Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 124/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
124/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/05/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinoza González
  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Toda vez que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, consecuentemente, se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en alguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ***, con número de orden ***, del cual se advierte que fue notificado el quejoso ***, de los proveídos de diecisiete de marzo y veintiséis de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, dictados en el presente juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Sin que haya necesidad de acusar recibo de estilo correspondiente, toda vez que el mismo se genera de manera electrónica a través de dicho Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado autógrafamente por el Secretario el Juzgado Décimo Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, así como electrónicamente por la actuaria judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional, mediante el cual informa el contenido del proveído de trece del mes y año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto 197/2021-II de su índice, del cual se advierte que aceptó la competencia declinada por este Juzgador y por ende, que se avocó al conocimiento de la demanda que dio origen al presente sumario, únicamente por cuanto hace a ***. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, del estado que guardan los autos se advierte que no se ordenó la notificación al quejoso ***, respecto del auto de diecisiete de marzo del presente año, por el cual se declaró incompetente este juzgado de distrito y por otra parte que tuvo por no presentada la demanda de amparo en relación al citado inconforme. En consecuencia, tomando en consideración que el quejoso ***, se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, notifique al citado quejoso el auto de diecisiete de marzo del año en curso.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte que mediante proveído de nueve del mes en curso, se tuvo por recibida el exhorto ***, con número de orden ***, por los cuales fueron notificados los quejoso ***, asimismo, en diligencia de cinco de marzo del año en curso, practicada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, se advierte que el directo quejoso ***, manifestó no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por ***, o bien dentro del plazo de tres días siguientes; en la inteligencia que, de no hacerlo, se tendría por no presentada. Asimismo, de la citada razón se desprende que el referido actuario judicial adscrito al juzgado exhortante, dio fe de las condiciones físicas en las que se encontraba el citado justiciable y asentó que el mismo se encuentra en buen estado de salud y sin maltratos. Bajo esas consideraciones y toda vez que el quejoso manifestó expresamente no ratificar la demanda de amparo, promovida a su favor por ***, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de tres de marzo del año en curso, y se tiene por no presentada la manda de amparo en relación al citado impetrante. Por otra parte, vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que a la fecha en que se actúa ha fenecido el plazo de cinco días concedido al quejoso ***, en proveído de tres de marzo del año en curso, a efecto de que aclarara el acto reclamado a las autoridades responsables ahí precisadas, sin que lo hubiese hecho. En ese contexto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de referencia y se deja de tener como autoridades responsables a los Jueces de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro e Hidalgo; así como a los gobernadores de las entidades federativas precisadas en la demanda de amparo. En consecuencia, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por ***, contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Subsecretaria de la Secretaría de Gobierno. Subsecretaría de Sistema Penitenciario. Director Ejecutivo de Seguridad Penitenciaria. Secretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Órgano Administrativo desconcentrado de Prevención y Readaptación Social OADPRS. Secretaría de Gobernación. Jefa de Gobierno. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Dirección Penitenciaria. Subdirección de Seguridad Penitenciaria. Jefe de Unidad Departamental del Centro de Diagnóstico, Ubicación y Determinación del Tratamiento de la Penitenciaria. Subdirección Técnica de la Penitenciaria y Comité Técnico de la Penitenciaria. Todas las autoridades con residencia en la Ciudad de México. Actos reclamados: - Discriminación por condición. - Represalias, intimidación, amenazas y actos de molestia. - Reubicación de los quejosos del dormitorio en los que se encuentran -dormitorio cuatro, zona uno, estancia once- a otro dormitorio diverso módulo de castigo o área diversa fuera de procedimiento que pone en riesgo grave a la salud, vida, integridad y dignidad personal. - El traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria en la que se encuentran, a otro centro penitenciario y con ello la violación al principio pro hominem. - Violación a la orden de restricción emitida por la Fiscalía de Investigación de delitos cometidos por Servidores Públicos de la FGJCDMX, en la que se ordenó no ingresar a ninguna otra persona a la estancia ***. En ese contexto, conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar lo establecido en el artículo ***, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito. Por tanto, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Por lo que, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinarla, como lo son la competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. Así, la *** prevé como tipos de competencia los siguientes: 1. Competencia por territorio; 2. Competencia por materia; 3. Competencia por razón de la vía; y, 4. Competencia auxiliar. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional por razón del territorio, dispone lo siguiente: "***." Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, se advierte que los impetrantes de derechos fundamentales se encuentran internos en la Penitenciaria de la Ciudad de México y se duelen que las autoridades responsables pretendan trasladarlos a otro dentro o fuera de la citada ciudad; así como de diversos actos con ejecución dentro de ese centro de reclusión. Por tanto, como en este momento procesal solo se tiene noticia de donde iniciaría la ejecución de traslado (Ciudad de México) pero no del lugar donde continuara ejecutándose, la competencia le corresponde al Juez de Distrito del lugar donde comenzó o comenzará la ejecución, esto es, la Ciudad de México. En consecuencia, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ***, en representación del quejoso ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició o comenzará la ejecución del traslado reclamado y donde tienen lugar los demás actos combatidos. Sin que obste para la anterior determinación el hecho de que el quejoso hubiere señalado como autoridades responsables a los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, pues en párrafos anteriores se les hizo efectivo el apercibimiento contenido en auto de tres de marzo pasado, y se dejaron de tener, junto con otras, como autoridades responsables. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Por otra parte, no es el caso girar exhorto al juez de Distrito correspondiente a fin de que comunique la presente determinación a los quejosos, pues en caso de que el homologo federal con sede en la Ciudad de México acepte la competencia declinada, estará en aptitud de comunicárselos de manera directa, en caso contrario, este órgano jurisdiccional comunicará lo conducente al peticionario.

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