Carlos Alberto Martinez Vazquez

Expediente 236/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
236/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
21/10/2016

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Martinez Vazquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 19 DE octubre DE 2016, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de siete de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis (fojas 155 a 181), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Carlos Alberto Martínez Vázquez, a través de su defensor particular Edgar Aguilar García, para lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si fuera en el mismo sentido deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá reiterar que se acredita el cuerpo del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Raúl Ávila. b) Deberá señalar con qué medio de pruebas o qué parte de ellas acreditan la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en la comisión del delito de homicidio calificado, debiendo indicar el grado de autoría o participación que tuvo en la ejecución del delito que se le imputa, lo que implica señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta. c) Posteriormente a ello, deberá valorar las pruebas que aportó el indiciado dentro del plazo constitucional y confrontarlas con las que aportó el órgano investigador para ponderar si se acredita o no la probable responsabilidad del indiciado en el delito que se le atribuye. d) Deberá reiterar que se acredita el cuerpo del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad. e) Deberá analizar la probable responsabilidad penal del indiciado en la comisión del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, e indicar con qué prueba se acredita la misma. f) En relación del delito de homicidio en grado de tentativa, deberá precisar con qué medio de prueba se acredita cada uno de los elementos que configura el delito; asimismo, deberá indicar con qué medio de prueba o qué parte de ellas se acredita la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en su comisión, lo que implica señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta." (foja180). Dicha sentencia causó ejecutoria mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla (fojas 243 a 247). Ahora bien, mediante oficio 6625 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha emitida en el proceso 322/2016 antes 22/2016, de la que se advierte que dicho juzgador, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de veinticinco de enero de dos mil dieciséis; Dictó otra en la que reiteró que se encontraba acreditado el cuerpo de los delitos de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b) y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331 en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción III todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de quien en vida se llamó Raúl Ávila; y, Reiteró que se acreditaba el cuerpo del DELITO COMETIDO CONTRA FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad. Sin embargo, no dio cabal cumplimiento a lo siguiente: 1. En lo que se refiere al efecto consistente en precisar ".qué medio de pruebas o qué parte de ellas acreditan la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en la comisión del delito de homicidio calificado." En la mencionada resolución, el juez del proceso relató las pruebas con las que consideró acreditada la probable responsabilidad penal del inculpado en la comisión del mencionado delito, pero fue omiso en otorgarles el valor probatorio correspondiente (pleno, de indicio, etcétera), lo cual deberá hacer. Por otra parte, con las pruebas que citó el referido juzgador, únicamente refirió que la conducta del quejoso se adecuaba a lo establecido en el artículo 21, fracción III del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, no obstante que estaba obligado a desarrollar un estudio condigno; debiendo expresar además las razones que tenía para considerarlo así, lo que implicaba también precisar y explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso.- Estando además obligado a establecer el grado de autoría o participación que tuvo el aquí quejoso en la ejecución del delito que se le imputa, lo que implicaba señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta. Por lo que hace al efecto consistente en que dicho juzgador 3. ".Deberá valorar las pruebas que aportó el indiciado dentro del plazo constitucional y confrontarlas con las que aportó el órgano investigador para ponderar si se acredita o no la probable responsabilidad del indiciado en el delito que se le atribuye.", si bien relató las pruebas aportadas en el plazo constitucional consistentes en los testimonios de Erika López Flores, Lourdes Gaspariano López, Porfiria Carmela García Vivanco y Pedro Aguilar Nolasco, y al intentar valorarlas citó el artículo 178, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, fue omiso en precisar el valor que les concedió (pleno e indicio, etcétera) y, posteriormente, sin llevar a cabo la confrontación requerida en la sentencia de mérito, dijo que éstas no eran aptas para desvirtuar la probable responsabilidad penal del activo ni los hechos que existían en contra del hoy indiciado los cuales eran bastantes y lo incriminaban en su directa participación. En lo que se refiere al diverso delito COMETIDO CONTRA FUNCIONARIO PÚBLICO, cuyo cuerpo del delito también, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, reiteró que se encontraba acreditado, pero al intentar dar cumplimiento al efecto consistente en analizar la probable responsabilidad penal del indiciado en la comisión del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, e indicar con qué prueba se acreditaba la misma, dicho responsable dijo que con los medios de prueba que habían quedado relatados y valorados anteriormente, omitiendo realizar un estudio condigno al respecto. En relación del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA previsto en el artículo 207 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, el juez responsable, en cumplimiento a la sentencia de amparo, hizo lo siguiente: Precisó los elementos que componen el cuerpo del citado delito; y, Citó los medios de prueba con los que consideró que se acreditan; Sin embargo, incumplió con los restantes efectos, pues omitió indicar con qué medio de prueba o qué parte de ellas se acreditaba la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en su comisión, lo que implicaba, señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, por acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 410 a 414) se le requirió nuevamente al juez penal responsable el cumplimiento de la ejecutoria amparadora. En el entendido de que debía dejar sin efectos la resolución reclamada de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, así como la diversa de veintisiete de septiembre del año en curso, con la que pretendió dar cumplimiento. Atento a lo anterior, mediante oficio 6816 de cuatro de octubre de dos mil dieciséis el Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional de esa misma fecha pronunciado en el proceso 322/2016 (antes 22/2016) de su índice, en el que se advierte que dicho juzgador, llevó a cabo los efectos siguientes: Dejó sin efectos el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso el veinticinco de enero de dos mil dieciséis y el diverso de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; y, llevó a cabo lo siguiente: A) Con libertad de jurisdicción, dictó una nueva resolución de término constitucional fundada y motivada, purgando los vicios que la afectaban, esto es: Reiteró que se acredita el cuerpo del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Raúl Ávila. Señaló con qué medio de pruebas o qué parte de ellas acredita la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en la comisión del delito de homicidio calificado, indicó el grado de autoría o participación que tuvo en la ejecución del delito que se le imputa, así como las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta. Valoró las pruebas que aportó el indiciado dentro del plazo constitucional y las confrontó con las que aportó el órgano investigador para ponderar si se acreditaba o no la probable responsabilidad del indiciado en el delito que se le atribuye, para concluir diciendo lo siguiente: ".Sin que sea óbice para llegar a la anterior conclusión el hecho de que el hoy indiciado CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VÁZQUEZ dentro del término constitucional haya ofrecido a su favor el testimonio de los CC ERIKA LÓPEZ FLORES, LOURDES GASPARIANO LÓPEZ, PORFIRIA CARMELA GARCÍA VIVANCO Y PEDRO AGUILAR NOLASCO (las transcribe) .Declaraciones que en esta etapa procedimental del juicio son insuficientes, para desvirtuar las imputaciones criminales que existen en contra del hoy indiciado CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, en virtud de que sus atestes no precisan a que año se refiere su dicho, a más de que el hecho de que el hoy indiciado al rendir su declaración preparatoria haya guardado silencio en reservarse el derecho a declarar sobre los cargos que formulan en su contra, no obstante que este es un derecho constitucional, sin embargo los atestes refieren diversos hechos sin ser precisos en cuanto a fechas, nombres, de ahí que sus versiones resultan obscuras con lo que se apartan de los extremos que se establecen en el diverso 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, razones por las cuales se les niega valor probatorio (foja 471 vuelta