Carlos Alexio Solanes Rivera

Expediente 314/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
314/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
10/09/2018

Partes del expediente

  • Carlos Alexio Solanes Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran del acuerdo dictado el quince de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del veinte de agosto al siete de septiembre de dos mil dieciocho, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en consecuencia de que se negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en el original del incidente no especificado de revisión de medida cautelar de prisión preventiva, promovido en el proceso penal 35/2014 de su índice, con la que se formó el anexo l; devuélvasele dicha documental y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Se apercibe a la citada autoridad responsable que para el caso de no cumplir el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a las presentes actuaciones el escrito de cuenta signado por el quejoso Carlos Alexio Solanes Rivera; y, en atención a su contenido, se provee: Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, según su artículo 2, expídase a su costa copia certificada de las constancias que indica, autorizando para recibirlas, a la persona a que refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y firma que se otorgue en autos. Finalmente, hágase saber al promovente, que con la finalidad de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de diez de la mañana a doce del día de lunes a viernes.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Carlos Alexio Solanes Rivera, con el que desahoga la vista que le fue concedida en acuerdo de siete de agosto actual, pues al efecto realiza manifestaciones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de amparo, las que serán consideradas en el momento oportuno. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de siete de agosto de dos mil dieciocho (foja 155), a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; la cual fue desahogada por el quejoso mediante el escrito de cuenta. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 76 a 94), se concedió el amparo a Carlos Alexio Solanes Rivera para el efecto que el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: ".OCTAVO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, se concede el amparo a Carlos Alexio Solanes Rivera para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, en forma inmediata realice lo siguiente dentro del incidente no especificado de revisión de medida cautelar promovido dentro de la causa penal 35/2014 de su índice: 1. Deje sin efectos la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. 2. Dicte una nueva resolución con libertad de jurisdicción, siguiendo estrictamente los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con el artículo Quinto transitorio de su reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento legal, esto es, valore las pruebas aportadas en términos de lo dispuesto en dicha legislación; asimismo, para que funde y motive porqué la exhibición de la garantía resulta aplicable para "asegurar la presencia del imputado y garantiza el pago de la reparación del daño." 3. Notifique al quejoso la resolución referida. 4. Remita las constancias que acrediten fehacientemente el cumplimiento a lo ordenado. Sin que lo anterior signifique necesariamente que el juzgador tenga que resolver favorablemente la petición formulada, pues en uso de sus facultades, podrá resolver como en derecho proceda, de manera fundada y motivada, lo que se le solicita, sin que el presente fallo implique en forma alguna, que la pretensión de Carlos Alexio Solanes Rivera sea legítima, fundada en derecho o procedente. Por acuerdo de treinta de julio de dos mil dieciocho (fojas 114 a 117), se declaró que dicha resolución causó ejecutoria por lo que se requirió su cumplimiento. Así, mediante oficio sin número de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 120), el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha, emitida en el proceso penal 35/2014 de su índice (foja 121 a 125). Sin embargo, como el juez penal responsable no envió la constancia de notificación de esa determinación judicial, por acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho (foja 126), se le requirió para que remitiera a este juzgado dicha documental. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 04130 de seis de agosto de la presente anualidad (foja 151), el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla remitió copia certificada de la constancia de notificación requerida (fojas 152 a 154). Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto el Juez Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla realizó lo siguiente: 1. Dejó sin efectos la resolución de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 35/2014 (foja 125). 2. Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, el veintisiete de julio de dos mil dieciocho dictó otra resolución, en la que observó los lineamientos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, de conformidad con el artículo Quinto transitorio de la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos que establecen los artículos 153 a 171 de dicho ordenamiento legal, en virtud de que valoró las pruebas aportadas en términos de lo dispuesto en dicha legislación, incluyendo la evaluación de riesgo, remitida por el Director de Medidas Cautelares y Policía Procesal (fojas 123 vuelta y 124). El juez responsable determinó que, a pesar de que en la evaluación de riesgo se estableció que los riesgos son "bajos", el quejoso no demostró tener arraigo domiciliario y que no puede garantizar su presentación durante el procedimiento (foja 124 vuelta). Así mismo, en términos del artículo 168, fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales consideró la posible pena prevista para el ilícito que se le imputa al procesado, la cual estableció oscila entre los siete y diez años de prisión, y expresó que, como existe la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de la libertad que no le permita acceder al beneficio de conmutación de la pena por multa, consideró que existe riesgo de sustracción (foja 124 vuelta). Por lo anterior, el juez penal responsable determinó improcedente sustituir la medida cautelar de prisión preventiva a la que se encuentra sujeto el aquí quejoso (foja 125). 3. El tres de agosto de dos mil dieciocho (foja 153 vuelta), notificó dicha resolución al quejoso Carlos Alexio Solanes Rivera. Por otra parte, en el escrito de cuenta, el quejoso realizó las siguientes manifestaciones relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo: a) Que el juez responsable no analizó correctamente el fondo del asunto, pues se limitó a transcribir constancias sin estudiar el argumento planteado por su defensa. b) Que al emitir la resolución en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el juez de lo penal responsable no respetó los principios de contradicción, oralidad, igualdad de las partes, que vulnero sus derechos fundamentales de debido proceso, certeza jurídica, exacta aplicación de la ley, acceso a la justicia, presunción de inocencia e impartición de justicia pronta y expedita, así como la aplicación retroactiva de la Ley en beneficio del reo y su derecho de tutela jurisdiccional y acceso a la justicia. c) Que el juez al resolver el incidente de revisión de medida cautelar no observó la "teoría del riesgo", en virtud de que, afirma que su defensa aportó pruebas idóneas para demostrar que cuenta con arraigo dentro del Estado de Puebla, así como que del informe de evaluación de riesgo resultó que representa un riesgo de sustracción bajo. d) Que la resolución emitida en cumplimiento al fallo protector no motivó por qué accedió a la solicitud del agente del Ministerio Público de no sustituir la medida cautelar de prisión preventiva, cuando en la audiencia incidental el representante social no manifestó oposición alguna ni presentó algún medio de prueba para acreditar el peligro de sustracción, el riesgo para la víctima del ofendido ni el peligro de obstaculización de la investigación y es a dicha parte a quien correspondía acreditar tales extremos. e) Que la resolución es arbitraria debido a que en el informe de evaluación de riesgo se estableció que el quejoso tendría un domicilio en la ciudad de Puebla, por lo que considera que se acreditó su arraigo en el Distrito Judicial de Puebla. f) Que al considerar la posible pena a imponer el juez responsable vulneró el principio de presunción de inocencia en perjuicio del peticionario de amparo. g) Que el juez responsable dejó de observar el principio de contradicción, pues señala que al resolver debió constreñirse a lo debatido por las partes en la audiencia incidental. h) Que el juez penal responsable desconoce la Ley que rige en el nuevo sistema de justicia penal, que carece de los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo la audiencia de revisión de medida cautelar, debido a que dejó de observar la equidad procesal, pues señala que suplió las deficiencias de argumentación, de la representación social adscrita al juzgado responsable. i) Que omitió otorgar valor probatorio a los medios de prueba aportados por su defensa. Tales manifestaciones resultan infundadas, en virtud de que todas ellas están encaminadas a combatir el fondo de la determinación judicial emitida en cumplimiento al fallo protector, lo que no es susceptible de ser vigilado ni analizado en este juicio de amparo, en virtud de que la protección constitucional se concedió para el efecto de que la autoridad responsable emitiera pronunciamiento conforme las reglas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, para lo cual se concedió libertad de jurisdicción al juez responsable. Así, en la sentencia de amparo no se fijaron lineamientos específicos que dicho juzgador debía seguir, por lo que el sentido y contenido de la resolución que nos ocupa no puede analizarse en este controvertido constitucional, debido a que se trata de un nuevo acto de autoridad, cuyo contenido no fue objeto de análisis constitucional ni de los efectos del fallo protector. Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por el quejoso Carlos Alexio Solanes Rivera, mediante el cual manifiesta desahogar la vista otorgada por auto de siete de agosto pasado (foja 155), y al mismo tiempo pretende ampliar su demanda de garantías; por lo tanto, dígase al quejoso que no ha lugar acordar favorable su petición, toda vez que su derecho para ampliar su demanda de garantías ha precluído; ya que el nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 76 a 94), se dictó sentencia en la que se le concedió el amparo solicitado, la que causó ejecutoria por auto de treinta de julio de dos mil dieciocho (fojas 114 a 117); de ahí que su ampliación de demanda sea extemporánea; así mismo, dígase al quejoso que el término de tres días que se le otorgó en el citado auto de siete de agosto pasado, se encuentra transcurriendo para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga respecto al cumplimiento de la ejecutoria realizado por parte de la autoridad responsable.

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