Carlos Alberto Martínez Borges
Expediente 341/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 21 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Alberto Martínez Borges
- Juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, de donde se advierte que en esta fecha se concluyó que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino del cuaderno relativo al incidente en el que se actúa: Valoración. Conservable el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y se concedió la suspensión definitiva. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Apercibimiento efectivo. Del estado de autos, se advierte que en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, se otorgó vista a la parte quejosa con el oficio y constancias con las cuales, la responsable manifestó cumplir con el fallo protector. Sin embargo, la parte quejosa no formuló manifestaciones sobre el particular; por ello, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de referencia y se procede a calificar el acatamiento de la sentencia. Fallo protector. En resolución constitucional de treinta de junio de dos mil veintitrés, se concedió a Carlos Alberto Martínez Borges, el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que la responsable, efectuara los siguientes actos: "[.]I. Deje insubsistente la audiencia inicial del trece de febrero de dos mil veintitrés, y el auto de vinculación a proceso del quince de febrero de dos mil veintitrés, contenidos en la carpeta administrativa SON/HER/FGE/2019/091/55476. II. Hecho lo anterior, señale fecha y hora para la reposición del procedimiento a partir del momento de individualizarse las partes, se cerciore que quien asiste como defensor o defensora al quejoso, sea licenciado o licenciada en derecho, lo que acontecerá con el hecho de que haga la declaración del número que se le otorgó en el centro de registro y el correspondiente a su cédula profesional; así como, con el cuestionamiento que el juez responsable haga al encargado de sala, si verificó que los datos proporcionados por el defensor corresponde con la cédula profesional que detenta. III. Después que se cerciore que el imputado cuenta con una defensa técnica adecuada, deberá pronunciarse nuevamente sobre la vinculación a proceso del justiciable. IV. En el supuesto que la persona que asistió al imputado como defensor no acredite ser licenciado en derecho por no contar con cédula profesional, deberá dejar insubsistente el procedimiento, para que, en el caso de no contar con un defensor particular el imputado en la audiencia, designe al defensor público de oficio, de quien se deberá corroborar la calidad de licenciado en derecho, en los términos apuntados. V. Debiendo dar continuidad a los subsecuentes actos procesales que conforman la audiencia inicial, donde resolverá con libertad de jurisdicción cada debate planteado por las partes. VI. En el entendido que, al momento de efectuarse la indicada audiencia, la juez de control deberá tomar en cuenta los requisitos para formular imputación prevista en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales. VII. También deberá observar lo establecido en la jurisprudencia 1a./J. 120/2017 (10a.), en lo que respecta al momento en que debe solicitarse la vinculación a proceso, a saber, después de formulada la imputación y de que el imputado tenga oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que éste decida acogerse o no al plazo establecido en el artículo 19 Constitucional, para que se resuelva su situación jurídica. VIII. Sin que con la reposición ordenada se permita al Agente del Ministerio Público modificar los hechos y datos que sirvieron de base a la primigenia imputación, en observancia a los principios de "non reformatio in peius" y de igualdad entre las partes. IX. Deberá designarse a un juez de control distinto al que conoció de la audiencia inicial de formulación de imputación y dictó el auto de vinculación a proceso originalmente, el cual deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en observancia al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa de los imputados." Firmeza del fallo. Seguidos los trámites de ley, en proveído de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, se hizo constar que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia; por ello, se declaró que causó ejecutoria y se requirió a las responsables por su cumplimiento. Cumplimiento. Del estado de autos, se advierte que la responsable, dejó insubsistente la audiencia inicial de trece de febrero de dos mil veintitrés, y el auto de vinculación a proceso del quince de febrero del mismo año, contenidos en la carpeta administrativa SON/HER/FGE/2019/091/55476. Asimismo, señaló que el diecisiete de agosto pasado celebró audiencia en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la que dejó insubsistente el auto de vinculación a proceso dictado el tres de agosto pasado, reponiéndose el procedimiento. Al respecto, también indicó que acreditó que la persona que le asiste al imputado como defensor, es licenciado en derecho, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia inicial. Finalmente, el trece de octubre de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la audiencia inicial, presidida por la juez de Oralidad Penal Julissa López Arellanes, donde se dictó auto de vinculación a proceso a Carlos Alberto Martínez Borges. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. Conforme a las actuaciones existentes, y lo expuesto anteriormente, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso, ni defecto, pues la autoridad responsable acreditó que dio cumplimiento a los efectos para los que se emitió la sentencia concesoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y se hace constar que este expediente es conservable, siendo susceptible de ser transferido a partir del término de tres años después de haberse dictado el presente acuerdo como asunto concluido. Devolución de copia certificada de audio y video. Por lo anterior, se hace innecesario conservar el contenido de las videograbaciones incluidas en los discos digitales que remitió la responsable; en esa virtud, se ordena su devolución al juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno, en esta ciudad. Incidente de suspensión. Provéase lo conducente en relación con la valoración y destino del cuaderno incidental de suspensión que deriva del presente juicio de amparo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la responsable. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexos suscrito por la juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Vista de cumplimiento. Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exprese lo que a su interés legal convenga; bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo indicado, este juzgador se pronunciará sobre el cumplimiento de la ejecutoria. Pruebas. De conformidad a lo establecido en el numeral 144 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales y la copia certificada del audio y video que anexa a su oficio de cuenta. De igual forma, con el contenido de las videograbaciones de las audiencias contenidas en el disco digital que remite la responsable, dese vista a las partes a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en los mismos y manifestar lo que a su derecho convenga, en el plazo de tres días. Lo anterior, en acatamiento a lo que postula la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época de la Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004362 que a la letra dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.". Guárdense el disco compacto en la secretaría de este Juzgado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de octubre de dos mil veintitrés. Actos tendentes. Glósense a los autos el oficio de cuenta que remitió la jefa de Causas del Juzgado Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia, en esta ciudad, mediante el cual informa que el veintiocho de septiembre pasado, dictó un auto en el que señaló el trece de octubre de este año para el desahogo de la audiencia inicial. Asimismo, refiere que dicha audiencia será presidida por la jueza de Oralidad Penal ********************. Se requiere a autoridad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del trece de octubre de dos mil veintitrés -fecha señalada para llevar a cabo la aludida audiencia-, informe lo proveído respecto al estado procesal que guarde, y en su caso, remita las constancias fehacientes que acrediten lo anterior. Apercibimiento. Apercíbasele que de no dar cumplimiento a lo indicado, se le impondrá una multa que equivale a cien unidades de medida y actualización, conforme a los artículos 237, fracción I, y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y mediante oficio a la responsable de mérito. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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