y 472). Reiteró que se acredita el cuerpo del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad, y analizó la probable responsabilidad penal del indiciado en la comisión del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, indicando además con qué prueba se acreditó la misma. En efecto, el juez responsable consideró probada la probable responsabilidad penal del indicado, básicamente con los testimonios de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas; para concluir diciendo lo siguiente: ".Con los anteriores medios de convicción mismos que entrelazados, y en términos del artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado se demuestra que el hoy agente activo CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, el día 14 catorce de enero del año 2016 dos mil dieciséis, aproximadamente a las trece horas, tripulaba junto con otros dos sujetos en un vehículo de servicio de transporte público (taxi) en las calles 37 treinta y siete poniente de la 27 veintisiete y 29 veintinueve sur de esta ciudad, quien al ser requerido por el ahora agente pasivo quien llevó el nombre de RAÚL ÁVILA, para hacerle una revisión de vigilancia y seguridad pública junto con sus compañeras agentes ministeriales de nombres ALEJANDRA MENCILLA (sic) GONZÁLEZ Y KAREN PEÑA SALINAS, éstos se opusieron y por el contrario desplegaron una conducta contraria a las normas de orden público y más bien violentas y criminales, pues en lugar de respetar las indicaciones de los agentes de la autoridad quienes se encontraban en el ejercicio de sus funciones públicas de vigilancia y seguridad pública, reaccionaron violentamente desenfundado el hoy indiciado un arma de fuego misma que utilizó para realizarle diversos disparos contra la integridad física, recayendo estas conductas delictivas en agravio del ahora extinto RAÚL ÁVILA y de sus compañeras de trabajo, las cuales acreditaron su calidad de agentes del orden público con sus gafetes que se encuentran debidamente fedatados en actuaciones con las cuales se justificó su personalidad de servidores públicos, por lo que con la conducta desplegada por el ahora indiciado se vulneró el bien jurídico tutelado por la ley que en el caso lo fue la comisión de un delito de agentes del orden público y de la propia sociedad por lo que el agente activo quiso y aceptó la realización del hecho típico y prohibido por la ley (foja 471). En relación del delito de homicidio en grado de tentativa, precisó con qué medio de prueba se acredita cada uno de los elementos que configura tal ilícito; también indicó con qué medio de prueba o qué parte de ellas se acredita la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en su comisión, señalando las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta delictiva. Así es, dicho juzgador precisó que el cuerpo del delito se encuentra acreditado a través de las siguientes pruebas: Diligencia de levantamiento de cadáver; Dictamen médico legal y forense de levantamiento de cadáver, reconocimiento y necropsia número 41; Diligencia de reconocimiento de cadáver; Dictamen CRI-55/2016; y, La inspección judicial practicada en el lugar de los hechos. Por su parte la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del referido delito, la autoridad responsable del cumplimiento de la ejecutoria amparadora también la consideró probada con el señalamiento directo de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas. Precisando además las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que acontecieron los hechos en torno al delito señalado, esto es, que ocurrieron el catorce de enero de dos mil dieciséis alrededor de las trece horas debido a que las agraviadas en su calidad de agentes policíacos se encontraban realizando rondines para vigilar las zonas de instituciones bancarias y al arribar a la zona de la treinta y una poniente, veintisiete y veintinueve sur donde se encuentran los bancos HSBC y BANCOMER sobre la veintinueve sur se percatan de la presencia de un vehículo taxi de color negro con amarillo en el que se encontraban tres personas, dos en la parte de atrás y uno al frente pero al ser descubiertos, iniciaron su marcha, por tal motivo los agentes de policía decidieron seguirlos, y de pronto el conductor del vehículo descendió y empezó a disparar, causándole la muerte al jefe de grupo (Raúl Ávila) e hiriendo de gravedad a Alejandra Mancilla González; que el inculpado dejó de disparar debido a que los hechos acontecieron a las trece horas con afluencia vehicular y porque habían prendido la torreta de la patrulla generando la atención de la gente que pasaba por ese lugar, esto es, fueron causas ajenas por las que el hoy agente del delito no consumó su propósito criminal. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos..."

