Carlos Alberto Angelino Barron
Expediente 773/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 773/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barron
- Juan Manuel Espinosa Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Agréguese los oficios de cuenta, mediante los cuales, con el primero de ellos, la actuaria adscrita al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciada la comunicación oficial 299/2023, número de exhorto 269/2023, de su estadística, formado con motivo del exhorto 179/2023-I-B, con número de orden 255/2023, librado en el presente juicio constitucional, mediante el cual, se solicitó notificar al directo quejoso Juan Manuel Espinoza González el proveído de veinticuatro de mayo del año en curso. Sin que se estime necesario acusar de recibo, en virtud de que la comunicación en cita se recibió, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse recibo al momento de enviarse. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las constancias remitidas por el Juzgado de Distrito en mención, se destaca que la diligencia encomendada se realizó de la forma considerada el nueve de los actuales; por lo que se tiene por acontecida la notificación ordenada en el proveído de referencia; tomando nota de lo informado por el juez exhortado para los efectos legales correspondientes. Respecto al segundo de los oficios, enviado a la cuenta de correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional, el titular de la Delegación Quintana Roo, del Instituto de Defensoría Pública, con residencia en Cancún, informa que en cumplimiento al acuerdo de veinticuatro de mayo de la presente anualidad, designó a ******************** como defensor público federal adscrito a este Juzgado, para que funja como representante especial del directo quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, en el presente juicio de amparo. Al respecto, se accede a su petición y en cuanto dicho defensor presente su escrito correspondiente, se proveerá lo relativo al cargo conferido. Por tanto, se encomienda a la actuaria judicial adscrita a este Juzgado, lo siguiente: De conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), notificar personalmente el presente acuerdo, al defensor en comento, requiriéndole para que en el momento de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computados, realice [por escrito o de manera presencial en las instalaciones de este órgano jurisdiccional], la aceptación y protesta del cargo conferido; Apercibirlo, que en caso de no realizar lo anterior dentro del término otorgado, se proveerá lo que en derecho corresponda. Notifíquese personalmente a ********************; y, por lista electrónica a las partes.
- Principal
I- Agréguese el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, con el que devuelve diligenciada la comunicación oficial 242/2023, número de exhorto 220/2023, de su estadística, formado con motivo del exhorto 156/2023-I-B, con número de orden 211/2023, librado en el presente juicio constitucional, mediante el cual, se solicitó notificar a los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinoza González, el proveído de dieciocho de abril del año en curso. Sin que se estime necesario acusar de recibo, en virtud de que la comunicación en cita se recibió, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual genera el acuse recibo al momento de enviarse. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora, de las constancias remitidas por el Juzgado exhortado, se advierte que mediante diligencia de quince de mayo del año en curso, Carlos Alberto Angelino Barrón, solicitó asesor jurídico para que lo represente en este asunto. En consecuencia, gírese oficio al delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con sede en Cancún, Quintana Roo, para que dentro del término de cinco días, legalmente computados, se sirva nombrar un asesor jurídico con la finalidad de que los quejosos cuenten con un abogado que los represente en el presente juicio constitucional, a fin de hacer efectiva su tutela y que se provea un patrocinio judicial adecuado, quien con dicho carácter queda autorizado desde el momento de su designación, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, para intervenir en el presente asunto en representación de los solicitantes del amparo. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia 1ª./J. 43/2019, que cita: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." En tal virtud proceda la actuaria adscrita a remitir el oficio con transcripción de este acuerdo al correo institucional ifdpqr@correo.cjf.gob.mx, glose la constancia de envío y solicite el acuse de recibo. Hecha tal designación, notifíquese el proveído de referencia [dieciocho de los actuales], al asesor jurídico correspondiente; en el entendido, que en caso de no hacer manifestación alguna, se procederá a acordar lo que en derecho proceda. Sin pasar inadvertido que el promovente en cita, en el momento de su notificación, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado; no obstante, al encontrarse recluido el mismo, las notificaciones personales que surjan de este expediente, se ordenara realizarlas mediante exhorto que para tal efecto se libre. Por otra parte, de la propia constancia de notificación del exhorto de cuenta, se desprende que el diverso promovente Juan Manuel Espinosa González, en presencia del actuario judicial adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, manifestó desistirse de la demandada de amparo promovida. Al respecto, al no existir impedimento legal alguno, se le tiene por desistido en su entero perjuicio de la demanda de amparo. Con fundamento en el numeral 63, fracción I, de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, únicamente por lo que se refiere al quejoso de mérito. