Carlos Alberto Pasillas Martínez
Expediente 779/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 779/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Carlos Alberto Pasillas Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 779/2023-VI, y; RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el catorce de agosto del año en curso, ** solicitó el amparo y la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados del Juez Mixto de Primera Instancia de Partido de Judicial Xalisco, Nayarit, y otras autoridades. Segundo. Tramitación del incidente. Previa aclaración de la demanda de amparo, por auto de veintidós de agosto del año en curso, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual fue desahogada al tenor de la audiencia que antecede. CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos del numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Existencia de los actos reclamados. El Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, en Tepic, Nayarit, al rendir su informe previo, manifestó que eran ciertos los actos reclamados por la parte quejosa, adicionado que en los autos del juicio especial hipotecario número 125/2021 (antes 576/2014) promovido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en contra de **, y otros, se llevó a cabo el emplazamiento al juicio de referencia, remitiendo el testimonio autorizado de dicho expediente al Notario Público número 3 de San Blas, para la adjudicación parcial por efectos de resolución judicial en rebeldía de la demandada. Tercero. Concede suspensión definitiva. A efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclama todo lo actuado en el juicio especial hipotecario 576/2014, desde el emplazamiento hasta la adjudicación del bien inmueble ubicado en la calle **, en esta ciudad. En las relatadas circunstancias, para resolver lo relativo a los efectos de la medida cautelar solicitada debe tomarse en consideración lo dispuesto por los artículos 128 y 138 de la ley de la materia, que en su orden señalan: 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. 138. Promovida la suspensión del acto reclamado el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social y, en su caso, acordará lo siguiente: I. Concederá o negará la suspensión provisional; en el primer caso, fijará los requisitos y efectos de la medida; en el segundo caso, la autoridad responsable podrá ejecutar el acto reclamado; II. Señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental que deberá efectuarse dentro del plazo de cinco días; y III. Solicitará informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual en la notificación correspondiente se les acompañará copia de la demanda y anexos que estime pertinentes. En el caso se acredita el primero de los requisitos a que alud la fracción I, del precepto transcrito en primer término, toda vez que la parte quejosa en el escrito de la demanda de amparo solicitó la medida suspensiva de los actos reclamados. Los cuales aduce, afectan su esfera jurídica de manera directa, lo que por ahora resulta suficiente para resolver sobre la suspensión de dichos actos, pues para ello se debe partir, del supuesto, comprobado o no, de que estos son ciertos; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quién la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, conduce a estimar que efectivamente los actos materia del reclamo pueden afectar los derechos jurídicamente tutelados por la parte inconforme. En cuanto al segundo requisito, la fracción II del citado numeral 128 establece, que la medida cautelar en el juicio de amparo se decretará siempre y cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; entendiéndose por orden público, el sistema de normas de mayor importancia para conservar y encauzar el orden en la sociedad y, por interés social, la atención, cuidado o tendencia que tiene la sociedad, o algún grupo de ella, en que no se le causen daños o perjuicios que, inclusive, puedan llegar a ser irreparables y, por ende, conseguir existan las condiciones esenciales para su desarrollo armónico. Ilustra lo determinado, la Jurisprudencia I.3o.A. J./16, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383, del Tomo V, Enero de 1997, Materia Administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: SUSPENSION, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERES SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. Así como, el criterio contenido en la Tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 11, del Tomo XI, Junio de 1993, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: SUSPENSION. LOS SUPUESTOS DE PERJUICIO AL INTERES SOCIAL O CONTRAVENCION DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO ESPECIFICADOS EN EL ARTICULO 124, FRACCION II, PARRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, SON ENUNCIATIVOS Y NO LIMITATIVOS. El artículo 124 de la Ley de Amparo establece que, se considerará, entre otros casos que sí se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las órdenes militares; lo que significa, que el legislador se concreta a ejemplificar, en forma simplemente enunciativa, mas no limitativa tales casos, dejando al juzgador en aptitud de reconocerlos en otros supuestos, de conformidad con su criterio y el caso concreto. Pues bien, en lo que atañe al segundo de los requisitos del numeral en estudio, esto es, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, cabe decir que para determinar lo anterior, debe sopesarse el perjuicio real y efectivo que podría sufrir la colectividad, con el que podría afectar a la parte quejosa con la ejecución de los actos reclamados, pues no debe perderse de vista que para determinar si existe esa afectación, no basta que la ley en que se fundamenten los actos sea de orden público e interés social, sino que debe evaluarse si su contenido, fines y consecución son contrarios a los valores y principios que inspiran el orden público, capaz de restringir derechos fundamentales de los gobernados, o si son realmente significativos para afectar el interés social. Ciertamente, las leyes en mayor o menor medida responden a ese interés público; sin embargo, esto no puede ser una habilitación absoluta, capaz de afectar derechos fundamentales de modo irreversible, ya que también es deseable por la sociedad que las autoridades no afecten derechos fundamentales de los particulares, especialmente cuando tienen el carácter de indisponibles o irreductibles como la vida, salud, libertad, igualdad, dignidad y los demás consagrados en la Carta Magna, así como en los Tratados Internacionales celebrados por el Estado Mexicano, por ser sus consecuencias de difícil o de imposible reparación. Por ende, para decidir respecto de la concesión de la suspensión de los efectos y consecuencias de los actos aquí reclamados, debe realizarse un análisis del grado de afectación que sufren tales conceptos (orden público e interés social); de esta manera, el derecho o principio a primar debe ser, en la especie, aquél que cause un menor daño y el cual resulta indispensable privilegiarse, o sea el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de las Ley de Amparo en aplicación, se desprende que la medida suspensiva tiene como propósito