Carlos Antonio Mendoza Ayala
Expediente 19/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 19/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 18/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Antonio Mendoza Ayala
- Joaquín García Hernández
- Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes para que expresaran lo que a sus interés conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, que la autoridad denunciada adujo realizar. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se ocupará de resolver lo que en derecho corresponde en cuanto al cumplimiento del fallo protector. Efectos de la concesión El veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se resolvió la denuncia planteada por ********************, en la que se declaró fundada la pretensión de ésta, fijándose los siguientes efectos para la restitución de la conducta denunciada: "(.) VII. DECISIÓN En consecuencia ante lo fundado de la denuncia interpuesta por ********************, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 210, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena a la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos el oficio 223301EL355435, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el que se resuelve como improcedente la solicitud para el consumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC" conocidos en conjunto como marihuana. 2. En su lugar emita uno nuevo en el que atienda a cabalidad la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno y de resultar procedente, otorgue la autorización solicitada. Para lo cual, debe tener presente que las autorizaciones sólo se otorgan a personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana. Esto es, la declaratoria no tiene como efectos permitir que se autorice el consumo lúdico o recreativo de estupefacientes o psicotrópicos distintos a lo que se conocen como marihuana. De la misma forma, para emitir las autorizaciones deberá precisar que: I) El ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros. II) Ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización. III) No está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. En el entendido que el total cumplimiento a la presente resolución debe efectuarse dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir que cause ejecutoria la misma." Luego, mediante proveído de veintitrés de agosto del año en curso, causo ejecutoria la sentencia dictada en este asunto y se requirió el cumplimiento a las responsables. Actos que la autoridad responsable debía llevar a cabo para cumplir el fallo. Para cumplir con los efectos del fallo de la denuncia, la responsable debía realizar lo siguiente: a) Dejar sin efectos el oficio 223301EL355435, de dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, en el que se resuelve como improcedente la solicitud para el consumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC" conocidos en conjunto como marihuana. b) Emitir uno nuevo en el que atienda a cabalidad la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno y de resultar procedente, otorgue la autorización solicitada. Lo anterior, teniendo presente que las autorizaciones sólo se otorgan a personas adultas, para la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte, exclusivamente del estupefaciente cannabis (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana. Y finalmente, debía precisar: i) El ejercicio del derecho de autoconsumo de cannabis y THC con fines lúdicos o recreativos en ningún caso podrá hacerse afectando a terceros. ii) Ese derecho no deberá ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización. iii) No está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Acciones que la autoridad responsable realizó para acatar la ejecutoria de amparo. Mediante oficio de uno de septiembre del año en curso, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (en lo sucesivo COFEPRIS) en representación de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios y de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, hizo del conocimiento el contenido del oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-21726-2023, de treinta y uno de agosto del actual, con el cual adujó dar cumplimiento a los efectos del fallo de la denuncia. Instrumentos a los que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los normativos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su ordinal 2°. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación, de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Estudio del cumplimiento del fallo protector. Del análisis del informe de cumplimiento de la resolución dictada en este asunto, y de la constancia que la responsable denunciada exhibió, se advierten los aspectos siguientes: Mediante el oficio COFEPRIS-CAS-DEREPSQ-21726-2023, de uno de septiembre de la presente anualidad, dejó sin efectos el diverso comunicado dieciséis de febrero del actual, en el que se resolvió como improcedente la solicitud de la promovente para el consumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" y del psicotrópico "THC" conocidos en conjunto como marihuana; por lo que ordenó la inaplicación de los artículos 235, último párrafo, y 247, último párrafo, ambos de la Ley General de Salud. En tal comunicado, emitió una autorización sanitaria en la que implícitamente declaró procedente la petición de la denunciante; lo anterior, para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas) conocidos en conjunto como marihuana, siguientes: sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, así como para la adquisición legal de la semilla de cannabis (sativa, índica y americana). Por otra parte, indicó a la promovente que le debe informar mediante la presentación de un escrito libre que ingrese en el Centro Integral de Servicios de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, el domicilio en donde serán realizadas las actividades de siembra, cosecha y cultivo que le fueron autorizadas, para que esté en aptitud de ejercer su facultad de vigilancia sanitaria. Asimismo, precisó cuál sería el procedimiento que tenía que seguir para la adquisición legal de las semillas de cannabis con fines lúdicos o recreativos, hasta en tanto se definan en la reglamentación sanitaria los requisitos específicos con ese fin. De igual forma, manifestó que el ejercicio del derecho comprendido en la autorización que realiza, no debe perjudicar a terceros, el cual no debe ser ejercido frente a menores de edad ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hubieran brindado su autorización; también, que no está permitido conducir vehículos u operar máquinas peligrosas bajo los efectos de esas substancias, ni realizar, en general, cualquier otra actividad bajo los efectos de esas substancias que pueda poner en riesgo o dañar a terceros. Finalmente, señaló que la vigencia de esa autorización era por tiempo indeterminado, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 370 de la Ley General de Salud, la cual es de uso personal e intransferible. En esa línea, con las actuaciones descritas anteriormente, la autoridad denunciada directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, acató el fallo dictado en este asunto; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por ordinal 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia sin exceso ni defecto alguno respecto de los actos denunciados al ente público antes mencionado. Se cita de manera ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 201/2009 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese personalmente.
- Denuncia por Incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese la misiva señalada en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, en relación a su contenido, se tiene a la subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso adscrita a la Coordinación General Jurídica y Consultiva de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en suplencia por ausencia de la Coordinadora General Jurídica y Consultiva y en representación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, informando las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento a la resolución dictada en el presente asunto y solicita una prórroga de diez para estar en condiciones de cumplir con lo solicitado. En consecuencia, se reserva acordar lo relativo, hasta en tanto cause ejecutoria el fallo dictado en este asunto. En términos del artículo 9°, primer párrafo y 28, fracción II, de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable de cuenta designando como delegados a las personas que indica y por señalado el domicilio que refiere para oír y recibir notificaciones. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, informa que por auto de veintisiete de febrero de esta anualidad, se declaró firme la resolución en la que se desechó el recurso de queja 37/2023 de su índice, promovido por el quejoso Carlos Antonio Mendoza Ayala; en consecuencia, hágase dicha circunstancia del conocimiento de las partes. Atento a lo anterior, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se desechó la demanda de amparo; quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso j) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio señalado en la cuenta, por medio del cual la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, acusa recibo de la copia certificada de las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 19/2023 y el escrito de expresión de agravios que hizo valer la parte quejosa contra el auto por el que se desechó este expediente. Así mismo, informa que declaró improcedente el recurso hecho valer por el disidente, de lo que se toma nota para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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