Carlos Avila Sanchez
Expediente 646/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 646/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 15/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Avila Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, por medio del cual acusa recibo del oficio D-771 (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 646/2018-D) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por la suscrita y desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Ávila Sánchez. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE QUINCE DE AGOSTO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciocho. Visto, agréguese a los presentes autos, para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco de Juárez, por medio del cual acusa recibo del oficio D-771 (por el que se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 646/2018-D) e informa que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada por la suscrita y desechó la demanda de amparo promovida por Carlos Ávila Sánchez. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos seis meses, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo del ordenamiento en cita. Asimismo, se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, ocho de agosto de dos mil dieciocho. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso Carlos Ávila Sánchez, a través del cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de once de julio de dos mil dieciocho (fojas 15 a 18), manifiesta lo siguiente: "(.) Que por medio del presente ocurso, estando en tiempo y forma legal, y en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 114 fracción I de la Ley de Amparo, vengo formalmente a dar cabal y estricto cumplimiento a la prevención del once de Julio del año en curso, notificado al suscrito el seis de Agosto del año que transcurre; por el cual esa Honorable Juzgadora previene al que suscribe la manifestación Bajo protesta, de la voluntad o no de señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el estado de Puebla,. (sic) Así las, y en cumplimiento al mandato de Usía, se manifiesta Bajo Protesta de decir verdad, que no señalo como autoridad responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en esta Ciudad y Estado de Puebla. (.)" En consecuencia, téngase al promovente dando cumplimiento al requerimiento efectuado en autos del presente asunto. INCOMPETENCIA. En principio, es necesario indicar que el promovente Carlos Ávila Sánchez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto siguiente: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- A).- EN SU DOBLE CARÁCTER DE ORDENADORA Y EJECUTORA: 1.- Ciudadana Agente del Ministerio Publico de la Federación en funciones de orientador "E" de la Unidad de Atención Inmediata en Acapulco de Juárez, Guerrero. (.) IV.- ACTO RECLAMADO.- Lo es de las autoridades señaladas como ordenadoras y ejecutoras, LA ORDEN DE COMPARECENCIA de fecha 04 de julio del dos mil dieciocho; se pretende que me apersone a las doce horas de esta fecha compañado de un abogado titulado, sin que la forma de citación cumpla con los requisitos (sic) que establece la norma. (.)" Luego, al narrar los antecedentes del acto reclamado, el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "(.) I.- El día viernes seis de julio de dos mil dieciocho, a las quince horas aproximadamente, recibí una llamada telefónica de la autoridad señalada como responsable, la cual una vez que manifestó ser quien era, me solicitó que le proporcionase un correo electrónico para que me fuera enviado un archivo que contenía en forma digitalizada la orden de comparecencia, de la que hoy tildo de violatoria de garantías. II.- Una vez que recibí en el correo electrónico que le señalé, recibí de forma digitalizada la orden de comparecencia que se contiene en el diverso UNAI-ACAP-2312/2018 de data 04 de Julio de 2018, por la cual se me ordena comparecer a las 12:00 de esta fecha para llevar a cabo una diligencia "de carácter ministerial", acompañado de abogado titulado; orden que no cumple las formalidades esenciales del Procedimiento y es violatoria de las elementales Garantías de Legalidad y debido proceso. (.)" Por lo anterior, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo, toda vez que tratándose de actos reclamados que conllevan una ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de dichos actos será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, tal y como lo dispone el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En ese orden de ideas y tomando en consideración que el acto impugnado por el promovente es la orden de comparecencia, dictada y ejecutada en su contra por el agente del Ministerio Publico de la Federación en funciones de orientador "E" de la Unidad de Atención Inmediata en Acapulco de Juárez, Guerrero y, que si bien es cierto, el quejoso manifestó que tiene su domicilio en el Estado de Puebla, lo cierto es que no señaló alguna autoridad ejecutora con residencia en esta circunscripción territorial. Por lo tanto, resulta inconcuso que debe conocer de la demanda de garantías que se analiza, el juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la citada autoridad señalada como responsable. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia y tesis, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se citan: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Así, como la tesis aislada, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se citan: COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras. En consecuencia, ante la evidencia de que el acto reclamado, no tiene ejecución material en la circunscripción territorial a la que pertenece este juzgado Federal, sino en el Estado de Guerrero, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este órgano constitucional declara CARECER DE COMPETENCIA LEGAL para conocer del presente juicio de derechos fundamentales, y la declina a favor del Juez de Distrito, en turno, en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, lo anterior tomando en consideración que la autoridad ordenadora y ejecutora tiene su domicilio en dicha entidad. Por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Punto Cuarto fracción I del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se ordena remitir el expediente de amparo en que se actúa, así como las copias simples de la demanda de garantías que exhibió la parte quejosa al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, quien a su vez deberá remitirla al Juez de Distrito en turno; así mismo, una vez turnado al órgano jurisdiccional respectivo, se solicita atentamente al juez de Distrito al que corresponda conocer de la demanda de amparo, se sirva informar la determinación que adopte respecto a si acepta o no la competencia planteada, así como el acuse de recibo correspondiente. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, y fórmese el cuaderno de memoria correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LOS PROVEÍDOS DE 11 DE julio Y DE 06 DE AGOSTO, AMBOS DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALAN: "San Andrés Cholula, Puebla, once de julio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Ávila Sánchez; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 646/2018-D. PREVENCIÓN. Ahora bien, antes de proveer respecto a la admisión de la demanda, si en el caso procede o no, con apoyo en los artículos 112 y 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo vigente y, en términos de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, a continuación se citan: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables. Requiérase a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días siguiente a que quede notificada, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: ÚNICO.- Manifieste si es su voluntad o no señalar como responsable ejecutora a alguna autoridad con residencia en el Estado de Puebla. Lo anterior es así, pues de acuerdo a la jurisprudencia antes transcrita, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material y la parte quejosa no realice el señalamiento expreso de que existen autoridades ejecutoras con residencia en el lugar en que se ubica su domicilio, el juzgador de amparo debe prevenirlo para que aclare su demanda y haga el señalamiento correspondiente; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario, el sólo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. En tal sentido, el ocursante deberá señalar con claridad y precisión si es su voluntad o no señalar como autoridad responsable ejecutora a alguna con residencia en la jurisdicción de este órgano de amparo y el acto o actos que les atribuye, debiendo formular en su caso los conceptos de violación que estime convenientes, haciendo del conocimiento de la parte quejosa que, para el caso de señalar a las autoridades como responsables deberá acompañar copias de su escrito de demanda para poder emplazarlas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo. En ese sentido, hágase del conocimiento de la parte quejosa que deberán presentar el escrito aclaratorio en el que den cumplimiento a esta prevención en original y con las copias suficientes en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y contenido se indican a continuación: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo. Se apercibe al promovente que de no cumplir íntegramente con lo requerido en el término indicado (cinco días), se entenderá que no hay ejecución en el Estado de Puebla y se determinará lo procedente respecto a la competencia legal de la suscrita Jueza Federal. Signifíquese al promovente que, para el desahogo de la prevención formulada en este auto, deberán presentar su escrito aclaratorio signado por el quejoso, y no por autorizado alguno. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a José Luis Vargas Vega, designado, atento a que de los datos proporcionados acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley de Transparencia, sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico..."; y, "San Andrés Cholula, Puebla, seis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los escritos signados por los actuarios judiciales Alina Domínguez Jiménez, Alejandro Julián Silva Zúñiga y Hugo Pérez Morales, por medio de los cuales desahogan el requerimiento formulado en proveído de dos de agosto de dos mil dieciocho (foja 19) y, en relación con la notificación personal del quejoso Carlos Ávila Sánchez ordenada por auto de once de julio del año en curso (fojas 15 a 17), manifiestan bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: Alina Domínguez Jiménez: Que no le correspondió llevar a cabo la notificación del acuerdo de referencia, ya que en esa fecha se encontraba notificando en la zona norte, y dicha notificación corresponde a la zona poniente. Alejandro Julián Silva Zúñiga: Que conforme al rol interno de actividades que se desarrollan en la Actuaría del Juzgado, la semana del nueve al trece de julio de dos mil dieciocho, le correspondió realizar las diligencias de la zona Oriente y la notificación que se requirió pertenece a la Zona Sur-Poniente, la cual correspondió a diversa actuaria; y, Hugo Pérez Morales: Que no le correspondió llevar a cabo la diligencia especificada en el auto de dos de agosto del actual, pues se encontraba en su primer período vacacional, que transcurrió del dos al dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Ahora bien, ya que la notificación ordenada al quejoso Carlos Ávila Sánchez en auto de once de julio de dos mil dieciocho (fojas 15 a 17), le correspondió a la actuaria judicial Abigail Olvera Hernández -como se advierte de la copia certificada de la relación de notificaciones personales de doce de julio de dos mil dieciocho, de control interno de este órgano jurisdiccional-, quien se encuentra en período vacacional; requiérase al actuario judicial asignado esta semana para notificar la zona Poniente o Sur-Poniente, para que con fundamento en el artículo 24 de la Ley de Amparo, de inmediato practique la diligencia ordenada en el referido acuerdo de once de julio del actual y entregue la constancia respectiva a la Secretaria encargada del asunto. Finalmente, dedúzcase copia certificada del presente acuerdo y de las constancias con las que se da cuenta, y túrnense al área administrativa correspondiente, para los efectos legales a que haya lugar...", respectivamente.
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