Carlos Alberto Rodríguez Torres

Expediente 105/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
105/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
07/05/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Rodríguez Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Causa sobreseimiento fuera de audiencia, se ordena archivo...

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. Remite constancias. Conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y por medio del cual el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, remite copia certificad del juicio laboral 213/2020. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por la responsable y las documentales anexas al informe de cuenta, se observa que en el caso, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto normativo expone que el juicio de amparo es improcedente con motivo de la cesación de los efectos respecto de los actos por los cuales se haya ejercido la acción constitucional. En relación con el motivo de improcedencia que se menciona, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que para la actualización de dicha causa no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya la totalidad de sus efectos de forma tal, que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Esto es, como si el acto de autoridad nunca hubiera irrumpido en la esfera jurídica del gobernado, o que habiéndolo hecho, no deje alguna huella, toda vez que la justificación de esta causa de improcedencia de la acción constitucional de garantías, radica en la ociosidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos y que además, no dejó huella en la esfera de derechos del particular, que amerite ser borrada por la protección de la Justicia Federal. Lo anterior se encuentra establecido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". En la especie, el acto reclamado a la autoridad responsable radica en la fecha señalada para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, la cual, aduce el quejoso, se encuentra fuera de los plazos establecidos por el ordenamiento legal, así como la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Ahora bien, de las constancias aportadas por la responsable, se desprende que el uno de marzo de dos mil dieciocho, la Junta responsable, dejó sin efectos la hora y fecha señalada para el desahogo de la audiencia trifásica y señaló una diversa, determinación que fue notificada al quejoso el once de marzo siguiente. Asimismo, el cuatro de marzo anterior, el actuario se constituyó en el domicilio proporcionado por el actor en la demanda laboral a fin de emplazar a la contra parte sin obtener resultado efectivo, de lo cual asentó razón. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la paralización total del procedimiento al no movilizar la maquinaria jurídica, traducida en la falta de acción del diligenciario de la junta, así como la fecha señalada para la audiencia trifásica, lo cual ya aconteció, pues la junta responsable corrigió el procedimiento señalando una data próxima y el actuario al movilizarse en el llamamiento a juicio de la parte demandada, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad en comento, toda vez que con el actuar de la junta responsable volvieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada -paralización del juicio y fecha lejana-, como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, en tanto su pretensión ha quedado atenida, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. Por tanto, se hace patente que en la especie, sobreviene de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo, ya que cesaron los efectos del acto reclamado. Consecuentemente, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo en vigor. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En congruencia, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo. En el entendido que la continuación del procedimiento laboral deberá ajustarse a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la corrección del procedimiento respecto de la audiencia de ley, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada (justicia pronta y expedita), lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito a que se refiere la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe. Kervin

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Informes justificados. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y actuario adscrito a dicha junta, y dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa adjuntó a su demanda.

  4. Principal

    uto. Hermosillo, Sonora, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Estado procesal. Del estado de autos y de la certificación que antecede, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, toda vez que el presente juicio no se encuentra debidamente integrado. Se requiere constancias. En ese sentido, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y al actuario adscrito, ambos con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remitan la totalidad de las constancias que integran el expediente 213/2020, de su índice, a fin de estar en aptitud de resolver el presente asunto conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. A fin de dar oportunidad a lo anterior, se difiere la aludida audiencia y en su lugar se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del siete de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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