mantener viva la materia del juicio de amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, de modo que el Juez de Distrito tiene la obligación de tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio; y tomando en consideración que el artículo 139 de la ley de la materia, consigna la potestad conferida al Juzgador Federal de ordenar en el incidente de suspensión, en todos aquellos casos en que haya peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la parte quejosa, que se mantengan las cosas en el estado que guardan, facultad que está supeditada a la naturaleza del asunto y principalmente a las disposiciones relacionadas con la misma. De esa manera, la suspensión es una medida cautelar de una situación ya existente, que tiene como finalidad evitar que ésta se altere, ya sea con la ejecución de los actos reclamados, o bien, por sus efectos y consecuencias; de ahí, que no crea derechos en beneficio de la parte quejosa, sino únicamente los preserva en cuanto que no se afecten por la ejecución de los actos reclamados, con independencia de que sean o no inconstitucionales. En ese contexto, cabe destacar que objetivo primordial de esa providencia es mantener viva la materia del juicio de amparo, con el fin de impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En esa tesitura, debe acreditarse que se es agraviado y que, de no concederse la suspensión solicitada, se afectarían sus derechos, en el caso, es necesario acreditar indiciariamente ser titular del derecho que se invoca violentado. De manera indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, al realizar una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quién solicita la medida cautelar resultará agraviado. Ahora, para justificar el derecho que ejerce sobre dicho bien inmueble, la parte quejosa exhibió el instrumento público número 9,495, mediante el cual el Notario Público número 3 de la Segunda Demarcación en San Blas, Nayarit, hizo constar la formalización de la adjudicación derivada del juicio especial hipotecario 576/2014, promovido en contra de **, relativa al referido bien inmueble. Documental a la cual se le reconoce valor probatorio en términos del artículo 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su numeral 2º, y con lo que se prueba el interés presuntivo que tiene la parte quejosa, para solicitar la suspensión del acto reclamado. Apoya a lo anterior, la tesis VII.2o.C.32 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 1416, Novena Época, Materia Común, con número de registro 168761, cuyo rubro y texto indican: SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN, BASTA CON QUE EL QUEJOSO DEMUESTRE SU CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN, PARA QUE SE ACREDITE EL REQUISITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO Si del informe previo rendido por las autoridades responsables se desprende que el quejoso es un tercero extraño a juicio por equiparación, pues fue señalado como parte demandada en el juicio natural y se dictó sentencia condenatoria que implica la desocupación y entrega del inmueble litigioso a favor de la parte actora, es inminente que la orden de lanzamiento que se llegue a emitir en ejecución de ella estará dirigida al quejoso y traerá como consecuencia su desposeimiento; de ahí que se satisfaga el requisito de procedibilidad de la medida cautelar sujeta a estudio, previsto por el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo. Luego, con la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, en términos del artículo 129, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 128 y 151 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada por **, para el efecto de que sin impedir la continuación del juicio 576/2014, no se lleve a cabo la entrega material del citado bien inmueble al adjudicatario; hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del cual deriva la presente incidencia. Por tanto, para que surta efectos la medida suspensional es necesario que su solicitante exhiba caución para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado si no se le otorga la protección constitucional, sin que ellos pueda jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la norma fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero interesado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. La presente medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe en cualquiera de las formas que establece la ley, como garantía la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 moneda nacional) que esta Juzgadora fija de manera discrecional, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 129 y 132 de la Ley de Amparo. La presente suspensión surte efectos, siempre y cuando a la fecha no se hubieran realizado los actos materia de la suspensión, de lo contrario se le estaría dando efectos restitutorios los que sólo son propios de la sentencia que se pronuncia en el juicio de amparo de donde derivan los presentes autos incidentales. Garantía que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley, en un plazo de cinco días contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 136 de la ley de la materia. Si opta por póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: para garantizar la suspensión otorgada a la parte quejosa (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 779/2023-VI; y, en el rubro de autoridad: Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: Único. Se concede a **, la suspensión definitiva en términos del considerando tercero de la presente determinación. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ** quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, en virtud de que el informe justificado, rendido por el Juez y Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, en Tepic, Nayarit, no se recibió con los ocho días de anticipación que refiere el artículo 117, de la Ley de Amparo. Ante ello, existe imposibilidad jurídica para celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, por lo que, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y se señalan las diez horas con cuarenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el informe justificado rendido conjuntamente por el Juez y Secretaria del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, en Tepic, Nayarit, al cual adjuntan un disco versátil digital relativo a las constancias que integran el juicio especial hipotecario 125/2021, de su índice, (antes 576/2014); como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y del anexo que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *****************. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el informe previo que rinde el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, en Tepic, Nayarit; con su contenido dese vista a las partes para que estén en posibilidad de objetar el mismo, tal como lo dispone el artículo 140 de la Ley de Amparo. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con el numeral 144 de la legislación en cita. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *****************, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******************. Doy fe.
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