Carlos Alberto López Duarte

Expediente 503/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 20 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
503/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto López Duarte
  • Juez Primero Oral Penal de Hermosillo, Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Devolución de disco compacto. Del estado de autos del presente juicio de amparo, se desprende que en este juzgado obra un tomo de pruebas y un disco compacto remitido por la autoridad responsable juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, al momento de rendir informe justificado; en esa virtud, y toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, se ordena devolver dicho anexo, ya que resulta innecesaria su retención; en la inteligencia que no es necesario que la autoridad responsable acuse recibo del citado disco compacto. Notifíquese; y mediante oficio a la autoridad en cita. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante la secretaria Guadalupe López Gutiérrez, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, por la cual por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años, en virtud que por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo en el presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Incidente de suspensión. Acuérdese lo conducente en relación con la valoración y destino de los cuadernos incidentales de suspensión que derivan del presente juicio de amparo. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Destino del incidente de suspensión. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en esta fecha causó ejecutoria la sentencia dictada en el juicio de amparo y se ordenó el archivo del sumario como asunto concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa: Valoración del original. Con fundamento en el artículo 18, fracción I), inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años, en virtud de que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva en la presente incidencia. Valoración del duplicado. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Billete de depósito. Ahora bien, del estado de autos se advierte que obra en el sumario garantía presentada por la parte quejosa Carlos Alberto López Duarte, del billete de depósito N933104, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que exhibió a fin que siguiera surtiendo efectos la suspensión provisional que le fue otorgada. No obstante, una vez que transcurra el plazo previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo, a saber, seis meses siguientes a la fecha de notificación a las partes de la resolución que en definitiva puso fin al juicio, se proveerá respecto de su devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con veintisiete minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Mario Alberto Huerta López, secretario con quien autoriza y da fe, declara abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da cuenta al juez con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables, terceros interesados y fiscal federal adscrito-, con la demanda de derechos y los informes justificados rendidos por la Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora y el encargado del despacho de la dirección del Centro de Reinserción Social Hermosillo Uno, residentes en esta ciudad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del citado informe. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales remitidas por la juez responsable, la parte quejosa y el fiscal tercero. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa y el fiscal tercero. El juez acuerda: Se tienen por hechas tales manifestaciones y por perdido el derecho a las demás partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por ********************, contra el acto atribuido a la Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora y el director del Centro de Prevención y Readaptación Social Hermosillo Uno, residentes en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de abril de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, en esta ciudad, y remitido a este órgano judicial, por razón de turno, en la propia fecha, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos atribuidos a las autoridades señaladas en el proemio de esta resolución. Se admite demanda. Mediante acuerdo de veintidós de abril siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante acuerdo de veinte de mayo del presente año, se reconoció el carácter de terceros interesados a Pablo Humberto López Ramírez y del agente del Ministerio Público Investigador Especializado en Delitos de Abigeato y Delitos contra Animales por actos de Maltrato o Crueldad, por lo que se ordenó su emplazamiento. Finalmente, en esta fecha se llevó a cabo la audiencia constitucional en este juicio, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto meramente declarativo, atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de distrito; además de que la medida cautelar impuesta se está ejecutando en esta ciudad. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: El auto de vinculación a proceso de dieciséis de abril de dos mil veintidós, dictado contra ********************, por hechos posiblemente constitutivos del delito de abigeato, previsto en el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Pablo Humberto López Ramírez. La imposición de la medida cautelar de prisión preventiva contenida en la fracción XIV del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y su ejecución. En este apartado debe destacarse que, al reclamarse el auto de vinculación a proceso, este juzgador se encuentra constreñido no sólo a analizar si dicha resolución satisface los requisitos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también examinar los temas restantes sobre los que se pronunció la juez de control en dicha etapa, y que convergen en el desarrollo de la audiencia inicial y su continuación. Es ilustrativa a lo anterior, la tesis I.6o.P.89 P (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO SE RECLAMÓ ÉSTE, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONSTREÑIRSE A ANALIZAR SI SATISFACE LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SINO TAMBIÉN A EXAMINAR LOS TEMAS RESTANTES SOBRE LOS QUE SE PRONUNCIÓ EL JUEZ DE CONTROL EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN Y QUE CONVERGEN EN EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA INICIAL." Existencia del acto combatido Son ciertos los actos atribuidos a la Juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe la juez responsable, consistentes en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 1417/2022 de su