Carlos Alberto Sánchez Mondragón

Expediente 719/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
719/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Sánchez Mondragón

Actuaciones

  1. Principal

    VIII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído por el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el presente sumario como asunto concluido. ... el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procédase a su destrucción; ello de conformidad con los lineamientos del acuerdo en cuestión.

  2. Principal

    VIII... Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto ..., por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 719/2022-VIII. Previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo.... En ese orden, respecto de dichas determinaciones, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la ley primeramente invocada, estos últimos interpretados en sentido contrario, en tanto que, ni la reclasificación del delito ni la admisión de pruebas ofrecidas por la fiscalía, constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, de los artículos citados se advierte que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que se actualice la improcedencia del juicio por una causa diversa de las enunciadas en las fracciones anteriores, derivada de ese ordenamiento legal o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la norma constitucional transcrita, se establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. En tanto que en el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el legislador ordinario proporcionó la definición de lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación" al determinar que son los que producen una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte. Ahora bien, es oportuno señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015 e interpretar la porción normativa legal en comento, sostuvo que el legislador impuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, a saber: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", es decir, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Una vez precisado lo anterior, se considera conveniente tener presente que el dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. Mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.... En el presente asunto se reclaman actos efectuados en la segunda etapa del proceso, esto es, la intermedia, que se tramita ante el juez de control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos. Por otra parte, el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que una vez examinados los medios de prueba ofrecidos y de haber escuchado a las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio, los medios de prueba que resulten sobreabundantes (por que acrediten lo mismo), impertinentes (por no referirse a los hechos controvertidos), o innecesarios (por referirse a hechos públicos, notorios o incontrovertidos). De igual forma, el artículo 398, de dicho código, prevé la facultad del agente del Ministerio Publico acusador de plantear la reclasificación jurídica respecto del delito invocado en su escrito de acusación. Así, se estima que, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio que incorpora medios de prueba, por tratarse de un acto que no causa un perjuicio irreparable a quien hubiese solicitado su exclusión y ésta no se hubiese acordado favorablemente y solo excepcionalmente procederá cuando esa resolución, por sí misma implique un acto de imposible reparación derivado de la violación a un derecho fundamental. Sobre el tema de pruebas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 907/2016 de su índice, determinó que el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma, implique un acto de imposible reparación, para lo cual consideró lo siguiente:  Dada la naturaleza misma del nuevo sistema de justicia penal, advertimos que para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; como ya se ha analizado, cada una tiene una finalidad específica en el procedimiento, la primera, la de realizar una investigación tendente a esclarecer el hecho delictuoso con conocimiento e intervención de imputado y bajo la revisión judicial de un juez de control; la segunda, depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de pruebas ofrecidos por las partes, y emitir el auto de apertura a juicio oral; mientras que la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia.  Cada una de las etapas del procedimiento tiene un especial objetivo el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente.  La doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, el cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada.  Debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y de resolver si las mismas resultan suficientes para tener por acreditada la existencia del hecho señalado por la ley como delito y si el acusado intervino en su comisión; por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba.  Si bien el juez o tribunal oral conservarán en todo momento la facultad de analizar si alguna de las pruebas desahogadas ante su presencia, en cumplimiento al principio de inmediación, constituye prueba ilícita, tal determinación se sustentará no en un nuevo análisis sobre lo correcto o no de su admisión, sino en lo que el desahogo de la prueba misma genere, es decir, atendiendo a la información que el órgano de prueba aporte al ser interrogado y contrainterrogado por las partes, manifestaciones que permitirán advertir, en su caso, si lo que se puso en conocimiento del juzgador tuvo un origen ilícito, porque el testigo o perito, lo obtuvo a través de la violación de derechos fundamentales del acusado o de la víctima misma, en cuyo caso, el tribunal o juez de enjuiciamiento, estará en aptitud de no otorgarle valor probatorio al momento de emitir su sentencia.  