Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 250/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 250/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
- Principal
III.- Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, con el que acusa recibo del diverso 6294/2021 de veintiuno de abril del año que transcurre, librado en el juicio de amparo en que se actúa, con el que acusa recibo del juicio de amparo remitido, mismo del que se advierte que aceptó la competencia declinada y se avocó para conocer del juicio de amparo indirecto y lo registró con el número 449/2021-VII-B de su estadística, promovido por Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón. De igual forma, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que diversas autoridades responsables ya rindieron sus informes respecto de la suspensión de plano concedida en proveído de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, al nombrado quejoso; por tanto, remítanse en copia certificada los citados informes relativos a la suspensión de plano decretada en el presente juicio constitucional a la autoridad oficiante, a fin de que con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, de vista al quejoso con los mismos, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Por otra parte, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, previas las anotaciones de Ley en el Libro de Gobierno correspondiente, remítase el presente cuaderno de antecedentes al archivo de este Juzgado como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, sin mayor acuerdo, agréguense a los presentes autos los sobres devueltos por el Administrador de Correos de México con residencia en esta ciudad, en los que se aprecia la leyenda siguiente: No Autoridad Responsable Oficio Leyenda 1 Subdirección de Seguridad de la Penitenciaría de la Ciudad de México. 6296/2021 "Destinatario desconocido en el domicilio que cita". 2 Comité Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México. 6297/2021 "No existe esa autoridad en el domicilio que cita". 3 Subdirección de Apoyo Técnico de la Penitenciaría de la Ciudad de México 6299/2021 "No existe esa autoridad en el domicilio que cita". Lo anterior, toda vez que las aludidas piezas postales notificaban el auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en el que se les hacía de su conocimiento la suspensión de plano concedida al quejoso y se les requería su informe correspondiente; sin embargo, en ese mismo proveído se libró un exhorto al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, en turno, a fin de que los oficios dirigidos a las responsables se notifiquen por su conducto, lo que así aconteció el trece de abril de la presente anualidad, tal y como se advierte de las constancias devueltas por la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, al devolver debidamente diligenciado el exhorto 68/2021-III, con número de orden 86/2021-III de la estadística de este Juzgado de Distrito. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
III.- CÚMPLASE.
- Principal
III.- Vista la demanda de amparo promovida por Carlos González Valencia en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón, en la que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Director o Directora de la penitenciaría de la Ciudad de México y otras autoridades; regístrese en el Libro de Gobierno respectivo, bajo el número 250/2021-III. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente no asentó firma autógrafa ni el presente escrito de demanda fue presentado electrónicamente con la firma electrónica correspondiente, no obstante, dado que la parte promovente reclama actos que aduce ponen en riesgo grave la vida, salud e integridad y dignidad personal del directo quejoso, así como la coacción e intimidación que aduce resentir en su lugar de reclusión y que se encuentran prohibidos de conformidad al artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, manifestaciones que realizó bajo protesta de decir verdad, por lo que se procede a determinar lo conducente. Con fundamento en los numerales 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de los actos reclamados que el promovente del amparo señala, ponen en riesgo grave la vida, salud e integridad y dignidad personal del directo quejoso, así como la coacción e intimidación que aduce resentir en su lugar de reclusión y que se encuentran prohibidos de conformidad al artículo 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo, para que de inmediato cesen los mismos; lo anterior, bajo la estricta responsabilidad de las autoridades responsables únicamente con sede en la Ciudad de México que es el lugar donde se colige resiente actualmente los actos que expresamente reclama; además, para que en cualquier medida que tomen respecto al quejoso, observen las medidas sanitarias pertinentes así como las que se requieran para que conserve su salud e integridad, ante el riesgo de contraer la enfermedad ocasionada por el Covid-19. En consecuencia, se responsabiliza a las autoridades responsables por cualquier violación que pudiera cometerse a esta determinación, por lo que deberán proceder a la vigilancia necesaria a fin de que sea dado el debido cumplimiento; asimismo, se requiere a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comuniquen a este órgano de control constitucional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano, en la inteligencia que la violación a dicha medida concedida entraña la probable comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, de conformidad con el artículo 206 de la Ley de Amparo citada, por lo que, de consumarse el mismo, de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación, así como podrían incurrir en la falta prevista en el precepto 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Además de que en caso omiso se les impondrá una medida de apremio por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2°transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo establecido en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, de la Ley de Amparo. Ahora, con fundamento en los ordinales 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y en los numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto por la vía electrónica, gírese atento exhorto a: Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en la Ciudad de México en Turno A efecto de que, en auxilio de las labores de éste Juzgado, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda, a fin de que: El órgano jurisdiccional por una parte, ordene a quien corresponda, para que se constituya en el domicilio que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, a efecto de que proceda a notificar la presente determinación a la parte promovente del amparo; y por otra, notifique los