Carlos Alfredo Evia Salazar
Expediente 555/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 22 actuaciones registradas, la última del 17 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 555/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 17/09/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Alfredo Evia Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de tres de septiembre del actual año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se realizó el siete de septiembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia dictada el tres de julio de dos mil dieciocho, se estimó que el acto reclamado resultó violatorio de derechos fundamentales en perjuicio de la parte quejosa, toda vez que el emplazamiento que se le hizo no cumplió con los requisitos establecidos por los artículos 26 y 27 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Por lo que el efecto protector del amparo, lo fue para que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, dejara insubsistente la diligencia de emplazamiento realizada en el juicio ordinario civil 695/2016 y todo lo actuado a partir de la misma, únicamente por lo que hace al quejoso Carlos Alfredo Evia Salazar y ordenara lo conducente a fin de que el actuario que corresponda lo emplace a juicio. Así, por auto de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez responsable, mediante oficio 2507/2018 de seis de agosto último (foja 78), remitió la transcripción de auto de la misma fecha, que pronunció para tal fin, en el que dejó insubsistente el emplazamiento realizado al citado Carlos Alfredo Evia Salazar el día uno de septiembre de dos mil dieciséis, y en consecuencia todas las actuaciones procesales efectuadas con posterioridad a dicha diligencia, incluyendo aquellas dictadas en ejecución de sentencia. Asimismo, en dicho proveído, se ordenó practicar de nueva cuenta al aquí quejoso, la diligencia de emplazamiento ordenada en auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Por su parte, la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Distrito Judicial del Estado, residente en esta capital, por oficio sin número, de treinta de agosto último (foja 86), remitió copia certificada de las constancias correspondientes al citado proveído de seis de agosto del presente año, en el cual se ordenó el emplazamiento del aquí quejoso, así como la razón actuarial levantada por dicha funcionaria correspondiente a tal encomienda. En consecuencia, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que la Juez responsable se encontraba constreñida a dejar insubsistente la diligencia de emplazamiento del aquí quejoso al juicio ordinario civil 695/2016 de su índice, así como todo lo actuado a partir de la misma y hecho ello, ordenara al actuario correspondiente realizarlo nuevamente. Lo que así se hizo, acreditándolo dichas autoridades fehacientemente con las constancias que remitieron para tal efecto, de las cuales se hace relación en párrafos anteriores De ahí que se considere destruido el acto atribuido a las autoridades responsables y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por otra parte, tocante a los escritos de las partes quejosa y tercera interesada, de los que se hizo relación en proveído de trece de los corrientes y por los que realizan manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de emparo por las autoridades responsables, conviene precisar que, no obstante el resultado de la diligencia ordenada por la Juez responsable, que en el caso como se desprende de la constancia actuarial respectiva (foja 88), no le fue posible a la actuaria de la adscripción cumplir con lo encomendado, toda vez que en el domicilio en que se constituyó para tal efecto, le fue informado que no habita el impetrante. En tal virtud, la circunstancia de que no se haya consumado el emplazamiento, no conlleva a considerar el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues la actuación por parte de las autoridades responsables, se ajustó a los lineamientos de la misma, por lo cual corresponderá a la parte actora realizar las gestiones pertinentes para lograr el emplazamiento del demandado, aquí quejoso. Aunado a lo anterior, cabe señalar que ante tal circunstancia, el aquí quejoso no puede válidamente alegar desconocimiento del procedimiento natural, pues mediante esta vía constitucional tuvo conocimiento de manera exacta y completa de las actuaciones que conforman el juicio ordinario civil 695/2016, promovido en su contra. En consecuencia, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, hágase del conocimiento del quejoso, que a partir de la notificación de este acuerdo, se encuentra a su disposición para su entrega, el billete de depósito número N-837971, expedido por la sucursal en esta ciudad de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, moneda nacional), mismo que exhibió en autos del incidente de suspensión relativo a este juicio, para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva que en su oportunidad se le concedió. Para lo cual, deberá acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional con una identificación oficial; con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro del plazo establecido en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se procederá en los términos que precisa el aludido dispositivo, de conformidad con el numeral 29, último párrafo, del mismo ordenamiento legal. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Mérida, Yucatán, diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de tres de septiembre del actual año, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito, se realizó el siete de septiembre de dos mil dieciocho; en consecuencia, al haber transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Mediante sentencia dictada el tres de julio de dos mil dieciocho, se estimó que el acto reclamado resultó violatorio de derechos fundamentales en perjuicio de la parte quejosa, toda vez que el emplazamiento que se le hizo no cumplió con los requisitos establecidos por los artículos 26 y 27 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán. Por lo que el efecto protector del amparo, lo fue para que la Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, dejara insubsistente la diligencia de emplazamiento realizada en el juicio ordinario civil 695/2016 y todo lo actuado a partir de la misma, únicamente por lo que hace al quejoso Carlos Alfredo Evia Salazar y ordenara lo conducente a fin de