índice, así como el disco compacto que contiene el audio y video de donde deriva el acto en reclamo; documentales a la que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Establecido lo anterior, es cierto el acto de ejecución que se reclama a la autoridad, director del Centro de Prevención y Readaptación Social Hermosillo Uno, residente en esta ciudad, no obstante que al rendir su informe lo haya hecho en sentido negativo; ello, en virtud de que la diversa autoridad ordenadora aceptó el acto que se le atribuye y derivado de ello, la autoridad ejecutora, en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñida a realizar los actos de ejecución que se le conminan. Análisis de causas de improcedencia. Previo al estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados deben examinarse las causas de improcedencia, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público cuyo estudio es preferente en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el particular, quien aquí resuelve, advierte que en relación con el acto reclamado, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, contenida en la fracción XIV del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y su ejecución, se actualiza la causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que al respecto dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Del numeral transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, esto es, cuando la autoridad que lo dictó, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de su insubsistencia misma, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida además de la paralización del acto de autoridad, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es obtener la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, con lo cual se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la prerrogativa de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que aquélla exija. Sobre el tema, es oportuno destacar que se han realizado exhaustivos estudios por los órganos jurisdiccionales para establecer cómo se considera actualizada dicha causal, entre otros, el del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/95, entre las sustentadas por el Primero y Segundo Tribunales Colegiados del Noveno Circuito, visible en las páginas 31 a 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, Octubre de 1996, cuyos argumentos retomó casi en su integridad la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En estas resoluciones, se partió del análisis gramatical de la causal de improcedencia referida, precisándose que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" connota lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Asimismo, debe destacarse que la citada causa de improcedencia no solamente se actualiza ante la modificación del acto reclamado, sino también si éste es sustituido, en tanto el nuevo acto de autoridad incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En el caso concreto, si bien es cierto que mediante audiencia inicial de dieciséis de abril de dos mil veintidós, al aquí quejoso le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva; también lo es, que, en veinte de agosto del año que transcurre, -con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda-, mediante audiencia de revisión, sustitución, modificación de medida cautelar, se determinó modificar la medida en cuestión e imponerle en su lugar, las diversas previstas en las fracciones I, V, VII y VIII del numeral 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa medida, quien aquí resuelve, considera que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por la básica consideración de que el reclamo aquí tratado, quedó sustituido legal y procesalmente con la nueva determinación emitida por el juzgador responsable. En esa virtud, al estimarse actualizada la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer al respecto, con apoyo en el diverso numeral 63 fracción V, de la propia ley de la materia. Al no existir diversas causales de improcedencia hechas valer por las partes, y sin que este juzgador advierta de manera oficiosa la actualización de alguna, se procederá enseguida al estudio de constitucionalidad del asunto que nos ocupa. Estudio de fondo Son infundados los conceptos de violación, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y acorde a la jurisprudencia 1a./J. 94/2011, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." Al respecto, los numerales 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establecen: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [..]" La interpretación de dichos numerales permite considerar que, en el primero, se garantiza que ninguna persona puede ser privada, entre otros aspectos, de su libertad, sino mediante un juicio seguido ante los órganos jurisdiccionales ya establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho que se ventile. En tanto que el segundo de ellos consagra la garantía de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad; entendiéndose por fundamentación la cita del o los preceptos aplicables al caso, y por motivación, la expresión de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizada, que se hayan tomado en consideración para su dictado; además, debe existir una debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas jurídicas aplicables, esto es, que las razones particulares que se expresen, concuerden con la descripción legal. Y, en el tercero, el Constituyente Federal estableció el término de setenta y dos horas para que los juzgadores de instancia resuelvan la situación jurídica de los imputados, con el dictado de un auto en el que se determine la libertad del individuo o su vinculación a proceso; en la inteligencia que, de darse el último supuesto, deberá expresarse, en el auto correspondiente, el delito imputado, circunstancias de ejecución del mismo y que los datos que arroje la carpeta de investigación establezcan que se ha cometido un hecho que la ley considera como delito y que el inculpado lo cometió o participó en su comisión. A fin de entender la naturaleza del acto que aquí se reclama es importante destacar que el auto de vinculación a proceso es un acto dentro del procedimiento penal cuya emisión trae como consecuencia que a la persona imputada se le sujete a investigación formalizada, por un plazo perentorio no mayor a seis meses, a fin de que las partes involucradas en el conflicto penal recaben medios de convicción que permitan determinar en una etapa posterior -intermedia-, si lo obtenido es suficiente para que la autoridad ministerial formule acusación al imputado y, en su caso, se le lleve a juicio oral para