Carlos Alfredo Avalos López

Expediente 187/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
187/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • CARLOS ALFREDO AVALOS LÓPEZ y Otros.
  • Carlos Alfredo Avalos López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se concedió la suspensión provisional y se concedió la suspensión definitiva; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón a que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se concedió la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la depuración del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) de la fracción I, artículo 18 del citado Acuerdo General. Por tanto, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo Asimismo, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar la demanda de amparo, el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno e interlocutoria de tres de marzo del mismo año, de conformidad con lo establecido con los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del multicitado acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que el plazo de quince días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de inconformidad previsto por el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo en contra del auto en el que se declaró cumplido el fallo protector ha transcurrido sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como en este juicio de amparo se concedió la protección de la justicia federal a la parte disidente, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente, conservándose la demanda de amparo, la sentencia y el presente auto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. En atención a la certificación de cuenta, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo; por lo tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. Ahora, la protección constitucional se otorgó para los efectos siguientes: " a) El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca no deberá realizar descuentos a partir del primer pago de la pensión en adelante del quejoso ***, con apoyo en la norma declarada inconstitucional e inconvencional en esta sentencia, mientras dure el derecho del nombrado, a percibir la pensión relativa. b) En el supuesto de que se hayan realizado descuentos al quejoso, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; devuelva íntegramente y en una sola exhibición dichos descuentos a ***. En la inteligencia que de haber realizado dichos descuentos, deberá devolver únicamente los que hayan sido retenidos a partir de la fecha en la que se presentó la demanda, a saber, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno." Por tanto, con fundamento en lo previsto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable de mérito, para que dentro del plazo de tres días siguiente al que quede notificada, cumpla con la ejecutoria de amparo en los términos apuntados, para lo cual deberá remitir copia certificada ordenada, legible y completa de las constancias que acrediten su acato al fallo protector. Se apercibe a la referida autoridad que si no actúa como se indica en la sentencia dictada en este asunto, este Juzgado de Distrito impondrá en su contra una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, en términos de los artículos 192, 193, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, al momento de incurrir en la conducta sancionada; asimismo, se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado respectivo, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, dígasele a la autoridad responsable que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no la exime de responsabilidad, pero podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Además, de incurrir en una conducta contumaz se evidenciaría que trata de eludir el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 187/2021 III-B, promovido por ***, en contra de la orden de descuento en su pensión por jubilación, por concepto de "FDO.D PENSIONES", a partir del primer pago a su pensión, así como su ejecución por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si se actualiza la alegada aplicación de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que fueron declarados inconstitucionales e inconvecionales a nivel jurisprudencia por el otrora Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. I. ANTECEDENTES Por oficio OP/DG/1634/2020, de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, el director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, emitió un dictamen, en el que autorizó la pensión por jubilación a Carlos Alfredo Avalos López. Así mismo, en dicho dictamen ordenó a la Oficina de Pensiones, que le descontara del monto de la pensión por jubilación, el 9% por concepto de cuota al fondo de pensiones; fundándose en lo dispuesto por los artículos 6 fracción III, 18 párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, y por tratarse de un trabajador incorporado antes de la vigencia de la citada ley. Del citado dictamen el quejoso Carlos Alfredo Avalos López, tuvo conocimiento el tres de febrero de dos mil veintiuno. