Carlos Alfredo Peniche Franco
Expediente 2691/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2691/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Alfredo Peniche Franco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Carlos Alfredo Peniche Franco a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, todos con residencia en la Ciudad de México; así como del Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta capital. SEGUNDO. Aclaración, desechamiento parcial y admisión de la demanda. Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se mandó aclarar la demanda de amparo, la que quedó registrada bajo el número 2691/2022-III-A; y una vez cumplida la prevención, por acuerdo de uno de diciembre de dos mil veintidós, se desechó parcialmente la demanda, por lo que toca a los actos reclamados al Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, y se admitió a trámite respecto de las autoridades restantes. De igual manera, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: De la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán: El acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el expedientillo 378/2022, mediante el cual desechó la solicitud de control judicial por omisiones de la Titular de la Fiscalía Investigadora del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Sexuales, dentro de la carpeta de investigación S1-G2/000079/2022. Del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La iniciativa, discusión, aprobación y promulgación del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Cámara de Diputados y la de Senadores del Congreso de la Unión, así como a la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado; pues así lo manifestaron al momento de rendir sus informes justificados, las dos primeras nombradas por conducto de quienes las representan, esto en el respectivo ámbito de sus atribuciones, por lo que así deberán tenerse para los efectos legales correspondientes del caso. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual manera, es cierto el acto que se atribuye al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pues aun cuando lo negó al rendir su informe justificado, a través de quien lo representa, lo cierto es que no es necesario acreditar la existencia de la norma reclamada, pues basta su publicación en el Diario Oficial respectivo para comprobar esta circunstancia, ya que esa divulgación constituye un hecho notorio para un órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del código supletorio a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, agosto de 2000, visible a página 260, del rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." De igual forma sirve de apoyo a lo anterior, tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, que dice: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. El Juzgador de Amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, ni las partes lo hicieron valer, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por el quejoso, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la litis en relación al precepto legal tildado de inconstitucional. Son infundados los conceptos de violación que hace valer el quejoso, respecto a la inconstitucionalidad del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin que proceda la suplencia de la queja al no encuadrar el caso en alguno de los supuestos a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo; motivo por el cual deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. Como primer concepto de violación, la parte quejosa aduce que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Federal, porque el artículo 258 del Código Procesal Penal impugnado, otorga un trato desigual y discriminatorio en el proceso al imputado, porque de acuerdo a su literalidad, éste no puede sujetar a control judicial las omisiones del fiscal que afecten sus derechos fundamentales. Que lo anterior implica un acto discriminatorio directo cuando la ley -o su aplicación- da a las personas un trato diferenciado invocando un factor prohibido de discriminación -categoría sospechosa- o constitucionalmente inadmisible. Que la aplicación del numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, diferencia o excluye de manera desproporcionada a las personas denunciadas, colocándolas en una situación de desventaja, sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable. Se entiende entonces como discriminación directa pues esa norma produce efectos negativos e impacto desproporcionado contra el investigado en un procedimiento penal, pues al no poder recurrir ante el juez de control los actos u omisiones del fiscal que impliquen violación a sus derechos, lo sitúa en una situación de vulnerabilidad y desventaja, en relación con el denunciante. Por ello, la violación a este principio surge porque el artículo 258 del Código Procesal Punitivo Nacional, de manera explícita contiene una discriminación estructural y sistémica en contra de las personas investigadas por el agente del Ministerio Público. De manera que la norma impugnada no reconoce el trato igualitario y produce resultados desiguales para las partes dentro del proceso penal, teniendo como consecuencia la privación y menoscabo en el acceso a los derechos y la reproducción de la desigualdad', generando la denegación sistémica de poder, de recursos y de acceso a la Justicia. Por lo que al no existir una justificación razonable que implique el por qué la victima u ofendido sí pueden acudir al recurso innominado que prevé el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que se ejerza control judicial sobre los actos u omisiones del fiscal que impliquen su violación de derechos y el por qué la persona investigada no puede hacerlo, debe concluirse que se trata de una norma inconstitucional que vulnera los principios de igualdad y no discriminación tutelados por el artículo 1° de la Constitución Política Federal. Por otra parte, como segundo motivo de inconformidad del artículo tildado de inconstitucional, el solicitante del amparo alega que viola su derecho humano a la adecuada defensa. Lo anterior, porque el derecho de defensa adecuada, previsto en la fracción IX, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ejerce durante y en relación con todas las actuaciones del proceso. Asimismo, expone que ese derecho humano, se ha redimensionado a partir de la reforma constitucional del artículo 1° constitucional, en junio de dos mil once, en cuanto a la incorporación del principio pro-homine como directriz constitucional, por virtud del cual todas las normas relativas a la protección de derechos humanos deberán interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Por lo cual debe interpretarse el contenido del derecho humano de defensa adecuada en materia penal previsto a favor del acusado, para establecer que el ejercicio eficaz y la forma de garantizar el derecho implica que el gobernado, en todas las etapas procedimentales, se