Carlos Alberto Martinez Vazquez
Expediente 1513/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 35 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1513/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 15/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Carlos Alberto Martinez Vazquez
- CARLOS ALBERTO MARTINEZ VAZQUEZ y Otros.
- Karen Peña Salinas
- ALEJANDRA MANCILLA GONZALEZ y Otros.
- KAREN PEÑA SALINAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del seis al treinta de octubre de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele los anexos I y II, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirvan acusar de recibo. Apercibidas que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(CAPTURA CITATORIO, PRINCIPAL) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A Juan José Gutiérrez Rosete, Asesor Jurídico adscrito a la Delegación Regional Puebla del Instituto Federal de Defensoría Pública representante especial de los menores de edad C.C.C. y M.C.C. LA RESOLUCIÓN DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 404 a 435), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO solicitado por el quejoso ********, para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos la resolución de término constitucional de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el proceso penal ***********, en la cual decretó auto de formal prisión en su contra, por por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b) y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción III, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de quien en vida llevó el nombre de Raúl Ávila; así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionados por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b) y fracción III, 323, 326, fracción II, 328, 331, en relación con los artículos 11, 13, 21, 20 y 94 del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas; así como el delito cometido contra funcionarios públicos, previsto y sancionado por los artículos 207, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad; y, 2. Dicte una nueva resolución, en la cual, reitere las consideraciones en torno a la acreditación del cuerpo de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y el cometido contra funcionarios públicos, y con libertad de jurisdicción, respecto a la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, debiendo excluir la prueba de reconocimiento de fotografías que realizó la agente Karen Peña Salinas, que fue calificada como ilícita, valore el resto del material probatorio que obra en autos, para que de manera fundada y motivada se pronuncie respecto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de aquellos ilícitos. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Inconforme con dicha determinación la autoridad tercero interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla interpuso recurso de revisión (fojas 480), del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-112/2017 (fojas 536 a 617), resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión. Atento lo anterior, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 618 a 621), se solicitó su cumplimiento al Juez responsable. Ahora bien, mediante oficio 4011 de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 627 a 656), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal ******************** de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de cuatro de octubre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso Carlos Alberto Martínez Vázquez, decretándole auto de libertad por falta de elementos para procesar respecto del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción III, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Raúl Ávila; así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, 20 y 94, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas; y, por el delito cometido contra funcionarios públicos, previsto y sancionado por el artículo 207, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del mismo ordenamiento legal en cita. - Determinación que procedió a notificar al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, ordenándole la inmediata libertad del aquí quejoso por cuanto hace a dichos ilícitos. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Karen Peña Salinas EL PROVEÍDO DE 26 DE septiembre DE 2017, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 404 a 435), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO solicitado por el quejoso ********, para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos la resolución de término constitucional de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el proceso penal ***********, en la cual decretó auto de formal prisión en su contra, por por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b) y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción III, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de quien en vida llevó el nombre de Raúl Ávila; así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionados por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b) y fracción III, 323, 326, fracción II, 328, 331, en relación con los artículos 11, 13, 21, 20 y 94 del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas; así como el delito cometido contra funcionarios públicos, previsto y sancionado por los artículos 207, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad; y, 2. Dicte una nueva resolución, en la cual, reitere las consideraciones en torno a la acreditación del cuerpo de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y el cometido contra funcionarios públicos, y con libertad de jurisdicción, respecto a la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, debiendo excluir la prueba de reconocimiento de fotografías que realizó la agente Karen Peña Salinas, que fue calificada como ilícita, valore el resto del material probatorio que obra en autos, para que de manera fundada y motivada se pronuncie respecto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de aquellos ilícitos. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Inconforme con dicha determinación la autoridad tercero interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla interpuso recurso de revisión (fojas 480), del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-112/2017 (fojas 536 a 617), resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión. Atento lo anterior, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 618 a 621), se solicitó su cumplimiento al Juez responsable. Ahora bien, mediante oficio 4011 de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 627 a 656), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal ******************** de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de cuatro de octubre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso Carlos Alberto Martínez Vázquez, decretándole auto de libertad por falta de elementos para procesar respecto del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción III, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Raúl Ávila; así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, 20 y 94, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas; y, por el delito cometido contra funcionarios públicos, previsto y sancionado por el artículo 207, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del mismo ordenamiento legal en cita. - Determinación que procedió a notificar al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, ordenándole la inmediata libertad del aquí quejoso por cuanto hace a dichos ilícitos. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA..."
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de esta fecha y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista otorgada a la parte quejosa mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo, sin que lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho acuerdo y, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 404 a 435), se concedió el amparo a la parte quejosa para el efecto de que el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: "NOVENO. En las apuntadas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO solicitado por el quejoso ********, para el efecto de que el 1. Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, realice lo siguiente: 1. Deje sin efectos la resolución de término constitucional de cuatro de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el proceso penal ***********, en la cual decretó auto de formal prisión en su contra, por por su probable responsabilidad en la comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b) y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción III, todos del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de quien en vida llevó el nombre de Raúl Ávila; así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionados por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b) y fracción III, 323, 326, fracción II, 328, 331, en relación con los artículos 11, 13, 21, 20 y 94 del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas; así como el delito cometido contra funcionarios públicos, previsto y sancionado por los artículos 207, en relación con los artículos 11, 13 y 21, fracción I, del Código Penal para el Estado de Puebla, en agravio de la sociedad; y, 2. Dicte una nueva resolución, en la cual, reitere las consideraciones en torno a la acreditación del cuerpo de los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa y el cometido contra funcionarios públicos, y con libertad de jurisdicción, respecto a la probable responsabilidad del quejoso en su comisión, debiendo excluir la prueba de reconocimiento de fotografías que realizó la agente Karen Peña Salinas, que fue calificada como ilícita, valore el resto del material probatorio que obra en autos, para que de manera fundada y motivada se pronuncie respecto a la probable responsabilidad del quejoso en la comisión de aquellos ilícitos. Es importante señalar que la concesión del amparo no implica que se deje en libertad al quejoso ni tampoco el de anular actuaciones posteriores, sino, en su caso, únicamente que la responsable subsane las deficiencias advertidas en esta resolución." Inconforme con dicha determinación la autoridad tercero interesada Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla interpuso recurso de revisión (fojas 480), del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-112/2017 (fojas 536 a 617), resolvió confirmar la sentencia sujeta a revisión. Atento lo anterior, en auto de veintidós de agosto de dos mil diecisiete (fojas 618 a 621), se solicitó su cumplimiento al Juez responsable. Ahora bien, mediante oficio 4011 de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete (fojas 627 a 656), el Juez Octavo de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de esa misma fecha dictada en la causa penal ******************** de su índice, de la que se advierte que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: - Dejó insubsistente el auto de formal prisión reclamado de cuatro de octubre de dos mil dieciséis. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, resolvió la situación jurídica del quejoso Carlos Alberto Martínez Vázquez, decretándole auto de libertad por falta de elementos para procesar respecto del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción III, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Raúl Ávila; así como por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), y fracción III, 323, 326, fracción II, 328 y 331, en relación con los diversos 11, 13 y 21, 20 y 94, todos del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de Alejandra Mancilla González y Karen Peña Salinas; y, por el delito cometido contra funcionarios públicos, previsto y sancionado por el artículo 207, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I del mismo ordenamiento legal en cita. - Determinación que procedió a notificar al Director del Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla, ordenándole la inmediata libertad del aquí quejoso por cuanto hace a dichos ilícitos. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
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