Carlos Andrés Franco García
Expediente 535/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 535/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Andrés Franco García
- CARLOS ANDRÉS FRANCO GARCÍA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio y testimonio del fallo señalado en la cuenta al expediente en que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes y acúsese recibo del testimonio de la ejecutoria que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito dictó en el recurso de revisión 795/2019 de su estadística, así como del original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 535/2019 del índice de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, como del contenido de esa resolución constitucional se advierte que el Tribunal de Alzada declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto contra la interlocutoria en este incidente de suspensión, en consecuencia, en este expediente mediante auto de trece de junio de dos mil diecinueve, se negó la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el veinticuatro del mismo mes y año, se negó la suspensión definitiva; que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. [...]. Notifíquese.
- Principal
Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria, y archívese el presente expediente como asunto concluido. [...]. De igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta en este expediente no existen documentos considerados como originales... Por otro lado, se ordena devolver a la autoridad responsable, Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial de Centro, Oaxaca, el tomo de prueba que remitió junto con su informe justificado, en razón de que resulta innecesario que se conserven en este órgano jurisdiccional. Finalmente, hágase del conocimiento al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa que con esta fecha quedó firme la sentencia dictada en este asunto el pasado doce de agosto, para lo que tenga a bien determinar en el amparo en revisión 795/2019 formado con motivo del recurso de revisión que hizo valer la parte quejosa contra la interlocutoria dictada el veinticuatro de junio del año en curso, en el incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 535/2019, promovido por Carlos Andrés Franco García, por propio derecho, en contra de actos del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otra autoridad, que se mencionarán más adelante. ANTECEDENTES Ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, se tramita el juicio sumario civil de rescisión de contrato verbal de arrendamiento 567/2012 promovido por Enrique Montes Candiani en contra de Carlos Andrés Franco García. Una vez emplazada la parte demandada y seguida la secuela procesal, el treinta de abril de dos mil trece se dictó sentencia en el aludido juicio, en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver del presente juicio. SEGUNDO. Las partes comparecieron a juicio por su propio derecho, su capacidad de ejercicio no fue impugnada, existiendo presunción legal de tenerla. TERCERO. La vía elegida fue la correcta. CUARTO. SE DECLARA LA RECISIÓN DEL CONTRATO VERBA DE ARRENDAMIENTO celebrado con fecha trece de mayo del año dos mil once, entre el actor ENRIQUE MONTES CANDIANI y el ahora demandado CARLOS ANDRÉS FRANCO GARCÍA respecto de la máquina retroexcavadora semi-usada marca case, 580M, con número de serie JJG0308244, MODELO 2001, con pedimiento de importación 31341003573 de color amarilla. QUINTO. SE CONDENA AL DEMANDADO CARLOS ANDRÉS FRANCO GARCÍA, a la entrega material de la máquina retroexcavadora descrita con anterioridad, así como a pagar las rentas adeudadas y vencidas correspondientes a los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de dos mil once, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre del año dos mil doce, más los que se sigan venciendo hasta la entrega formal de dicha máquina retroexcavadora a razón de TREINTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL. SEXTO. Se absuelve al demandado del pago de gastos y costas del juicio. SÉPTIMO. En atención a la certificación que antecede y dado que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, se les tiene por perdido el derecho que tuvieron para ello una vez que cause ejecutoria la sentencia, procédase en términos del artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. OCTAVO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE. [.]" Inconforme con esa resolución, el demandado Carlos Andrés Franco García, promovió demanda de amparo directo, quien correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, quien lo radicó bajo el amparo directo 64/2014 y mediante ejecutoria de treinta de mayo de dos mil catorce, determinó negar el amparo solicitado. Seguida la secuela procesal en la etapa de ejecución de sentencia, el jugador responsable emitió el auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual en atención a lo solicitado por la parte actora, ordena requerir a la parte demandada haga entrega de la citada máquina retroexcavadora, con el apercibimiento que de no hacerlo, se daría vista al ministerio público a fin de que inicie la investigación correspondiente. (Determinación que constituye uno de los actos reclamados) La notificación de esa determinación la realizó la actuaria judicial adscrita al juzgado responsable mediante cédula de notificación. (Actuación que constituye uno de los actos reclamados) TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Carlos Andrés Franco García, por propio derecho, presentó un escrito el diez de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda fue turnada a este órgano jurisdiccional, el que mediante acuerdo de trece de junio de dos mil diecinueve la admitió a trámite; se registró bajo el número 535/2019; solicitó a las autoridades su informe justificado; otorgó intervención conducente a la Agente del Ministerio Público adscrita; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previo diferimiento tuvo verificativo el doce de agosto de dos mil diecinueve, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades residentes en el Estado de Oaxaca, donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables lo siguiente: Del Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. El auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual ordena requerir a la parte demandada haga entrega de la máquina retroexcavadora, semi-usada marca case, 580M, con número de serie JJG0308244, MODELO 2001, con pedimiento de importación 31341003573 de color amarilla, con el apercibimiento que de no hacerlo, se daría vista al ministerio público a fin de que inicie la investigación correspondiente. De la actuaria adscrita al Juzga Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro. La notificación practicada median cédula de notificación de la referida determinación. