Carlos Antonio DUARTE BRICEÑO
Expediente 1324/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1324/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Efraín Duarte Briceño
- Carlos Antonio DUARTE BRICEÑO y Otros.
- Carlos Antonio DUARTE BRICEÑO
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vistos los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356 , fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único punto resolutivo no amparó ni protegió a la parte quejosa; lo anterior, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Conforme al artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se declara que el presente asunto es susceptible de conservación, el cual será transferido una vez que transcurra el plazo de tres años, contados a partir de esta fecha. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se concedió la suspensión definitiva; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de conservación. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es conservable. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veintinueve minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo dentro del juicio de amparo indirecto 1324/2023-VII, promovido por Efraín Duarte Briceño, por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y a la tercero interesada; y, d) Informe justificado de la autoridad responsable. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por la autoridad responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con las documentales remitidas por la Sala responsable. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, mismas que, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado hace constar que las partes no los formularon; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 1324/2023-VII; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Efraín Duarte Briceño, por su propio derecho, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, el que hizo consistir en la determinación de tres de julio de dos mil veintitrés, emitida en el toca 81/2023, en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada, aquí quejosa, en el juicio ordinario civil 65/2023. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, mismo que fue realizado como consta de las constancias que integran el cuaderno de amparo; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual fue diferida, teniendo verificativo este día, en términos del acta que antecede; y, CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia civil, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos se obtiene el siguiente acto reclamado: - La determinación de tres de julio de dos mil veintitrés, emitida en el toca 81/2023, en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada, aquí quejosa, en el juicio ordinario civil 65/2023. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia y de la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial, ambas del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida, porque así lo afirmaron al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con la copia certificada del toca 81/2023, misma que remitió la Sala responsable como justificación de su informe. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Oportunidad de la demanda. Debe estimarse oportuna la presentación de la demanda de amparo, en razón de que la parte quejosa fue notificada de la resolución impugnada, el dos de agosto de dos mil veintitrés, mediante publicación realizada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado; por lo que si la demanda se presentó el dieciocho siguiente, es inconcuso que fue dentro del plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Procedencia del juicio. Por cuanto al acto combatido, no se actualiza, en criterio de la suscrita, ninguna causa de improcedencia que hagan valer las partes o que se advierta de oficio, por tanto, se estudia la constitucionalidad del acto reclamado, sin que sea necesario transcribir los conceptos de violación, por no existir precepto legal que lo obligue, ni ordenarlo así el artículo 74 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, son infundados, atentas las consideraciones siguientes. En el presente caso, se insiste, la quejosa impugna la determinación de tres de julio de dos mil veintitrés, emitida en el toca 81/2023, en la que se declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por la parte demandada, aquí quejosa, en el juicio ordinario civil 65/2023. Ahora, del análisis de la demanda natural, se desprende que la parte actora Carlos Antonio Duarte Briceño, aquí tercero interesado, pretende, mediante la vía ordinaria civil, la disolución de la copropiedad existente entre él y la parte demandada, respecto del predio un mil seiscientos cuatro, de la calle ocho oriente, de la localidad de Sisal, municipio de Hunucmá, Yucatán, así como el remate en pública subasta de ese predio, y el pago de costas y gastos del procedimiento. Siendo que, en dicha demanda, se precisó que el demandado Efraín Duarte Briceño, hoy quejoso, tenía su domicilio en el predio trescientos cincuenta y nueve, de la calle veintitrés "B", cruzamiento con las calles veintiséis y veintiocho, de la colonia "San Pedro Cholul", de esta ciudad de Mérida, Yucatán. E incluso, de la constancia