo establecido en el referido Acuerdo General en su artículo 6, fracción I, incisos b) y e), se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que el promovente acuda a las instalaciones de este recinto judicial y esté en aptitud de reconocer la firma indicada. Para tal efecto, hágasele entrega del Código QR generado (s) impreso (s) respectivo, por conducto de cualquiera de los actuarios judiciales adscritos a este órgano, al momento de realizarle la notificación de este proveído -previo recibo que de dicha entrega recaben-. Sin embargo, hágase del conocimiento del promovente, que si es su deseo comparecer a este órgano jurisdiccional, a desahogar la diligencia para la que es requerido, en una fecha anterior, a la programada para tal fin y respecto de la cual este Juzgado generó la cita respectiva, entonces, el propio quejoso, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6, del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar la cita correspondiente a la fecha en que desee comparecer, en el micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permite a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; en la inteligencia, que la cita respectiva estará sujeta a la disponibilidad que arroje el sistema, en cuyo supuesto, quedará bajo su estricta responsabilidad cumplir el requerimiento que le es efectuado en este proveído, dentro del plazo establecido. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Marisol Montes Baro, atento a que cuenta con cédula profesional de licenciada en derecho, emitida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, según se advierte de la página de internet https://www.cedulaprofesional.sep.gob.mx; y, en términos restringidos a las restantes personas referidas, por así haberse solicitado expresamente. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa, el que refiere en su escrito de demanda para efecto de recibir notificaciones, ubicado en la ciudad de Puebla. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHABILES. Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los actuarios adscritos a este juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio al Magistrado Presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito.
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