Carlos Alberto González Antonio
Expediente 1154/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1154/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Alberto González Antonio
Actuaciones
- Principal
(notificación por lista a la parte quejosa) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de escrito. Se agrega a los autos, el escrito signado por *** (parte quejosa en el presente juicio de amparo); mediante el cual cumple con la prevención de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, en atención a ello, se provee: Análisis de la demanda y desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. De tales artículos se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio. Ahora bien, de la lectura integral a la demanda de amparo y el escrito aclaratorio se obtiene que el quejoso sustancialmente reclama lo siguiente: El acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés y notificado el veintiséis de octubre siguiente, mediante el cual la autoridad responsable se negó a concluir la diligencia de apeo, deslinde y rectificación de medidas y colindancias, en virtud de que el asunto pasó de ser de jurisdicción voluntaria a un asunto contencioso. En ese orden de ideas, se estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley, bajo la óptica de que éste es un acto derivado de otro consentido, porque así lo dispone la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, los aludidos preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El citado numeral si bien no dispone de manera específica un motivo manifiesto que vuelva improcedente el juicio de amparo, si estatuye el fundamento de las causas que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones tienen sustento por identidad jurídica con la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Página 9, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél" También, las tesis aisladas sustentadas por las otrora Tercera y Cuarta Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Registro: 352671, Tomo LXXI, Página: 6431 y Quinta Época, Tomo XCVII, Página: 1891 publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dicen: "ACTOS CONSECUENCIA DE OTROS CONSENTIDOS. La jurisprudencia relativa a que el amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino consecuencia de otros que la ley reputa consentidos, ha sido modificada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que sólo debe sobreseerse cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último" "ACTOS QUE SON CONSECUENCIA DE OTROS CONSENTIDOS. Para que pueda estimarse que el acto reclamado en un juicio de amparo, es consecuencia de otro anterior que fue consentido, es indispensable que éste sea susceptible de recurrirse por la misma vía, ya que de lo contrario, no es posible hablar del consentimiento del acto para los efectos del amparo". Ahora, de lo anterior se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos de autoridad consentidos tácitamente. Para tener por actualizada la causa de improcedencia invocada, deben cumplirse dos condiciones básicas, a saber: a) La existencia de un acto anterior consentido tácitamente; y, b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquel. En la inteligencia que, para que exista ese consentimiento (tácito), debe tratarse de un acto que sea susceptible de impugnarse en el juicio de amparo y que cause perjuicios en la esfera jurídica del impetrante y, en relación con la existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria del acto que fue consentido, únicamente puede sobreseerse por actualizarse el citado motivo de improcedencia, cuando el acto de que es consecuencia el segundo, lleva implícito o comprendido a este último. En ese orden de ideas, se considera que el quejoso consintió tácitamente el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés y notificado el veintiséis de octubre siguiente, mediante el cual la autoridad responsable se negó a concluir la diligencia de apeo, deslinde y rectificación de medidas y colindancias, en virtud de que el asunto pasó de ser de jurisdicción voluntaria a un asunto contencioso. Ello es así, porque se encuentra demostrado que el acto reclamado deriva de otro consentido, toda vez que, el quejoso expresamente manifestó -en el escrito de cuenta- que no es su deseo señalar como acto reclamado en esta instancia constitucional el acta y razón de once de septiembre de dos mil veintitrés, suscrita por el Alcalde Municipal de Tlacolula de Matamos, Oaxaca, a través del cual indicó que -al existir diferencias respecto de los límites de su predio con un diverso colindante, sin que hubiesen llegado a algún acuerdo- el asunto paso de ser de una jurisdicción voluntaria a un asunto contencioso. Por consiguiente, si el promovente del amparo no reclama el acta y razón de once de septiembre de dos mil veintitrés, a través de este juicio de amparo, es incuestionable que el acto reclamado inicialmente por el quejoso en su escrito de demanda, esto es, el acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, mediante el cual la autoridad responsable se negó a concluir la diligencia de apeo, deslinde y rectificación de medidas y colindancias, constituye un acto derivado de otro previamente consentido. Por las razones que la informan se cita el siguiente criterio: Registro digital: 393973 Instancia: Pleno Quinta Época Materias(s): Común Tesis: 17 Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 12 Tipo: Jurisprudencia "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Adicionalmente a lo expuesto, se estima que contra el acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Lo expuesto revela que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones emitidas por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra las cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo, examinado por la doctrina, adoptado en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por el promovente del juicio de garantías. Así, en el asunto, el quejoso en esencia se duele del acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés y notificado el veintiséis de octubre siguiente, mediante el cual la autoridad responsable se negó a concluir la diligencia de apeo, deslinde y rectificación de medidas y colindancias, en virtud de que el asunto pasó de ser de jurisdicción voluntaria a un asunto contencioso; sin embargo, ante dicha negativa procede el recurso administrativo de revocación. En efecto, los artículos 149, 150 y 152 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, establecen que las autoridades municipales deberán sujetar su actuación a las leyes, los Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; en consecuencia, los actos, acuerdos y resoluciones que dicten, se presumen legales y si no son impugnados, se procederá a su ejecución; no obstante, dichos actos, acuerdos y resoluciones de carácter no fiscal que emitan las autoridades municipales, podrán ser impugnados mediante la interposición por escrito del recurso administrativo de revocación, por lo que, su interposición suspenderá la ejecución del acto, acuerdo o resolución impugnadas, como a continuación se transcribe: "ARTÍCULO 149.