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil dieciséis. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de siete de octubre de dos mil dieciséis, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, sin que así lo hiciera, en consecuencia, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable encargada del cumplimiento del fallo protector de garantías con los elementos que obran en autos. En principio, es necesario indicar que en la sentencia de quince de julio de dos mil dieciséis (fojas 155 a 181), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por el quejoso Carlos Alberto Martínez Vázquez, a través de su defensor particular Edgar Aguilar García, para lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos de los artículos 73 y 77 de la Ley de Amparo y en virtud de las razones expuestas en el considerando que antecede, lo procedente es conceder el amparo para el efecto de que se: 1. Deje insubsistente la resolución reclamada de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, y con libertad de jurisdicción, dicte otra debidamente fundada y motivada, la cual podrá ser en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero si fuera en el mismo sentido deberá purgar los vicios que la afectan y que fueron destacados en esta sentencia, esto es: a) Deberá reiterar que se acredita el cuerpo del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Raúl Ávila. b) Deberá señalar con qué medio de pruebas o qué parte de ellas acreditan la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en la comisión del delito de homicidio calificado, debiendo indicar el grado de autoría o participación que tuvo en la ejecución del delito que se le imputa, lo que implica señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta. c) Posteriormente a ello, deberá valorar las pruebas que aportó el indiciado dentro del plazo constitucional y confrontarlas con las que aportó el órgano investigador para ponderar si se acredita o no la probable responsabilidad del indiciado en el delito que se le atribuye. d) Deberá reiterar que se acredita el cuerpo del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad. e) Deberá analizar la probable responsabilidad penal del indiciado en la comisión del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, e indicar con qué prueba se acredita la misma. f) En relación del delito de homicidio en grado de tentativa, deberá precisar con qué medio de prueba se acredita cada uno de los elementos que configura el delito; asimismo, deberá indicar con qué medio de prueba o qué parte de ellas se acredita la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en su comisión, lo que implica señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta." (foja180). Dicha sentencia causó ejecutoria mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla (fojas 243 a 247). Ahora bien, mediante oficio 6625 de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, la autoridad responsable Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha emitida en el proceso 322/2016 antes 22/2016, de la que se advierte que dicho juzgador, hizo lo siguiente: Dejó insubsistente la resolución reclamada de veinticinco de enero de dos mil dieciséis; Dictó otra en la que reiteró que se encontraba acreditado el cuerpo de los delitos de: HOMICIDIO CALIFICADO, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b) y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331 en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción III todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de quien en vida se llamó Raúl Ávila; y, Reiteró que se acreditaba el cuerpo del DELITO COMETIDO CONTRA FUNCIONARIO PÚBLICO, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad. Sin embargo, no dio cabal cumplimiento a lo siguiente: 1. En lo que se refiere al efecto consistente en precisar ".qué medio de pruebas o qué parte de ellas acreditan la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en la comisión del delito de homicidio calificado." En la mencionada resolución, el juez del proceso relató las pruebas con las que consideró acreditada la probable responsabilidad penal del inculpado en la comisión del mencionado delito, pero fue omiso en otorgarles el valor probatorio correspondiente (pleno, de indicio, etcétera), lo cual deberá hacer. Por otra parte, con las pruebas que citó el referido juzgador, únicamente refirió que la conducta del quejoso se adecuaba a lo establecido en el artículo 21, fracción III del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, no obstante que estaba obligado a desarrollar un estudio condigno; debiendo expresar además las razones que tenía para considerarlo así, lo que implicaba también precisar y explicar las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito que se imputa al sujeto activo -aquí quejoso.