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Carlos Alfredo Avalos López presentó un escrito el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, mediante el cual solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del descuento a la pensión por jubilación realizado por la autoridad responsable. El quejoso señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por auto de veinticuatro de febrero del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de la mencionada demanda la admitió a trámite y la registró bajo el expediente 187/2021; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a ese juzgado y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en el acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque el acto reclamado es atribuido a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. IV. OPORTUNIDAD. El quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento del dictamen emitido por el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, el cinco de febrero de dos mil veintiuno; sin embargo, del acuse que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado se advierte que dicho dictamen fue recibido por el quejoso el tres de febrero del año en curso. En ese sentido, se tomará como fecha a partir de la cual comenzó a correrle el plazo para promover su demanda, el tres de febrero de dos mil veintiuno, pues se desprende del acuse de recibo que remitió la autoridad responsable la firma del quejoso, por el que en esa fecha recibió el original del dictamen de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de febrero siguiente, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, se considera que su promoción es oportuna. V. LEGITIMACIÓN Carlos Alfredo Avalos López, se encuentra legitimado para promover este juicio de amparo, al tener la calidad de jubilado, y ser a él a quién se le ordenó aplicar los descuentos reclamados, en la pensión por jubilación otorgada por la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. VI. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: Del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca: El descuento por concepto de fondo de pensiones (202) aplicado a su pensión por jubilación a partir del partir del primer pago a su pensión. Del director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. La ejecución inminente de los descuentos que se le pretendan realizar a su pensión por jubilación, por el concepto de fondo de pensiones (202), a partir del primer pago a su pensión. VII. EXISTENCIA DELOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir su informe justificado, el director general y apoderado legal del Consejo Consultivo de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, aceptaron los actos que se les atribuyen. Existencia que se corrobora con las documentales anexadas por la autoridad responsable y la parte quejosa, consistentes en copia certificada del dictamen en comento, así como la notificación relativa. Medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En cuanto a los descuentos a realizar a partir del primer pago a su pensión, que se realicen al peticionario de amparo en aplicación de las porciones normativas impugnadas debe señalarse que si bien se tratan de actos que aún no se han verificado, lo cierto es que tienen que ser catalogados como futuros inminentes, cuya existencia es indudable. En efecto, la certeza de realización de esos actos inminentes estriba en que son una consecuencia necesaria de un acto concreto ya existente que afecta el universo jurídico de la disidente. Para clarificar lo anterior es necesario precisar que los pagos de las pensiones en materia de seguridad social se caracterizan, por ser actos de tracto sucesivo, es decir, que se configuran momento a momento, dado que su liquidación deriva de la cuantificación efectuada por la autoridad administrativa, donde se determina el monto que le corresponderá a la beneficiaria de manera periódica. Cabe destacar que los actos de tracto sucesivo son aquellos que se prolongan a lo largo del tiempo, es decir, existe la realización de acciones periódicas dirigidas a un solo fin; se caracterizan por tener unidad y no se agotan con el cese de uno de ellos, dado que se reiteran de manera que siguen produciendo sus efectos a futuro. De lo anterior se sigue que la afectación recaída a los descuentos mensuales efectuados a una pensión fundados en una o varias normas jurídicas integran actos de tracto sucesivo, porque la conducta de la autoridad implica la materialización de no entregar el monto debido de la pensión de forma periódica y su descuento obedece directamente a un mandato legal, que hasta en tanto no se determine su inaplicación de la esfera jurídica de la quejosa, sigue siendo de obligatorio acatamiento para la autoridad administrativa. En ese contexto, la certeza jurídica y, por lo tanto, la inminencia de los ulteriores descuentos reclamados estriba en que su realización se verificará con base en la legislación aplicable, que mientras no sea declarada inválida debe continuar siendo el fundamento para realizar las liquidaciones periódicas correspondientes. Aún más al subsistir la resolución del Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca donde ordenó a la Oficina de Pensiones de esa entidad federativa que descontara al solicitante de amparo el 9% de lo que recibe