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye. Esa confesión se estima suficiente para tener por acreditada la certeza o existencia de la determinación que se le reclamada. Por tanto, se le tiene como plenamente probado en términos de la Tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Lo que se corroboró con las copias certificadas del juicio sumario civil de rescisión de contrato verbal de arrendamiento 567/2012, que remitió como apoyo a su informe de ley, la que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, y de las que se advierte la existencia del auto combatido. Cobra aplicación en tal supuesto, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.". Por su parte, la actuaria adscrita al juzgado responsable negó la existencia del acto que se le atribuye; sin embargo, su negativa se encuentra desvirtuada, ya que de las documentales valoradas en el párrafo precedente se advierte la existencia de la actuación que se reclama. De ahí, que de igual forma se tenga por cierto el acto reclamado que se le atribuye. LEGITIMACIÓN Carlos Andrés Franco García, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque es parte demandada en la controversia de origen. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo vigente, disposición que, además, es interpretada en ese sentido por la Jurisprudencia II.1o.J/5, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, Tomo VII, Mayo de 1991, consultable en la Red Jurídica Nacional, con número de registro 222780, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. En el caso, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el juicio, en razón de que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución para dar cumplimiento a la sentencia en el juicio sumario civil de rescisión de contrato verbal de arrendamiento 567/2012, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y además, al quejoso no le resulta el carácter de tercero extraño al procedimiento, por lo que puede comparecer al mismo a deducir sus derechos, como enseguida se verá. Los numerales invocados, en su orden establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)". El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, prescribe que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido, los cuales de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, son aquellos que gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso. También se previó que el juicio de amparo puede ser enderezado contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso trascendido al resultado de la resolución. Finalmente, señala que tratándose de remates, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En cualquiera de estos tres supuestos de procedencia, se podrán reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y hayan trascendido al resultado de la resolución. En efecto, de los preceptos legales transcritos, se deduce que por regla general, el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, puesto que sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento relativo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante dicho procedimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia, puesto que ya fue oída y vencida la parte demandada, y el cumplimiento de la sentencia no debe obstaculizarse por ser de interés público. Esto es así cuando acude al juicio constitucional la parte actora, o bien, la parte demandada del juicio natural. En el caso, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa combate esencialmente el auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado en la etapa de ejecución del juicio sumario civil de rescisión de contrato verbal de arrendamiento 567/2012, del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, en el que se requiere de cumplimiento a la sentencia firme y haga entrega voluntaria de la máquina retroexcavadora, semi-usada marca case, 580M, con número de serie JJG0308244, MODELO 2001, con pedimiento de importación 31341003573 de color amarilla, con el apercibimiento que de no hacerlo, se daría vista al ministerio público a fin de que inicie la investigación correspondiente. En el caso, el juicio de origen se encuentra en etapa de ejecución de sentencia. Lo cual pone de manifiesto que el acto reclamado es de aquellos dictados en la etapa de ejecución de sentencia del juicio de origen, de manera que no constituye la última resolución pronunciada en tal procedimiento, pues no se: 1) aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, 2) declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en su caso, 3) ordena el archivo definitivo del expediente. Únicos supuestos respecto de los cuales el legislador textualmente limitó la procedencia del juicio constitucional en la vía indirecta, en lo concerniente a actos pronunciados en ejecución de sentencia (distintos al remate), conforme lo previsto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. De ahí que en el caso se actualice la causal de improcedencia invocada, en tanto que la determinación combatida no constituye la última resolución a que se refiere la norma mencionada en el párrafo que precede; dado que el procedimiento de ejecución de sentencia no se encuentra concluido, respecto de la cual, al seguirse el método de integración de la norma jurídica a contrario sensu, no procede el juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque como ya se relató, lo que se viene impugnando en el amparo, consiste en el auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado en la etapa de ejecución