Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
- José Antonio Contreras Chávez y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, mediante el cual acusa de recibido los oficios y comunicaciones remitidas mediante proveído de diecisiete de mayo del año en curso. Por otra parte, del estado de autos se advierte que no se ordenó la notificación por lista del auto de dos de junio del año en curso, por el cual se realizó pronunciamiento del destino final del presente cuaderno de antecedes. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se reitera que el destino que debe darse a este cuaderno de antecedentes, es el señalado en el auto de veinte de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones en la carátula de este cuaderno, en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista.
- Principal
...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Incorpórese a los autos, el oficio y anexo signado de manera electrónica por el Secretario Judicial adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en el municipio del mismo nombre, mediante el cual informa que dicho órgano jurisdiccional, aceptó la competencia declinada por este Juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo origen de este expediente. En consecuencia, al no existir asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena el archivo de este cuaderno de antecedentes como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se ordenó el archivo de este expediente, procédase a su DESTRUCCIÓN, conforme el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido acuerdo; y, en su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase la anotación en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace constar que, como quedó asentado en la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos originales. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda y sin realizar mayor pronunciamiento al respecto, el oficio y anexo signado por la Secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en el municipio del mismo nombre, toda vez que mediante auto de diecisiete de mayo del año en curso, se acordó lo conducente. Notifíquese por lista electrónica."
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintidós. Radicación y formación del expediente. Con la demanda de amparo promovida vía electrónica, por: *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Por propio derecho, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 476/2022. Consideraciones relacionadas con la falta de firma. Cabe destacar, que no pasa desapercibido para este juzgado, que la demanda de cuenta carece de firma electrónica del promovente de amparo. Sin embargo, dada la situación de salud que prevalece en el país, cuya circunstancia es incuestionable, que impide material y tecnológicamente que el común de las personas puedan colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la mencionada firma, para la promoción de la demanda de amparo indirecto debe prescindirse de la firma electrónica (FIREL) del quejoso. Lo anterior, debido a que en los juicios de amparo promovidos durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica actual, se debe actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, favoreciendo a las personas la protección más amplia, como ordena el párrafo segundo del artículo 1o. Constitucional. De ahí que, lo procedente es dar trámite a la presente demanda de amparo. Como fundamento a lo anterior, se cita la jurisprudencia I.7o.P. J/10 K (10a.), emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo V, página 4877, Materia(s): Común, con número de registro 2023202, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito recurrido desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, al estimar que en el escrito respectivo no obra la firma electrónica (FIREL) del quejoso, lo que constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la demanda -principio de instancia de parte agraviada-, sin que sea el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad susceptible de subsanarse. Criterio jurídico: Atento a las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país, generadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso en la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, no actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, que dé lugar a su desechamiento de plano. Justificación: Lo anterior es así, porque un presupuesto del principio de instancia de parte agraviada, consiste en que la demanda de amparo presentada vía electrónica cuente con la firma electrónica (FIREL) de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, ya que ésta es el signo inequívoco de la voluntad y que la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio citado, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como agraviado a alguien que no suscribió la demanda. Sin embargo, dada la situación de salud que prevalece en el país, cuya circunstancia es incuestionable, que impide material y tecnológicamente que el común de las personas puedan colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la mencionada firma, para la promoción de la demanda de amparo indirecto debe prescindirse de la firma electrónica (FIREL) del quejoso. Así, estimar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o., de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la falta de firma electrónica (FIREL), como mecanismo de manifestación de la voluntad y reflejo del principio constitucional de instancia de parte agraviada, es manifiesta e indudable, impediría a la parte quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional. Por tanto, en los juicios de amparo promovidos durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica actual, los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", como ordena el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, a efecto de proteger los derechos humanos del quejoso. No se soslaya la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."; sin