encuentre en la posibilidad de ejercerlo, en las formas previstas por la ley. Ahora bien, como se dijo, devienen infundados los conceptos de violación hechos valer, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es inconstitucional, por las razones que se expondrán a continuación. En principio, cabe señalar que el referido numeral establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Dicho precepto regula lo relativo a un recurso innominado que únicamente podrán hacer valer la víctima u ofendido en contra de las determinaciones del Ministerio Público, respecto a abstenciones de investigar, archivo temporal, aplicación de un criterio de oportunidad y del no ejercicio de la acción penal. Es de naturaleza heteroaplicativa, al requerir de un acto de aplicación que incida en la esfera de derechos públicos subjetivos del aquí quejoso, en el caso, se aplicó en el acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictado por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, pues dicho precepto legal le sirvió de fundamento para la competencia y para resolver respecto a que el aquí quejoso, en su carácter de imputado, carece de legitimación para actuar ante dicha autoridad, en contra de los actos de omisión en que estima incurrió el fiscal investigador en la carpeta de investigación que se integra en su contra. La defensa adecuada es una garantía judicial mínima de toda persona imputada por un delito, la cual es indispensable para que exista un debido proceso penal; esto, porque la defensa adecuada representa un derecho instrumental cuya finalidad es garantizar que el poder punitivo del Estado se desplegará a través de un conjunto sucesivo de actuaciones que permitan a la persona acusada defender sus intereses en igualdad de armas que su acusador, asegurando, a la postre, el dictado de una sentencia que cumpla con los requisitos, valores y principios legales y constitucionales que definen a los procedimientos penales. La defensa adecuada en materia penal es un derecho que se garantiza de manera plena y efectiva cuando se ejerce en todas las etapas de un procedimiento de esa naturaleza, sin excepción alguna, con el acompañamiento de un abogado que, por tener el carácter de profesionista en derecho, de inicio, se presume que está en condiciones de apreciar lo que jurídicamente es conveniente para la persona que hace frente a una acusación y proporcionarle la asesoría técnica jurídica necesaria para que responda a la imputación que se formula en su contra. Dicho en otras palabras, la defensa adecuada reviste tal importancia porque permite a la persona imputada la protección de sus intereses y el respeto de sus derechos a través de una persona con conocimientos especializados en la ciencia jurídica, garantiza en mayor medida que el procedimiento penal cumplirá efectivamente con la función, requisitos, valores y principios para los que fue diseñado y, por último, demanda de las autoridades una actitud facilitadora y no obstaculizadora para que la defensa esté cubierta en todo momento. Ahora bien, cabe destacar que el principio de igualdad procesal, encuentra sustento en la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Federal, que establece, en lo conducente, que las partes tendrán igualdad para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. La Primera Sala, al resolver los amparos directos 9/2008 y 16/2008, se pronunció acerca de los alcances de ese principio, y expuso que el principio de igualdad, por virtud del cual las partes deben tener los mismos derechos e idénticas expectativas, posibilidades y cargas procesales, deriva a su vez, de la regla general de la igualdad de los sujetos ante la ley, que exige la supresión de cualquier tipo de discriminación que se base en la raza o el grupo étnico, el sexo, la clase social o el estatus político, esto es, la igualdad entre todos los seres humanos respecto de los derechos fundamentales, es el resultado de un proceso de gradual eliminación de discriminación, y por consiguiente, de unificaciones de todo aquello que venía reconociendo como idéntico, una naturaleza común del hombre por encima de toda diferencia de sexo, raza, religión, etcétera. Dentro de la garantía del debido proceso legal, que permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses de forma efectiva, está implícita la igualdad procesal, ya que ese acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos, debe realizarse en condiciones de igualdad procesal, esto es, las partes en el proceso deben tener una idéntica oportunidad tanto para alegar como para probar lo que consideren oportuno. La Sala argumentó que la prohibición de que se produzca indefensión, constituye una garantía que implica el respeto del esencial principio de contradicción, de modo que los contendientes en posición de igualdad, dispongan de las mismas oportunidades de alegar y probar cuanto estimen conveniente, lo que significa que en todo proceso debe respetarse el derecho de defensa contradictorio de las partes contendientes, mediante la oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos e intereses. Así, se estimó que el debido proceso legal existe cuando un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables; puesto que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, y para tal fin, atiende al conjunto de actos de diversas características generalmente reunido bajo el concepto de debido proceso legal, con base en el cual, los tribunales deben dirimir los conflictos sobre los derechos de las personas mediante un procedimiento que otorgue a las partes una posibilidad efectiva e igual de defender sus puntos de vista y ofrecer pruebas en apoyo de sus pretensiones. Con base en ello, la garantía del debido proceso legal, permite a los justiciables acceder a los órganos jurisdiccionales para hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal; por efectiva, se debe entender que el principio de igualdad procesal sea capaz de producir las consecuencias para las que fue creado. En ese contexto, en el citado precedente se concluyó que en el proceso penal, el equilibrio de los sujetos procesales es de suma importancia, pues debe concedérseles iguales condiciones procesales de manera que ninguno de ellos quede en estado de indefensión. Aunado a lo anterior, la Primera Sala estima que el principio de igualdad procesal se relaciona, a su vez, con los principios de igualdad ante la ley y entre las partes, previstos, respectivamente, en los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esos términos, las partes procesales que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación y la defensa, según sea el caso. En ese tenor, corresponde a las autoridades que intervengan en el procedimiento penal, emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar la igualdad de las partes, sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen. Asimismo, el principio de igualdad ante la ley impone un mandato de no discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas; y en el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Por lo demás, la observancia de los principios de igualdad ante la ley y entre las partes implica, asimismo, que durante el proceso penal los Jueces están obligados a proporcionar a las partes un trato digno e idéntico, de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulneraría el principio de igualdad procesal. También ha destacado la Primera Sala, que el principio de igualdad se encuentra contenido en el artículo 1o. de la Constitución General, a través de la prohibición de discriminación; así como en los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1.1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el preámbulo y artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En cuanto al principio de igualdad y no discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que "la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona". Así, ha sostenido que "resulta incompatible con la dignidad humana toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que se reconocen a quienes no se consideran en tal situación de inferioridad". Con todo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también ha referido en diversas ocasiones, que "no toda distinción de trato puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana". De manera similar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria. En efecto, de acuerdo con la doctrina del Alto Tribunal, la distinción y la discriminación son términos jurídicamente diferentes: la primera constituye una diferencia razonable y objetiva, mientras que la segunda, constituye una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. Así, un trato será discriminatorio siempre que la distinción se encuentra injustificada, es decir, si carece de una razón válida desde el punto de vista constitucional. Para poder evaluar si una determinada disposición normativa es compatible con el principio de igualdad y no discriminación en su vertiente de igualdad ante la ley, es indispensable verificar, en primer lugar, si el legislador efectivamente estableció una distinción en la ley, ya sea por exclusión tácita o por exclusión expresa. Una vez establecido lo anterior, el siguiente paso consiste en determinar si tal distinción encuentra justificación constitucional. Para ello, debe determinarse si la misma incide en una categoría sospechosa, conforme al artículo 1o. constitucional, en cuyo caso correspondería aplicar un test estricto de igualdad; o si la misma, al no incidir en alguna de dichas categorías, debe ser analizada bajo un test ordinario. En ese orden de ideas, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lejos de vulnerar el derecho fundamental de igualdad procesal, constituye propiamente una manifestación del mismo, al otorgarle a la víctima u ofendido del delito, la posibilidad de impugnar ante el Juez de Control, las determinaciones del Ministerio Público relativas a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal, y en general, cualquiera acto u omisión que implique la paralización, suspensión o terminación de la investigación. Pues con ello, como lo señaló la Primera Sala, al resolver la contradicción de tesis 177/2020, se le garantiza su derecho de acceso a la justicia, priorizando la protección de sus derechos y asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal, al permitirle combatir las citadas determinaciones ministeriales, que inciden en contra de sus derechos o intereses, ante una eventual terminación anticipada del proceso. De esta manera, si la idea de igualdad procesal se condensa en que las partes en el proceso deben tener una idéntica oportunidad tanto para alegar como para probar lo que consideren oportuno. Entonces, queda de manifiesto que a través del medio de defensa innominado que establece el numeral tildado de inconstitucional, la víctima encuentra una forma de equilibrio respecto de sus derechos e intereses, respecto de las atribuciones del Ministerio Público con relación a la investigación, y las consecuencias que estas pueden representar en favor del imputado. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Amparo en Revisión 975/2017 de su índice, abordó el tema de constitucionalidad del precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, entre otros, que dicho artículo se limita a establecer un recurso judicial en contra de ciertas determinaciones dictadas por el Ministerio Público durante la investigación, específicamente la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Tampoco contraviene lo dispuesto en los artículos 16 y 20 Constitucionales, puesto que no existe violación al principio de igualdad contenido en el artículo 1o constitucional, pues este emite la prohibición de discriminación contenida en los artículos 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el preámbulo y artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 1.1 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que el precitado artículo no establece una distinción entre los derechos de la víctima u ofendido y los del imputado, por lo que no puede estimarse contrario al principio de igualdad y no discriminación. Es decir, no se viola el principio de igualdad, atendiendo al nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, asociado a los derechos humanos, y donde se prioriza la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal. Y sin que el hecho de que no proceda el recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en contra de las omisiones del Ministerio Público en la carpeta de investigación, implique que se ubique al imputado en estado de indefensión; pues en todo caso, tendrá expedita la vía del amparo indirecto, como lo dilucidó la Primera Sala en las contradicciones de tesis 233/2017 y 177/2020. De igual manera, dicho dispositivo legal no contraviene lo dispuesto por el artículo 1o de la Constitución, dado que no se advierte violación al derecho de igualdad jurídica, así como al principio pro persona y debido proceso. Ello es así, a virtud que el artículo 1o. Constitucional señala: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." Del análisis del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se advierte que atente contra la dignidad humana; o, en su caso, su contenido sea discriminatorio por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones, posición económica, nacimiento o por cualquier otra condición; y, que vulnere derechos fundamentales contenidos en la propia Constitución. Ello es así, pues tal como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tales derechos se respetan cuando se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales; de ahí que no cualquier trato diferenciado está prohibido, sino sólo aquel que no está justificado en una base objetiva y razonable; y, en el caso concreto, se cumplen con esos principios, como ya se explicó. Por lo que no se advierte que