Carlos Alfredo Evia Salazar
Expediente 1483/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1483/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Alfredo Evia Salazar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
SENTENCIA VISTOS, para resolver los autos del presente juicio de amparo número 1483/2023-II-B, promovido por ********************en contra del acto que reclama de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad (a través del buzón judicial), y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, compareció ********************a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto atribuido a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada con el número 1483/2023-II-B; le dio la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la Litis efectivamente planteada, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a reclamar de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, lo siguiente: El auto de vinculación a proceso de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, dictado dentro de la carpeta administrativa 134/2023, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama a la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con las constancias que adjuntó al mismo. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer causales de improcedencia, ni opera alguna que debiera hacerse valer de oficio; por tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por las que no se actualiza alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la ley de la materia, es evidente que no hay obligación del Juzgador de amparo de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole; de ahí que se estime legal analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 22/91, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTA OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia a lo anterior, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su demanda de amparo, los que se tienen aquí por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones, lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." QUINTO. Análisis de la Litis Constitucional. Son infundados los conceptos de violación expuestos por el quejoso, sin que en el caso haya necesidad de suplir la deficiencia de la queja, en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, por lo que deberá negarse la protección constitucional solicitada. Como ya se señaló, el quejoso se duele del auto de vinculación a proceso que le fue dictado por la Juez responsable, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. En ese tenor, tenemos que el quejoso aduce que se vulneraron en su perjuicio los numerales 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que el acto reclamado carece de una debida fundamentación y motivación, además de que no se justificaron los requisitos para el auto vinculación a proceso, ya que no quedó comprobado el hecho que se le atribuye. En este contexto, la base normativa del auto de vinculación a proceso, se contempla en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin pasar por alto el derecho a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución, que se encuentra tutelada en el artículo 16 de la misma Ley Suprema. Dichos preceptos establecen: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...". "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Ahora bien, la figura del auto de vinculación a proceso dentro del sistema de justicia penal acusatorio, encuentra estructura en los artículos 316 y 317, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se prevén los requisitos que debe contener, pues disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente". "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Del análisis en conjunto de las transcritas disposiciones, respecto al auto de vinculación a proceso, se desprende que los elementos de forma y de fondo que debe contener, son los siguientes: A) Elementos de forma: Que se haya formulado imputación, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que se hace del conocimiento del imputado la investigación que se desarrolla en su contra, respecto de uno o más hechos determinados que se consideran delitos, la fecha, lugar y modo de su comisión, el grado de intervención y el nombre de la persona que lo señala como responsable. Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no declarar. Que se dicte por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, aún y cuando el Juez pueda otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Que se establezca el lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. B) Elementos de fondo: Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito. Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación. Apoya lo anterior por analogía, la Jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos." En ese sentido, de una interpretación sistemática y armónica del texto previsto en los artículos 16 y 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, sólo debe justificarse la existencia de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, esto es, la existencia de un hecho delictivo y la probabilidad de que el inculpado lo hubiera cometido o participado en su comisión, dado que tal determinación, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. En conclusión, para emitir el auto de vinculación a proceso, sólo es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que obren en la carpeta de investigación, los cuales el juez no tiene en su poder al momento de resolver dentro del término constitucional, sino que atiende a la exposición que de ellos realiza el Agente del Ministerio Público, para sostener la imputación, o la defensa, en uso del derecho de réplica. Una vez analizados los motivos de inconformidad que vierte la solicitante del amparo, y confrontados con las consideraciones de la Juez responsable para