como pensión jubilatoria, hay certeza de que la autoridad administrativa está obligada a realizar los descuentos subsecuentes; de ahí que es factible concluir que los ulteriores descuentos que se realicen al disidente en aplicación de las porciones normativas impugnadas sean ciertos. Apoya esta afirmación el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 139/2017 (10a.), de rubro y texto siguientes: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo". VIII. PROCEDENCIA En el presente asunto no se advierte la actualización de ninguna causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal. ESTUDIO DE FONDO El quejoso hace valer los siguientes conceptos de violación en contra de la orden de deducción a su pensión por jubilación, por concepto de fondo de pensiones (202) a partir de que se le otorgue la pensión: Que la retención ordenada vulnera los artículos 1 y 123, apartado B, Fracción XI, inciso a) de la Constitución Federal y 26, punto 3, y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Argumenta que el descuento a su pensión se sustenta en una norma inconstitucional, pues restringe o merma el monto mensual que se le entrega con motivo de su pensión por jubilación, al imponerle indebidamente una carga o descuento. Agrega que su pensión la obtuvo en atención a los años de servicios previstos por la ley de la materia y a las aportaciones que se realizaron al Fondo de Pensiones en su etapa de vida activa laboral. Aduce que los descuentos perturban la garantía que debe tener el ex trabajador de contar con un núcleo mínimo para su subsistencia y la de su familia, así como su derecho a disfrutar íntegramente el monto de su pensión. Dichos argumentos son esencialmente fundados y suficientes para conceder el amparo, por las razones que a continuación se expondrán. El artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución General de la República, dispone: "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte." Del precepto constitucional transcrito se observan las bases mínimas de previsión social que aseguran en lo posible la tranquilidad y bienestar personal de los trabajadores al servicio del Estado y de sus familiares, estableciéndose su protección en caso de jubilación, invalidez, vejez y muerte. Ahora bien, el veintiocho de enero de dos mil doce, se publicó en el periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el Decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, en cuyos artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio se establecieron textualmente lo siguiente: "Artículo 6. El Fondo de Pensiones se constituirá con: [.] III. Las cuotas de los jubilados, equivalentes al 9% de su pensión. [.]". "Artículo 18. [.] Por lo que respecta a los jubilados y pensionados, la Oficina de Pensiones descontará del monto de sus respectivas pensiones, las cuotas a las que se refieren las fracciones III y IV del artículo 6 de esta Ley. Asimismo, el Gobierno del Estado de Oaxaca hará su entrega quincenal a la Oficina de Pensiones del total de aportaciones a que se refiere el artículo 6 correspondiente a trabajadores, jubilados y pensionados". "OCTAVO. A partir de que los trabajadores incorporados antes de la vigencia de esta Ley adquieran el carácter de Jubilados o pensionados, contribuirán con una cuota equivalente al nueve por ciento de su pensión, importe que la Oficina de Pensiones retendrá, valiéndose del procedimiento señalado en el artículo 18 de esta Ley, debiéndose encargar de hacer los descuentos respectivos al momento de cubrirles sus numerales. Por lo que respecta a las aportaciones del 18.5% que el Gobierno del Estado se obliga a realizar al Fondo de Pensiones, estas las enterará con apego a lo señalado en el artículo 18 de esta Ley." En el caso en estudio el quejoso se duele de la aplicación de los preceptos anteriormente enunciados de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, a su pensión por jubilación; la cual fue ordenada por la autoridad responsable en el dictamen de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, en los siguientes términos: "CUARTO.- Tomando en consideración que de las constancias presentadas en su solicitud acredita plenamente ser un trabajador incorporado antes de la vigencia de la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, se ordena que la Oficina de Pensiones, del importe del monto de su pensión por jubilación, le descuente el 9% por concepto de cuota al Fondo de Pensiones, por ser lo que jurídicamente corresponde." Bajo esa tesitura, la Oficina de Pensiones ordenó aplicar un descuento por el concepto 202 relativo al fondo de pensiones a la pensión por jubilación del quejoso partir del primer pago a su pensión (segundo acto de aplicación). Ahora, es cierto que los medios de prueba revelan que efectivamente el quejoso, encuadra en la hipótesis jurídica contemplada en los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, dado que, tiene la calidad de jubilado y recibirá una pensión del Gobierno del Estado de Oaxaca, por haber sido trabajador de dicha dependencia. No obstante, las disposiciones en las que se fundan fueron declaradas inconstitucionales e incovencionales por el entonces Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, los