determinar su responsabilidad en el hecho delictivo que se le atribuye. En el sistema penal acusatorio oral, la vinculación se realiza en función de los hechos, siempre y cuando se establezca que los mismos están tipificados como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que ocurrirá cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo. Los numerales 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señalan: "Artículo 313. Oportunidad para resolver la solicitud de vinculación a proceso. Después de que el imputado haya emitido su declaración, o manifestado su deseo de no hacerlo, el agente del Ministerio Público solicitará al Juez de control la oportunidad para discutir medidas cautelares, en su caso, y posteriormente solicitar la vinculación a proceso. Antes de escuchar al agente del Ministerio Público, el Juez de control se dirigirá al imputado y le explicará los momentos en los cuales puede resolverse la solicitud que desea plantear el Ministerio Público. El Juez de control cuestionará al imputado si desea que se resuelva sobre su vinculación a proceso en esa audiencia dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicita la ampliación de dicho plazo. En caso de que el imputado no se acoja al plazo constitucional ni solicite la duplicidad del mismo, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Juez de control otorgará la oportunidad a la defensa para que conteste la solicitud y si considera necesario permitirá la réplica y contrarréplica. Hecho lo anterior, resolverá la situación jurídica del imputado. Si el imputado manifestó su deseo de que se resuelva sobre su vinculación a proceso dentro del plazo de setenta y dos horas o solicita la ampliación de dicho plazo, el Juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro de dicho plazo o su prórroga. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. El Juez de control deberá informar a la autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el imputado si al resolverse su situación jurídica además se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva o si se solicita la duplicidad del plazo constitucional. Si transcurrido el plazo constitucional el Juez de control no informa a la autoridad responsable, ésta deberá llamar su atención sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, deberá poner al imputado en libertad." "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Así, de la interpretación armónica de los dispositivos legales en mención y del contenido del artículo 19 Constitucional, es dable considerar que, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, existen requisitos de forma y fondo a los que hay que darles satisfacción para estar en condiciones de sostener que el actuar de una autoridad judicial que ha dictado un auto de vinculación a proceso, ha sido acorde a derecho. Los primeros son: a) Que exista formulación de la imputación; b) Que el imputado haya tenido oportunidad de rendir declaración; y, c) Que se dicte a más tardar a las setenta y dos horas o de ciento cuarenta y cuatro, si se solicita la duplicidad, contados a partir de que el imputado fue puesto a disposición de la autoridad judicial y en él deben expresarse el delito que se imputa y las circunstancias de ejecución. Los segundos, pueden enumerarse como: a) La existencia de datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; b) Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, c) Que no se materialice alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Para afirmar que dichas exigencias de forma y fondo están cumplidas, el juez debe exponer los fundamentos y motivos por los que estima satisfechos dichos requisitos, así como, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa al investigado. Luego, para cumplir con la garantía de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe tener, es obligación del juzgador precisar las razones particulares y circunstancias especiales que lo conducen a estimar que se cometió un hecho señalado como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, evitando la anticipación de juicio sobre el delito y su autor, con base en la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por la representación social, sostenida en los datos de prueba con los que dice contar y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. De esta manera, en el dictado del auto de vinculación a proceso no se exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito y la probabilidad de la participación del activo, dado que la resolución de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y del eventual juicio. Así se estableció en la jurisprudencia 1a./J. 35/2017 (10a.), de título: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." En este orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público o la parte querellante no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, a manera de probabilidad, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Precisado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación de la juez de control responsable, al dictar la resolución aquí cuestionada. Para ello, es preciso señalar que del contenido del disco compacto relativo a la videograbación de la audiencia inicial celebrada el dieciséis de abril de la presente anualidad, en la causa penal 1417/2022, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, residente en esta ciudad, se obtiene, en lo que interesa, que se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal del Estado de Sonora, en la que se identificaron el agente del Ministerio Público; víctima y su asesor particular; la defensa de ******************** y éste como el investigado. En esa audiencia, el juez responsable preguntó al aquí quejoso si designaba como su patrocinador jurídico al profesionista señalado, quien aceptó y protestó el cargo conferido; asimismo, si le habían sido explicados sus derechos, a lo que contestó que sí; cuestionó a la defensa respecto si se habían impuesto de la carpeta de investigación y entrevistado en privado con su defendido, contestando afirmativamente; y éste último solicitó que sus datos personales fuesen proporcionados de manera reservada. a) Formulación de la imputación En esa audiencia, la representación social, hizo relatoría de los hechos que se consideran delictivos y, a su parecer, los datos de prueba que establecen y determinan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como las personas que declararon contra el imputado; asimismo, señaló los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción; por su parte, la asesora jurídica, el imputado y su defensor particular, se abstuvieron de hacer