- Estando además obligado a establecer el grado de autoría o participación que tuvo el aquí quejoso en la ejecución del delito que se le imputa, lo que implicaba señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta. Por lo que hace al efecto consistente en que dicho juzgador 3. ".Deberá valorar las pruebas que aportó el indiciado dentro del plazo constitucional y confrontarlas con las que aportó el órgano investigador para ponderar si se acredita o no la probable responsabilidad del indiciado en el delito que se le atribuye.", si bien relató las pruebas aportadas en el plazo constitucional consistentes en los testimonios de Erika López Flores, Lourdes Gaspariano López, Porfiria Carmela García Vivanco y Pedro Aguilar Nolasco, y al intentar valorarlas citó el artículo 178, fracción I del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, fue omiso en precisar el valor que les concedió (pleno e indicio, etcétera) y, posteriormente, sin llevar a cabo la confrontación requerida en la sentencia de mérito, dijo que éstas no eran aptas para desvirtuar la probable responsabilidad penal del activo ni los hechos que existían en contra del hoy indiciado los cuales eran bastantes y lo incriminaban en su directa participación. En lo que se refiere al diverso delito COMETIDO CONTRA FUNCIONARIO PÚBLICO, cuyo cuerpo del delito también, en cumplimiento a la ejecutoria amparadora, reiteró que se encontraba acreditado, pero al intentar dar cumplimiento al efecto consistente en analizar la probable responsabilidad penal del indiciado en la comisión del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, e indicar con qué prueba se acreditaba la misma, dicho responsable dijo que con los medios de prueba que habían quedado relatados y valorados anteriormente, omitiendo realizar un estudio condigno al respecto. En relación del delito de HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA previsto en el artículo 207 del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, el juez responsable, en cumplimiento a la sentencia de amparo, hizo lo siguiente: Precisó los elementos que componen el cuerpo del citado delito; y, Citó los medios de prueba con los que consideró que se acreditan; Sin embargo, incumplió con los restantes efectos, pues omitió indicar con qué medio de prueba o qué parte de ellas se acreditaba la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en su comisión, lo que implicaba, señalar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, por acuerdo dictado el veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 410 a 414) se le requirió nuevamente al juez penal responsable el cumplimiento de la ejecutoria amparadora. En el entendido de que debía dejar sin efectos la resolución reclamada de veinticinco de enero de dos mil dieciséis, así como la diversa de veintisiete de septiembre del año en curso, con la que pretendió dar cumplimiento. Atento a lo anterior, mediante oficio 6816 de cuatro de octubre de dos mil dieciséis el Juez Octavo de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla remitió copia certificada del auto de término constitucional de esa misma fecha pronunciado en el proceso 322/2016 (antes 22/2016) de su índice, en el que se advierte que dicho juzgador, llevó a cabo los efectos siguientes: Dejó sin efectos el auto de formal prisión decretado en contra del quejoso el veinticinco de enero de dos mil dieciséis y el diverso de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; y, llevó a cabo lo siguiente: A) Con libertad de jurisdicción, dictó una nueva resolución de término constitucional fundada y motivada, purgando los vicios que la afectaban, esto es: Reiteró que se acredita el cuerpo del delito de homicidio calificado cometido en agravio de Raúl Ávila. Señaló con qué medio de pruebas o qué parte de ellas acredita la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en la comisión del delito de homicidio calificado, indicó el grado de autoría o participación que tuvo en la ejecución del delito que se le imputa, así como las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta. Valoró las pruebas que aportó el indiciado dentro del plazo constitucional y las confrontó con las que aportó el órgano investigador para ponderar si se acreditaba o no la probable responsabilidad del indiciado en el delito que se le atribuye, para concluir diciendo lo siguiente: ".Sin que sea óbice para llegar a la anterior conclusión el hecho de que el hoy indiciado CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VÁZQUEZ dentro del término constitucional haya ofrecido a su favor el testimonio de los CC ERIKA LÓPEZ FLORES, LOURDES GASPARIANO LÓPEZ, PORFIRIA CARMELA GARCÍA VIVANCO Y PEDRO AGUILAR NOLASCO (las transcribe) .Declaraciones que en esta etapa procedimental del juicio son insuficientes, para desvirtuar las imputaciones criminales que existen en contra del hoy indiciado CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, en virtud de que sus atestes no precisan a que año se refiere su dicho, a más de que el hecho de que el hoy indiciado al rendir su declaración preparatoria haya guardado silencio en reservarse el derecho a declarar sobre los cargos que formulan en su contra, no obstante que este es un derecho constitucional, sin embargo los atestes refieren diversos hechos sin ser precisos en cuanto a fechas, nombres, de ahí que sus versiones resultan obscuras con lo que se apartan de los extremos que se establecen en el diverso 201 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, razones por las cuales se les niega valor probatorio (foja 471 vuelta y 472). Reiteró que se acredita el cuerpo del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, cometido en agravio de la sociedad, y analizó la probable responsabilidad penal del indiciado en la comisión del delito cometido contra funcionario público, previsto en el artículo 207 del Código Penal del Estado de Puebla, indicando además con qué prueba se acreditó la misma. En efecto, el