Carlos Alberto Ruíz Cerros
Expediente 427/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 427/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Alberto Ruíz Cerros
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, este expediente principal e incidental son susceptibles de destrucción, conforme lo establece el numeral 20, fracciones I y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído este juicio de amparo y negado la suspensión definitiva. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal y el incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables; por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre únicamente como antecedente, el informe justificado rendido por el Encargado del Despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, toda vez que el diecinueve de los actuales se tuvo por rendido y el veinticinco de mayo de la presente anualidad se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior, se acuerda de conformidad con el artículo 219, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.JAIP
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 427/2023-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, el veinte de abril de dos mil veintitrés, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, promovió demanda de amparo en contra del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, ambos con sede en esta ciudad, así como en contra de la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua. Segundo. Derechos fundamentales que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señaló como derechos constitucionales vulnerados, los previstos en los artículos 1º, 14, 16, 18 y 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus informes justificados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron como hora y fecha para la audiencia constitucional, misma que fue celebrada al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La omisión de señalar fecha para la audiencia en que se debata el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada en su favor, en la carpeta de ejecución *******, que deriva de la causa penal *******. Del Titular del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, con sede en esta ciudad y del Encargado de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Sistema Penitenciario, Prevención y Readaptación Social, con sede en Aquiles Serdán, Chihuahua: El retardo en el envío de la información atinente al quejoso al juzgado responsable, para que éste se encuentre en posibilidad de determinar fecha para celebrar la audiencia en que se debata el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada que instó. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados por el quejoso a las autoridades señaladas como responsables. Lo anterior, pues fue hasta el veinticinco abril de dos mil veintitrés, es decir, posterior a la presentación de la demanda que originó este asunto (de veinte de los mismos), en que el Juzgado responsable señaló fecha para la celebración de la audiencia para debatir el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada que instó el aquí quejoso; además, posterior también al origen de este juicio, fue que las diversas responsables allegaron al juez responsable la información relativa al aquí quejoso, para que éste estuviera en posibilidad de señalar esa fecha. Lo anterior, se deduce de las constancias con que las responsables acompañaron sus informes justificados, mismas que poseen valor probatorio pleno, de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública y en ejercicio de sus funciones. Por ende, se tienen por ciertos los actos reclamados. Cuarto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima la actualización, de forma manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 77 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, este juicio de amparo, la parte quejosa se dolió, del Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, de la omisión de señalar fecha para la audiencia en que se debata el otorgamiento del beneficio de libertad anticipada en su favor en la carpeta de ejecución *******; y de las restantes responsables, del retardo en el envío de la información instada por el Tribunal responsable, para que éste pudiera determinar fecha para celebrar la audiencia en cita. Empero, como se desprende de las constancias con que las responsables acompañaron sus informes justificados -previamente valoradas- el Encargado de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Sistema Penitenciario, Prevención y Readaptación Social y el Encargado del Despacho del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, remitieron las constancias relativas al aquí quejoso, para que el Juez responsable estuviera en posibilidad de fijar fecha para la verificación de la aludida audiencia. Por su parte, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, determinó las once horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, para celebrar la audiencia en la que se debatirá la viabilidad o no de la concesión de un beneficio preliberacional en favor del sentenciado, aquí quejoso, solicitada por éste. Así, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por la parte quejosa, tal como si se le hubiese otorgado el amparo instado, pues el Tribunal responsable ya fijó fecha para la audiencia de que se trata; además, las diversas responsables remitieron las constancias necesarias para tal efecto. Lo que aconteció, después de que las responsables tuvieran conocimiento de la demanda de amparo que originó este juicio constitucional biinstancial. Por lo tanto, como se anunció, durante la tramitación de este juicio de amparo, cesaron los actos reclamados y es pertinente sobreseer este juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de la legislación de la materia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis aislada P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio promovido por *******, en contra de las autoridades que señaló en este juicio como responsables, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese 1) mediante oficio a las responsables, 2) así como por lista electrónica a las demás partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, Encargado del Despacho del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Encargado de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Sistema Penitenciario, Prevención y Readaptación Social; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido de los informes en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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