manifestación alguna. Luego, la juez de control explicó al imputado la pertinencia de rendir declaración y si había entendido la imputación, manifestándose en sentido afirmativo; asimismo, dicho imputado manifestó que se reservaba el derecho a declarar. b) Solicitud de vinculación a proceso Posteriormente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 19 Constitucional y 313 del Código Nacional del Procedimientos Penales, la fiscalía solicitó vincular a proceso a ********************, por el delito materia de imputación. Para sustentar su solicitud, señaló como datos de prueba, la denuncia presentada por Pablo Humberto López Ramírez, el tres de marzo de dos mil veintidós, en la que manifestó ser productor de ganado bovino y tener su asiento de producción en el Rancho "La Bellota" en el municipio de Opodepe, Sonora, en donde cuenta con alrededor de cien cabezas de ganado de raza cruzada que cuentan con su marca de herrar. Indicó, que el diecinueve de febrero del año en curso, recibió llamada telefónica de parte de su hijo, para informarle que una vaquilla baya, amarilla, guaca, de aproximadamente tres años de edad, con arete relativo Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (siniiga) número 2655144961, no se encontraba en el potrero donde la habían dejado; y que un día antes, al encontrarse campeando y revisando el ganado, se percató que ********************, en compañía de una diversa persona, se encontraba arreando dos vaquillas, entre las que alcanzó a reconocer a una de ellas. Derivado de ello, el denunciante se trasladó a entrevistarse con el Inspector de Ganadería de la Sexta Zona Ganadera, para cuestionarle si había guiado cabezas de ganado en los pasados días, a lo que le indicó que le había guiado un par de vaquillas a la persona de nombre ********************; las cuales, habían sido vendidas/consignadas a un ganadero en Rayón, Sonora. Al enterarse de ello, en compañía de su esposa, se trasladó a revisar los corrales de la persona a quien le habían sido vendidas las vaquillas, encontrándose en dicho sitio, a la vaquilla cruzada, amarilla, guaca; la cuál fue reconocida plenamente, al percatarse que había sido herrada recientemente, con el fierro perteneciente a ********************, sobrepuesta en la marca primigenia, y la cuál, contaba además, con un arete siniiga sobrepuesto sobre el original, perteneciente igualmente al imputado. Igualmente, señaló, que existen documentales públicas, consistentes en copias simples del título de marca de herrar y señal de sangre de números 114275 y 124449, expedidas a favor, respectivamente, de Pablo Humberto López Ramírez y Eduwiges Fernández Cocoba, por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora. También, se hizo mención a la existencia de una diversa documental pública, consistente en copia simple de guía de tránsito 1386050, expedida por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Estado de Sonora, relativa a una cabeza de ganado bovino cuyo número de arete es 2655144961, y la que se advierte, fue adquirida por Pablo Humberto López Ramírez en dos de mayo de dos mil diecinueve. Adujo, igualmente, que se cuenta con acta de entrevista a cargo de Juan Manuel Navarro Córdova, realizada el cuatro de marzo de dos mil veintidós, donde indica, que aproximadamente tres años atrás, realizó un trato de compraventa con el señor Pablo Humberto López Ramírez, a quién entregó una becerra amarilla, con arete de identificación siniiga 2655144961. Mencionó, que también se cuenta con acta de entrevista a cargo de José Iván Santamaría Brockman, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, quien señala que el veinte de febrero del año que transcurre, acudió a su domicilio ********************, a fin de realizar una guía de tránsito para dos vaquillas; las cuales contaban con su marca de herrar. Que existe también, entrevista de Hugo López Fernández, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, quien indicó que el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, vio a ********************, arreando ganado, entre el que se encontraba una vaquilla amarilla cara blanca con cuernos, propiedad de Pablo Humberto López Ramírez. Se cuenta igualmente, con entrevista practicada a Eduwiges Fernández Cocoba, el cuatro de marzo de dos mil veintidós, la que indicó que la vaquilla entregada por Juan Manuel Navarro Córdova a Pablo Humberto López Ramírez fue localizada en los corrales de una persona que la adquirió vía compraventa, por parte de ********************. De igual forma, hay una entrevista a cargo de Ramón Adrián Navarro Varela quien indicó que, al revisar las vacas entregadas para su compraventa, se percató que la vaca amarilla cara blanca, presentaba irregularidades en su arete y su fierro de herrar, ya que éste último parecía sobre herrado. Consta un acta de diligencia de reconocimiento de objeto de cuatro de marzo de los actuales, por parte de Pablo Humberto López Ramírez a quien, al ponerle a la vista una vaquilla cruzada color baya amarilla, huaca, manifiesta ser la misma que fue robada de su rancho el dieciocho de febrero de dos mil veintidós. También consta un acta de diligencia de reconocimiento de objeto de cuatro de marzo de los actuales, por parte de Juan Manuel Navarro Córdova a quien, al ponerle a la vista una vaquilla cruzada color baya amarilla, huaca, manifiesta ser la que entregó en venta a Pablo Humberto López Ramírez. Se adujo, que igualmente existe un acta de diligencia de reconocimiento de objeto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, por parte de José Iván Santamaría Brockman a quien, al ponerle a la vista una vaquilla cruzada color baya amarilla, huaca, manifiesta que dicha semoviente había sido arreada por ********************. También, se indicó la existencia de un acta de diligencia de reconocimiento de objeto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, por parte de Eduwiges Fernández Cocoba a quien, al ponerle a la vista una vaquilla cruzada color baya amarilla, huaca, manifiesta que reconoce a dicha semoviente como de la propiedad de Pablo Humberto López Ramírez. De igual forma, consta un acta de diligencia de reconocimiento de objeto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, por parte de Hugo López Fernández a quien, al ponerle a la vista una vaquilla cruzada color baya amarilla, huaca, manifiesta que reconoce a dicha semoviente como de la propiedad de Pablo Humberto López Ramírez. Se incluye, además, acta de diligencia de reconocimiento de objeto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, por parte de Ramón Adrián Navarro Varela a quien, al ponerle a la vista una vaquilla cruzada color baya