Carlos Antonio Itza Desantos

Expediente 1374/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1374/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Antonio Itza Desantos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 351/2023, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, sin hacerse pronunciamiento acerca de él, en virtud, de que de autos se advierte que por proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó el archivo de este juicio de garantías como asunto totalmente concluido. Finalmente, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de la resolución que solicita; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que ésta actuación al ser emitida posterior a dicha fecha, no obra en el expediente impreso y sólo obra en el electrónico; Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la Agente del Ministerio Público que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, y las que cuenten con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y de la lectura de las constancias que lo integran se advierte, que mediante acuerdo de diecinueve de septiembre del año en curso, se ordenó notificar de manera personal al quejoso ********************, el oficio del Vice Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes, por suplencia del Fiscal General del Estado, mediante el cual informó, que se abrió la carpeta de investigación ********************, ante la Unidad de Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Denigrantes del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, a fin de que se inicie la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso ********************, y reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio firmado por el Vice Fiscal Especializado en Justicia para Adolescentes, por suplencia del Fiscal General del Estado, con un anexo que acompaña, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, informa que recibió las constancias conducentes por parte de la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, a fin de que se iniciara la investigación correspondiente por la probable trasgresión de los derechos humanos del quejoso ********************, por lo que se abrió la carpeta de investigación VFEDTTCID-GV/193/2023, misma que se encuentra en etapa de integración. En ese sentido, es importante traer a colación, lo sostenido por el Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del que se puede extraer conceptos y lineamientos inherentes a la correcta conducción de asuntos que involucren tortura y malos tratos. Entre ellos, lo establecido en el inciso C), denominado, Guía para juzgar casos de tortura y malos tratos, en concreto, en el punto 7 "vista con efectos de denuncia", que señala, que el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que, quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de algún delito, está obligado a denunciarlo al ministerio público, y respecto del delito de tortura, tal deber se encuentra contemplado en el artículo 33 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, dicha denuncia será con efectos para que la representación social inicie la investigación penal correspondiente. En tal virtud, atendiendo a que la definición de tortura, según la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, es todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia; de conformidad con lo estipulado en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del once de junio de dos mil once, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano, así como en los artículos 22 Constitucional, 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales reconocen el derecho humano de toda persona a no sufrir actos de tortura, derecho fundamental garantizado por nuestro país al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, de cuyos artículos 1, 6 y 8 se advierte que las personas que denuncien haber sido torturadas tienen derecho a que las autoridades intervengan inmediata y oficiosamente a fin de que su caso sea investigado y, de ser procedente, juzgado en el ámbito penal. En ese orden de ideas, tomando en consideración que la Fiscalía General del Estado, ha iniciado la carpeta de investigación correspondiente, dese vista a la parte quejosa con las constancias que dicha autoridad remitió, a fin de que reciba la asesoría jurídica correspondiente en su carácter de víctima dentro de la investigación que se inició, la cual fue registrada bajo el número de carpeta de investigación VFEDTTCID-GV/193/2023, ante la Unidad de Vice Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Denigrantes del Ministerio Público del Fuero Común, de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, tal como lo prevé el invocado Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos, expedido por la Dirección General de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la copia del oficio signado por la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado, en el cual informa que canalizó la vista por tortura en relación al quejoso Carlos Antonio Itzá Desantos, a la Fiscalía General del Estado; en consecuencia, requiérase al Fiscal General del Estado, para que en el término de tres días, legalmente computado, informe a esta potestad judicial, respecto al estado procesal de la indagatoria correspondiente en relación a la probable transgresión de los derechos humanos del quejoso antes citado. Con el apercibimiento, que de no informar lo solicitado o, en su caso, no manifestar la imposibilidad que tenga para ello, en el término otorgado, se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259 ambos de la Ley de Amparo, en armonía con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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