actuarial de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, se desprende que el citado demandado fue emplazado a juicio en el predio señalado por el actor en la demanda primigenia. En ese sentido, es pertinente precisar que el numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, señala de manera textual, lo siguiente: "Artículo 73. Sea cual fuere la naturaleza del juicio, serán preferidos por orden a cualquier otro juez: .III. El del domicilio del deudor; si éste tuviere varios, el que elija el actor." Por tanto, atento al domicilio de la parte demandada, mismo que se encuentra sito en esta ciudad de Mérida, Yucatán, es evidente que, como acertadamente estimó la Sala responsable, resultaba competente para conocer de la demanda en cuestión, un Juez del orden Civil con asiento en esta propia localidad. Ello, precisamente en estricta aplicación de la regla competencial contenida en el precitado numeral 73 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, mismo que, como quedó visto, preceptúa que será competente para conocer de un juicio, sea cual fuere su naturaleza, el del domicilio de la parte demandada. En esa virtud, si como quedó visto, la parte demandada, aquí impetrante, tiene su domicilio en el predio trescientos cincuenta y nueve, de la calle veintitrés "B", cruzamiento con las calles veintiséis y veintiocho, de la colonia "San Pedro Cholul", de esta ciudad de Mérida, Yucatán; es notorio y manifiesto que resulta competente para conocer del reclamo inicial, la Juez Segundo Civil del Estado de Yucatán, sita en esta propia ciudad capital. Corolario de lo anterior, deviene que los motivos de inconformidad esgrimidos por la parte quejosa resulten infundados, precisamente porque si en la demanda presentada por la parte actora, se ejerce una acción de disolución de copropiedad respecto a un predio, contra la parte demandada, quien tiene su domicilio en esta propia ciudad capital, es evidente que, conforme al numeral 73, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la competencia para conocer de esa demanda debe recaer, como así aconteció, en un Juez Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida. Y si bien la parte quejosa, en la excepción opuesta, hizo valer que la competencia debía recaer en un Juez de Paz, en virtud de que en la demanda primigenia no se expresó la cuantía del reclamo, además de que el predio se encuentra ubicado en el municipio de Hunucmá, Yucatán, donde precisamente ejerce jurisdicción un Juez de Paz; ello, como bien estimó la Sala responsable, deviene infundado, pues atendiendo a la acción ejercida, se advierte que ésta se dirige a la disolución de la propiedad de un predio y su remate, mismo que, como se desprende de la cédula catastral relativa, tiene un valor total de $717,892.35 (Setecientos diecisiete mil ochocientos noventa y dos pesos 35/100 moneda nacional), el cual resulta superior a la limitación por cuantía establecida por el numeral 102 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado para los asuntos que son susceptibles del conocimiento de los Juzgados de Paz en la entidad. Ello, precisamente porque el invocado numeral, prevé que los Juzgados de Paz en el Estado de Yucatán, solamente podrán conocer de asuntos de índole civil cuya cuantía no exceda de doscientas Unidades de Medida y Actualización; por lo que, atendiendo al valor catastral del predio materia del reclamo, es notorio y manifiesto que se excede esa cuantía, lo que revela la imposibilidad de que un Juez de Paz conozca del mismo, debiendo recaer la competencia para tal efecto, como acertadamente lo estimó la Sala responsable, en un Juez Civil de la localidad. En mérito de lo antes expuesto, se reitera, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que en el caso se advierta alguna deficiencia que suplir, por lo que lo procedente es negarle el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetró contra la resolución de tres de julio de dos mil veintitrés, dictada por la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Yucatán, en el toca 81/2023, en la que declaró improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria opuesta por el directo impetrante. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Efraín Duarte Briceño, contra el acto que reclamó de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; precisado en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos plasmados en el último subsecuente. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que aún se encuentra transcurriendo el término de ocho días concedido a las partes en acuerdo de diecinueve de los cursantes, respecto del informe justificado rendidos por la Magistrada Segunda y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración, las DIEZ HORAS CON VEINTINUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Magistrada Segunda y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con dos anexos que adjunta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Finalmente, téngase como correo institucional y número telefónico de la citada responsable, para los efectos de establecer comunicaciones con ella, los indicados en el informe de cuenta. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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