amarilla, huaca, manifiesta que reconoce a dicha semoviente como aquella que fue dejada en sus corrales y respecto de la que notó irregularidades en el arete siniiga y su marca de herrar. También existe dictamen veterinario expedido por médico zootecnista; el cual informa que el ganado en cuestión cuenta con tres marcas de herrar, de las cuales, las últimas dos se encuentran sobrepuestas. De igual manera, se dijo que obraba comparecencia a cargo de la víctima Pablo Humberto López Ramírez, de quince de marzo de dos mil veintidós, en la que manifestó que el aquí imputado ha proferido amenazas de muerte sobre su persona y su familia, e incluso ha llegado a realizar detonaciones con arma de fuego en contra de sus hijos Indicó también la fiscalía, que contaban con dictamen psicológico practicado a Pablo Humberto López Ramírez por parte de la dirección General de Atención a Víctimas y Asesoría Jurídica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, en el que se concluyó que se le había causado daño psicoecomocional y que se encontraba en alto riesgo físico y emocional. Finalmente, se hizo mención de la existencia de actas de reconocimiento de persona por fotografía, a cargo de Hugo López Fernández, José Iván Santamaría Brockman y Ramón Adrián Navarro Varela, quienes fueron concluyentes en cuanto a que, los dos primeros, reconocían a ******************** como la persona que el día de los hechos, se encontraba arreando ganado, entre el que se encontraba una vaquilla amarilla, cara blanca y el tercero de ellos, reconoció a dicha persona, por ser la que dejó a un semoviente con las características antes mencionadas, en sus corrales, para su venta. Los anteriores datos de prueba, la fiscalía estimó que resultaban aptos, idóneos y suficientes para tener por acreditada la participación del imputado en el hecho con apariencia de delito que se le atribuye. Seguidamente, la juez responsable hizo del conocimiento al imputado, aquí quejoso, el plazo para resolver su situación jurídica; ante ello, el propio imputado y su defensor, solicitaron que ello ocurriera dentro de la propia audiencia. c) Dictado de auto de vinculación a proceso. Derivado de lo anterior, la juez responsable, conforme lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo, Constitucional, y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, procedió a resolver la situación jurídica del aquí quejoso, sosteniendo que se satisfacían los requisitos constitucionales y legales para dictar auto de vinculación a proceso. Al respecto, indicó que se le formuló imputación por la fiscalía y se le dio la oportunidad de declarar, reservándose tal derecho. Precisó que a favor del imputado no se materializó alguna causa de extinción de la acción penal o de exclusión del delito. Asimismo, que de los antecedentes de investigación que el fiscal expuso, se desprendían datos suficientes y razonables que permitían establecer la posible comisión del hecho que la ley señala como delito de abigeato por apoderamiento de ganado bovino, previsto y sancionado en el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Pablo Humberto López Ramírez, y que probablemente el imputado ******************** lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior, en virtud de que existen indicios que, el dieciocho de febrero de dos mi veintidós, ******************** se apoderó de una vaquilla guaca, amarilla, con cuernos, propiedad de Pablo Humberto López Ramírez; la marcó con su propio sello de herrar, le colocó un arete del sistema nacional de identificación individual de ganado diferente al que tenía, y, realizó una operación de compraventa con ella. Indicó, que dichas circunstancias se encontraban acreditadas, con la denuncia planteada por Pablo Humberto López Ramírez, la cual, estaba corroborada con el dicho de su hijo Hugo López Fernández, en sentido de que había visto a ********************, arreando dos vaquillas, logrando reconocer a una de ellas, como propiedad de su padre. También, con las documentales ofertadas, referentes a los títulos de marca de herrar y señal de sangre a favor del denunciante y su esposa, así como con la guía de tránsito relativa a una cabeza de ganado bovino con número de arete 2655144961. Igualmente, con las entrevistas practicadas a Juan Manuel Navarro Córdova, José Iván Santamaría Brockman, Eduwiges Fernández Cocoba y Ramón Adrián Navarro Varela, quienes refirieron, el primero, haber vendido una becerra tres años atrás a la víctima; el segundo, haber realizado una guía de tránsito a una vaquilla presentada por el imputado; la tercera, haber encontrado a una vaquilla con su marca de herraje en el corral de alguien más, y el último, haber visto en sus corrales a una vaquilla dejada por el imputado con irregularidades en su arete y su fierro de herrar. Del mismo modo, con las diligencias de reconocimiento de objeto realizadas por Pablo Humberto López Ramírez y Juan Manuel Navarro Córdova, refirieron, el primero de ellos, ser el propietario de la vaquilla entregada por ******************** a Ramón Adrián Navarro Varela y el segundo, reconocer a dicha semoviente, por ser la becerra dada en compraventa tiempo atrás a la hoy víctima. Finalmente, con una pericial realizada por un veterinario zootecnista, en donde concluyó que la vaquilla en cuestión, contaba con una marca de herraje muy reciente. Con base en lo anterior, estimó que ********************, es probable responsable en la comisión del delito de abigeato por apoderamiento de ganado bovino, previsto y sancionado en el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Pablo Humberto López Ramírez, por lo que, con fundamento en el artículo 19 constitucional y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictó auto de vinculación en su contra, por su probable participación en la comisión del delito referido. d) Medida cautelar. La representación social solicitó la imposición de la medida cautelar al imputado, contenida en la fracción XIV del numeral 155, consistente en prisión preventiva, al estimar que existía riesgo de sustracción a la acción de la justicia por falta de arraigo del imputado, así como para garantizar la seguridad de la víctima en el procedimiento, por la existencia de diversas amenazas que indicó se realizaron en su contra. Por su parte, en uso de la voz, la defensa manifestó que no era verdad la falta de arraigo del imputado, en virtud de que su domicilio era bien conocido en la localidad de Opodepe, Sonora, ya que incluso había sido proporcionado para acudir a la audiencia en cuestión; y por otra parte, indicó que no existía dato de prueba referente a que la víctima corriese algún peligro, más que su