Carlos Alberto Pasillas Martinez
Expediente 927/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 02/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Alberto Pasillas Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a dos de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la resolución de once de noviembre de dos mil veintidós, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse concedido la suspensión de plano, es susceptible de DEPURACIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 7.4 relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de la Dirección General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; once de noviembre de dos mil veintidós. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 927/2022-V, promovido por **********, a favor de **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El once de octubre de dos mil veintidós, ante la secretaria de guardia de este Juzgado de Distrito, se recibió la demanda por comparecencia promovida por **********, a favor de **********, misma que fue ratificada por el directo agraviado. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal General del Estado, Director de la Policía Ministerial, Subdirector de la Policía Ministerial y Jefe de la Unidad de Ordenes de Aprehensión, todos de la Zona Norte y al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, a quienes reclamó la privación ilegal de la libertad, tortura e incomunicación. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de once de octubre de dos mil veintidós, la demanda de amparo se registró con el número 927/2022-V, y previa ratificación del directo agraviado, el trece siguiente se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que los actos reclamados consisten en la privación de la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, tortura y detención. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El Coordinador Regional, Sub coordinador Regional y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en Cumplimiento de Órdenes de Aprehensión, todos de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; la Coordinadora del área de amparos y derechos humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal y el Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, al rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos que les endilga la parte quejosa, a saber, la privación de la libertad fuera de procedimiento, tortura e incomunicación, sin que éste hubiere aportado prueba alguna a fin de desvirtuarlos. Sin soslayar que en constancia de notificación de once de octubre del año que transcurre, el justiciable manifestó que había sido objeto de tortura moral y psicológica, pues se encontraba detenido en la estancia número cuatro, con más de quince personas y en estado deplorable, pues dicho sitio tiene mal olor. No obstante, de las constancias que remitió la Coordinadora del área de amparos y derechos humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal, destaca que **********, fue detenido a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del once de octubre de dos mil veintidós, por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por hechos con apariencia de delito de desobediencia y resistencia de particulares. Luego, a las veintidós horas con cincuenta y cuatro minutos de esa data, la médico legista adscrita a la Fiscalía General del Estado le realizó examen médico, y a la exploración física resultó que no presentaba lesiones, encontrándose consciente, tranquilo, cooperador al interrogatorio y a la exploración, con lenguaje fluido. De ahí, se deriva la inexistencia de los actos de que se duele la parte quejosa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos precisados en este considerando. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, la Coordinadora del área de amparos y derechos humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal, precisó que es cierto el acto de que se duele el quejoso **********, pues a las veintiún horas con treinta minutos del once de octubre del año dos mil veintidós, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, Zona Norte, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Publica de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, quedando interno en el centro de detención provisional de esa Fiscalía; ello, con motivo de que fue detenido a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos de la misma fecha, por aparecer como probable responsable en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares, previsto y sancionado en el Código Penal del Estado de Chihuahua; asimismo, se examinaron las circunstancias de la detención, determinándose que fue detenido dentro del término de la flagrancia bajo el supuesto del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, quedando sujeto al plazo constitucional de cuarenta y ocho horas a efecto de resolver su situación jurídica. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia de las constancias que remitió la autoridad responsable relativas al número único de caso 37-2022-0031650, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Procede analizar las causales de improcedencia, ya sea que las hagan valer las partes o de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo en cita. En ese sentido, este órgano advierte que en la especie ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Conforme a dicha causal la acción de amparo se torna improcedente cuando los efectos del acto reclamado son destruidos de forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de su emisión, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional y sin dejar huella en su esfera jurídica. En apoyo a las anteriores consideraciones se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, de junio de 1999, página 38, registro digital 193758, que a la letra dice: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Para arribar a dicha conclusión basta destacar como antecedentes de los actos reclamados, los siguientes: 1. El once de octubre de dos mil veintidós, **********, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, por el hecho con apariencia de delito de desobediencia y resistencia de particulares; y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, quien en la misma data calificó de legal su detención y lo sujetó a plazo de cuarenta y ocho horas para resolver su situación jurídica. 2. El trece de octubre de dos mil veintidós, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de Delitos de Peligro contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública, dictó auto de libertad a favor del justiciable, sin perjuicio de continuar con la investigación; librando oficio al Encargado de las Celdas Preventivas de la Unidad de Control de Detenidos de la Fiscalía Zona Norte, a efecto de que diera cumplimiento a dicho mandamiento, el cual se recibió en la misma data. Por ello, este órgano encuentra una barrera jurídica para analizar los autos reclamados, en virtud de que, si bien el quejoso fue privado de su libertad con motivo de que se le imputó la comisión de un hecho delictuoso, lo cierto es que obtuvo su libertad el trece de octubre siguiente. En sustento a lo anterior se cita la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, de febrero de 1998, página 210, registro digital 196820, del contenido: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXI, en relación el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, por propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de este fallo, por las razones ahí vertidas. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda los informes justificados y anexos, rendidos por las autoridades responsables, Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal, Coordinador y Sub Coordinador, ambos Regionales y Jefe de Grupo adscrito a la Unidad Especializada en la Cumplimentación de Órdenes de Aprehensión, los últimos tres de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte; como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el informe y documentales que se atienden, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. En el entendido de que el valor probatorio de los informes recibidos en el correo electrónico oficial del juzgado, es pleno, por identidad de las razones que informa la tesis I.3o.P.41 P (10a.), publicada en el Seminario de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dieciséis, del rubro: CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO. Con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la Coordinadora del Área de Amparos y Derechos Humanos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del Fiscal, designando como delegadas a las personas que indica y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que refiere en su informe. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. kod
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Jueza del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, Distrito Judicial Bravos; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la licenciada **********, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia de la titular, autorizada por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo, que reglamenta la Carrera Judicial, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe. KOD
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