- Las autoridades municipales deberán sujetar su actuación a las leyes, los Bandos de Policía y Gobierno, circulares y disposiciones administrativas de observancia general; en consecuencia, los actos, acuerdos y resoluciones que dicten, se presumen legales y si no son impugnados, se procederá a su ejecución." "ARTÍCULO 150.- Los actos, acuerdos y resoluciones de carácter no fiscal que emitan las autoridades municipales, podrán ser impugnados mediante la interposición por escrito del recurso administrativo de revocación, conforme a las siguientes disposiciones: I.- Se interpondrá dentro del plazo de ocho días hábiles, contado a partir del siguiente al de la notificación, ante la propia autoridad municipal, que haya emitido el acto, acuerdo o resolución que se impugne; II.- El escrito de interposición contendrá: a) Nombre y domicilio del recurrente o de quien promueva en su nombre; b) El acto, acuerdo o resolución que se impugne; c) Los hechos que dan lugar a la petición: d) Los agravios que se consideren cometidos en su perjuicio; y e) Las pruebas que ofrezca, debiendo acompañar las documentales que obren en su poder. III.- Se admitirán toda clase de pruebas emitidas por la ley, con excepción de la confesional de las autoridades; en caso de ofrecerse prueba testimonial o pericial, se acompañará el interrogatorio para los testigos y el cuestionario que deban resolver los peritos. IV.- Una vez interpuesto el recurso, la autoridad lo remitirá al Síndico Municipal para su trámite y resolución. V.- Recibidas las constancias del recurso por el Síndico Municipal, se abrirá un periodo de prueba por diez días hábiles para desahogar las que se hubieren ofrecido oportunamente. VI.- Concluido el término a que se refiere el artículo anterior, desahogadas las pruebas que así lo ameriten, el Síndico Municipal dictará la resolución definitiva debidamente fundada y motivada." "ARTÍCULO 152.- La interposición del recurso administrativo de revocación suspenderá la ejecución del acto, acuerdo o resolución impugnados. De ahí que, ante la naturaleza del acto que reclama el promovente, previo a la promoción del juicio de amparo, debió agotar el recurso ordinario procedente, para cumplir con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXIII de la Ley de amparo; se desecha de plano, la demanda de amparo promovida por ******, por notoriamente improcedente. Aunado a ello, a nada jurídicamente práctico se llegaría con el trámite del presente sumario, si ya desde este momento se conoce el resultado; pues de estimar lo contrario, únicamente se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en detrimento de la parte quejosa. Sin que la anterior determinación implique una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia, pues éste no implica dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen los juicios, ya que de lo contrario se contravendría el principio de impartición de justicia pronta, y desatendería los de equidad procesal y seguridad jurídica tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, debido a que la promovente obtendría un beneficio no previsto en la norma. Es aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis VII.2º.C 14 (10ª.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el citado medio de difusión, Décima Época, Libro XII, Tomo 3, septiembre de 2012, página 1495, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA Y EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS. NO IMPLICA DEJAR SIN EFECTOS LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA Y ADMISIBILIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. La Corte lnteramericana de Derechos Humanos, al interpretar el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, estableció que el acceso a la justicia no se agota con la simple existencia de tribunales, procedimientos formales ni con la posibilidad de acudir a ellos, sino que es necesario que los recursos judiciales tengan efectividad, esto es, que se brinde al justiciable la posibilidad real de interponerlos y el órgano jurisdiccional competente evalúe sus méritos, por lo que serán efectivos en tanto sean capaces de producir el resultado para el que fueron concebidos; sin embargo, fue la propia Corte Interamericana, quien estableció que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de los recursos resulta compatible con la Convención Americana, y que esa efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan tales requisitos, el órgano judicial evalúe sus méritos. Por tanto, el derecho humano de acceso a la justicia y la efectividad de los recursos, no implican dejar sin efectos los requisitos de procedencia y admisibilidad que rigen en el juicio de amparo, instrumento éste de justicia constitucional por el que, en sede nacional y en vía judicial, se garantiza al individuo la protección de sus derechos fundamentales". Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
(notificación por lista a la parte quejosa) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Con la demanda de amparo turnada de manera aleatoria a este órgano jurisdiccional el diez de noviembre de dos mil veintitrés y recibida el trece de noviembre del año en curso, que promovió ******, por propio derecho, contra actos del Alcalde Único Constitucional del Municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; fórmese expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro correspondiente, con el número 1154/2023. Expediente electrónico Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica, conforme a los lineamientos establecidos en los acuerdos antes mencionados. Por lo cual, todas las constancias y documentos remitidos físicamente por las partes, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico, al igual que los acuerdos, diligencias, notificaciones, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos que integran el contenido de la totalidad de las actuaciones judiciales. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado en primer término. