Carlos Alberto Gomez Hernandez

Expediente 651/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
651/2020
Año
2020
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Gomez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, se advierte que trascurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el treinta de octubre de dos mil veinte, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar la anterior valoración en la carátula del expediente, con su correspondiente leyenda, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a la parte quejosa; por oficio a las autoridades responsables; y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  2. Principal

    A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Gómez Hernández, por su propio derecho (fojas 2 a 6); auto admisorio (fojas 7 a 13); informes justificados rendidos por las autoridades responsables; y los acuerdos que los tuvieron por recibidos. Asimismo hace constar que en acuerdo de veintidós de septiembre del actual, se reservó proveer respecto a la existencia de la parte tercero interesada, hasta en tanto obraran en autos los informes de las autoridades responsables, lo cual ya ocurrió. Por otra parte, en proveído de trece de octubre de dos mil veinte (foja 50), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que -en su caso- precisara si deseaba señalar como autoridades responsables a i) 3. Karla Patricia Ambrosio Vargas: Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla; ii) 4. Abelardo Gil Martínez: Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, iii) 5. Celestino Martínez Bones: Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla; iv) 6. Blanca Laura Ollivier Palacios: Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla; y, v) 9. Juan Carlos Malpica Aladro: Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Matamoros, Puebla, o en su defecto manifestara lo que a su interés y derecho conveniera, apercibida que de no hacerlo se tendrían por inexistentes. Dicho acuerdo, previo citatorio, fue notificado por lista a la parte quejosa, el veinte de octubre de dos mil veinte, surtiendo efectos el veintiuno del mismo mes y año, sin contar sábado y domingo, inhábiles por disposición expresa del artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo que su término transcurrió del veintidós al veintiséis de octubre del actual, sin que desahogara dicha vista. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la relación secretarial que antecede para los efectos legales procedentes. Y con relación a la existencia de la parte tercera interesada, no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto; en virtud de que las autoridades responsables negaron la existencia de los actos reclamados, por lo que no existe persona que le recaiga tal carácter. Por otro lado, dado que transcurrió el término otorgado a la parte quejosa en auto de trece de octubre de dos mil veinte (foja 50), sin que desahogara la vista ordenada, se le hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó y se tienen por inexistentes a las autoridades responsables ya citadas. Abierto el período probatorio: La secretaria certifica que ninguna de las partes ofreció pruebas. Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede y por perdido el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos: La secretaria da cuenta con el pedimento 127/2020, del agente del Ministerio Público adscrito y, certifica que las demás partes no los formularon A continuación, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase al fiscal de la adscripción formulando alegatos y, por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Por lo que, al no existir escrito u oficio pendiente por acordar ni diligencia por practicar, concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional; por tanto, se levanta esta acta para constancia, y se pasa al estudio del expediente con el propósito de dictar la siguiente: S E N T E N C I A. V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 651/2020-D, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Carlos Alberto Gómez Hernández, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, mediante buzón judicial, remitido el veintiuno siguiente por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, Carlos Alberto Gómez Hernández, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES. AUTORIDADES ORDENADORAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO: 1. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA LICENCIADO ENRIQUE LÓPEZ CRIOLLO. 2. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCION DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA LICENCIADO JAVIER VÁZQUEZ FERNÁNDEZ. 3. JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSTORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA LICENCIADA KARLA PATRICIA AMBROSIO VARGAS. 4. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA LICENCIADO ABELARDO GIL MARTÍNEZ. 5. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA LICENCIADO CELESTINO MARTÍNEZ BONES. 6. JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, LICENCIADA BLANCA LAURA OLLIVIER PALACIOS. 7. JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, LICENCIADA IDALIA ARCINIEGA ARIAS. 8. JUEZA DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA, LICENCIADA ROSALVA ELENA ZARATE HERRERA. 