propio dicho, por lo que se opuso a la medida cautelar solicitada. Una vez cerrado el debate entre las partes, la juez responsable determinó imponer al peticionario de amparo, como medida cautelar la contenida en la fracción XIV del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber, la relativa a la prisión preventiva, por el tiempo que durase el procedimiento. e) Plazo de cierre para concluir la investigación A petición de la fiscalía, sin debate al respecto por parte de la defensa e imputado, la juez responsable concedió el plazo de cuatro meses para la conclusión de la investigación complementaria. Asentado lo anterior, se puede afirmar que fue correcta la actuación de la juez responsable, al dictar la resolución aquí combatida. Ello es así, toda vez que se observaron las formalidades esenciales del procedimiento, pues como se evidencia de las videograbaciones, la juez responsable, al reunirse los requisitos formales y legales, verificó que el aquí quejoso conociera sus derechos; se le formuló imputación, donde la fiscalía le hizo saber que se ejerció acción penal en su contra por hechos constitutivos del delito de abigeato, previsto en el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Pablo Humberto López Ramírez, y que era probable que el imputado hubiese participado en su comisión. Posterior a ello, tuvo oportunidad de rendir declaración, a lo que se reservó; además, se le dictó auto de vinculación a proceso durante la propia audiencia inicial de formulación de imputación, acorde a su petición; por tanto, es evidente que se realizó dentro del plazo establecido por el tercer párrafo del artículo 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ende, no existe transgresión a las garantías consagradas en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, pues quedaron satisfechas todas las fases previas al dictado del acto que se analiza. En ese contexto, es claro que se dio cabal satisfacción a los requisitos de forma exigidos por la ley para el dictado de la resolución como la que aquí se examina. Luego, a efecto de analizar si se cumplen los requisitos de fondo del auto de vinculación a proceso del imputado ******************** -quejoso-, es dable destacar que se le atribuye la probable participación en el hecho considerado como el delito de abigeato, previsto en el artículo 312 del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Pablo Humberto López Ramírez, que dispone: "ARTÍCULO 312.- Comete el delito de abigeato el que se apodere de una o más cabezas de ganado bovino, porcino, equino, ovino o caprino, sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ellas conforme a la ley. Al responsable del delito de abigeato se le aplicarán de seis a quince años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos cincuenta unidades de medida y actualización. Cuando se trate de semovientes de cualquiera de las especies señaladas en este Capítulo, que sean el pie de cría o sementales en producción, las sanciones que correspondan se aumentarán en una tercera parte. Si en la ejecución de este delito se utilizare violencia en las personas o en las cosas, el máximo de la pena de prisión que corresponda se aumentará en dos años. En todos los casos se impondrá como sanción el decomiso de los instrumentos del delito, considerándose entre éstos, enunciativamente, las cabalgaduras de que se sirvan los abigeos para arrear el ganado y los vehículos en que se realice su transporte o el de sus productos. Son aplicables al delito de abigeato las disposiciones contenidas en el artículo 306." En primer término, es menester señalar que de los antecedentes de investigación expuestos por la fiscalía se desprende, como lo señaló la juez de control, la existencia de datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como el delito de abigeato. En efecto, la juez responsable esencialmente sostuvo, que el imputado, el dieciocho de febrero de dos mil veintidós, probablemente se apropió de una vaquilla sin consentimiento de su propietario, la marcó como suya -encimando la marca original- y solicitó una guía de tránsito para efectuar una compraventa con ella. Lo que corroboró con la denuncia presentada por Pablo Humberto López Ramírez, la cual, fue corroborada con el dicho de su hijo Hugo López Fernández, en sentido de que había visto a ********************, arreando dos vaquillas, logrando reconocer a una de ellas, como propiedad de su padre. Datos de prueba que fueron concatenados con las entrevistas practicadas a Juan Manuel Navarro Córdova, José Iván Santamaría Brockman, Eduwiges Fernández Cocoba y Ramón Adrián Navarro Varela, quienes refirieron, el primero, haber vendido una becerra tres años atrás a la víctima; el segundo, haber realizado una guía de tránsito a una vaquilla presentada por el imputado; la tercera, haber encontrado a una vaquilla con su marca de herraje en el corral de alguien más, y el último, haber visto en sus corrales a una vaquilla dejada por el imputado con irregularidades en su arete y su fierro de herrar. Así como también, con una pericial realizada por un veterinario zootecnista, en donde concluyó que la vaquilla en cuestión, contaba con una marca de herraje muy reciente. Ahora, en cuanto a que exista la probabilidad de que ******************** participó en la comisión del hecho referido, la juez responsable determinó que se acreditaba con la denuncia por parte de la víctima, así como por los señalamientos realizados por las personas a quienes se practicó entrevista, quienes indicaron que el aquí quejoso fue la persona que se apropió de una vaquilla propiedad de la víctima sin consentimiento de ésta, la arreó, la marcó con su fierro encima de su marca original y la hizo pasar como suya para transportarla y venderla a una diversa persona. Así, los datos de prueba aportados por la fiscalía contienen datos suficientes que permiten concluir con el criterio plasmado por la juez responsable al determinar vincular a proceso al aquí quejoso, lo cual no es contrario a sus derechos fundamentales. Por todo lo anterior, se estima constitucionalmente correcta la determinación de vincular a proceso al peticionario de amparo ********************, pues existen datos que establecen que se cometió un hecho señalado por la ley como delito, y existe la probabilidad de que éste lo cometió. En este punto debe señalarse que la vinculación a proceso no significa el fin de la investigación, por el contrario, la misma va a continuar pero de una manera formalizada o judicializada, ya con una Litis determinada (en lo referente al hecho y a la persona), es decir, las partes pueden continuar reuniendo más elementos de convicción, con la garantía