Carlos Alberto Angelino Barrón
Expediente 1229/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 1 actuación registrada, la última del 16 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1229/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. 1. Recepción. Vista la demanda de amparo que se presentó vía electrónica el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y turnada a éste órgano jurisdiccional en esta data a las nueve horas con veinticinco minutos por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, promovida por ********************quien funge como representante común de la parte quejosa. Fórmese expediente con el escrito de cuenta y regístrese como juicio de amparo ********************. 2. Desechamiento de la demanda. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo que se provee, al advertir diversos motivos manifiesto e indudable de improcedencia. I. Falta de voluntad de la parte quejosa (carencia de firma electrónica e inverosimilitud de su contenido). En los artículos 6º y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo se establece lo siguiente: "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En la última norma transcrita se reconoce la improcedencia del juicio de amparo por una causa distinta de las enunciadas en sus primeras 22 fracciones, siempre que derive de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la misma Ley de Amparo. Una de esas causas es la que deriva de la primera norma preinserta; pues el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada. La forma en que la parte quejosa valida la autenticidad de su voluntad, es a través de su firma (autógrafa o electrónica) o la de un tercero que promueva en su nombre; salvo los casos excepcionales que se estudian en párrafos posteriores (que no se actualizan). En la especie, la demanda de amparo fue presentada en el Portal de Servicios en línea (Sistema Electrónico) del Poder Judicial de la Federación. Al efecto, es dable considerar que en los artículos 2, fracciones XV, XVI; XXVI; 3, fracción V, 42, 43, 45 y 52, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, que regulan la manera en la que se tendrán que presentar las demandas de amparo por esa vía ante los órganos jurisdiccionales, se dispone lo siguiente: "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General se entenderá por: (...) XV. FIREL: Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. XVI. Firma electrónica: documento electrónico expedido por alguna de las autoridades certificadoras intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico. Para efectos del presente Acuerdo General se comprenden en este concepto la FIREL, la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. Resulta aplicable a esto último lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo, del "Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico". (...) XXVI. Portal de Servicios en Línea o Portal: Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. (...). Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: (...) V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. (...). Artículo 42. El Portal contará con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Para ello, se deberá ingresar el nombre de la parte quejosa, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionar la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Además, se optará por adjuntar el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, utilizar el formato predeterminado o llenar el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición, tras lo cual se capturará un código de seguridad y se enviará el escrito de demanda. En cualquier opción. se podrán enviar los archivos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 43. Enviada la demanda de amparo, el Portal generará un acuse de recepción electrónica, en el que se señalarán los datos de identificación de la persona promovente, el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, los archivos anexos, la fecha y hora de recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda de amparo, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente a la dirección de correo proporcionada. Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 52. El módulo para presentar promociones y recursos contará con un mecanismo que permita registrar la fecha y hora del envío, de la conclusión del mismo, y de la recepción de los documentos remitidos. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como las horas y fechas de envío y de recepción. Para efectos del cómputo de los plazos, se tomarán los datos de envío de las promociones o recursos. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la Firma Electrónica que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, lo cual se tomará en consideración por los órganos jurisdiccionales para acordar lo correspondiente.". De acuerdo con los preceptos transcritos, las demandas de amparo que se presenten a través del Portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación deben contener la firma electrónica del promovente, con la evidencia criptográfica correspondiente. Esa disposición constituye una regla general que, conforme los diversos numerales 42 y 43 del acuerdo Plenario invocado, admite como excepción los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, la demanda presentada de manera electrónica (en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación) debe contener, por regla general, las evidencias criptográficas de quien la promueve; o, en su defecto, satisfacer un mínimo de requisitos para hacer verosímil que fue promovida por la parte quejosa o por otra persona a su favor (individualmente identificable). En efecto, los artículos 42 