9. JUEZ DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO ADVERSARIAL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO, CON SEDE EN PUEBLA LICENCIADO JUAN CARLOS MALPICA ALADRO. AUTORIDADES EJECUTORAS. 1. FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 2. DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA. 3. FISCAL DE SECUESTRO Y DELITOS DE ALTO IMPACTO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. 4. DIRECTOR DE MANDAMIENTOS JUDICIALES DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA. ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las responsables ORDENADORAS el haber dictado en mi contra la anticonstitucional ORDEN DE APREHENSIÓN, misma que viola en su totalidad y en mi perjuicio mis DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS DE LIBERTAD Y LEGALIDAD, contempladas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y de las EJECUTORAS reclamo la EJECUCIÓN del acto reclamado." (fojas 2 y 3). La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, narró los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17, Constitucionales. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte (fojas 7 a 13), se radicó la demanda bajo el expediente de amparo 651/2020-D; se admitió a trámite, formándose por separado y duplicado el incidente de suspensión; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 49). TERCERO. Cita para audiencia. En proveído de veinte de octubre de dos mil veinte (foja 53), se citó a las partes a la audiencia constitucional, la cual, en sus fases de pruebas y alegatos, consta en los términos del acta que antecede y culmina con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos de esa naturaleza, atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, los actos reclamados en esta instancia constitucional consisten en: La orden de aprehensión; y, su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en toda sentencia de amparo, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan y, por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que señala en su rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando segundo de esta sentencia- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 1. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo). Niega (foja 22) 2 2. Juez de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández) Niega (foja 28) 3 7. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Idalia Arciniega Arias) Niega (foja 26) 4 8. Jueza de Oralidad Penal y de Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Rosalva Elena Zárate Herrera). Niega (foja 27) 5 10. Fiscal General del Estado de Puebla. Niega (foja 21) 6 11. Director de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega (foja 19) 7 12. Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 36) 8 13. Directora de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega (foja 20). Las autoridades responsables señaladas, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tales negativas. Asimismo, en audiencia de esta fecha se tuvieron por inexistentes a las autoridades que el quejoso denominó: 3. Karla Patricia Ambrosio Vargas: Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro-Poniente, con sede en Atlixco, Puebla; 4. Abelardo Gil Martínez: Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán, Puebla, 5. Celestino Martínez Bones: Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla; 6. Blanca Laura Ollivier Palacios: Jueza de Ejecución de Sanciones del Distrito Judicial de Puebla; y, 9. Juan Carlos Malpica Aladro: Juez de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Matamoros, Puebla; por lo que, se tienen por inexistentes tanto el acto reclamado como las autoridades responsables en cita. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados y autoridades indicadas con los ordinales: 3, 4, 5, 6 y 9, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, 74 y 75, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos Alberto Gómez Hernández, por su propio derecho, contra los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por oficio a las autoridades responsables y, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de octubre de dos mil veinte. Del estado procesal que guarda el presente expediente, se aprecia que el trece de octubre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa para que precisara la denominación correcta de las autoridades que señaló como responsables Jueces de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla: 3. Karla Patricia Ambrosio Vargas, 4. Abelardo Gil Martínez, 5. Celestino Martínez Bones, 6. Blanca Laura Ollivier Palacios y 9. Juan Carlos Malpica Aladro, en los términos que se precisaron en el referido acuerdo; sin embargo, de una revisión a la captura de síntesis de acuerdos, que aparece en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se aprecia que en esta fecha se notifica por lista a la parte quejosa el acuerdo en mención, por lo que resulta evidente que aún no fenece el plazo para que, en su caso, desahogue el requerimiento en cuestión. Para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere, y en su lugar se señalan las DOCE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, para su celebración. Notifíquese por lista a las partes...