embargo, este criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe analizar en consideración de las circunstancias particulares del caso." Expediente electrónico. Por tanto, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al personal de este órgano jurisdiccional, para que integre este expediente de manera electrónica y física, conforme a los lineamientos establecidos en el acuerdo en mención, por lo cual, deberán digitalizar, integrar y supervisar la captura electrónica de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. En el entendido que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 del acuerdo mencionado. De igual manera, se hace del conocimiento a las partes que en el sitio web del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación se puede realizar el trámite correspondiente, para que a través del uso de la FIREL o e.firma (antes firma electrónica avanzada o FIEL), puedan presentar promociones, acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en este juicio de amparo. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que la parte quejosa reclama, entre otros, actos que le generan el tormento psicofísico y afectación psicoemocional, así como los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo; a fin de evitar una vulneración a sus derechos fundamentales de imposible reparación, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE OFICIO, para el efecto de que, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Reglamento de los Centros de Readaptación Social, cese de inmediato cualquier acto que implique tortura, intimidación, tormento psicofísico y afectación psicoemocional y todos aquéllos actos que están prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal y 15 de la Ley de Amparo, así como sus consecuencias. Resulta aplicable, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales. Debiendo las autoridades responsables informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo ordenado se les sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 206 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en términos del artículo 1° de la Constitución Federal, en el ámbito de su competencia, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, siendo el derecho al debido proceso y a la libertad un derecho del que es titular todo individuo, cuyo goce está garantizado en el primer párrafo del numeral referido. Vista al Ministerio Público. Por otra parte, con los únicos datos aportados por el promovente en su escrito de cuenta, reclama entre otros actos tortura física y psicológica; en cumplimiento estricto a lo establecido por el artículo 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, se da vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para investigue los hechos relativos a la tortura; para ello, se le autorizan las copias que requiera de este expediente. Se invoca en apoyo la tesis aislada 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, página 561, Materia(s): Constitucional, Penal, con registro digital 2006483, que es del tenor siguiente: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA. Cuando la autoridad tenga conocimiento de la manifestación de que una persona ha sufrido tortura o cuando tenga datos de la misma, deberá, inmediatamente y de oficio, dar vista al ministerio público para que inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa. Dicha investigación tiene como finalidad determinar el origen y naturaleza de la afectación a la integridad personal de quien alega la tortura, e identificar y procesar a las personas responsables. Cuando, dentro de un proceso, una persona alegue que su declaración fue obtenida mediante coacción, las autoridades deben verificar la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación diligente. Asimismo, el hecho que no se hayan realizado oportunamente los exámenes pertinentes para determinar la existencia de tortura no exime a las autoridades de la obligación de realizarlos e iniciar la investigación respectiva; tales exámenes deben hacerse independientemente del tiempo transcurrido desde la comisión de la tortura. Por tanto, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera relevante destacar que, con independencia de la obligación de los órganos de legalidad o control constitucional, en torno al reconocimiento y protección del derecho humano de integridad personal y la prohibición de la tortura como derecho absoluto, subsistirá en todo momento la obligación de instruir su investigación conforme a los estándares nacionales e internacionales para deslindar responsabilidades y, en su caso, esclarecerla como delito, con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Federal, 1, 3, 6 y 8, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 1o., 3o. y 11o. de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura". Incompetencia. Ahora bien; tomando en consideración que los quejosos en la demanda con la que se ha dado cuenta, señalan entre otras autoridades a este Juzgado como autoridad responsable, así como a los demás jueces de Distrito de este Circuito, resulta evidente que este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto. En principio, el artículo 38 de la Ley de Amparo establece que la autoridad judicial competente para conocer de actos atribuidos a un Juez de Distrito, será otro de la misma categoría que resida dentro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Cabe destacar, que si bien el artículo 38 de la Ley de Amparo, no establece la hipótesis de que el juicio de amparo se promueva contra todos los Jueces de Distrito del mismo ámbito territorial, es lógico establecer que debe aplicarse la regla relativa a que la competencia debe fincarse en el homólogo más próximo a la residencia de los jueces señalados como autoridad responsable. En consecuencia, es procedente declinar competencia al Juzgado de Distrito residente con mayor proximidad a este órgano judicial. Así, de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Juzgado más próximo lo es, el Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en turno, con residencia en San Luis Potosí, quien de acuerdo con la lectura de la demanda de amparo, no fueron señalados como autoridades responsables. En virtud de lo expuesto, se ordena remitir la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en turno, con residencia en San Luis Potosí, para que acorde con lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, tenga a bien pronunciarse con libertad de jurisdicción respecto a la demanda de cuenta. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 97, visible en la página 132, del- Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." Es aplicable también al respecto, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 1a./J. 88/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 75 del tomo XXV, febrero de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 173362, de rubro: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO". Atento a lo anterior, con fundamento en el numeral 48 de la ley de la materia, por haber sido señalado como autoridad responsable este órgano jurisdiccional, declara que no le corresponde conocer de la demanda de amparo de que se trata, y declina competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, en turno, con residencia en San Luis Potosí, a quien deberá remitírsele la demanda electrónica, para que proceda conforme a sus facultades legales. Solicítese atentamente el acuse de recibo correspondiente. Domicilio para notificación. Se tiene a la parte quejosa informando que se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaria de la Ciudad de México. Representante común. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se nombra como representante común de la parte quejosa a Carlos Alberto Angelino Barrón. Exhorto. Toda vez que el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón (representante común de la parte quejosa) se encuentra interno en la Penitenciaría de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° del citado ordenamiento jurídico, así como los diversos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno, con residencia en la Ciudad de México, por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que ordene a quien corresponda y: Se haga presente en la Penitenciaría de la Ciudad de México y notifique a CARLOS ALBERTO ANGELINO BARRÓN como representante común de la parte quejosa, el presente proveído, entregándole copia de este auto. Hecho que sea, la autoridad exhortada deberá remitir en línea, la comunicación de que se trata. Uso de medios electrónicos, gratuidad y accesibilidad. Por otra parte, de acuerdo a la circular 12/2009, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de medios electrónicos a las partes que intervendrán en este asunto. Sin que ello comprometa a este Juzgado respecto de la posterior reproducción o edición que haga la parte quejosa, quien estará obligada a utilizar esos medios con la debida lealtad procesal, en virtud del contenido de datos personales relativos a las partes. Ilustra a lo anterior, la tesis con el rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Asimismo, se hace de su conocimiento que los servicios que presta este Juzgado son gratuitos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional; y que, la expedición de copias simples o certificadas, previa solicitud y autorización por acuerdo, se hará en cualquier hora dentro del horario de atención al público. Protección de datos personales. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6°, segundo párrafo, fracción II, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que se considera información confidencial sus datos personales, los cuales los hacen identificados o identificables, por lo que si desea que sean divulgados, se requiere su consentimiento. Notificación y envío de oficio. Finalmente, se ordena al actuario llevador de este juicio de amparo, realice las notificaciones que deriven de este expediente en los plazos legales contenidos en el artículo 24 de la Ley de Amparo, y de conformidad al contenido del capítulo IV "Notificaciones" del ordenamiento mencionado; notificaciones que deberán ser integradas de manera inmediata al expediente electrónico. Asimismo, se autoriza al actuario, firme los oficios derivados de este juicio, y en su caso, previa revisión del expediente, los entregue de forma presencial, los remita al correo electrónico autorizado, o bien, vía fax, correo ordinario o estafeta, debiendo dejar constancia de su entrega o remisión (acuse con sello original en el cual, se haga constar en su caso la entrega de anexos y copias, guías de correo o mensajería acelerada y/o razón en la cual deberá señalar nombre, fecha y cargo de la persona con quien confirma la recepción del oficio). En caso de existir alguna imposibilidad para su entrega, deberá hacerlo del conocimiento de la secretaria encargada de la mesa, a través de la razón correspondiente. En el entendido que las constancias y razones deberán vincular al expediente electrónico de manera inmediata, y entregar físicamente a las mesas de trámite, para ser glosadas al expediente físico. Cuaderno de antecedentes y anotaciones. Se ordena formar cuaderno de antecedentes; realizar las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por exhorto a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,117 expedientes
- Carlos Alberto Angelino Barrón1153/2021
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.1159/2021
- Carlos Alberto Angelino Barrón1163/2021
- Carlos Alberto Angelino Barrón398/2021
- Carlos Alberto Angelino Barrón1160/2021
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.1154/2021
- Carlos Alberto Cruz Sánchez1289/2017
- Carlos Alberto García Hernández y Otros.1888/2015
- Carlos Alberto Gómez Portillo866/2018
- Carlos Alberto González Antonio1154/2023
- Carlos Alberto Holder Gomez719/2018
- Carlos Alberto Luis López y Otros.1064/2015