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto dicen: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Además, cabe precisar que el desistimiento del juicio de amparo implica para la parte promovente, un desistimiento de la acción constitucional, que supone el consentimiento expreso de los actos censurados que hace improcedente un diverso juicio de amparo en contra de los mismos actos reclamados en aquel procedimiento del cual se desistió. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia de rubro y contenido: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados." Advirtiendo que Juan Manuel Espinoza González, se encuentra recluido en la Penitenciaría de la Ciudad de México; la cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado, con apoyo en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, gírese atento exhorto por la vía electrónica al juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda, efectúe la notificación del presente acuerdo en el lugar en el que se encuentra recluido el promovente del amparo. Por lo que, se faculta al juez exhortado, para que con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, autorice días y horas inhábiles para llevar a cabo la diligencia en cuestión; asimismo, se solicita que una vez cumplimentada la comunicación oficial, la devuelva a la brevedad posible a este Juzgado Federal. En la inteligencia que, de existir alguna imposibilidad técnica para el envío adecuado de cualquier actuación por la vía electrónica, desde este momento se autoriza para que, previa certificación, se remita por la vía ordinaria, en aras de impartir una justicia pronta y expedita, tal como lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese vía exhorto a Juan Manuel Espinoza González, por lista de estrados de este juzgado a Carlos Alberto Angelino Barrón; y, por oficio vía electrónica al Instituto Federal de Defensoría Pública.
- Principal
I- Agréguese el oficio de cuenta firmado por la secretaria del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, del Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, por medio del cual remite el testimonio de la resolución pronunciada en sesión pública ordinaria por videoconferencia celebrada el veintisiete de marzo del año en curso, en el recurso de queja 455/2021, de su estadística, en la que se determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de queja." En consecuencia, hágase saber lo anterior a la parte promovente para los fines legales procedentes; acúsese recibo al referido tribunal colegiado y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el sistema estadístico correspondiente. Ahora, de las constancias recibidas, cabe destacar que el tribunal oficiante ordena reponer el procedimiento, a efecto de que se deje sin efectos el acuerdo recurrido [trece de octubre de dos mil veintiuno], para el único efecto de que se dicte una nueva determinación que reúna los requisitos de validez a que se refieren los artículos 61 y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, que dicha actuación deberá ser firmada tanto por el juez de Distrito como por la secretaria que dé fe de tal acto procesal. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional toma debido conocimiento, para todos los efectos legales a que haya lugar. Al respecto, en estricto acatamiento a lo ordenado por el Tribunal oficiante se procede a reponer el presente procedimiento y se deja sin efectos el proveído de trece de octubre de dos mil veintiuno. En consecuencia, se procede al dictado de la siguiente determinación: Recepción de demanda [declinatoria de competencia] Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, con el que remite de manera física los autos originales del juicio de amparo 645/2021-V6 de su estadística, que contiene la demanda de amparo promovida por Yoanna Fonseca Valencia de Angelino Barrón en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González; en razón de que por auto de catorce de junio de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de la referida demanda de amparo, estimando que la competencia corresponde al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad, por ser los más cercanos a la Ciudad de México (lugar en el que se ejecutan los actos reclamados), descartando aquellos que fueron señalados como responsables y las demás razones que en el mismo expone. Se acepta competencia Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley de la materia, se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Acúsese el recibo de estilo al citado Juzgado de Distrito declinante, para todos los efectos legales conducentes. Formación del expediente Se ordena formar el expediente con motivo de la demanda de amparo recibida, en el entendido que todas las constancias y documentos que en su caso se reciban físicamente, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico. Asimismo, se hace la precisión que los documentos presentados en formato físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Anotaciones y registro en el libro electrónico En términos de los artículos 99, 99 bis, 104, 105 y 107, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena el registro en el Libro de Control Electrónico bajo el número 773/2021-I-B. Desechamiento Es importante precisar que del contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la promovente del amparo reclama de manera