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de octubre de dos mil veinte. A continuación, el secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la demanda de amparo presentada por Carlos Alberto Gómez Hernández, por su propio derecho, informes previos rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron, así como los acuerdos que los tuvieron por recibidos. Así mismo, da cuenta con el oficio 219810/2020, signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución, con sede Regional en Puebla, Enrique López Criollo. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes. Por otro lado, agréguese a los presentes autos el oficio 219810/2020, signado por el Juez de Control del Juzgado de Oralidad y de Ejecución, con sede Regional en Puebla, Enrique López Criollo, por medio del cual informa que las autoridades que la parte quejosa señaló como 3. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), 4. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Abelardo Gil Martínez), 5. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Celestino Martínez Bones), 6. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Blanca Laura Ollivier Palacios), y 9. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), con fundamento en lo establecido en los artículos 96 fracción Ill, y 97 fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial cambiaron de adscripción a diversa región, quedando de la siguiente manera: Juez Abelardo Gil Martinez, al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Oriente, con sede en Chalchicomula de Sesma, Puebla. Juez Celestino Martinez Bones, al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, Puebla. Juez Juan Carlos Malpica Aladro, al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Sur, con sede en Matamoros, Puebla. Juez Karla Patricia Ambrosio Vargas, al Juzgado de Oralidad Penal y de Ejecución de la Región Judicial Centro Poniente, con sede en Atlixco, Puebla. Juez Blanca Laura Ollivier Palacios, al Juzgado de Ejecución de Sentencias y Medidas del Distrito Judicial de Puebla. En tales condiciones, se tienen por inexistentes a las autoridades en mención, y se ordena suspender cualquier comunicación oficial con ellas; sin perjuicio de lo que se acuerde en el expediente principal del que deriva la presente incidencia. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el secretario certifica que las partes no ofrecieron pruebas. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la certificación secretarial que antecede, con lo que concluye este periodo. A continuación, abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, no exhibió pedimento. A lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes a formular alegatos, con lo que se cierra esta etapa. Enseguida, al no existir promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente: I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 651/2020, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por Carlos Alberto Gómez Hernández, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, en cumplimiento a lo determinado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión solicitado por Carlos Alberto Gómez Hernández, por su propio derecho, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable 1. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo), y otras autoridades. En la misma fecha, se requirió el informe previo a las autoridades responsables; se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas, previa reserva, se desarrollaron al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados es atribuido a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, así como de la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables, los actos reclamados en el presente asunto son: a) La orden de aprehensión librada en su contra; y, b) Su ejecución. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primero se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye el acto reclamado -que quedó precisado en el considerando segundo- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe 1 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Enrique López Criollo). Niega 2 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Javier Vázquez Fernández). Niega 7 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Idalia Arciniega Arias). Niega 8 Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Rosalva Elena Zarate Herrera). Niega 10 Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 11 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Niega 12 Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorción. Omisa 13 Director de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General del Estado de Puebla. Niega CUARTO. Improcedencia de la medida cautelar. Las autoridades responsables citadas en el recuadro que antecede, al rendir sus respectivos informes previos negaron la existencia de los actos que se reclaman. Además, al no existir las autoridades responsables que la parte quejosa denominó como 3. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Karla Patricia Ambrosio Vargas), 4. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Abelardo Gil Martínez), 5. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Celestino Martínez Bones), 6. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Blanca Laura Ollivier Palacios), y 9. Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla (Juan Carlos Malpica Aladro), como se asentó en el acta que antecede, tampoco pueden existir los actos que de éstas reclama, ni daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa. Y, por su parte, la autoridad responsable ejecutora 12. Fiscal Especializado en Investigación de Secuestro y Extorción, omitió rendir su respectivo informe previo, sin que obre agregada en autos la constancia de notificación del oficio por el cual se le requirió el respectivo informe previo. Sin embargo, atento que de los informes previos rendidos por las autoridades responsables ordenadoras, se advierte que negaron los actos reclamados, por lo que dicha autoridad en su calidad de ejecutora se encuentra imposibilitada de ejecutar unos actos inexistentes, de ahí que deba prevalecer la inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto. Al respecto, el artículo 139 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir los actos reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daños o perjuicios de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo antes citado; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario." Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por Carlos Alberto Gómez Hernández, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese por lista a la parte quejosa, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, mediante oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción.

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