que, para que el plazo judicial no sea una excusa para dilatar el proceso, esté limitada al plazo judicial fijado al momento de vincularse a proceso. Dicho de otra manera, con la vinculación a proceso sólo se fija la materia a que se constreñirá la investigación por parte de la fiscalía, dentro del plazo fijado por la juez de control; por tanto, ésta no está en condiciones de exigir que se reúnan todos los elementos de convicción del caso concreto, sino a lo que humanamente se puede obtener dentro de la temporalidad de la investigación preliminar, en el entendido de que, con la vinculación, se seguirá investigando. En la etapa de investigación complementaria, será que las partes interesadas estarán en aptitud de aportar mayores datos de convicción para demostrar o desvirtuar el hecho materia de la imputación. De ahí que la resolución reclamada deriva de un procedimiento en el que, hasta el momento, se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, así como de legalidad y seguridad jurídica, por lo que contrariamente a lo afirmado por la quejosa en sus conceptos de violación, no se vulneran los derechos humanos consagrados en los numerales 14 y 16 Constitucionales. Como corolario de lo anterior, se itera, que en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si se cumple con los lineamientos de la nueva redacción del artículo 19 de la Carta Magna, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo debe atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el imputado los cometió o participó en su comisión; para ello, el juez de control debe examinar el grado de razonabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delito e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. Como apoyo de lo anterior, se cita la jurisprudencia 1a./J. 35/2017, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley." En otro orden de ideas, señala el peticionario de amparo que con la emisión del auto de vinculación a proceso, se vulnera el principio de presunción de inocencia tutelado en el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la autoridad responsable emitió el acto reclamado apoyándose en meras conjeturas sin fundamentarse en dato de prueba alguno. Indica, que con su actuar, la responsable violenta las garantías de certeza jurídica y debido proceso, en virtud de que, al considerar que no es necesario realizar una valoración de pruebas dentro de la audiencia inicial, se violenta su derecho a que le sean recibidas todo tipo de pruebas y que éstas sean valoradas en forma libre y lógica. Lo anteriores argumentos son por demás infundados. Para estimarlo así, conviene hacer algunas precisiones respecto al tema de la oportunidad probatoria y la facultad del juez de control de valorar los datos de prueba aportados en esa etapa. Bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el querellante -en su facultad de ejercer acción penal particular- y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho señalado por la ley como delito y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación-. Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el querellante aporte datos, esto es, la referencia al contenido de determinados medios de prueba que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que en la etapa de investigación tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A) del artículo 20 Constitucional, para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquéllas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese orden de ideas, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, dentro del sistema penal acusatorio, el juez de control debe analizar y resolver únicamente con base en los datos de investigación que en la audiencia de vinculación a proceso se haga referencia, o bien, con los que se desahoguen en esa audiencia. Dicho de otra manera, el estándar probatorio se rigió por el grado de razonabilidad de los datos que, a criterio del juzgador, establecieron que se cometió dicho ilícito y que existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, lo realizó. Es importante destacar que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia al hecho que se considera delictivo y determinan la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, los daños causados y su monto aproximado, así como la calidad de víctima u ofendido, los que, en la postura asumida por el asesor jurídico y la víctima, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado a un plazo mayor, siempre razonable, de investigación supervisada por la autoridad judicial. Bajo estos lineamientos, se concluye que la vinculación a proceso encuentra sustento en los elementos obtenidos por la parte querellante, y con los cuales acude a formular la imputación como acto de comunicación con el indiciado a virtud de la acción penal que ejerció en su contra. En tales consideraciones, el juez de control debe resolver la situación jurídica de la persona imputada con base en los datos de prueba que en la audiencia de vinculación a proceso refiera el querellante obran en la carpeta de investigación respectiva, sin que pueda acceder a la misma para verificar la certeza de las manifestaciones allí vertidas, a no ser que exista controversia entre los intervinientes respecto de su contenido, caso en el cual podrá tenerla a la vista, con el único fin de resolver el punto discutido, lo cual en el caso no sucedió. Por otro lado, se impone destacar que con base al nuevo modelo de sistema de justicia penal de corte acusatorio en México, y en atención al contenido del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, en la fracción III del numeral 316 del citado código se prevé que debe justificarse la existencia únicamente de un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad en la comisión o participación del activo, como se precisó en párrafos precedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la tesis XV.3o.6 P (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, de rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ESTÁNDAR PARA SU DICTADO EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL." Establecido lo anterior, quien aquí resuelve considera infundado el argumento relativo a que la resolución reclamada transgrede el principio de presunción de inocencia, ya que, contrario a lo manifestado, el aquí imputado no ha sido declarado culpable ni se le ha otorgado a los datos presentados por la fiscalía valor probatorio alguno, sino que, únicamente la juez responsable, tomó en consideración los datos de prueba ofrecidos, y con base en ellos, determinó vincular a proceso al impetrante. Sin que se advierta que hubiese existido vulneración al artículo 1° constitucional -principio pro persona-, en su parte que obliga a todas las autoridades en el ámbito de sus competencias a ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos en la mayor medida posible para lograr su plena efectividad. Lo anterior, en virtud de que, se reitera, la responsable, al emitir el auto de vinculación a proceso, interpretó de forma debida las exigencias constitucionales y legales para su dictado, por lo que no se vulneró lo contenido en dicho numeral; máxime que dicho principio no deriva en modo alguno, en el hecho de resolver toda cuestión planteada por los gobernados, de manera favorable a sus pretensiones. