Carlos Alfonso Pastrana Garcia
Expediente 485/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 485/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Alfonso Pastrana Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de junio de dos mil veintidós. I. QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de las autoridades responsables con el numeral 210.1, 210.2, 2010.4 y 210.5 (1. Juzgado Único Penal de Partido con residencia en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, 2. Juzgado de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato, 4. Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y 5. Encargado de la Coordinación Regional de Investigaciones Regional "B" de la Fiscalía General en el Estado de Guanajuato), en virtud que carecen de legitimación para impugnar la sentencia recurrida ya que al haberse sobreseído en el juicio de amparo no les irroga agravio alguno a éstas. Lo anterior tiene sustento en lo conducente en la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 1111, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO MILITAR ADSCRITO AL JUZGADO MILITAR DE EJECUCIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO, SI LA FORMA EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO RESOLVIÓ NO LE IRROGA AGRAVIO ALGUNO, NI DICHA DETERMINACIÓN ESTÁ SUJETA AL ESCRUTINIO DE AQUÉL EN FUNCIÓN DE SU FACULTAD DE VIGILAR QUE LOS JUICIOS SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD, AJUSTADOS A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DE LEGALIDAD, PARA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA SEA PRONTA Y EXPEDITA. En la jurisprudencia 1a./J. 17/2017 (10a.), de título y subtítulo: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que la facultad del Ministerio Público Federal para interponer los recursos establecidos en la propia ley y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales no es ilimitada, porque su actuación en el recurso debe relacionarse con la defensa del interés general encomendado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la determinación del Juez Militar de Ejecución de requerir al quejoso para que, voluntariamente se interne en la prisión militar, a fin de dar cumplimiento a la pena de prisión impuesta en la sentencia definitiva, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se ordenará su reaprehensión, y se concede la protección federal porque el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, esa circunstancia no irroga agravio alguno al agente del Ministerio Público Militar adscrito al Juzgado Militar de Ejecución (tercero interesado), ya que para ello se requiere que la sentencia de amparo recurrida le afecte y genere un agravio, lo que no sucede en la especie, en virtud de que los efectos de la sentencia protectora recaen exclusivamente sobre la autoridad responsable, quien es la única obligada a respetar la Constitución Federal, en los términos expresados por el Juez de Distrito; además, la forma en que el Juez de amparo resolvió, no está sujeta a escrutinio de la Representación Social militar, en función de su facultad de vigilar que los juicios se sigan con toda regularidad, ajustados a los principios constitucionales y de legalidad, para que la administración de justicia sea pronta y expedita pues, de impugnar por simple norma una sentencia o resolución que no le depare perjuicio alguno, riñe con el cumplimiento de dichos principios. Por tanto, su potestad para interponer los recursos previstos en la ley, no debe entenderse tan amplia, con la finalidad de impugnar la legalidad de los procedimientos bajo su facultad constitucional, en virtud de que ésta debe atender, se itera, entre otros aspectos, a vigilar que los juicios se tramiten con toda regularidad, bajo el principio de que la impartición de justicia sea pronta y expedita, aspectos en los que no cabe debatir las decisiones de los órganos de amparo, en las que está ínsito, que las resoluciones de los actos reclamados a las autoridades responsables se ajusten a las exigencias constitucionales y de legalidad." Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa, por lista a las demás partes...; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de junio de dos mil veintidós. SIN MAYOR ACUERDO Por otra parte, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable: 5. Encargado de la Coordinación Regional de Investigaciones Regional "B" de la Fiscalía General en el Estado de Guanajuato; sin embargo, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de mayo pasado, se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa y se acordó lo conducente respecto a dicha autoridad responsable ejecutora. Cúmplase.
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Intégrese a los presentes autos el informe previo de la autoridad responsable: OF.INC.511-5Coordinación Regional de Investigaciones Región "B", con residencia en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. -En su denominación correcta-.En consecuencia, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA; Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. INFORME (S) JUSTIFICADO (S) Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables siguientes: No.Autoridades responsables1 Juzgado Único Penal de Partido con residencia en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato.4 Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato -en su denominación correcta-Con el que se da vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA Vista las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que Carlos Alfonso Pastrana García, el nueve de mayo de dos mil veintidós, presentó demanda de amparo a través de buzón judicial, en la que señaló como actos reclamados: las órdenes de aprehensión, detención y/o presentación libradas en su contra; y, su ejecución. Así, por auto de diez de mayo de dos mil veintidós, previa prevención cumplida, se acordó lo siguiente: I) se admitió la misma con incidente de suspensión; II) se requirió el informe justificado a las autoridades responsables; y, III) se le dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Al respecto, en relación con los actos reclamados que han quedado precisados (órdenes de aprehensión, detención y/o presentación) las autoridades señaladas como responsables ordenadoras y ejecutoras que se indican a continuación, rindieron los informes justificados en los siguientes términos: Número de orden Autoridades responsables Sentido del informe 1 Juzgado Único Penal de Partido con residencia en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. Niega 2 Juzgado de Control del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Irapuato -en su denominación correcta-. Niega 3 Juzgado Menor Mixto con residencia en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. Niega 4 Director General de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato -en su denominación correcta-. Niega 5 Coordinación Regional de Investigaciones en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato. omisa 6 Titular de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado De Puebla. Niega Como se advierte del cuadro anterior, las autoridades responsables ordenadoras, negaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la emisión y ejecución de las ordenes de aprehensión, detención y/o presentación libradas en su contra, sin que esta haya desvirtuado días negativas no obstante que se le dio vista con los mismos. Por otra parte, la autoridad responsable ejecutora 5. Coordinación Regional de Investigaciones en la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, no rindió su informe justificado; sin embargo, tomando en consideración que las autoridades responsables ordenadoras negaron la existencia del acto reclamado, no ha lugar a presumir cierto el acto que se le atribuye (su ejecución), pues dicha autoridad en su calidad de ejecutora, se encuentra imposibilitada de cumplimentar una orden inexistente; de ahí que deba prevalecer la inexistencia del acto que se le reclama. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en este juicio respecto de las citadas autoridades responsables y los actos reclamados. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veintidós minutos del siete de junio de dos mil veintidós; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Rafael Torres Campos, Secretario(a) que autoriza y da fe. Doy fe.
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