Carlos Alberto Martínez Hernández
Expediente 1403/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1403/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 12/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Martínez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
VIII... Agréguese sin mayor proveído el oficio proveniente del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual remite el diverso 207C0401520203L/0138/2023, del Departamento de Control y Actualización Documental y copias certificadas del expediente administrativo formado con motivo de la solicitud de pensión del quejoso, lo anterior en razón que el diez de febrero de dos mil veintitrés, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. En ese sentido, devuélvanse al citado instituto, las constancias referidas, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo al no tratarse de actuaciones originales.
- Principal
VIII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la el acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las partes y archívese el presente asunto. ... este expediente se considera susceptible de destrucción, por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia. ... el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que fue concedida la suspensión definitiva. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de la fecha, dentro de los noventa días siguientes, se deberá depurar el expediente, siguiendo los lineamientos que establece el Acuerdo General citado.
- Principal
VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, téngase al Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por el que en atención a lo solicitado en presentes autos, remite de forma digital copia certificada del comprobante de pago de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el cual manifiesta ser copia fiel e inalterada de su original. En ese sentido, como lo dispone el quinto párrafo del citado numeral y 119, ambos de la ley en comento, se admite y desahoga por propia y especial naturaleza dicha documental. Ahora bien, del análisis de la documental remitida por la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Situación que se actualiza en el particular, pues de la documental allegada en el oficio de cuenta -a las que se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles-, por ser una actuación realizada por servidor público en ejercicio de sus funciones, se advierte que la omisión de la autoridad responsable de empadronar al quejoso para que se realice el pago de su pensión, así como la realización de éste, pues quedaron reparadas el treinta y uno de enero del año que transcurre (data en la que se realizó el pago de la pensión cuya omisión se destaca como acto reclamado), pues la autoridad responsable realizó el pago de la pensión por la cantidad de $351,453.67 (trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 67/100 moneda nacional) que corresponden al retroactivo de pensión -cuya omisión se reclama en el presente asunto- y al periodo corriente que abarca del dieciséis al treinta y uno de enero del año en curso; entre otras percepciones, reparando con ello a ésta en el goce de sus derechos; por ende no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues ya no hay derecho fundamental que reparar. En ese tenor, se concluye que los efectos del acto reclamado han cesado, pues con dicho pago se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la solicitante del amparo. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sin que afecte el sentido de la presente determinación, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
VIII... Visto el estado procesal de autos, .... se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las nueve horas con cuarenta minutos del seis de marzo de dos mil veintitrés.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
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