del juicio sumario civil de rescisión de contrato verbal de arrendamiento 567/2012, en el que se requiere haga entrega voluntaria de la máquina retroexcavadora, semi-usada marca case, 580M, con número de serie JJG0308244, modelo 2001, con pedimiento de importación 31341003573 de color amarilla, con el apercibimiento que de no hacerlo, se daría vista al ministerio público a fin de que inicie la investigación correspondiente, evidentemente en ejecución de la sentencia; y, dicha determinación, no constituye la última resolución a la que se refiere el precitado numeral, es decir, el procedimiento de ejecución de sentencia continúa. En efecto, dicho acto fue realizado en la etapa de ejecución de la sentencia de ese juicio natural, donde la parte demandada fue oída y vencida, participando en consecuencia, de la figura jurídica de la cosa juzgada. Relatado lo anterior, se hace patente que el acto que se combate en esta vía fue materializado en la etapa de ejecución de sentencia y, por ende, no es reclamable en juicio de amparo indirecto en este momento sino, como ya se dijo, hasta que se emita la "última resolución" en el procedimiento de ejecución. De ahí que sea válido que en el caso que nos ocupa se actualiza la hipótesis contenida en el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, del mismo ordenamiento. Como apoyo a lo anterior, se invoca como fundamento la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 190035, Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 32/2001, página: 31, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". También ilustra sobre el tema la Jurisprudencia de la Novena Época, registro: 167981, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, Materia(s): Civil, Tesis: VII.2o.C. J/29, página: 1672, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DICTADOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDE RESPECTO DE LA "ÚLTIMA RESOLUCIÓN" DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, ES DECIR, CONTRA EL ACUERDO CONCLUSIVO EN DICHA ETAPA PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", estableció que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia la expresión "última resolución", a que se refiere el párrafo segundo de la fracción III del artículo 114, en relación con el numeral 113, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Con base en tal criterio, se arriba a la conclusión de que si bien es cierto que aun cuando en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no existe disposición legal específica que prevea la hipótesis de emitir un auto en el que se reconozca el cumplimiento total de la sentencia, o que declare la imposibilidad material o jurídica de ello, también lo es que tal circunstancia no exime a quienes siendo parte formal en el proceso, insten ante el Juez correspondiente a efecto de que emita una resolución en los términos apuntados, si para ello se tiene en cuenta que, en principio, la legislación local no lo prohíbe. De ahí que de conformidad con el criterio citado, los tribunales, entre otros, del orden civil, deben emitir el acuerdo conclusivo de la ejecución para que así la parte interesada pueda promover el juicio de amparo e impugnar en la misma demanda las violaciones procesales cometidas en esa etapa". Consecuentemente, el reclamo en amparo de actos "en" o "para" ejecución de sentencia debe hacerse hasta que culmine el período de ejecución, lo que se deduce de la interpretación sistemática de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo. De igual manera, la Primera Sala del más Alto Tribunal de la Nación, ha sustentado el criterio de que el amparo indirecto no procede en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, incluso, si quien promueve la demanda es el vencedor en el juicio natural, es decir, el ejecutante. En estos casos, también debe promoverse el amparo contra la resolución con la que culmine el procedimiento de ejecución, en los términos antes señalados. Dicho criterio se encuentra contenido en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 36/2004, publicada en la página 75 del Tomo XX, julio de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL. La razón medular que tuvo el legislador al establecer la regla de procedencia contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo -relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las violaciones cometidas durante éste, que hubieren dejado sin defensa al quejoso-, fue evitar que con motivo de la promoción del juicio de garantías se entorpeciera o retardara la ejecución de una sentencia definitiva, cuyo cumplimiento es una cuestión de orden público. Por tal motivo, el hecho de que la promoción del amparo contra actos dictados dentro del procedimiento referido se haya hecho por la parte vencedora en el juicio natural constituye una cuestión que debe considerarse irrelevante para efectos de determinar el alcance de la indicada regla de procedencia, en virtud de que ello en nada altera la circunstancia de que mediante dicha acción se entorpezca la ejecución de la sentencia, que es precisamente lo que el legislador pretendió evitar con la disposición mencionada." Lo subrayado es propio. También, debe señalarse que no se está frente a un caso de excepción que amerite entrar al estudio de fondo por existir una afectación de derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales, tales como la vida, libertad, propiedad, posesión, patrimonio, etcétera; sino, como se dijo, se trata de un acto dictado en ejecución de sentencia que no amerita de inmediato su análisis constitucional. Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, respecto de dicho acto. NOTIFICACIÓN PRACTICADA MEDIANTE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN QUE SE ATRIBUYE A LA ACTUARIA ADCRITA AL JUZGADO DE ORIGEN. Ahora bien, por lo que respecta al diverso acto de disenso, para quien aquí resuelve de igual manera resulta improcedente el juicio de amparo promovido. En efecto, contra dicha actuación se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente. El numeral y fracción en cita establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]." En efecto, el precepto anteriormente transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de las actuaciones dictadas por un tribunal judicial en el supuesto de que, en contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa, dentro del procedimiento, susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. Cabe destacar que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por Tribunales Judiciales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Amparo supliría las facultades de la jurisdicción común. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sostenida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, novena época, materia común, página 902, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Luego, la actuación reclamada a la actuaria adscrita al juzgado responsable, consistente en la notificación que realizó respecto del auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, al ser parte demandada en el expediente de origen, pueden impugnarla a través del incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 404 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca. En apoyo de lo anterior resulta aplicable la tesis XXIV.1o.4 C, del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Novena Época, Tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES NECESARIO AGOTAR EL INCIDENTE RELATIVO RESPECTO DE VIOLACIONES PROCESALES OCURRIDAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, INCLUSIVE RESPECTO DE AQUELLAS DEL PROCEDIMIENTO DE REMATE, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT). La interpretación sistemática de los artículos 621 y 630 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, en armonía con lo dispuesto en los numerales 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que es necesario agotar el incidente de nulidad de actuaciones respecto de las violaciones procesales que se hubieran llevado a cabo en el procedimiento de ejecución de sentencia, para satisfacer el principio de definitividad que rige en la materia, como requisito de procedibilidad del juicio de amparo, inclusive, de aquellas violaciones del procedimiento de remate cuando se reclamen junto con la resolución en que se apruebe en definitiva, pues este incidente satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, ya que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses de la parte quejosa. Ello porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo." Así como la tesis de jurisprudencia que el Tribunal Pleno en su Sesión Privada del martes quince de marzo de mil novecientos noventa y cuatro asignó el número 5/1994, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA LAS QUE SE LLEVAN A CABO CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA. Considerando ante todo, que el artículo 32 de la Ley de Amparo al referirse a sentencias definitivas alude simplemente a las que se dictan en el expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, lo que incluye a las que han causado y a las que no han causado ejecutoria, debe sostenerse que la circunstancia de que el precepto referido establezca que las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad de la notificación que se estima irregular antes de la sentencia definitiva, no debe interpretarse en el sentido de que las notificaciones realizadas con posterioridad al pronunciamiento de dicha sentencia no pueden ser combatidas mediante el incidente de nulidad respectivo, ya que una correcta interpretación del citado dispositivo legal conduce a la conclusión de que tal exigencia opera lógicamente respecto de las notificaciones practicadas antes de que se haya emitido la resolución definitiva, pero no para las notificaciones realizadas con posterioridad al pronunciamiento del fallo, pues sostener lo contrario propiciaría que a pesar de incurrirse en deficiencias al practicarlas la parte afectada quedara indefensa ante ellas, lo cual contravendría los términos de la primera parte del precepto aludido que señala que las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida por la ley serán nulas." Asimismo, no se advierte que en la especie se actualice alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatar ese principio, esto es, no es tercero extraño al juicio (es parte en el expediente de origen), ni el acto que reclama importa peligro de privación de la vida, deportación o destierro, menos aún los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; es decir, no se trata de pena de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva ni confiscación de bienes; es inconcuso que el impetrante previamente a acudir al juicio de amparo indirecto debió agotar el incidente referido contra la actuación de la actuaria que estimó contraria a derecho. Luego, al no haber agotado la quejosa el medio ordinario de defensa previsto por la ley de la materia, contra la notificación del acuerdo de diecisiete de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente de origen; por virtud del cual puede nulificarse tal diligencia, previo a la promoción de este juicio de amparo; es evidente que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. DECISIÓN Al haberse actualizado las causas de improcedencia, entonces debe decretarse el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Carlos Andrés Franco García, por propio derecho, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables, por los argumentos que se esgrimen en el apartado VII de este fallo. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Mesa de Amparo V-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene al secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso, contra la interlocutoria dictada en este asunto... Notifíquese.
Quedan 13 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes
- Carlos Alfonso Hernández1734/2015
- Carlos Alfredo Avalos López187/2021
- Carlos Alfredo López Palafox1267/2018
- Carlos Amador Moctezuma Añorve1258/2017
- Carlos Amador Moctezuma Añorve1208/2022
- Carlos Andrés Franco García118/2016
- Carlos Antonio Castellanos Aguilar797/2017
- Carlos Antonio Mendoza Ayala19/2023
- Carlos Antonio Mendoza Ayala365/2022
- Carlos Antonio Rios León907/2019
- Carlos Antonio Salazar Hernández1433/2022
- Carlos Armando Salazar Treviño1029/2016