emitir el acto reclamado, se concluye, como ya se dijo, que los mismos resultan infundados. Ello es así, pues los requisitos constitucionales que se exigen para dictar un auto de vinculación a proceso, que se recogen y a su vez, complementan los aludidos ordinales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se encuentran satisfechos a cabalidad, tal y como a continuación se verá. En primer lugar, tal y como lo determinó la Juez responsable, previo al dictado de la resolución reclamada, del DVD remitido se advierte, que el veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se formuló imputación en contra del aquí quejoso; luego, ese mismo día se le dio la oportunidad de declarar, reservándose, en ese momento, su derecho a hacerlo (316, fracciones I y II, del Código Nacional de Procedimientos Penales); así también, se advierte que el auto de vinculación reclamado contiene los datos personales de la imputada, aquí quejosa, (317, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales). Los restantes requisitos, se analizan de la siguiente manera: En efecto, los datos de prueba relacionados por la Fiscal adscrita al Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con residencia en esta ciudad, permiten establecer tal como lo consideró la Juez responsable, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe también, la probabilidad de que el imputado lo cometió; de ahí que, el auto de vinculación a proceso de treinta de agosto de dos mil veintitrés, sea apegado a derecho, y por ende, no vulnera algún derecho fundamental en perjuicio del quejoso. Esto es, debido a que los datos de prueba enunciados por la fiscalía estatal, permiten establecer que ******************** y ********************contrajeron matrimonio; que el primero de los señalados promovió juicio de divorcio, mismo que se encuentra radicado actualmente con el número de expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y que mediante resolución de veinticuatro de agosto de dos mil doce, en el toca ********************de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se modificó la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil once, y se condenó a ******************** a pagar a ********************, en concepto de pensión alimenticia, la cantidad de ********************pesos mensuales con su correspondiente aumento de ley, siendo que el obligado ha sido omiso en depositar la referida cantidad de manera completa, desde agosto de dos mil catorce, ya que únicamente ha venido realizando pagos parciales, sin tener motivo justificado para ello. Hechos que materializan el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar previsto y sancionado por los artículos 200 en relación con el 221 párrafo segundo, del Código Penal del Estado. En efecto, para llegar a esa conclusión, la Juez responsable tomó en consideración los datos de prueba que fueron detallados por la fiscalía estatal, y que en el caso concreto resultan: 1.- Querella interpuesta por ********************de fecha veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en la que en esencia señaló que el nueve de febrero de mil novecientos noventa y uno, contrajo matrimonio con ********************, y que se divorciaron según el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con motivo del juicio de divorcio que promovió el citado ********************; que mediante sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil doce, dictada en el toca ********************la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmada por sentencia dictada en juicio de amparo el siete de febrero de dos mil trece, se condenó al citado actor a pagar a la querellante ********************la cantidad de ********************pesos mensuales en concepto de pensión alimenticia, con sus respectivos aumentos de ley, siendo que el acusado no había cumplido con esa obligación, no obstante que con anterioridad ya había sido condenado por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. 2.- Oficio de treinta de agosto de dos mil veintidós, signado por ********************, Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, en relación a los depósitos realizados del año dos mil catorce a la fecha. 3. Oficio de fecha uno de septiembre de dos mil veintidós, signado por ********************, Registrador de asuntos inmobiliarios de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial el Estado de Yucatán, en la que manifestó que el imputado contaba con ******************** propiedades. 4. Oficio de fecha ******************** de septiembre de dos mil veintidós, signado por el licenciado ********************, Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del cual informó que ********************, contaba con ******************** vehículos. 5. Estudio socioeconómico de veinte de septiembre de dos mil veintidós, practicado a la denunciante ******************** en su domicilio, por la trabajadora del DIF municipal, ********************. 6. Acta de divorcio en relación a ******************** y ********************, con fecha de divorcio de veintidós de agosto de dos mil trece. 7. Sentencia en materia penal del Juzgado Octavo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, de fecha treinta de julio de dos mil catorce, dictada en la causa penal ********************, en la que se condenó a ********************, por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. 8. Resolución de la Sala Colegida Mixta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, que confirmó la sentencia emitida en la causa penal ********************. 