La interrogante sobre si procede el juicio de amparo indirecto contra la determinación dictada dentro de la audiencia intermedia de un procedimiento penal acusatorio, adversarial y oral "que admite medios de prueba", encuentra la siguiente respuesta: el juicio de amparo indirecto, por regla general, es improcedente contra la determinación que admite un medio de prueba, por tratarse de un acto de naturaleza intraprocesal y excepcionalmente procederá esta instancia constitucional, cuando dicha resolución de admisión de algún medio de prueba, por sí misma implique un acto de imposible reparación. De lo expuesto, se aprecia que en el nuevo sistema de justicia penal, para llegar al dictado de la resolución que resuelve la primera instancia, se debe transitar por tres etapas, la de investigación, la intermedia y la de juicio; precisándose como finalidad específica de la segunda, la de depurar los hechos, resolviendo excepciones o incidencias, revisar acuerdos probatorios, proveer sobre los medios de prueba ofrecidos por las partes y emitir el auto de apertura a juicio oral; en tanto que, la tercera implica el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia. Así como que, al haberse cumplido con dichos objetivos, tales etapas deben considerarse que han concluido, sin que los temas que en cada una se analizan, puedan ser nuevamente materia de debate en la etapa procesal siguiente. Así, de acuerdo a la doctrina de "actos de imposible reparación" para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto, con relación a un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, debe llevarse a cabo un estudio que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, empero, se debe partir de que dichas determinaciones constituyen actos intraprocesales, por lo que, para que en su contra se considere procedente el amparo indirecto, deberá evidenciarse que el mismo genera una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. De igual manera, tal procedencia implicará que efectivamente existe una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada, pues de no admitirse la demanda, la reparación del derecho violentado tendría que, en su caso, postergarse al dictado de la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, la que se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y ya no de cuestiones que deban ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas, como lo es la admisión de medios de prueba. En efecto, el juez o tribunal oral, en la etapa de juicio, llevarán a cabo el desahogo de los medios de prueba y el dictado de la sentencia, lo cual implica que no emitirán un pronunciamiento sobre lo correcto o no de la admisión de los medios de convicción, sino en lo atinente a la información que el órgano de prueba aporte, esto es, su actividad será la de valorar el material probatorio al momento de emitir su sentencia. Ahora, como ya se mencionó, con relación a la admisión de los medios de prueba, constituye una determinación de índole adjetiva o procesal; consecuentemente, no se advierte que por tal admisión se genere una afectación irreparable que amerite análisis constitucional inmediato. Ello es así, porque la admisión de los medios de prueba que reclama el peticionario, no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser analizable en el amparo indirecto, pues no se advierte que el acto reclamado constituya de manera actual una afectación de características irreparables, porque aún no repercuten negativamente en su esfera jurídica, su valoración, una vez desahogadas, se encuentra supeditada a la apreciación que sobre la mismas realice el Juez Oral en audiencia de juicio, quien evidentemente en uso de su arbitrio judicial puede determinar su eficacia probatoria. Lo mismo acontece con relación a la reclasificación del delito, pues tampoco afecta derechos sustantivos ya que es susceptible de ser reparado incluso durante el desarrollo del juicio oral, toda vez que, a diferencia del sistema tradicional, los autos de vinculación a proceso o de apertura a juicio no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial sino de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Con apoyo en tales consideraciones, es que se concluye la reclasificación del delito no es un acto que afecte directamente los derechos sustantivos del impetrante, sino una determinación susceptible de ser reparada incluso durante el desarrollo del juicio oral, etapa en la que se puede reclasificar el delito invocado en el escrito de acusación. En esas condiciones, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con relación a los numerales 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la ley primeramente invocada. AUTORIZADOS Se autoriza a Andoni Christopher Martínez Hernández, en términos del artículo 12, primera parte, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que hace a las personas restantes únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos, en términos del artículo 12, párrafo segundo, última parte, con relación en el diverso 24, párrafo segundo, de la referida normatividad, en razón de que no se acredita que se encuentren legalmente facultadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho, ni se allegó su número de cédula profesional a fin de corroborar que cuentan con el registro respectivo, pues el nombre resulta insuficiente dada la homonimia que pudiera presentarse; por lo que una vez que realice lo anterior se acordará lo conducente. De igual forma se autoriza a los pasantes que refiere, por así haberlo solicitado expresamente. DOMICILIO QUEJOSO Con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado. No pasa inadvertido que de la demanda se advierta que el quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Zumpango, Estado de México; sin embargo, autoriza con facultades amplias al profesionista citado en el apartado anterior y señala expresamente que su voluntad es que las notificaciones personales en el presente asunto se le practiquen por ese medio. De conformidad con el numeral 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza al solicitante única y exclusivamente consultar vía electrónica las actuaciones del presente juicio de amparo, con el usuario "Andomart27", el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior en razón que para la práctica de notificaciones por esa vía, debe mediar solicitud expresa como lo establece el artículo 39, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y si bien manifestó que señalaba los estrados señalando el usuario para tal efecto, ello no constituye la manifestación expresa a que hace referencia el referido artículo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión.

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