medular el traslado fuera de procedimiento, ataques a la libertad personal y actos discriminatorios en contra de los directos quejosos. Sobre lo cual, se estima en este asunto se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política y el artículo 6°, párrafo primero de la ley de la materia. Al respecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Finalmente, por cuanto hace al dispositivo 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. La parte quejosa podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esa Ley. De los artículos 107, fracción I de la Constitución Política y 6°, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se desprenden dos presupuestos procesales del amparo: A. Instancia de parte agraviada. La acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad; y, B. Legitimación procesal. El quejoso podrá promover el amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. B. Legitimación procesal. El quejoso podrá promover el amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden, conforme al artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política y el artículo 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente si no se promueve a instancia de parte agraviada, o bien, si quien promueve el amparo carece de legitimación procesal. Para sostener lo anterior, es necesario citar el artículo 3º de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 3°. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." Por su parte, el Acuerdo General Conjunto 1/2015, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en sus artículos 1°, 2°, fracción II, 60, 64, 72, 73 y 76 disponen lo siguiente: "Artículo 1. El presente Acuerdo General Conjunto tiene por objeto regular los sistemas tecnológicos que conforman el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del juicio de amparo de manera electrónica en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, a que se refiere la Ley de Amparo. Asimismo, tiene por objeto regular la utilización de los sistemas tecnológicos con los que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal para la tramitación de los juicios de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y las comunicaciones oficiales electrónicas." "Artículo 2. Para los efectos de este Acuerdo General Conjunto, se entenderá por: [.] II. Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL): El Documento Electrónico pedido por alguna de las Autoridades Certificadoras Intermedias que asocia de manera segura y fiable la identidad del Firmante con una Llave Pública, permitiendo con ello identificar quién es el autor o emisor de un Documento Electrónico remitido mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación." "Artículo 60. En los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del CJF conforme a las disposiciones de este capítulo." "Artículo 64. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación será necesario que las personas interesadas cuenten con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la Unidad en términos del artículo 59 del presente acuerdo general y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación los usuarios deberán indicar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única del Registro de Población, crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña", y vincular al registro su firma electrónica. [.]". "Artículo 72. Para la presentación de demandas de manera electrónica, con excepción de las promovidas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, los usuarios en la opción de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, ingresarán su "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 64 del presente Acuerdo General Conjunto, o bien, a través de su firma electrónica vigente y reconocida por la Unidad. Hecho lo anterior, señalarán en el botón de demandas, el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, seleccionarán de un mapa la oficina de correspondencia común de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, directamente a la oficialía de partes del órgano jurisdiccional, ingresarán el archivo electrónico que contenga la demanda de amparo, o bien, utilizarán el formato o el texto en blanco que se encontrará a su disposición, agregarán a su escrito de demanda su firma electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y enviarán su demanda. Asimismo, podrán enviar junto con su demanda de amparo los archivos electrónicos que contengan los documentos anexos". "Artículo 73. Una vez enviada su demanda de amparo, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. De proporcionarse una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda de amparo se remitirá automáticamente a ésta el acuse de recepción electrónica. [.]" "Artículo 76. El sistema generará un acuse de recepción electrónica en la que se señalarán los datos de identificación del asunto y de quien promueve, el archivo electrónico enviado, así como la hora y fecha de envío y recepción. Cada documento electrónico que se reciba contendrá en la parte final una evidencia criptográfica de la firma electrónica que mostrará el nombre del titular de la firma electrónica, si el certificado es reconocido por la Unidad y si se encuentra vigente, datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito para acordar lo correspondiente". Del análisis de las disposiciones citadas se obtiene lo siguiente: - Es optativo para la promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente y para el caso que se opte por esta última, los escritos se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. - La "firma electrónica" es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, y se establece que ésta producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para - entre otras opciones- enviar promociones. - Para presentar una demanda de amparo por vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, es necesario que el quejoso se registre como usuario del sistema, para lo cual debe proporcionar su nombre, correo electrónico, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única del Registro de Población, así como generar un nombre de usuario y una contraseña, y vincular a dicho registro su firma electrónica. - El registro de cada usuario en el sistema es personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. - Una vez enviada la demanda, el sistema genera un acuse de recepción, en el que se indican los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contiene su demanda y los archivos anexos, así como la fecha, hora de envío, recepción y un folio electrónico; y, - El sistema plasma en la parte final de la demanda y de cualquier otro documento que se reciba, una evidencia criptográfica de la firma electrónica, la cual muestra el nombre del titular de ésta, si el certificado es reconocido y si se encuentra vigente; siendo tales datos los que deben servir de base a los órganos jurisdiccionales para acordar lo conducente. En ese contexto, es advertible el principio de instancia de parte agraviada, el cual tiene como punto de partida la circunstancia de que el juicio de amparo nunca procede oficiosamente, es decir, sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora. Por tanto, debe existir iniciativa del afectado por un acto de autoridad, a fin de evitar un desequilibrio entre los Poderes del Estado, ya que no son éstos los que impugnan los actos de los demás, sino los gobernados a través de uno de esos Poderes, en este caso, el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, un presupuesto lógico del principio mencionado consiste en que la demanda de amparo cuente con la firma de quien dice ser el agraviado por el acto de autoridad, ello, ya que si tal escrito constituye la base del juicio es indispensable, como requisito de su admisibilidad y procedencia, que contenga un signo expreso inequívoco de la voluntad del gobernado, pues de no ser así, se estimaría que es el propio órgano de control constitucional quien oficiosamente está verificando la regularidad de las actuaciones de las autoridades; situación que también debe regir para todas las promociones que se presenten durante la substanciación del juicio de amparo. Sirve de fundamento, la tesis aislada III.4o.T.14 K (10a.), de la Décima Época, registrada con el número 2013100, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo IV, visible en la página 2361, que es del rubro y tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PUEDE PROMOVERSE POR PROPIO DERECHO O EN REPRESENTACIÓN DE DIVERSA PERSONA FÍSICA, MEDIANTE EL USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL). Acorde con el artículo 3o. de la Ley de Amparo es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente; los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal. Así, dicho órgano administrativo y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitieron la normativa aplicable para la implementación y uso de esa herramienta en los Acuerdos Generales Conjuntos Números 1/2013 y 1/2014, en los que establecieron la posibilidad de que las demandas de amparo se recibieran por medio de la firma electrónica implementada. En tal virtud, una persona física por sí sola y por su propio derecho, puede presentar escrito de demanda de amparo, siempre y cuando cuente con la aludida firma electrónica "FIREL"; o bien, si lo hace por conducto de su apoderado especial, es necesario que acompañe copia digitalizada del documento que acredita que previamente contaba con esa capacidad jurídica, acorde con el inciso f) del artículo 12 del referido Acuerdo General Conjunto 1/2013, y adjuntarlo al escrito relativo, pues se presume que dicho documento anexo, vía electrónica, es copia íntegra e inalterada del propio documento impreso, al haber sido ingresado al sistema en uso del certificado digital "FIREL", por lo que produce los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, en términos del artículo 10 de la ley de la materia, el cual establece que en los casos no previstos por dicha legislación, la personalidad se acreditará en la misma forma que determina la ley que rija la materia de la que emana el acto reclamado; además, de estimar lo contrario, se impediría a la quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional que puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión." Así, la ausencia de algún signo que conduzca al tribunal de amparo a considerar que, efectivamente, es el agraviado quien incita su actividad jurisdiccional, es indicativo de incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, ya que la falta de firma tiene como consecuencia que el escrito relativo no constituya propiamente una demanda y, por ende, que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó; así como que no fue su voluntad presentar las promociones. Atendiendo a lo anterior, se evidencia que la demanda que nos ocupa no se encuentra firmada electrónicamente por las personas a las cuales supuestamente perjudica el acto reclamado, esto es, por Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González; de tal manera, que si los nombrados peticionarios al promover su demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información debieron hacer el uso de la firma electrónica (FIREL), como lo establece el artículo 3° de la Ley de Amparo, ya que al carecer de dicha firma no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de los promoventes de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplio de las personas que se mencionan en la demanda. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política y el artículo 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo indirecto carece de la firma electrónica de los directos quejosos; además, porque no nos encontramos en alguno de los supuestos de excepción previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo2, donde se exime el uso de la firma electrónica. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia del rubro y tenor literal: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la presente demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, no evade que la parte quejosa solicitó la suspensión de plano respecto del acto que combatió que lo fue, en forma medular el traslado fuera del procedimiento, [consistentes a dicho de la directa promovente en en riesgo grave de salud, represalias por motivos discriminatorios, peligro de la dignidad personal, amenazas y coacción]. Sobre lo cual, para emitir pronunciamiento relativo es necesario destacar el contenido de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Cuando, por las circunstancias del caso o lo manifieste la persona que presenta la demanda en lugar del quejoso, se trate de una posible comisión del delito de desaparición forzada de personas, el juez tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados, y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Bajo este supuesto, ninguna autoridad podrá determinar que transcurra un plazo determinado para que comparezca el agraviado, ni podrán las autoridades negarse a practicar las diligencias que de ellas se soliciten o sean ordenadas bajo el argumento de que existen plazos legales para considerar la desaparición de una persona. Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Por su parte, el artículo 22 constitucional, en lo conducente establece que: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." De la transcripción anterior, se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Pues si bien en la demanda de amparo la quejosa expone resentir los actos consistentes en riesgo grave de salud, represalias por motivos discriminatorios, peligro de la dignidad personal, amenazas y coacción, no se puede decir tratarse de actos destacados, pues resulta claro que aquellas violaciones los aduce en vía de consecuencia, de los diversos relativos al traslado fuera de procedimiento que reclama, el cual no se encuentra contemplado por los artículos 22 constitucional y 15 de la Ley de Amparo. De igual forma, no es obstáculo para lo anterior, que el artículo 109 de la Ley de Amparo, disponga que cuando se promueva el juicio en los términos del artículo 15 de esa ley bastará que se exprese el acto reclamado, la autoridad responsable y el lugar en que se encuentre el quejoso, pues ello no exime a éste de precisar claramente el acto que reclama, para conocer si efectivamente se trata de aquellos contenidos en artículo en cuestión. En otras palabras, si bien el mencionado artículo 109 no exige el señalamiento de mayores datos de los que especifica, lo cierto es que el acto reclamado debe ser alguno de los contenidos en el artículo 15 de la ley de la materia, pues de lo contrario no podría concluirse la aplicabilidad de éste. En este sentido para la aplicabilidad del citado artículo 15, el acto reclamado debe, naturalmente, encuadrar en alguno de los previstos por dicho numeral, sin que sea factible que el juez que conozca del amparo amplíe con otra clase de actos los especificados en dicho precepto, a fin de concluir que el reclamado sí encuadra en el dispositivo legal en cuestión. Asimismo, no basta que el quejoso manifieste reclamar un acto consistente en alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, sino que es preciso que de la propia demanda de amparo y de las pruebas que a ella se acompañen se desprenda que efectivamente lo que se reclama constituye una de las penas prohibidas, lo que se insiste, en el caso no acontece. Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la presente demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal y notificación de la parte quejosa Por otra parte, toda vez que del escrito inicial de demanda se advierte que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinoza González, actualmente se encuentran recluidos en la Penitenciaría de la Ciudad de México; la cual se encuentra fuera de la demarcación territorial en la que este juzgado federal ejerce su jurisdicción, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria y en los numerales 107, 108 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; gírese atento exhorto por la vía electrónica al Juzgado de Distrito en Materia Penal, en turno en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda, notificar la presente determinación a los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinoza González, en las instalaciones de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Asimismo, la requiera para que en dicho acto o en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacer manifestación al respecto, las subsecuentes notificaciones aun las de carácter personal, se le efectuarán mediante lista que se fije en los estrados de este juzgado, solicitándole atentamente al juez exhortado que una vez hecho lo anterior, devuelvan a la brevedad la comunicación oficial de mérito, con las constancias respectivas. Se faculta al juez exhortado para que en términos del numeral 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habiliten días y horas hábiles a efecto de que se realice la notificación encomendada. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 1, fracción I, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que de ser posible y en consideración a las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen con la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea" utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Habilitación de días y horas inhábiles A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17, Constitucional, con fundamento en el arábigo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Transparencia y aviso de privacidad Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en Avenida Morelos, número 348, esquina Laguna Encantada David Gustavo Gutiérrez, Othón P. Blanco, Código Postal 77013, en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que éstos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE 2.0] con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público. Asimismo, que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, por lo cual se les hace saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se les informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. Instrucción al secretario encargado del trámite del asunto, actuarios judiciales, oficiales judiciales y oficial judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes [SISE] de este órgano jurisdiccional Por otra parte, a fin de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo; asimismo, el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y en términos del artículo 3, de la Ley de Amparo: Se instruye desde este momento al Secretario encargado del trámite de este asunto -quien aparece como fedatario en esta actuación- para que puntualmente: 1. Todos los acuerdos sean signados con Firma Electrónica y cuente con los permisos necesarios. 2. Supervise la integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente electrónico y sólo aquellas recibidas de manera impresa obren el expediente físico. 3. Como fedatario, verifique que la documentación recibida de forma impresa se agregue al expediente físico, y Cuando la documentación se reciba en formato impreso, sea digitalizado e ingresado al expediente electrónico respectivo. 4. Al solicitar los informes o documentación a las autoridades responsables, respecto de juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al Poder Judicial de la Federación, procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables y solo si esto no es posible, se cerciore se realice dicha digitalización por el personal administrativo de su mesa. 5. Para la integración física y electrónica del expediente respectivo se deberá acatar lo expresamente dispuesto por los artículos 22 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Versión publica de sentencias y resoluciones. Respecto de los expedientes judiciales que se encuentren bajo su resguardo, en términos del artículo 30, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, deberán vigilar que la realización de versiones públicas de sentencias y resoluciones respectivas, se elaboren en estricto y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en el sistema electrónico de gestión. En ese sentido, se ordena al oficial judicial: La digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes físicamente, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo. La integración de manera cronológica al expediente electrónico de las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que hayan sido presentadas en formato impreso al expediente físico. En cuanto al Actuario Judicial que por terminación de expediente le corresponda: Deberá digitalizar oportunamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren derivadas del presente asunto, incorporándolas al expediente electrónico a más tardar al día siguiente de su realización. Finalmente, al oficial judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este órgano jurisdiccional: Deberá cumplir, con lo expresamente dispuesto por el artículo 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que entre otras cosas, establece lo siguiente: - Aplicar las disposiciones respectivas para cada uno de los diversos tipos de asuntos del conocimiento de los órganos jurisdiccionales. - Realizar el seguimiento y actualización de la captura de datos, de manera que asegure la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE y en los demás sistemas de gestión. - Garantizar que los campos se encuentren debidamente registrados y actualizados. En todo momento, queda a cargo de la Secretaria -como fedataria- cerciorarse sobre la integridad del expediente electrónico. Notifíquese vía exhorto a los directos quejosos.
- Principal
i- Agréguese el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con sede en Cancún, Quintana Roo, con el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por Carlos Alberto Angelino Barrón [representante común de la parte quejosa], contra el acuerdo de trece de octubre de dos mil veintidós, dictado en los autos del presente juicio de amparo 773/2021-I-B; mismo que registró con el número de toca 455/2021 de su índice. Circunstancia de la cual este órgano jurisdiccional queda enterado, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica a las partes.
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