la inconstitucionalidad que alega el quejoso del precitado artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, encuentre sustento legal porque en el caso, no existe desigualdad, por el solo hecho de establecer un procedimiento especial regulado por la propia legislación de la materia, y que se establece en razón de dar a la parte víctima u ofendida la posibilidad de impugnar ante el Juez de Control, las determinaciones del Ministerio Público que argumentan vulneran sus derechos. Esto es, en tutela judicial efectiva, la parte quejosa tiene expedito el derecho para controvertir, en todo caso, los acuerdos del representante social por algún otro medio extraordinario u ordinario de defensa que se encuentre a su alcance para analizar la legalidad de esa determinación. Lo que también es acorde con lo resuelto por la Primera Sala, cuando sostuvo que no soslayaba que las determinaciones u omisiones del representante social, pudieran causar afectación a los derechos fundamentales del imputado; sin embargo, para ese caso específico, tenía la posibilidad de acudir directamente al amparo biinstancial. Así es, al resolver la contradicción de tesis 233/2017, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desarrolló los alcances del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con relación a la víctima u ofendido. En la ejecutoria correspondiente, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal expuso, en esencia, que a partir de la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho, en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconocieron diversos derechos en favor de las víctimas u ofendidos del delito, entre los cuales se encuentra el derecho a impugnar las omisiones y determinaciones del Ministerio Público dictadas en la investigación de los delitos. Derecho que también quedó previsto en el artículo 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual señala: En dicho numeral se otorga a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, así como las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación. De igual modo se subrayó que el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Norma Suprema, estableció la figura de los Jueces de control quienes tenían encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requirieran control judicial. Además, debían garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora fuera apegada a derecho, por lo que les correspondía resolver las diligencias que requirieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. También en la precitada ejecutoria, se destacó que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales permitía impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las cuales en general constituían actuaciones del Ministerio Público que tenían como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que bien podía entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadraban en ese supuesto, ya que suponían la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional que la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal realizó de los artículos citados, obtuvo que la víctima u ofendido podían impugnar ante el Juez de control no solamente las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, sino también las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Ahora bien, cabe destacar en el artículo 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reconocen los derechos de los imputados. Entre esos derechos, no se encuentra literalmente previsto el que pueda impugnar ante la autoridad judicial los actos a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ni las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación; a diferencia de la víctima u ofendido, quienes sí tienen reconocido tal derecho en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional y el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello obedece a que la intención del legislador ha sido darle mayor presencia a las víctimas u ofendidos en el proceso penal, en aras de proteger sus derechos fundamentales, por lo que en el nuevo paradigma procesal penal, acorde al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se otorga a las víctimas u ofendidos el derecho fundamental a impugnar la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal así como las omisiones del Ministerio Publico en la etapa de investigación; no así al imputado o a quien se ostente con tal carácter. Del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que las determinaciones del Ministerio Público consistentes en la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, pueden ser impugnadas por la víctima u ofendido ante el Juez de control. Además, acorde a la interpretación funcional y extensiva que de los artículos 16, párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 233/2017, se concluyó que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor durante la etapa de investigación, que tuvieran como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, debían estar sujetas a control judicial y como las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadraban en ese supuesto, al suponer la paralización de la función investigadora, entonces, a través del recurso previsto en el artículo 258 del Código Nacional del Procedimientos Penales, la autoridad judicial rectora podía ordenar que el Ministerio Público continuara realizando la investigación correspondiente. Bajo esa línea de consideraciones, el recurso innominado tiene por objeto que el Juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de la investigación, pues al determinar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; y, que quienes tienen derecho a hacer valer tal medio de defensa ordinario son únicamente la víctima u ofendido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 157/2022 (11a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 799, del Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025581, que señala: "DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL RECONOCIDO EN LA FRACCIÓN V DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO LO VULNERA. Hechos: Se inició la correspondiente carpeta de investigación en contra de una persona por el delito de homicidio culposo; el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal y su archivo definitivo. Decisión que fue impugnada por la parte ofendida a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, ante la inasistencia injustificada de la promovente y de sus asesores jurídicos a la audiencia a que se refiere el citado precepto legal, el Juez de Control declaró sin materia el medio de defensa. Inconforme con lo resuelto, la persona ofendida promovió amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad del citado artículo, por considerar que vulneraba el derecho fundamental de igualdad procesal, bajo el argumento de que con esa determinación se le impuso una sanción que no se le aplicaba al Ministerio