Carlos Alberto García Hernández y Otros.
Expediente 1888/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1888/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Alberto García Hernández y Otros.
- Carlos Alberto García Hernández
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cinco de enero de dos mil dieciséis. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la resolución de fecha veintidós de diciembre de este año, que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por Neftalí Ramsés Carreño Aragón, a favor de Carlos Alberto García Hernández, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de dicha parte quejosa. Por otra parte, resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo establecido por el numeral 86 de la Ley de la materia, respecto de las autoridades responsables, las que se advierte quedaron notificadas el veintiocho de diciembre último (fojas 33 y 34), dado que, como se precisó, se tuvo por no presentada la demanda de amparo en este juicio, por lo que, ningún agravio genera a dicha parte que carece de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". Como las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, previa supresión de esos datos, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información; pero tienen el derecho de oponerse a la publicación de dichos datos para que cuando se presente la solicitud respectiva, se determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de alguna resolución, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de dichas partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
pral. 1077/2015 mesa amp. 6-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a quince de diciembre de dos mil quince. Agréguese el oficio número 6144, signado por el juez Segundo Mixto de Primera Instancia, residente en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 3169/2015, con número de origen 1736/2015, del índice de este Juzgado; para los efectos legales procedentes; dése de baja en el libro de gobierno respectivo, Ahora bien, tomando en consideración que el quejoso CÉSAR ENRIQUE GARCÍA BOLAÑOS, en cumplimiento al requerimiEnto efectuado en proveído de fecha once de noviembre de este año (fojas 376-378), manifiesta que: ".El DÍA 5 DE JUNIO FUE AGREDIDO Y AMENAZADO POR DICHAS AUTORIDADES DEL CENTRO FEDERAL A LO CUAL TENGO DISLOCADO MI BRAZO DERECHO Y FRACTURADO MI MANDIBULA DE LADO DERECHO PORQUE ELLOS ME TORTURARON EL DÍA 5/DE/JUNIO/2015..." (fojas 395 y 396). En tales condiciones, en cumplimiento al criterio con los datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2006483 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. CCVII/2014 (10a.) Página: 561 TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura." Y con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Federal, con copia de dicha diligencia, dése vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para que proceda conforme a sus atribuciones, respecto de la manifestación vertida por la parte quejosa. NOTIFÍQUESE y personalmente al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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