amparos en revisión 92/2014, 101/2014, 110/2014, 116/2014 y 146/2014. La existencia de la tesis de jurisprudencia XIII.T.A. J/2 (10a.), demuestra lo antes dicho: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo.". Se transcriben las consideraciones más relevantes de las cinco ejecutorias a efecto de precisar los razonamientos dados por el Tribunal Colegiado citado, para arribar a dicha conclusión: "[.] resulta evidente la inconvencionalidad de la reforma relativa, en cuanto a los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y TRANSITORIO OCTAVO, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, aplicados al quejoso, conforme a los cuales se prevé el descuento del nueve por ciento sobre el monto de su pensión; lo anterior, a la luz del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo 102, "Convenio Sobre la Seguridad Social" (norma mínima), del que México forma parte, dado que el mismo solamente autoriza la reducción del monto de la pensión, cuando las ganancias del beneficiario excedan del valor prescrito o fijado por la autoridad competente, de conformidad con la reglas relativas, dado que en la legislación del País, ningún límite se establece para ello; motivo por el cual al privilegiar el principio de la dignidad humana, se impone la declaratoria respectiva. [.] A más de lo anterior, en suplencia de la deficiencia de la queja anotada, los dispositivos señalados como reclamados igualmente resultan inconstitucionales al violar el principio de igualdad, en tanto ubican a trabajadores, jubilados y pensionados, en hipótesis diferentes, por consignarlos el precepto 6 transcrito, en fracciones diversas de ese dispositivo, pero a todos ellos por igual les impone el pago de la cuotas del nueve por ciento de su sueldo base para los trabajadores, y de su pensión para los restantes; no obstantes las diferencias esenciales existentes entre trabajadores activos, jubilados y pensionados. En efecto, las normas en cuestión, resultan violatorias de los derechos humanos de igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados, sin atender a que los del primero rubro, por encontrarse en plena actividad laboral, pueden ascender en su trabajo o allegarse de mayores o diferentes ingresos, dado que al encontrarse en funciones cuentan con juventud; mientras que los del segundo rubro, al tratarse de trabajadores que ya han agotado una vida laboral, tienen como ingreso único, el de su pensión relativa, quienes por cierto, efectuaron ya aportaciones a lo largo de su vida de trabajo, lo cual como ya se dijo, servirá precisamente para financiar esa pensión; supuesto en el cual al tratarse de situaciones diversas, no era el caso de que el legislador local los ubicara en la misma posición y les diera el mismo tratamiento y cargas, por cuanto resulta excesivo que una vez que se obtiene el beneficio de la jubilación, derivado de haber cumplido los años y tiempo de servicio, se siga imponiendo al jubilado y pensionado, la carga de contribuir al fondo de pensiones, cuando se supone que agotó ya esa aportación, durante su vida de trabajo. Ciertamente, no existe razón jurídica ni práctica, para que las personas jubiladas y pensionadas continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión para el fondo de pensiones, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de la prestación consignada en el artículo 123, Apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en tanto, la referida constitución, prevé la jubilación como derecho mínimo de la seguridad social. Luego, dado que los jubilados y pensionados se ubican en una situación legal diferente frente a los trabajadores en activo, porque las cuotas que durante su vida laboralmente activa aporta el trabajador, tienen como objetivo que, una vez satisfechos los requisitos legales, pueda disfrutar de una pensión o renta para su subsistencia, una vez terminada en forma definitiva la relación laboral, por lo que al ubicarse en alguna de las hipótesis legales para obtener una pensión, no puede equiparar esa situación jurídica, frente a quienes aún se encuentran en el período en el que legalmente están aportando las cuotas que les corresponden para en un futuro, acceder a ese derecho, y no hay razón para que los jubilados y pensionados continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión al fondo relativo, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de esa prestación. Así, el derecho a la igualdad general y a la no discriminación, previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implica que las autoridades no traten diferente a individuos en una misma situación jurídica, y proscriben cualquier distinción motivada por razones de género, edad, condición social, religión u otra análoga que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. [.]" Por ende, al existir jurisprudencia que declara la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, este juzgador ya no necesita mayor argumento para justificar el sentido de esta sentencia. Esto es así, dado que el otrora Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa de este Circuito ya dijo que dichos preceptos desatienden los postulados que derivan de los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social