Público cuando no asistía a la misma audiencia, pues únicamente se le imponía una multa y la diligencia se reprogramaba; sin soslayar que en el Código Nacional de Procedimientos Penales había supuestos en los que prevalecían los derechos de las víctimas e imputados, respecto de las reglas procesales, como cuando el Ministerio Público no formulaba la acusación en el plazo de quince días, en términos de su artículo 324, en el que no se decretaba sobreseimiento, sino que de acuerdo con su artículo 325, el Juez de Control lo hacía del conocimiento del superior jerárquico del omiso, para que en el plazo de quince días se pronunciara al respecto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la porción normativa: "... En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación", prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, previsto en la fracción V del apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal. Justificación: El principio de igualdad procesal encuentra sustento en la fracción V del apartado A del artículo 20 de la Constitución Federal, que establece que las partes tendrán igualdad para sostener la acusación o la defensa, respectivamente. En ese orden de ideas, corresponde a las autoridades que intervengan en el procedimiento penal emprender las acciones y verificar que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar la igualdad de las partes, sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes que de ellos emanen; asimismo, el principio de igualdad ante la ley impone un mandato de no discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas; y en el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera. Así, la observancia de los principios de igualdad ante la ley y entre las partes, implica que durante el proceso penal los Jueces están obligados a proporcionar a las partes un trato digno e idéntico, de manera que no pueden privilegiar a un sujeto en el debate con algún acto procesal que le proporcione una ventaja indebida frente a su contrario, pues de ser así, se vulneraría el principio de igualdad procesal. Consecuentemente, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al otorgarle a la víctima u ofendido del delito la posibilidad de impugnar ante el Juez de Control las determinaciones del Ministerio Público relativas a la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal y, en general, cualquier acto u omisión que implique la paralización, suspensión o terminación de la investigación, lejos de vulnerar el derecho fundamental de igualdad procesal constituye propiamente una manifestación del mismo, pues con ello se le garantiza su derecho de acceso a la justicia, priorizando la protección de sus derechos y asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal, al permitirle combatir las citadas determinaciones ministeriales que inciden en contra de sus derechos o intereses, ante una eventual terminación anticipada del proceso. De esta manera, si la idea de igualdad procesal se condensa en que las partes en el proceso deben tener una idéntica oportunidad tanto para alegar como para probar lo que consideren oportuno, entonces queda de manifiesto que a través del medio de defensa innominado que establece el citado artículo, la víctima encuentra una forma de equilibrio entre sus derechos e intereses, respecto de las atribuciones del Ministerio Público con relación a la investigación y las consecuencias que éstas pueden representar en favor del imputado. Y en cuanto a la consecuencia jurídica que se atribuye a la inasistencia injustificada de la víctima u ofendido a la correspondiente audiencia, en el sentido de que el Juez de Control declare sin materia el medio de impugnación instado por la misma, encuentra su razonabilidad al tenor del respeto a los principios de contradicción, oralidad y publicidad que rigen el sistema penal acusatorio y, por tanto, por sus peculiaridades no puede compararse, vis a vis, con otros supuestos legales. Consecuentemente, la porción normativa "... En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación" prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulnera el derecho fundamental de igualdad procesal, a que se refiere la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional." La tesis de jurisprudencia 1a./J. 156/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 805, del Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025579, que dice: "DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y 10 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO LO VULNERA. Hechos: Se inició la correspondiente carpeta de investigación en contra de una persona por el delito de homicidio culposo; el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal y su archivo definitivo. Decisión que fue impugnada por la parte ofendida a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, ante la inasistencia injustificada de la promovente y de sus asesores jurídicos a la audiencia a que se refiere el citado precepto legal, el Juez de Control declaró sin materia el medio de defensa. Inconforme con lo resuelto, la persona ofendida promovió amparo indirecto en el que reclamó la inconstitucionalidad del citado artículo, por considerar que vulneraba el derecho fundamental de igualdad ante la ley, bajo el argumento de que consignaba una sanción para el ofendido o la víctima del delito, al ordenar que se declarara sin materia el recurso innominado, por no asistir a la audiencia respectiva, con lo que se le daba un trato diferenciado respecto del Representante Social y el imputado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la porción normativa: "... En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación", prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal y 10 del ordenamiento procesal de referencia. Justificación: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado que el principio de igualdad se encuentra contenido en el artículo 1o. de la Constitución Federal, a través de la prohibición de discriminación; de igual forma ha señalado que no toda diferencia en el trato hacia una persona o grupo de personas es discriminatoria. En efecto, de acuerdo con la doctrina de este Alto Tribunal, la distinción y la discriminación son términos jurídicamente diferentes: la primera, constituye una diferencia razonable y objetiva; mientras que la segunda, una diferencia arbitraria que redunda en detrimento de los derechos humanos. Así, un trato será discriminatorio siempre que la distinción se encuentre injustificada, es decir, si carece de una razón válida desde el punto de vista constitucional. Para poder evaluar si determinada disposición normativa es compatible con el principio de igualdad y no discriminación en su vertiente de igualdad ante la ley, es indispensable verificar, en primer lugar, si el legislador efectivamente estableció una distinción en la ley, ya sea por exclusión tácita o por exclusión expresa. Establecido lo anterior, el siguiente