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 104/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Finalmente, no pasa inadvertido para este tribunal, el hecho de que la parte quejosa solicita la aplicación de un control de convencionalidad; sin embargo, quien aquí resuelve, considera que dicho análisis no podrá ser abordado en el presente juicio, al haber sido declarado improcedente el acto reclamado respecto del cual, la parte impetrante solicitó la aplicación de dicho control. Se explica. Del análisis de la causa de pedir de la parte quejosa, se aprecia que su pretensión va encaminada a que este órgano jurisdiccional realice un análisis de convencionalidad respecto de la prisión preventiva que le fue impuesta en audiencia inicial; sin embargo, dicha medida cautelar -como se mencionó en el considerando respectivo- cesó sus efectos, al haber sido sustituida por otras diversas, con lo que se actualizó una causal de improcedencia que condujo al sobreseimiento en el presente juicio respecto de dicho acto. Luego, si respecto del acto que se solicita la aplicación de un control de convencionalidad, existe un problema relacionado con un presupuesto de procedencia en esta instancia constitucional en virtud del sobreseimiento decretado; es inconcuso que este juzgador se encuentra imposibilitado para emprender el análisis respectivo. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 85/2022, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto rezan: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. NO IMPLICA QUE DEBA EJERCERSE SIEMPRE, SIN CONSIDERAR PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES INTENTADAS. Hechos: En un juicio ordinario civil se demandó, entre otras cuestiones, la nulidad de un contrato de prestación de servicios profesionales que involucró el acto traslativo de dominio de un bien inmueble, en tanto que el demandado reconvino la acción pro forma. El Juez de primera instancia desestimó ambas pretensiones. En contra de esa resolución, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, y al resolverlos el Tribunal de Alzada modificó la sentencia recurrida. En contra de esa resolución, el demandado promovió juicio de amparo directo en el que formuló diversos conceptos de violación, entre ellos, el relativo a la inconstitucionalidad del artículo 2150 del Código Civil para el Estado de Baja California, cuya resolución constituye la materia de estudio en el presente amparo directo en revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que los Jueces y las Juezas, en el ámbito de su competencia, antes de proceder al control ex officio de constitucionalidad y convencionalidad, deben resolver cualquier problema relacionado con los presupuestos de procedencia o de admisibilidad de las acciones que las partes promueven. Justificación: La expresión "ex officio" que se predica del control judicial significa que los Jueces tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar de cara a la Constitución y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea Parte, por el simple hecho de ser Jueces o Juezas, pero no que necesariamente deban hacer ese control en tres pasos (interpretación conforme en sentido amplio, interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación) en todos los casos, sino en aquellos en los que, de forma incidental, sea solicitado por las partes o adviertan que la norma amerita dicho control, sin hacer a un lado los presupuestos formales y materiales de admisibilidad. Al respecto, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: "No implica que ese control deba ejercerse siempre, sin considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de ese tipo de acciones". -Lo resaltado es propio- Sin que lo anterior implique desatención a la tesis jurisprudencial 1a./J. 103/2022 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD O CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. LAS PERSONAS JUZGADORAS ÚNICAMENTE DEBEN REALIZAR SU ESTUDIO DE FORMA EXPRESA EN SUS RESOLUCIONES CUANDO LO SOLICITEN LAS PARTES EN JUICIO O CONSIDEREN QUE LA NORMA QUE DEBEN APLICAR PODRÍA RESULTAR INCONSTITUCIONAL O INCONVENCIONAL. Lo anterior, pues, se reitera, en el presente juicio de derechos, si bien es cierto que existe solicitud expresa de la impetrante de realizar un análisis de convencionalidad; también lo es que respecto al tópico que se peticiona, sobrevino una causal de improcedencia, que impide a este juzgador ejercer dicho control de convencionalidad. VI. Decisión En esa virtud, en atención a las anteriores consideraciones, y al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Negativa que se hace extensiva contra el acto que se reclama del director del Centro de Prevención y Readaptación Social Hermosillo Uno, residente en esta ciudad, pues no fue impugnado por vicios propios. Cobra aplicación al caso en particular, la tesis VI.2°.J/338, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE. NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por último, este juzgador omite el estudio de los argumentos vertidos por la parte tercera interesada, pues éstos no forman parte de la Litis en el juicio constitucional, dado que constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación; máxime que tales argumentos son una reiteración sustancial de los expuestos en la demanda inicial. Lo anterior, de acuerdo a la jurisprudencia P./J. 27/94, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por las razones expuestas en el considerando IV de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, en contra del acto reclamado a la juez de control responsable, por las razones plasmadas en el considerando V de este fallo. Notifíquese, por oficio a las autoridades responsables y autoridad tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Mario Alberto Huerta López, secretario que autoriza y da fe. Doy Fe.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · 9,432 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano