Carlos Alberto Bautista Góngora
Expediente 98/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 98/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Bautista Góngora
Actuaciones
- Principal
II-Visto el contenido de la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que señala el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese recurrido el auto de siete de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que dio origen al presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Notifíquese.
- Principal
II-Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el término de cinco días que se concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciséis de febrero de esa anualidad, a fin de que cumpliera con la prevención ahí impuesta, transcurrió del veinticuatro de febrero al dos de marzo del año en curso, sin que hiciera pronunciamiento alguno. Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el propio acuerdo y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida. Notifíquese personalmente.
- Principal
II-Vista la demanda de amparo de cuenta, se tiene a Cesar Alberto Bautista Góngora, contra los actos que reclama del encargado de la dirección de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, y otras autoridades. Por tanto, fórmese el expediente físico y digital, registrándose en el Libro de Gobierno bajo el número 98/2022-II-C. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite." En ese contexto, el ordinal transcrito impone que dentro del plazo de veinticuatro horas el órgano jurisdiccional deberá resolver si la demanda de amparo es susceptible de desecharse, prevenirse o admitirse. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda que nos ocupa, debe decirse, que del escrito de cuenta se advierte que los actos que reclama los hizo consistir en: "la orden dada a las ejecutoras para cambiarme de adscripción sin mi consentimiento y sin mi conformidad, y de las ejecutoras la ejecución de dicha orden". Sin embargo, resulta confuso precisar cuál es el acto que reclama en virtud de que en el apartado de los antecedentes del acto reclamado, manifestó lo siguiente: "por medio de oficio: FGE/DFGNFG/DPMI/DPMIZS/UCD/04/2022 solicite a la ejecutora mi cambio (.) solicito me cambie de área ya sea en una de las dos guardias de la zona dos, o en el área de estadísticas con el compañero Gilmer o la compañera Lizbeth (.)" No obstante, anexó a su escrito de demanda el oficio FGE/QR/DFG/CHE/DGAF/269/2022, con el que se le informó su cambio de adscripción a la Coordinación de la Policía de Investigación Zona 2 en Bacalar. Por lo que, a fin de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de proveer en relación con la demanda de que se trata, con fundamento en el artículo 114 fracción II, en relación con el 108 fracción IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, legalmente computados, por escrito y bajo protesta de decir verdad: Aclare si el oficio FGE/QR/DFG/CHE/DGAF/269/2022 es derivado de la solicitud realizada mediante el diverso FGE/DFGNFG/DPMI/DPMIZS/UCD/04/2022 con el que solicitó su cambio. Manifieste bajo protesta de decir verdad si derivado del cambio de adscripción, disminuyeron sus condiciones de trabajo, percepciones o salario. Lo anterior, ya que las fracción IV del numeral 108 antes invocado, impone a la parte peticionaria del amparo la obligación de determinar con claridad y precisión, cuáles son los hechos o abstenciones que constituyen el acto reclamado, a fin de que el juzgador se encuentre en aptitud de proveer en forma adecuada. Sustenta lo anterior, por su contenido, el criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, Octava Época, materia común, página 54, de rubro y texto que se citan a continuación: "ACTO RECLAMADO, FALTA DE PRECISIÓN EN EL SEÑALAMIENTO DEL. PROCEDE LA ACLARACIÓN DE LA DEMANDA Y NO EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO. Si el quejoso en su demanda de garantías, omite precisar el acto reclamado de las autoridades responsables, el juez a quo, previamente a su admisión, debe dictar el acuerdo correspondiente a efecto de subsanar la irregularidad destacada para resolver conforme a derecho, esto es, desechándola por falta de aclaración, o bien admitiéndola con base al escrito aclaratorio que permita conocer los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, si esto no sucede y en su lugar el juez de Distrito sobresee en el juicio, lo procedente es, en la revisión, revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento con base en la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo.". Es aplicable, por identidad de razones jurídicas, la Jurisprudencia por contradicción de Tesis número P./J.127/99, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo X, del Mes de noviembre de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y tenor literal siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUBSTITUIDO POR LA EXPRESION FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISION PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante del amparo no llene ese requisito cuando sea prevenido para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de libertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", que aparece comúnmente al final de una demanda, como expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y consideraciones no puede ser utilizada en sustitución de la protesta de decir verdad, establecido como requisito en la demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen contenidos y finalidades distintas". Se hace el apercibimiento a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase saber a la parte promovente, que deberá adjuntar las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda, para cada una de las partes en este asunto, en razón de que será parte integrante de la misma, en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Amparo y con apoyo en la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 124/2016, aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, con número de registro 2012992. Sustenta lo dicho, la jurisprudencia P./J. 36/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Asimismo, en virtud de que la presente prevención implica la manifestación de hechos bajo protesta de decir verdad, se hace del conocimiento de la parte promovente el contenido del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Esther Hay Cahuich y José Antonio Ku Chunab, por no encontrarse registrada sus cédulas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Circuito; y a las diversas personas que menciona en su ocurso de cuenta únicamente para los fines que expresamente señaló. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Notifíquese personalmente.
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