que el actuario que corresponda lo emplace a juicio. Así, por auto de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la referida sentencia protectora de derechos, por lo que se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la ejecutoria de amparo, la Juez responsable, mediante oficio 2507/2018 de seis de agosto último (foja 78), remitió la transcripción de auto de la misma fecha, que pronunció para tal fin, en el que dejó insubsistente el emplazamiento realizado al citado Carlos Alfredo Evia Salazar el día uno de septiembre de dos mil dieciséis, y en consecuencia todas las actuaciones procesales efectuadas con posterioridad a dicha diligencia, incluyendo aquellas dictadas en ejecución de sentencia. Asimismo, en dicho proveído, se ordenó practicar de nueva cuenta al aquí quejoso, la diligencia de emplazamiento ordenada en auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Por su parte, la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Distrito Judicial del Estado, residente en esta capital, por oficio sin número, de treinta de agosto último (foja 86), remitió copia certificada de las constancias correspondientes al citado proveído de seis de agosto del presente año, en el cual se ordenó el emplazamiento del aquí quejoso, así como la razón actuarial levantada por dicha funcionaria correspondiente a tal encomienda. En consecuencia, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, fracción I, se advierte que la Juez responsable se encontraba constreñida a dejar insubsistente la diligencia de emplazamiento del aquí quejoso al juicio ordinario civil 695/2016 de su índice, así como todo lo actuado a partir de la misma y hecho ello, ordenara al actuario correspondiente realizarlo nuevamente. Lo que así se hizo, acreditándolo dichas autoridades fehacientemente con las constancias que remitieron para tal efecto, de las cuales se hace relación en párrafos anteriores De ahí que se considere destruido el acto atribuido a las autoridades responsables y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. Por otra parte, tocante a los escritos de las partes quejosa y tercera interesada, de los que se hizo relación en proveído de trece de los corrientes y por los que realizan manifestaciones respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de emparo por las autoridades responsables, conviene precisar que, no obstante el resultado de la diligencia ordenada por la Juez responsable, que en el caso como se desprende de la constancia actuarial respectiva (foja 88), no le fue posible a la actuaria de la adscripción cumplir con lo encomendado, toda vez que en el domicilio en que se constituyó para tal efecto, le fue informado que no habita el impetrante. En tal virtud, la circunstancia de que no se haya consumado el emplazamiento, no conlleva a considerar el incumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues la actuación por parte de las autoridades responsables, se ajustó a los lineamientos de la misma, por lo cual corresponderá a la parte actora realizar las gestiones pertinentes para lograr el emplazamiento del demandado, aquí quejoso. Aunado a lo anterior, cabe señalar que ante tal circunstancia, el aquí quejoso no puede válidamente alegar desconocimiento del procedimiento natural, pues mediante esta vía constitucional tuvo conocimiento de manera exacta y completa de las actuaciones que conforman el juicio ordinario civil 695/2016, promovido en su contra. En consecuencia, se declara que LA SENTENCIA PROTECTORA HA QUEDADO CUMPLIDA. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues por una parte, se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los Libros de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado Acuerdo General conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, hágase del conocimiento del quejoso, que a partir de la notificación de este acuerdo, se encuentra a su disposición para su entrega, el billete de depósito número N-837971, expedido por la sucursal en esta ciudad de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, moneda nacional), mismo que exhibió en autos del incidente de suspensión relativo a este juicio, para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva que en su oportunidad se le concedió. Para lo cual, deberá acudir a las instalaciones de este órgano jurisdiccional con una identificación oficial; con el apercibimiento de que de no hacerlo dentro del plazo establecido en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, se procederá en los términos que precisa el aludido dispositivo, de conformidad con el numeral 29, último párrafo, del mismo ordenamiento legal. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.
- Principal
Mérida, Yucatán, trece de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguense a estos autos para los efectos legales correspondientes, el escrito de cuenta signado por la tercera interesada ******************** mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de tres de los corrientes, en relación al cumplimiento dado por las autoridades responsables; en tal virtud, en cuanto a las manifestaciones que realiza, resérvese para ser tomadas en consideración al resolverse sobre el cumplimiento de la sentencia ejecutoria. Por cuanto hace al diverso escrito del quejoso ********************, agréguese a los autos y téngase por hechas las manifestaciones a que se contrae en el escrito de mérito. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firmó el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la licenciada Rosa Margarita Alcocer Díaz, Secretaria del Juzgado que autorizó y dio fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de septiembre de dos mil dieciocho. Con conocimiento de las partes, agréguese a estos autos el oficio signado por la actuaria adscrita a la Central de Actuaría de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento de la sentencia ejecutoriada pronunciada en este asunto. Al efecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes de dicho oficio, junto con los diversos remitidos por la citada responsable y Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, los cuales ya obran agregados, por el término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se les haga de este acuerdo, para que manifiesten lo que a sus derechos corresponda. Se les apercibe que de no hacerlo, este Tribunal Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente.
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