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente por las partes, y se formará con los documentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán a dicho expediente físico; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Por ello, se les exhorta, para que preferentemente continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea. Prevención de la demanda Tomando en consideración que la parte quejosa refiere como acto reclamado lo siguiente: "ACTO RECLAMADO.- La actuación o Acuerdo de fecha 24 de octubre del año 2023 y notificado al suscrito el 26 del citado mes y año, mediante el cual la autoridad responsable se Niega a concluir una Diligencia de Apeo y Deslinde y Rectificación de Medidas y Colindancias, EN EL EXPEDIENTE ******, que inicio y suspendió el once de septiembre de dos mil veintitrés, en un terreno de sembradura de mi propiedad ubicado en ******" No obstante, del contenido integral de la demanda de amparo se obtiene que en el primer concepto de violación (foja 11 de su demanda) que hizo valer, indicó: "Por lo que, antes las referidas omisiones, el acta de fecha once de septiembre de dos mil veintitrés y que dolosamente levantó la autoridad responsable ES NULA, de conformidad con los dispuesto por el artículo 57 del Código de Procedimientos Civiles de nuestro Estado. Siendo entonces que la autoridad responsable no tenía por qué negar mi petición de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés, por la que solicité se dejara sin efecto la razón de haber declarado contencioso el asunto, y señalara nuevamente día y hora para continuar con la diligencia que inició y suspendió el once de septiembre de dos mil veintitrés". Asimismo, se aprecia que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal para lo siguiente: ". solicito se me conceda al amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la autoridad responsable, deje ********************, así como el auto o actuación de fecha 24 de octubre de 2023, y señale nuevamente día y hora para continuar con las diligencias que inició y suspendió el 11 de septiembre de 2023." En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108 fracción IV, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de su legal notificación, por escrito que formará parte integrante de su demanda de amparo, con las copias necesarias, manifieste bajo protesta de decir verdad lo siguiente: Precise si es su deseo señalar como acto reclamado el acta y razón de once de septiembre de dos mil veintitrés, suscrita por el Alcalde Municipal de Tlacolula de Matamos, Oaxaca. Lo anterior es así, porque este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para precisar dichas circunstancias;, por tanto, en atención al principio de igualdad procesal, deben, entre otros aspectos, conocer con precisión el o los actos que se les atribuye, lo anterior, a fin de que, en el caso, la autoridad que señala como responsable tenga conocimiento del origen de los actos atribuidos y pueda, en su caso, contestar lo que le corresponda en su respectivo informe justificado y se integre debidamente la litis constitucional. Apoya lo anterior, la tesis de la Novena Época, registro 202853, instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Materia(s): Común, Tesis: XX.57 K Página: 871, de texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS." Así también, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis emitida por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 393 tomo CVIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA." Por lo anterior, se apercibe a la quejosa, para que se conduzcan en este juicio de amparo con total veracidad, pues el aludir hechos falsos ante una autoridad jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo, podría actualizar el delito previsto en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, el cual prevé una pena de prisión de dos a seis años de prisión y de treinta a trescientos días de multa; por lo que, en caso de considerarlo pertinente, este Juzgador podrá dar la vista correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Apercibimiento Apercibiendo a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo concedido, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos del penúltimo párrafo del numeral 114 de la ley de la materia. Domicilio y autorizado Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda y por autorizado, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por encontrarse registrada su cédula profesional ante el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales". Hágase del conocimiento de las partes que conforme al artículo 41 Bis del Acuerdo General 12/2020, que regula la integración y trámite de expedientes electrónicos y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado el acceso para consultar el expediente electrónico, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado, del que se hace saber a la parte quejosa, que sólo será necesario para entablar comunicación no procesal; no así para practicar notificaciones, toda vez que no se contempla en la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles En otro aspecto, a fin que puedan practicarse todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, se faculta a los actuarios judiciales para que una vez agotadas sin éxito las visitas correspondientes a un domicilio señalado por las partes para oír y recibir notificaciones en días y horas hábiles, realicen las diligencias conducentes en días y horas inhábiles en términos del numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2º; lo cual encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio. Publicación de datos personales En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Federal, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desean que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Autorización de medios electrónicos Se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para obtener fotografía de las actuaciones en este asunto; lo anterior de acuerdo con la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, debiendo dejar constancia respectiva. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que hagan las partes, quienes estarán obligadas a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales. Ilustra a lo anterior, la tesis I.3º.C.725 C, con registro digital 167640, con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Notifíquese de manera personal a la parte quejosa."
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