paso consiste en determinar si tal distinción encuentra justificación constitucional; para ello, se debe determinar si la misma incide en una categoría sospechosa, conforme al artículo 1o. constitucional, en cuyo caso correspondería aplicar un test estricto de igualdad, y si no incide en alguna de esas categorías, debe ser analizada bajo un test ordinario. En ese orden de ideas, no se aprecia que el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establezca alguna distinción entre los derechos de la víctima u ofendido y los del imputado, por lo que no puede estimarse contrario al principio de igualdad. Máxime que el recurso innominado previsto en dicho numeral, como lo señaló esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis 177/2020, le corresponde en exclusiva a la víctima u ofendido del delito, en quien recaen las obligaciones procesales de impulsarlo. En tanto que el Ministerio Público es quien, en su caso, resentirá la decisión que adopte el Juez de Control, porque el medio de impugnación se interpone en contra de sus determinaciones, actos u omisiones dentro de la integración de la correspondiente indagatoria. En consecuencia, al no advertirse la existencia de algún trato diferenciado entre las víctimas u ofendidos del delito y alguna de las otras partes procesales, es claro que el precepto impugnado no viola el derecho fundamental de igualdad ante la ley." El criterio jurisprudencial 1a./J. 155/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 802, del Libro 20, Diciembre de 2022, Tomo I, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2025578, que menciona: "DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, NO LO VULNERA, SINO QUE LO GARANTIZA. Hechos: Se inició la correspondiente carpeta de investigación en contra de una persona por el delito de homicidio culposo; el Ministerio Público determinó el no ejercicio de la acción penal y su archivo definitivo. Decisión que fue impugnada por la parte ofendida a través del recurso innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, ante la inasistencia injustificada de la promovente y de sus asesores jurídicos a la audiencia a que se refiere el citado precepto legal, el Juez de Control declaró sin materia el medio de defensa. Inconforme con lo resuelto, la persona ofendida promovió amparo indirecto, en el que reclamó la inconstitucionalidad del citado artículo, por estimar que vulneraba su derecho fundamental de acceso a la justicia, porque ante su inasistencia a la correspondiente diligencia, se declaró sin materia el medio de defensa que promovió, y no se establecía recurso alguno en contra de esa determinación judicial. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las porciones normativas: "... En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de Control declarará sin materia la impugnación" y "La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno", previstas en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no vulneran el derecho fundamental de acceso a la justicia, sino que lo garantizan. Justificación: La adopción de medidas legislativas gravosas, como el dejar sin materia el medio de impugnación innominado o la improcedencia de recurso alguno en contra de esa resolución, en los términos que se establecen en el artículo 258 citado, están orientadas a incentivar que las partes asistan a las audiencias, a efecto de que se refuerce la efectividad de los derechos humanos de audiencia y de acceso a la justicia de las personas víctimas u ofendidas del delito; lo que no sucede si la decisión de asistir a la diligencia se deja a su arbitrio, pues con ello se motivaría su ausencia, en contravención a los principios constitucionales que rigen el proceso penal acusatorio. En efecto, el hecho de que no proceda recurso alguno en contra de la resolución que se dicta en la audiencia que prevé el artículo de referencia, busca preservar los principios de celeridad y concentración; fines mediatos que guardan relación de dependencia con los principios constitucionales de contradicción, oralidad y publicidad que rigen el sistema penal acusatorio. Ello, porque la medida, al buscar dar celeridad a los procesos y un efecto útil o consecuencia al hecho de no asistir a la respectiva audiencia (sin que pueda entenderse estrictamente como una sanción), tiene también la finalidad legítima y mediata de que la víctima u ofendido del delito asista a la audiencia, a efecto de que genere la información necesaria para que el Juez dirima la controversia sometida a su consideración, con base exclusivamente en esa información; así, su inasistencia injustificada implica la ausencia de exposición de agravios que le brinden méritos a la impugnación y, con ello, la carencia de material sobre el que se pueda pronunciar el juzgador. Además, conforme al principio jurídico nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nadie puede alegar a su favor su propia torpeza o dolo o no puede ser escuchado el que invoca su propia culpa), los tribunales no deben amparar situaciones en las que la supuesta vulneración de los derechos fundamentales del actor, se deriven de una actuación negligente, dolosa o de mala fe; cuando ello ocurre, es decir, cuando el particular pretende aprovecharse del propio error, dolo o culpa, se ha justificado la aplicación de ese principio, como una forma de impedir el acceso a ventajas indebidas o inmerecidas dentro del ordenamiento jurídico; por lo que la persona está, prima facie, imposibilitada jurídicamente de obtener beneficios originados de su actuar doloso o negligente. En ese orden de ideas, si la víctima u ofendido fueron debidamente notificados de la celebración de la audiencia a que se refiere el precepto legal de referencia, y de manera injustificada deja de asistir, la consecuencia jurídica necesaria es que el Juez declare sin materia la correspondiente impugnación. Resolución que no admite recurso alguno, porque el faltista no puede alegar en su favor su propia negligencia o dolo de haber estado ausente en la audiencia, y pretender beneficiarse así del incumplimiento a una obligación procesal que, además, está orientada a proteger de manera más efectiva su propio derecho de acceso a la justicia. Consecuentemente, resulta razonable que no se admita recurso ordinario alguno en contra de la resolución que dicte el Juez de Control, en el sentido de declarar sin materia el medio de impugnación innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando la persona víctima u ofendida del delito, injustificadamente deja de asistir a la correspondiente audiencia, estando debidamente notificada para ello, pues esa medida encuentra justificación en la plena vigencia de los principios de contradicción, oralidad y publicidad que rigen el sistema penal acusatorio. Y sin que el hecho de que no proceda recurso ordinario alguno en contra de la citada resolución, implique que se le ubique en estado de indefensión, pues en todo caso, tendrá expedita la