y que violan el derecho humano a la igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados); y esa conclusión debe prevalecer en este fallo, por su carácter obligatorio, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. X. DECISIÓN En atención a las consideraciones anteriores, y al resultar fundados los conceptos de violación planteados, conforme a lo establecido en el numeral 77 fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para los efectos siguientes: El Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca no deberá realizar descuentos a partir del primer pago de la pensión en adelante del quejoso Carlos Alfredo Avalos López, con apoyo en la norma declarada inconstitucional e inconvencional en esta sentencia, mientras dure el derecho del nombrado, a percibir la pensión relativa. En el supuesto de que se hayan realizado descuentos al quejoso, el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca; devuelva íntegramente y en una sola exhibición dichos descuentos a Carlos Alfredo Avalos López. En la inteligencia que de haber realizado dichos descuentos, deberá devolver únicamente los que hayan sido retenidos a partir de la fecha en la que se presentó la demanda, a saber, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Lo anterior, tiene sustento en el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ya determinó sobre el tema del reclamo de descuento de pensiones, en el sentido de que cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los efectuados con anterioridad a la presentación de la demanda, fundados en preceptos declarados inconstitucionales por jurisprudencia, se debe conceder la protección constitucional para el efecto de que se reintegren a la parte quejosa los descuentos ya efectuados señalados como acto de aplicación, aun cuando sean posteriores a la presentación de la demanda o su ampliación, así como para que ya no se realicen descuentos posteriores a la pensión respecto de la cual se solicitó el amparo. En dicha resolución, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal expresó que, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social, fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos del amparo únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder comprender la inaplicación de la norma respecto de actos futuros cuando no fueron objeto de reclamo, pues ello es propio del juicio de amparo contra leyes. Pero que, sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen expresamente como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los ya efectuados al momento de la presentación de la demanda, sí procede conceder el amparo contra ellos, al ser inminentes, pues existe certeza de su realización al ser actos de tracto sucesivo, cuya materialización se configura en cada periodo en el que se debe efectuar el pago correspondiente, el cual debe seguir fundándose en la norma general que no ha sido inaplicada de la esfera jurídica de la parte quejosa. Por tanto, al ya haber quedado definido por la Superioridad, los efectos de la concesión del amparo cuando como en la especie, se señalen expresamente como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los ya efectuados al momento de la presentación de la demanda, por ser inminentes, ello conlleva a establecerlos en los términos antes apuntados. El criterio de que se aludido es la jurisprudencia 2a./J. 139/2017 (10a.), de observancia obligatoria en los términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, de rubro y contenido siguientes: "PENSIONES. PROCEDE OTORGAR EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LOS DESCUENTOS FUTUROS E INMINENTES EN APLICACIÓN DE UNA NORMA GENERAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA, SIEMPRE QUE SE HAYAN SEÑALADO COMO ACTOS RECLAMADOS. Cuando en un juicio de amparo indirecto se reclame un ulterior acto de aplicación consistente en un descuento efectuado al monto de una pensión de seguridad social fundado en un artículo declarado inconstitucional por jurisprudencia, los efectos de la protección constitucional únicamente deben consistir en que dicha ley no se aplique al caso concreto, sin poder extenderlos respecto de actos futuros, pues ello es propio del juicio de amparo contra normas generales. Sin embargo, cuando en la demanda de amparo se señalen como actos reclamados los descuentos subsecuentes a los realizados con anterioridad a su presentación o a su ampliación, es jurídicamente posible que los efectos del fallo protector comprendan a dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes; por tanto, en ese caso debe concederse el amparo para el efecto de que se reintegren a la quejosa los descuentos señalados como actos reclamados, en los que se incluyen los subsecuentes hasta que se cumplimente la ejecutoria, así como para que ya no se realicen los posteriores descuentos al monto periódico de la misma pensión respecto de la cual se solicite el amparo". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a ***, contra los actos reclamados al Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, de conformidad con los apartados IX y X del presente fallo. NOTIFÍQUESE.

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