9. Copias certificadas del expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Ahora bien, los datos de prueba relatados por la fiscal estatal, entendidos como la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, de conformidad con el ordinal 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable correctamente los consideró idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado en su comisión, a los cuales les asignó de manera libre y lógica el valor correspondiente, lo cual adecuadamente justificó, explicando el porqué de su valoración, en términos del artículo 265 de la codificación nacional en cita. Así, con tales datos de prueba relacionados, se acreditan los hechos que la ley señala como ilícito, esto es, incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 220, en relación con el numeral 221, ambos del Código Penal del Estado, pues en el caso particular se genera la convicción de que el imputado aquí quejoso, desde el mes de agosto de dos mil catorce a la fecha, dejó de pagar de manera completa la cantidad de ********************pesos mensuales que por concepto de pensión alimenticia estaba obligado a cubrir en favor de ********************; de conformidad con lo determinado en el expediente ********************, del Juzgado Primero de lo Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado. Adeudando la suma de $********************pesos moneda nacional. Los anteriores datos de prueba, tal y como se adelantó, fueron correctamente analizados por el Juez responsable en concordancia con el artículo 20, apartado A, fracciones II y X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que además pone de manifiesto que no se encuentra demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación en favor del imputado, aquí quejoso. En efecto, contrario a la apreciación del quejoso, en el caso existe la probabilidad (entendiéndose que no se requiere prueba plena de demostración), de que el imputado cometió los hechos, pues como se apuntó, existe el señalamiento de la denunciante, así como las copias certificadas del juicio ********************, en donde se estableció como condena, que el aquí imputado debía pagar en concepto de pensión alimenticia en favor de ********************la cantidad de ********************pesos mensuales, y el oficio del Titular del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, en relación a los depósitos realizados del año dos mil catorce a la fecha. Por otra parte, no debe perderse de vista que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se necesita de prueba plena, sino única y exclusivamente que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió, tal y como sucede en la especie, ya que el estándar probatorio es mucho menor que para el dictado de un auto de formal prisión, pues recuérdese que sólo se necesita "la probabilidad" de que el imputado cometió el delito, en la medida que el auto de vinculación a proceso sólo fija el hecho o hechos materia de la investigación y el eventual juicio, en términos del artículo 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, el Juez responsable acertadamente estableció el grado de razonabilidad, para concluir que sí se justifica el hecho ilícito y la probabilidad de que el imputado lo cometió, así como tomó en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (se citaron hechos que pueden tipificar el delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), también la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación y la información que la puede confirmar), realizada por la autoridad responsable, lo cual es acorde con los datos de prueba relacionados por la fiscalía estatal, por lo que la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados en la audiencia), también fue abordada correctamente por el Juez de referencia. Ahora bien, en uno de sus conceptos de violación arguye el quejoso que la Juez responsable no tomó en consideración los datos de prueba que aportó en la audiencia respectiva, lo que lo deja en estado de indefensión, ya que con los mismos se pone de manifiesto que la agraviada si tenía un trabajo remunerado y que además cuenta con una propiedad. Resulta infundado lo anterior, ya que tal y como lo señaló la Juez de control responsable, esos datos de prueba que la defensa del imputado pretendió introducir en la audiencia, no tienen relación con la litis, pues no debe perderse de vista que la obligación de proporcionar alimentos por parte del imputado, aquí quejoso, derivó de una determinación emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con motivo del juicio ordinario civil de divorcio que el propio imputado instó. Por lo que en todo caso, esas pruebas necesariamente debieron ser exhibidas en dicho contradictorio en materia familiar, y no en el proceso penal, pues esa obligación quedó establecida en sentencia firme, y por ende es cosa juzgada. En otro concepto de violación, el quejoso aduce que la Juez responsable transgrede en su perjuicio lo establecido en el artículo 19 Constitucional, ya que el fiscal no aportó datos de prueba suficientes para acreditar el ilícito que se le atribuye. Lo anterior es infundado, ya que con los datos de prueba aportados en la carpeta de investigación, se ponen de manifiesto las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en la que se suscitaron los hechos, pues de los mismos se obtiene que probablemente el imputado, desde el mes de agosto de dos mil catorce, únicamente ha venido realizando pagos parciales por concepto de pensión alimenticia, incumpliendo con lo determinado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Primero Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, en donde mediante resolución de veinticuatro de agosto de dos mil doce, en el toca ********************de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, modificó la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil once, y condenó a ******************** a pagar a ********************, en concepto de pensión alimenticia, la cantidad de ********************pesos mensuales con su correspondiente aumento de ley; sin tener motivo justificado para no cumplir con el pago total de lo que fue sentenciado. Además que no debe perderse de vista, que tal y como lo dijo la Juez responsable en la audiencia respectiva, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se necesita de prueba plena, es decir, no se requiere realizar un estudio pormenorizado de cada uno de los elementos constitutivos del delito de que se trate, en el caso, el ilícito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, sino única y exclusivamente se requiere la existencia de un hecho que la ley señala como delito, y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, el criterio establecido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, del siguiente rubro y texto: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. PARA VINCULAR A PROCESO AL IMPUTADO, CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO LA CARGA DE ESTABLECER EL HECHO QUE LA LEY SEÑALA COMO DELITO Y LA PROBABILIDAD DE QUE AQUÉL LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN, AUN CUANDO SU RELATO DEFENSIVO SEA IMPERFECTO Y CAREZCA DE RESPALDO PROBATORIO PLENO. Conforme a los artículos 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso a un imputado no se requieren pruebas plenas que demuestren más allá de toda duda razonable la existencia de un hecho que la ley señale como delito, así como que la persona implicada lo cometió o participó en su comisión, como sí sería necesario al dictar la sentencia definitiva en la etapa de juicio, según lo prevé el artículo 402, párrafo tercero, del código procesal citado. Sin embargo, ello no revierte la carga probatoria que corresponde a la parte acusadora, conforme al artículo 20, apartado A, fracciones V y X, de la Constitución Federal, aun cuando el relato defensivo del imputado sea imperfecto y carezca de respaldo probatorio pleno; esto es, en el sistema procesal penal acusatorio y oral, corresponde al Ministerio Público la carga de establecer, a título de probable al solicitar la vinculación a proceso, o de demostrar a título pleno al formular la acusación, los aspectos inherentes al hecho delictivo, así como a la participación de la persona implicada en su comisión. Mientras que si el imputado decide ejercer su derecho constitucional a declarar, no tiene por qué probar a plenitud aspecto alguno. Exigir lo contrario, esto es, que el imputado al declarar emita un relato perfecto, que demuestre a plenitud su inocencia, implicaría tanto como soslayar el principio de presunción de inocencia, tutelado en el artículo 20, apartado B, fracción I, constitucional y revertir ilegalmente la carga de la prueba que, se reitera, corresponde al representante social." Por todo lo anterior, la autoridad responsable respetó los extremos exigidos por el numeral 19 de la Constitución Federal, para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado en esta vía constitucional; de ahí que son infundados e inoperantes los conceptos de violación que respecto al auto de vinculación a proceso formuló el quejoso. Por tanto, al no advertirse motivo alguno favorable en la queja que deba suplirse de oficio, lo procedente es negar al quejoso ********************el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 76, 77, 78, 80, 192 y 193 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************en contra del acto que reclamó de la Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que mediante Circular 28/2023, de diecinueve de octubre del año en curso, se informó que en sesión extraordinaria de esa data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, declaró inhábiles los días del dieciséis al veinticuatro de octubre del año en curso, con motivo de las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; así como a los avisos de suspensión de labores, emitidos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, en los que por causas de fuerza mayor, con motivo del paro de labores se suspendieron los términos judiciales y se declararon inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. Y que de las constancias que obran en autos, se desprende que con motivo de dicha suspensión de labores, se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles con relación a la vista que se dio del informe justificado que se relaciona en el proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, correspondiente al Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que estaba fijada para esta fecha y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.". Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a los autos el alegato ministerial 448/2023, de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal; reservándose para ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, en relación a su solicitud de copias certificadas, estese a lo acordado en el auto de radicación dictado en este juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase.
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Mérida, Yucatán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a este expediente el escrito de ********************, quien comparece en su calidad de tercera interesada en este asunto y en el que además realiza diversas manifestaciones en relación con los actos reclamados por el quejoso a la autoridad señalada como responsable. Al efecto, téngase por legalmente emplazada a juicio a la tercero interesada antes nombrada, para los fines legales conducentes. Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos que realiza la ocursante, para ser relacionados y tomados en consideración en la audiencia constitucional, como corresponda. Como solicita la tercera, téngase por señalado como su domicilio para oír y recibir las notificaciones relacionadas con este asunto, el precisado en el escrito de su comparecencia. Finalmente, se tiene por designado como autorizado de su parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************. Notifíquese y cúmplase.
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