Carlos Andres Vega Diaz
Expediente 1861/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1861/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 30/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Andres Vega Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que sobreseyó el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su único resolutivo, sobreseyó en el presente juicio de amparo, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Amparo, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que en el mismo se sobreseyó el presente juicio. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto destruible. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Mérida, Yucatán, a las diez horas con cuarenta y tres minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, día y hora señalada para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1861/2022-VI, promovido por Carlos Andrés Vega Díaz y Dayra Jenny Hernández Menderos, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad F. A. V. H., estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. La Jueza declara abierta la audiencia. El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado y por el Director de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, los cuales ya obran en autos. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables antes señaladas, para que sean tomados en consideración como correspondan. Hecho lo anterior, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se ordena continuar con la celebración de la audiencia constitucional. Abierto el período de pruebas, el Secretario de Juzgado procede a dar cuenta con la presuncional en su doble aspecto, legal y humana, ofrecida por la parte quejosa en su demanda; asimismo, se da cuenta con las documentales que fueron allegadas a lo largo del juicio por la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, las cuales obran agregadas en autos. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las probanzas de cuenta, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza; con lo que se cierra este período. Asimismo, celébrese la audiencia constitucional, incluso por la autoridad omisa. Abierto el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se declara cerrada esta etapa. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la resolución siguiente. VISTOS, para resolver, los autos del presente juicio de amparo indirecto 1861/2022-VI, promovido por Carlos Andrés Vega Díaz y Dayra Jenny Hernández Menderos, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad F. A. V. H., contra los actos que reclamó de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado y del Director de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán; y, ANTECEDENTES: PRIMERO. Mediante escrito presentado vía electrónica el cinco de agosto de dos mil veintidós, turnado el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito, Carlos Andrés Vega Díaz y Dayra Jenny Hernández Menderos, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad F. A. V. H., solicitaron el amparo contra los actos de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado y del Director de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán, consistentes en el alojamiento forzado en las instalaciones del albergue SEDESOL y las resoluciones de retorno asistido emitidas el once de julio de dos mil veintidós en los expedientes EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/020/02-07-2022 y EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/021/02-07-2022. SEGUNDO. Por auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, a reserva de ser ratificada, la cual quedó registrada con el número 1861/2022-VI; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; se solicitó a la autoridades responsables sus informes justificados; se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta correspondiente. TERCERO. Por auto de veinte de septiembre de dos mil veintidós, se dejó de tener como autoridad responsable al Subrepresentante del Instituto Nacional de Migración. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción IV, de la Constitución Federal; 33 fracción IV, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en razón de señalar autoridades que tienen su residencia dentro de la circunscripción territorial en donde se ejerce competencia. SEGUNDO... FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación del acto reclamado. Para tal efecto, se analiza en su integridad la demanda, congruentemente con la totalidad de las constancias que conforman el expediente del juicio de amparo. Se atiende también el contenido de la tesis P. VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Del análisis de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa reclama los siguientes actos reclamados: I. El alojamiento forzado en las instalaciones del albergue SEDESOL y su ejecución; y, II. Las resoluciones de retorno asistido emitidas el once de julio de dos mil veintidós en los expedientes EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/020/02-07-2022 y EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/021/02-07-2022. TERCERO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán y el Director de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Yucatán negaron la existencia de los actos reclamados al rendir sus informes justificados. Sin embargo, posterior a dichas negativas realizaron manifestaciones encaminadas a justificar sus respectivas actuaciones, de las que se advierte, por una parte, la existencia de las resoluciones de retorno asistido dictadas en los expedientes EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/020/02-07-2022 y EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/021/02-07-2022; y, por otra, la habilitación del albergue como estancia temporal en la cual se alojó a los peticionarios de amparo. Alojamiento respecto al cual, tal y como fue considerado al dictarse la interlocutoria de veintitrés de agosto del año en curso, al resolver el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano concedida en este juicio, de forma alguna se probó que fuera de forma voluntaria y abierta como alega la autoridad responsable. De ahí que deba desvirtuarse su negativa y tener por existentes los actos que se les atribuyen. Al efecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. La procedencia del juicio de control constitucional, es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa por mandato de la ley, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, aun cuando se haya reconocido la existencia de los actos reclamados, en tanto que para que se surta alguna causal de improcedencia, es necesario que se encuentren probados los actos que se reclaman. Así pues, procede analizar si, en la especie, se actualiza alguna causal de improcedencia a efecto de determinar si es necesario, o no, el estudio de los motivos de inconformidad propuestos, pues de ser así, esa circunstancia, excluiría el estudio de fondo de este juicio, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia número 1002, cuyo rubro es: "IMPROCEDENCIA." Ahora bien, en el caso a estudio, debe decirse que respecto del acto reclamado consistente en el alojamiento forzado en las instalaciones del albergue SEDESOL y su ejecución; se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Ahora bien, de las constancias que remitió la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Yucatán, en acatamiento a la interlocutoria por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión de plano de veintitrés de agosto del año en curso, se advierte que los peticionarios de amparo abandonaron de forma voluntaria la estancia temporal SEDESOL el once de agosto de dos mil veintidós y que todos sus documentos le fueron devueltos a través de su abogada y promovente del presente amparo María Guadalupe Osnaya Mauries, el veintiséis de agosto siguiente. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos de los actos que se les reclamó a las responsables, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surten efectos, ni los surtirá puesto que el alojamiento forzado al que se encontraban sujetos quedó sin efectos al recobrar su libertad, al menos, desde el once de agosto de dos mil veintidós. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En consecuencia, lo procedente es decretar, por lo que a dicho acto corresponde, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, del propio ordenamiento legal. Por otro lado, en cuanto a los diversos actos reclamados consistentes en las resoluciones de retorno asistido emitidas el once de julio de dos mil veintidós en los expedientes EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/020/02-07-2022 y EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/021/02-07-2022, se estima que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda se presentó de forma extemporánea, derivándose de ello el consentimiento tácito de los actos. Lo citados preceptos legales establecen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días... Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De los preceptos transcritos, se desprende que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. Asimismo, que el plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo, es de quince días, a menos que se esté en alguno de los supuesto establecidos en el numeral 17 de la ley de la materia, que básicamente se refieren a amparos que se promuevan en contra de sentencias penales, asuntos relacionados con los ejidos o los derechos de los ejidatarios, amparos contra leyes o amparos o aquellos que tengan alguna relación con los actos a que se refiere el artículo 22 Constitucional. Por tanto, al adminicularse los preceptos transcritos, se llega a la conclusión de que al tratarse el presente asunto de una demanda contra un acto distinto a los enumerados de manera especial en el ordinal 17 de la ley de la materia, la demanda de amparo contra el mismo debió promoverse en el término genérico de quince días, el cual trascurrió a partir del día siguiente al en que surtieron sus efectos, de acuerdo a la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, las notificaciones de las resoluciones reclamadas, esto es, el once de julio de dos mil veintidós. Dicho ordenamiento jurídico dispone en su artículo 38, lo siguiente: ART. 38.- Las notificaciones personales surtirán sus efectos el día en que hubieren sido realizadas. Los plazos empezarán a correr a partir del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos la notificación. De ahí que, como se ha establecido, se estime que en la especie, los actos reclamados consistentes en las resoluciones de retorno asistido emitidas el once de julio de dos mil veintidós en los expedientes EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/020/02-07-2022 y EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/021/02-07-2022, fueron tácitamente consentidas por la parte quejosa. Esto es así, ya que de las constancias que allegó la autoridad migratoria responsable a este expediente, se desprende que los actos aludidos se notificaron a los quejosos el propio once de julio de dos mil veintidós, tal y como se advierte de las constancias respectivas que obran a fojas noventa y dos y ciento cincuenta y ocho de autos. Por consiguiente, de la fecha en que la quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, al día de la presentación de la demanda, transcurrieron más de los quince días establecidos en la ley de la materia para accionar el juicio constitucional, pues el término trascurrió desde el doce de julio hasta el uno de agosto de dos mil veintidós; y, la demanda de amparo fue presentada hasta el cinco de agosto del propio año. Por lo que conforme a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV, del citado cuerpo normativo, debe entenderse que los impetrantes del amparo, consintieron los actos que ahora pretenden combatir. Brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 6, Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, del Apéndice 1995, que establece: ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones. Igualmente es aplicable al caso, la jurisprudencia consultable en la página 1931, Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". También apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 291, Tomo: II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. Sin que obste a lo anterior el hecho de que la parte quejosa se hubiera encontrado a disposición de la autoridad migratoria al momento en que dichas determinaciones fueron emitidas, puesto que, tal y como se advierte de la consulta realizada a los expedientes electrónicos correspondientes a los juicios de amparo 1690/2022 y 1691/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán, a los que se tiene acceso a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por autorización de su titular, se advierte que para ese momento ya se habían promovido dichas demanda de amparo a su favor contra su detención de carácter migratorio y la retención de sus documentos de identificación extranjera. Por lo que resulta claro que para ese momento los peticionarios de amparo contaban con asistencia legal y contacto con el exterior del albergue en que se encontraban alojados y, por tanto, se encontraban en aptitud de instar el amparo en término contra dichas determinaciones. Así las cosas, al haberse promovido de forma extemporánea la demanda de amparo contra las las resoluciones de retorno asistido emitidas el once de julio de dos mil veintidós en los expedientes EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/020/02-07-2022 y EA/1s.9/YUC/OR/SCVM/021/02-07-2022, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos Andrés Vega Díaz y Dayra Jenny Hernández Menderos, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad F. A. V. H., contra los actos que reclamó de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado y del Director de Fortalecimiento Social de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Yucatán; por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio suscrito electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinte de septiembre del año en curso, informa que autorizó el acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo 1690/2022-I de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio suscrito electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo solicitado en proveído de veinte de septiembre del año en curso, informa que autorizó el acceso al expediente electrónico relativo al juicio de amparo 1691/2022-II de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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