y 43 del Acuerdo Plenario invocado distinguen entre "la parte quejosa" y "la persona promovente"; lo cual se explica porque, contra los actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo (enunciados en el numeral 42 del aquel Acuerdo) la demanda no siempre puede ser promovida por la parte quejosa, sino que es necesario que un tercero lo haga en nombre o a su favor. En el caso, la demanda, según se aprecia de su texto, fue promovida en apariencia por ********************; sin embargo, carece de firma electrónica sin que contenga el nombre de quien, en su caso, la haya promovido a su favor. Los artículos 42 y 43 del Acuerdo General invocado, si bien tienen por objeto evitar obstáculos en el acceso a la justicia por las dificultades que representa la tramitación de la FIREL o la FIEL, lo cierto es que no liberan al promovente de manifestar, por lo menos, su nombre completo; tal y como lo precisa el segundo de esos preceptos. En el caso, no se tiene certeza de que la demanda haya sido formulada directamente por la persona enunciada en ella y tampoco se puede considerar que fue un tercero quien la promovió en su nombre, pues no se dijo así en el líbelo ni se cuenta con algún elemento que permita apreciarlo de esa manera. Lo que en realidad se aprecia es un abuso desmedido de la facilidad de promover una demanda sin firma electrónica; pues, por los numerosos informes requeridos y rendidos por este juzgado respecto de demandas idénticas o similares a la de cuenta, es un hecho notorio la presentación multitudinaria de escritos de ese tipo sin un fin claro. En esas condiciones, al carecer la demanda de firma electrónica (evidencia criptográfica) ni tener la certeza de que la haya promovido quien se enuncia en el mismo escrito o un tercero en su nombre, es evidente que no existe una voluntad real de la parte quejosa; y, por ende, en realidad se trata de un escrito de amparo anónimo, en la que no es posible identificar a su verdadero autor. De ahí que este juzgador se encuentre impedido para prevenir a la parte quejosa a fin de que aclare su demanda en el sentido de que precise los actos reclamados y sus antecedentes bajo protesta de decir verdad, así como las autoridades responsables, dado que no se tiene la certeza de a quién se le tendría que notificar, ni se señaló domicilio para oír notificaciones. Se invoca como sustento la tesis de jurisprudencia P./J.32/2018(10a), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2018943, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, enero de 2019, Tomo I, Décima Época, página 5, de rubro "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) DEL AUTORIZADO POR EL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA DE PLANO AL NO APRECIARSE LA VOLUNTAD DE QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE". Asimismo, la tesis de jurisprudencia P./J.8/2019(10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2019715, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 79, de rubro "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODERJUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO". De igual forma, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con registro digital 248942, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 187-192 Sexta Parte, Séptima Época, visible a página 119, de rubro "PROMOCIONES SIN FIRMA". No pasa inadvertido que en la demanda se citaron tesis relativas a actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y tortura, actos que son de atención urgente; sin embargo, como se advierte de la certificación de cuenta, no se señalaron como actos reclamados destacados en este asunto. Máxime que el escrito de amparo de que se trata, no contiene información alguna que permita advertir que efectivamente se trata algún acto de tortura ni las particularidades de cada uno de los actos enunciados; por lo que tampoco se pueden tener como actos reclamados los que anteceden. En efecto, la demanda no contiene un mínimo de información sobre la naturaleza, origen o características de qué acto se pretenden reclamar. Tampoco se advierten elementos para considerar que alguno tiene el carácter de tortura o tratos crueles. Para ese fin es necesario invocar los artículos 20, apartado B), fracción II, 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 de la Ley de Amparo; 7, 24 y 26 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como a diversos criterios sustentados por el Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismos que son del contenido siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] B. De los derechos de toda persona imputada: [.] II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; [.] Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.]". Ley de Amparo "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona." Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes "Artículo 7. El delito de tortura se investigará y perseguirá de oficio, por denuncia o vista de autoridad judicial." "Artículo 24. Comete el delito de tortura el Servidor Público que, con el fin de obtener información o una confesión, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medio de coacción, como medida preventiva, o por razones basadas en discriminación, o con cualquier otro fin: Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una persona; Cometa una conducta que sea tendente o capaz de disminuir o anular la personalidad de la Víctima o su capacidad física o psicológica, aunque no le cause dolor o sufrimiento, o Realice procedimientos médicos o científicos en una persona sin su consentimiento o sin el consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo.". "Artículo 26. Se le impondrá una pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos a mil días multa, al Servidor Público que incurra en alguna de las conductas previstas en el artículo 24 de la presente Ley. En lo conducente es ilustrativa la tesis P. XXII/2015 (10a.), página 234, registro 2009997, libro 22, septiembre de 2015, tomo I, décima época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS DE TORTURA. SU NATURALEZA JURÍDICA. De los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se advierte que se está frente a un caso de tortura cuando: (I) la naturaleza del acto consista en afectaciones físicas o mentales graves; (II) infligidas intencionalmente; y, (III) con un propósito determinado, ya sea para obtener una confesión o información, para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. Al respecto, debe precisarse que la tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en nuestro sistema normativo y constitucional, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. En ese contexto, si el derecho a la integridad personal comprende, necesariamente, el derecho fundamental e inderogable a no ser torturado -ni a ser sometido a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes-, es dable colegir que la tortura actualiza una categoría especial y de mayor gravedad que impone a los juzgadores hacer un análisis cuidadoso bajo estándares nacionales e internacionales, tanto en su impacto de violación de derechos humanos, como de delito.". Los preceptos y criterio transcrito giran en torno al tópico de la tortura, la cual es concebida como un mecanismo a través del cual se generan afectaciones físicas o mentales graves, infligidas intencionalmente y con un propósito determinado, esto es, para obtener una confesión o información; para castigar o intimidar, o para cualquier otro fin que tenga por objeto menoscabar la personalidad o la integridad física y mental de la persona. La tortura es una práctica proscrita de forma absoluta en el sistema normativo y constitucional del derecho positivo mexicano, es decir, su prohibición es un derecho humano que no admite excepciones debido a su gravedad y la capacidad de reducir la autonomía de la persona y la dignidad humana a grados ignominiosos y, por ende, su vigencia no puede alterarse ni siquiera durante una emergencia que amenace la vida de la Nación. Asimismo, la Ley de Amparo, en los artículos 15, 17, 20, 61, 124. 126 y 159, da un trato especial a las demandas de amparo en los que se reclame ese tipo de actos así como a los demás, prohibidos por el artículo 22 constitucional a efecto de suspender de forma inmediata la ejecución de los mismos. Por otro lado, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, en los artículos 7, 24 y 26, facultan a las autoridades jurisdiccionales para dar la vista correspondiente a los órganos de procuración de justicia, en los casos en que existan indicios razonables que sugieran la existencia de tortura, para que se inicie la indagatoria respectiva. Lo mismo acontece cuando se advierta la existencia de indicios que permitan suponer la existencia de los diversos actos que prohíbe el artículo 22 constitucional. De igual manera, la legislación citada en el párrafo que antecede define lo que se debe entender por tortura y la sanción que se prevé para quienes la cometan. Asimismo, es importante señalar que a la par de la tortura y en similar importancia se encuentran regulados los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, pues también entran en la categoría de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En el caso, como ya se mencionó, la demanda no contiene información alguna que permita considerar que se reclamó algún acto concreto de tortura; es decir, que encuadre en los conceptos recién explicados; de ahí que no se tienen como actos reclamados las manifestaciones en ella, transcritas en último término. Consecuentemente, se DESECHA DE PLANO la presente demanda de derechos, por actualizarse de forma notoria y manifiesta las causales de improcedencia invocadas. Lo expuesto con anterioridad también encuentra sustento en el criterio adoptado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito, con sede en San Luis Potosí, en ejecutoria de uno de septiembre de dos mil veintidós, al resolver el recurso de queja 386/2022. 3. Representante común. En término del artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte promovente se designa como representante común a ********************. 4. Domicilio. Por las mismas razones explicadas al inicio de esta determinación, no procede tener por señalado domicilio alguno señalado en la demanda; pues sería un contrasentido que no se tuviera por manifestada voluntad alguna por cuanto a la acción de amparo, pero sí respecto del señalamiento de domicilio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquese este auto y los subsecuentes por medio de lista. Para esta consideración se invoca como sustento el criterio sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver su recurso de queja 193/2021; pues al respecto sostuvo lo siguiente: "No pasa inadvertido para este tribunal, que el auto impugnado resulta incongruente, toda vez que ante la falta de firma en la demanda, no existe parte quejosa, pues no hay quién haya acudido al juicio, de ahí que la juez no debió reconocer a quejoso alguno, ni nombrarle defensor, así como tampoco ordenar una notificación personal; lo que se destaca para que se tome en cuenta en situaciones similares". 5. Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes y en su oportunidad archívese este asunto como concluido. 6. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firmó electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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