Carlos Alberto Santana Martínez
Expediente 1040/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1040/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Santana Martínez
Actuaciones
- Principal
VIII... Agréguese el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al que adjunta el testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 307/2021, por la cual se determinó declarar infundado el citado medio de impugnación contra el acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda. Acúsese recibo. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y archívese el presente sumario como asunto concluido. ..., el presente expediente es susceptible de destrucción; por tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, procederá este juzgado federal, de conformidad con el penúltimo párrafo del numeral de referencia.
- Principal
III... Téngase recibido el oficio signado por el Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ecatepec, Estado de México, a través del cual remite copia de las bitácoras y/o registros donde aduce se advierte la forma en la que se ha suministrado agua a los quejosos del dieciocho al veinticuatro de los actuales. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con las documentales de referencia, dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no manifestar nada al respecto, se tendrá conforme con las manifestaciones que vierte la responsable.
- Principal
"...CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS AL TERCERO INTERESADO JOSÉ GONZALO MORÁN RÍOS, LA SENTENCIA DE VEINTIDOS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, LO ANTERIOR EN ATENCIÓN AL CITATORIO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO..."
- Principal
VIII... Naucalpan de Juárez, Estado de México; diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto ..., por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; regístrese su ingreso en el libro de gobierno bajo el número 1040/2021-VIII. Ahora, es necesario destacar que los actos reclamados consisten en la inconstitucionalidad de los artículos 24 fracción I y 25 fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Y como primer acto de aplicación de dichos preceptos el acuerdo número 87870, de quince de septiembre de dos mil veintiuno, por medio del cual se ordenó el inicio de trámite de retiro por edad límite del Instituto Armado. Consecuentemente los oficios C20758/Ret de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno y 3286/2021, de veintisiete de ese mes y año, en el que se comunicó al Cmte 7/o.Btn.M.G, el referido inicio de procedimiento y se notificó al quejoso el mismo, respectivamente. Precisión que se hace atendiendo a los principios de congruencia y exhaustividad que rigen en el juicio constitucional, pues los juzgadores de amparo deben examinar en su totalidad los escritos iniciales para desentrañar la verdadera lesión materia de queja y de esa manera emitir un pronunciamiento congruente e integral. Así, respecto del acto que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, este último a contrario sensu, bajo las siguientes consideraciones: Los preceptos 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos seguidos en un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procederá contra la última resolución y contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley, como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y no en los casos en que se refieran a adjetivos o procesales, que correspondan a las posiciones que las partes van adquiriendo, para la obtención de un fallo favorable; pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. En ese orden, los actos reclamados no irrogan por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en la esfera jurídica de la parte quejosa, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha determinación sólo determinó el inicio de trámite de retiro por edad límite, pero no le restringe ninguno de sus derechos fundamentales o sustantivos que amerite un estudio inmediato a nivel constitucional; asimismo, no se trata de la resolución definitiva en dicho procedimiento y por ende no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción III, incisos a) y b) Constitucional, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que del contenido de los artículos 4, fracción IX, 21, 186, 187, 188, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, se desprende que el procedimiento administrativo para poner en situación de retiro a un militar se conforma de cuatro etapas, a saber: a) declaración de procedencia de retiro; b) otorgamiento del beneficio económico de retiro; c) sanción del beneficio económico de retiro otorgado; y d) orden de baja en el activo y alta en situación de retiro. Lo anterior permite concluir que dicho procedimiento administrativo inicia con la declaración de procedencia de retiro y culmina con la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro, en la que, de manera definitiva, el militar se coloca en situación de retiro con la suma de derechos y obligaciones, en términos del artículo 21, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por ello, es evidente que el inicio de trámite de retiro por edad límite del Instituto Armado no tiene la característica de ser definitiva, porque implica el inició, lo cual está sujeto a que, en caso de ser procedente, se emita una declaración provisional de procedencia de retiro, con lo cual se agota la primera etapa del procedimiento administrativo para poner a un militar en situación de retiro, denominada declaración de procedencia de retiro, que esencialmente tiene como finalidad principal determinar si el militar en activo se ubica en alguna causa de retiro, previstas en el artículo 24 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. ... Conviene precisar que si bien la jurisprudencia invocada se refiera a la Ley de Amparo abrogada, lo cierto es que interpreta artículos de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que no han sido modificados, razón suficiente para considerar que su aplicación es apta para determinar el sentido de la presente determinación. De ahí que las etapas previas a la resolución final no pueden combatirse en forma autónoma como actos destacados en el juicio de amparo indirecto, pues este procede en contra de la resolución final, relativa a la orden de baja en el activo y el alta en situación de retiro emitida en la cuarta etapa del procedimiento respectivo, como se sostiene en la jurisprudencia 2a./J. 154/2013. En ese sentido, toda vez que el acto de aplicación consistente resultó improcedente, la inconstitucionalidad de los artículos que combate conllevan la misma suerte, ya que no se puede examinar en el juicio de amparo indirecto de forma aislada. Ello, porque cuando se promueve un juicio de amparo contra una porción normativa de una ley o alguna norma, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular su estudio de su primer acto de aplicación, pues es éste el que causa perjuicio al promovente, y no por sí solo, el artículo o norma que tilda de inconstitucionalidad. En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, con relación al diverso 107 fracción III, inciso a) y b), este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31, fracciones II y III, de la Ley de Amparo, con relación a los artículos 55, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67, del acuerdo general 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, las notificaciones de carácter personal se le practicarán vía electrónica en el correo con usuario "ReyesGRuelasIFDP", el cual se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; en el entendido que queda obligado a ingresar al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que este juzgado la envíe; de no hacerlo así se tendrá por hecha la notificación. Asimismo, de conformidad con el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica de las actuaciones del presente juicio de amparo, con el referido usuario. De conformidad con el artículo 22, fracción II, del acuerdo 21, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le tiene señalando el número telefónico y correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. Derivado de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor por la epidemia generada por el virus SARS CoV2 (COVID-19), declarada así por el Consejo de Salubridad General mediante el Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta de marzo de dos mil veinte, se exhorta a las partes a que de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen el trámite del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Por lo cual, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán informar el usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, -el cual para su uso requiere de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma)-, a fin de que a través del mismo puedan consultar el expediente electrónico y notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito. Sin perjuicio de lo anterior, solicítese a las partes para que, a la brevedad posible, proporcionen a este órgano jurisdiccional un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales. Se autoriza a las personas que refiere, en términos amplios del ordinal 12, de la Ley de Amparo, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con sustento en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se autoriza la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, debiéndose asentar la razón de recibo respecto de la actuación que se desea fotografiar, por persona previamente autorizada para ello, quien deberá dejar copia de su identificación en autos; en el entendido de que el uso de dichas reproducciones serán responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. En términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda la información gubernamental es pública y los particulares tendrán acceso a ella y consecuentemente el Poder Judicial de la Federación como órgano del Estado está obligado a publicar las sentencias que emita una vez que hayan causado ejecutoria por lo que hágase saber a las partes el derecho que tiene para oponerse a que se incluyan sus datos personales cuando se realice la publicación de que se habla; asimismo, comuníqueseles que con apoyo en el numeral 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley citada, en caso de que llegare a oponerse a la inclusión de sus datos personales, tal solicitud será calificada por la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, quien determinará si es procedente o no, por contener información que se considere reservada, y en el primer supuesto, la versión pública de la sentencia ejecutoria aparecerá sólo con su nombre sin incluir sus datos personales; finalmente, infórmeseles que en caso de que la sentencia pudiera afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable a los interesados al publicarse la sentencia ejecutoria únicamente se insertará su nombre sin sus datos personales, y en tal caso, no se requiere de u oposición expresa. Finalmente, se toma conocimiento que no se opone a la publicación de sus datos personales; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.
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