vía del amparo indirecto." La jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la foja 1841, del Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2023531, de rubro u texto siguientes; "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta." Así como la tesis de jurisprudencia PC.I.P. J/61 P (10a.), emitida por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1430, del Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2021064, que señala: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN LAS DETERMINACIONES MINISTERIALES QUE SEÑALA O EN OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EL IMPUTADO O QUIEN SE OSTENTE CON TAL CARÁCTER NO ESTÁ OBLIGADO A AGOTAR TAL RECURSO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a los sujetos legitimados para interponer el medio de impugnación que prevé, señala únicamente a la víctima u ofendido, por lo que ante su redacción restrictiva, el imputado o quien se ostente con tal carácter no está obligado a impugnar ante el Juez de Control las actuaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad, el no ejercicio de la acción penal o sus omisiones que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, al imputado o a quien se ostente con tal carácter no le es exigible agotarlo antes de promover el juicio de amparo indirecto, pues condicionarlo a ello representa imponerle una exigencia excesiva y carente de razonabilidad al no estar autorizado por el texto expreso de la ley para interponer dicho medio ordinario de defensa, aunado a que implicaría generarle cargas adicionales, como interponer otros recursos contra la eventual negativa del Juez de Control de admitir ese medio de impugnación en la vía ordinaria, lo que además pugna con el derecho fundamental de acceso a la justicia." Por lo anteriormente expuesto, al no advertirse la existencia de algún trato diferenciado entre las víctimas u ofendidos del delito y el imputado, es claro que el precepto impugnado, no viola los derechos fundamentales de éste. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos respecto al artículo tildado de inconstitucional, se niega al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión que solicita. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación en relación al acto de aplicación. Resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, por lo que deberá negarse el amparo y protección de la justicia de la unión que solicita. En el caso, toda vez que no se consideró inconstitucional el artículo reclamado por el quejoso, se procede al estudio de los conceptos de violación hechos valer por vicios propios respecto al acto de aplicación. Es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Como conceptos de violación la parte quejosa aduce que la determinación impugnada vulnera sus derechos fundamentales, porque la juez responsable desestimó el recurso innominado que interpuso en contra de las omisiones que incurrió el Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, por lo que debió hacer una interpretación conforme en sentido amplio e inaplicar el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la porción referente a que dicho recurso innominado, sólo es aplicable para la víctima u ofendido. Ello, con base en la jurisprudencia 1a./J. 4/2016 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de4.Justicia de la Nación, que es obligatoria porque asi lo dispone el artículo 217 de la Ley de Amparo, y que se encuentra localizable en la página 430, Gaceta del Semanario Judicial de la' Federación. Libro 27, febrero de 2016, Tono I, Décima Época, que dice: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PAR SU EJERCICIO." Tales argumentos, como se dijo, son infundados, sin que este juzgado de distrito advierta deficiencia que amerite suplir la queja, en términos del inciso a), de la fracción III, del artículo 79 de la Ley de Amparo, según se desprende del estudio integral del asunto. Así es, al resolver la contradicción de tesis 177/2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó si el imputado o quien se ostente como tal, está o no obligado a interponer el medio de defensa innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 9/2021 (11a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1841, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, Común, Undécima Época de rubro: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO". En dicho precedente, como se ve, si bien la Sala Constitucional centró su análisis sobre la procedencia del juicio de amparo conforme al principio de definitividad; hizo un importante pronunciamiento en cuanto a la parte legitimada para interponer el medio de impugnación a que se refiere el artículo 258, pues sostuvo que corresponde únicamente interponerlo a la víctima u ofendido y no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador. Así, tomando en cuenta lo analizado en cuanto a la inconstitucionalidad de dicho precepto legal, se advierte que la determinación de la juez responsable se encuentra debidamente fundada y motivada, sin que vulnere en perjuicio del imputado, aquí quejosos, sus derechos fundamentales. En efecto, el pronunciamiento de la juez responsable es acorde con la doctrina constitucional de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, básicamente, al sostener que, por tratarse de la persona investigada, no tenía la legitimación que exige el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales en el que se establece expresamente que quien puede interponerlo es la persona que tiene calidad de víctima u ofendido. Asimismo, la norma no señala si hay calidad alguna de la cual se desprenda que también el imputado pueda accionar ese mismo recurso, porque eso ya escapa a la naturaleza por completo de lo que ahí estableció el legislador. Es decir, señaló la responsable, las cuestiones atinentes o que pueden ser en perjuicio del imputado, no guardan relación expresa con lo que ahí se refiere, esto es, omisiones que pongan o que paralicen una investigación o bien que sean las del no ejercicio de la acción penal, abstención de investigar, archivo temporal o criterio de oportunidad. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 9/2021 (11a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1841, Materia Penal, Común, de contenido literal siguiente: "MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta." De igual manera, cabe señalar que no pasa inadvertido que, en tutela judicial efectiva, la parte quejosa tiene expedito el derecho para controvertir, en todo caso, los acuerdos del representante social por algún otro medio extraordinario u ordinario de defensa que se encuentre a su alcance para analizar la legalidad de esa determinación. Lo que también es acorde con lo resuelto por la Primera Sala, cuando sostuvo que no soslayaba que las determinaciones u omisiones del representante social, pudieran causar afectación a los derechos fundamentales del imputado; sin embargo, para ese caso específico, tenía la posibilidad de acudir directamente al amparo biinstancial. Así, el juez responsable no vulneró los principios que rigen el sistema penal acusatorio y, por tanto, se reitera, la determinación reclamada se encuentra debidamente, fundada y motivada, conforme al artículo 16 constitucional. Además, si bien es cierto que el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece esencialmente que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal sino también aquéllos que derivan de los tratados internacionales que la Nación tenga suscritos en materia de derechos humanos, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate (principio pro persona). También lo es, que dicho principio de manera alguna implica que la solicitud planteada, necesariamente deba ser resuelta conforme a sus pretensiones, pues el principio pro persona no es constitutivo de derechos cuando la interpretación que de éste se pretende no encuentra sustento en las reglas de derecho que sí resultan aplicables. Al caso, se invoca la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el tomo 2 del libro XXV, octubre de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Por lo anteriormente señalado, estuvo en lo correcto la juez responsable al considerar que carece de legitimación y no acceder a la petición del aquí quejoso, al ejercer el control judicial ante las omisiones que considera incurrió el Fiscal investigador en la carpeta de investigación que se le sigue. En consecuencia, al haber resultado infundados los conceptos de violación aducidos, lo que legalmente procede es negar al quejoso CARLOS ALFREDO PENICHE FRANCO, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CARLOS ALFREDO PENICHE FRANCO, en contra de los actos que reclama del Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todos con residencia en la Ciudad de México; por los motivos señalados en la consideración sexta de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a CARLOS ALFREDO PENICHE FRANCO, en contra del acto que reclama del así como de la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta capital; por las razones expuestas en la consideración sexta de este fallo. TERCERO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración séptima de esta sentencia. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la considerción octava de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos incidentales, se acuerda: agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio signado por el la Subdirectora de Área adscrita a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve el oficio 2662/2023, de dos de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que el destinatario correcto es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México. Al efecto, toda vez que de autos se advierte que la autoridad responsable en este asunto es el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, con residencia en la Ciudad de México, reexpídase el citado oficio, a fin de que tenga conocimiento de la interlocutoria dictada en el presente incidente de suspensión. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Vistos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2691/2022-III-A, promovido por********************, contra los actos que reclama a la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, ANTECEDENTES PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo******************** solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades siguientes: Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Oral, Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el uno de diciembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio principal, se admitió la demanda de amparo, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos y se solicitó a las autoridades responsables sus informes previos. TERCERO. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo el ocho de diciembre de dos mil veintidós, respecto a las autoridades responsables locales y se difirió en lo tocante a las diversas responsables foráneas Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todas con sede en la Ciudad de México, celebrándose al tenor del acta precedente. CONSIDERACIONES PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hizo consistir en: Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Congreso de la Unión integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, todos con residencia en la Ciudad de México. La iniciativa, discusión, aprobación y promulgación del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. SEGUNDA. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades responsables foráneas Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todas con sede en la Ciudad de México, en virtud de así haberlo reconocido expresamente quienes rindieron en su respectiva representación, los informes previos correspondientes. TERCERA. En el caso, respecto de los actos reclamados consistentes en la iniciativa, discusión, aprobación y promulgación del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en principio se debe analizar la naturaleza de tales actos, los cuales se tratan de consumados, por lo que con fundamento en los artículos 128 interpretado en sentido contrario y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, ya que la iniciativa, discusión, aprobación y promulgación de la norma impugnada ya se llevó acabo, de manera que el análisis de la legalidad y constitucionalidad de ésta se realizará al momento de dictarse la sentencia en el juicio principal. Tiene aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Sirve también de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 382, consultable en la página 412, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 911315, que indica: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." Así como la jurisprudencia VI.2º.C.J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775, Tomo X, julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193722, que señala: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de las leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA a********************, la suspensión definitiva del acto que reclama de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todas con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese y cúmplase. Así lo resolvió y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado con quien actúa. Doy fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe previo rendido por el Director General de lo Contencioso y Procedimientos Constitucionales de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, relaciónese en la audiencia incidental relativa. De igual manera, por cuanto hace a la citada autoridad responsable, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto, así como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en su informe de cuenta. Notifíquese y cúmplase.
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