juez responsable consideró probada la probable responsabilidad penal del indicado, básicamente con los testimonios de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas; para concluir diciendo lo siguiente: ".Con los anteriores medios de convicción mismos que entrelazados, y en términos del artículo 83 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado se demuestra que el hoy agente activo CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VÁZQUEZ, el día 14 catorce de enero del año 2016 dos mil dieciséis, aproximadamente a las trece horas, tripulaba junto con otros dos sujetos en un vehículo de servicio de transporte público (taxi) en las calles 37 treinta y siete poniente de la 27 veintisiete y 29 veintinueve sur de esta ciudad, quien al ser requerido por el ahora agente pasivo quien llevó el nombre de RAÚL ÁVILA, para hacerle una revisión de vigilancia y seguridad pública junto con sus compañeras agentes ministeriales de nombres ALEJANDRA MENCILLA (sic) GONZÁLEZ Y KAREN PEÑA SALINAS, éstos se opusieron y por el contrario desplegaron una conducta contraria a las normas de orden público y más bien violentas y criminales, pues en lugar de respetar las indicaciones de los agentes de la autoridad quienes se encontraban en el ejercicio de sus funciones públicas de vigilancia y seguridad pública, reaccionaron violentamente desenfundado el hoy indiciado un arma de fuego misma que utilizó para realizarle diversos disparos contra la integridad física, recayendo estas conductas delictivas en agravio del ahora extinto RAÚL ÁVILA y de sus compañeras de trabajo, las cuales acreditaron su calidad de agentes del orden público con sus gafetes que se encuentran debidamente fedatados en actuaciones con las cuales se justificó su personalidad de servidores públicos, por lo que con la conducta desplegada por el ahora indiciado se vulneró el bien jurídico tutelado por la ley que en el caso lo fue la comisión de un delito de agentes del orden público y de la propia sociedad por lo que el agente activo quiso y aceptó la realización del hecho típico y prohibido por la ley (foja 471). En relación del delito de homicidio en grado de tentativa, precisó con qué medio de prueba se acredita cada uno de los elementos que configura tal ilícito; también indicó con qué medio de prueba o qué parte de ellas se acredita la probable responsabilidad penal del indiciado ahora quejoso en su comisión, señalando las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que se verificó la conducta delictiva. Así es, dicho juzgador precisó que el cuerpo del delito se encuentra acreditado a través de las siguientes pruebas: Diligencia de levantamiento de cadáver; Dictamen médico legal y forense de levantamiento de cadáver, reconocimiento y necropsia número 41; Diligencia de reconocimiento de cadáver; Dictamen CRI-55/2016; y, La inspección judicial practicada en el lugar de los hechos. Por su parte la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del referido delito, la autoridad responsable del cumplimiento de la ejecutoria amparadora también la consideró probada con el señalamiento directo de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas. Precisando además las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que acontecieron los hechos en torno al delito señalado, esto es, que ocurrieron el catorce de enero de dos mil dieciséis alrededor de las trece horas debido a que las agraviadas en su calidad de agentes policíacos se encontraban realizando rondines para vigilar las zonas de instituciones bancarias y al arribar a la zona de la treinta y una poniente, veintisiete y veintinueve sur donde se encuentran los bancos HSBC y BANCOMER sobre la veintinueve sur se percatan de la presencia de un vehículo taxi de color negro con amarillo en el que se encontraban tres personas, dos en la parte de atrás y uno al frente pero al ser descubiertos, iniciaron su marcha, por tal motivo los agentes de policía decidieron seguirlos, y de pronto el conductor del vehículo descendió y empezó a disparar, causándole la muerte al jefe de grupo (Raúl Ávila) e hiriendo de gravedad a Alejandra Mancilla González; que el inculpado dejó de disparar debido a que los hechos acontecieron a las trece horas con afluencia vehicular y porque habían prendido la torreta de la patrulla generando la atención de la gente que pasaba por ese lugar, esto es, fueron causas ajenas por las que el hoy agente del delito no consumó su propósito criminal. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, es inconcuso que los extremos a que se contrae la ejecutoria de mérito se llevaron a cabo, por lo que SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este expediente de un asunto concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio y anexo del Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en atención a su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga. Apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto en seguida se anuncian: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil dieciséis. Agréguense a sus autos el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla y, en atención a su contenido, téngasele informando, el cumplimiento dado a la ejecutoria amparadora por el juez responsable; de lo anterior queda enterada esta autoridad, para los efectos legales a que haya lugar.

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