oficios dirigidos a las autoridades responsables Dirección de la penitenciaría CDMX, Comité técnico de la penitenciaría CDMX, Subdirección de apoyo técnico de la penitenciaría CDMX, Subdirección de seguridad de la penitenciaría CDMX, Jefatura de unidad departamental del centro de diagnóstico ubicación y determinación del tratamiento de la penitenciaría CDMX, todos con sede en la Ciudad de México. Y en caso de negativa de las autoridades responsables de recibir dichos oficios, proceda el funcionario judicial que corresponda, a realizar la notificación de conformidad al segundo párrafo, fracción I, del Artículo 28 de la Ley de Amparo. De igual forma, se facultan al juez exhortado para la realización de todo tipo de actuación tendiente al cumplimiento de la diligencia encomendada. En consecuencia, con apoyo en los artículos 107, 108, 109 y 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Solicítese al Juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a este juzgado a la brevedad posible. Se precisa que la medida urgente se pronuncia únicamente respecto a las autoridades administrativas, ya que los actos por los que este juzgado decreta la suspensión de plano no fueron atribuidos a los Jueces de Distrito señalados como responsables, por lo cual resulta innecesario notificarles la presente determinación. Por otra parte, de la lectura integral de la demanda de cuenta, se arriba a la consideración de que no se surte la competencia legal por cuestión de territorio, a favor de este juzgado, atendiendo a la propia naturaleza jurídica de los actos reclamados. Esto es así, partiendo de las reglas fundamentales que en materia de competencia prevé el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme al citado precepto legal, existen tres reglas fundamentales de competencia de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, a saber: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el juzgador ante el que se presente la demanda; 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, por regla general, son los actos ejecutivos los que determinan la competencia de los jueces de distrito, por lo que resulta necesario hacer algunas reflexiones al respecto, en relación con las reglas competenciales antes indicadas. Por lo que hace a la primera, que es la fundamental, la competencia del juez de distrito se fija atendiendo al lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución. Es decir, es juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar, sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Debe recordarse que un acto de autoridad, si no es absolutamente negativo o totalmente declarativo, se desenvuelve normalmente en dos fases: una, es la decisoria u ordenadora, y otra, la ejecutiva; por lo que, para determinar la competencia de un juez de distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos decisorios y actos ejecutivos, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de tal manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial. Así, es el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, lo que establece la competencia de los jueces de distrito. En el segundo supuesto, si los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos jueces de distrito, la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, esto es, ante el juez de distrito en donde se presentó la demanda. Además, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del juez de distrito es el lugar en donde la parte quejosa decidió presentar la demanda. Esta regla se aplica a actos absolutamente negativos o declarativos, que no originen ningún acto ejecutivo, pues en este último supuesto, se insiste, rigen las dos reglas precedentes. Además de lo anterior, resulta necesario señalar que cuando son señalados como autoridades responsables todos los Jueces de Distrito de la misma materia, de cierto ámbito territorial, debe atenderse, además de la cercanía a la especialización. Esto es, cuando se promueve un juicio de amparo contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un distrito, es competente el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 44/2001 sustenta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pública en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIII, abril de 2001, página 75, con registro 190008, de rubro y texto: COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. En el presente caso, de la referida demanda de amparo promovida por Carlos González Valencia, representante de Carlos Alberto Angelino Barrón se advierte que reclama otros actos de las autoridades que señala como responsables, tienen ejecución en la Ciudad de México. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo, este juzgador considera que le compete conocer de la presente demanda de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, en turno, pues resulta ser el órgano jurisdiccional más cercano al lugar en donde tienen ejecución los actos reclamados, en virtud de que la parte quejosa señaló como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, y todos los Jueces de Distrito, jueces de distrito con especialidad en materia penal y amparo y jueces de distrito con subespecialidad en materia penal y amparo en el Estado de México, así como Morelos, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Campeche, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León y Nayarit. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente juicio vía electrónica al Juez de Distrito en comento, solicitándole, al que corresponda conocer, informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Es aplicable al caso el contenido de la Tesis I.1o.A.44 A, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, agosto de 2001, Novena Época página: 1299, cuyo señala: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Luego, tomando en consideración que los quejosos se encuentran privados de su libertad en la Penitenciaría CDMX, al encontrarse imposibilitados para imponerse de autos, de conformidad en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que todas las notificaciones que resulten personanales se realicen en el presente juicio de amparo le sean notificadas en forma personal en dicho Centro Penitenciario, ello, con la finalidad de no dejarlo en estado de indefensión. Por lo anterior, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, 67 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; con la firma electrónica del Secretario en funciones de Juez así como el Secretario de su Adscripción, se enviara el exhorto de referencia. Con independencia de lo anterior, se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); esto con apoyo en el artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
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