Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 871/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
871/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el cual acusa recibo del informe a la suspensión de plano rendido por el Subdirector de Enlace Administrativo de la Penitenciaria de la Ciudad de México; asimismo, solicita que se le remita el diverso informe rendido por la autoridad responsable denominada Jefe de Unidad Departamental de Servicios Generales de la citada Penitenciaria. Al respecto, se le informa que, por el momento no se cuenta con el citado informe; no obstante, una vez se rinda el mismo, se le remitirá de manera inmediata a fin de que se acuerde lo que a derecho corresponda.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por medio del cual, informa que en el auto de cinco de agosto de dos mil veintidós dictado en el juicio sucesorio *** de su índice, dejó insubsistente todo lo actuado dentro de ese procedimiento, en atención a que, en el diverso expediente *** del registro del Juzgado Primero de lo Familiar de ese Distrito Judicial, ya se encuentra denunciada la sucesión a bienes de la extinta *** y en la resolución de veinte de marzo de dos mil veinte, se designó albacea definitivo; por lo que dejó a salvo los derechos hereditarios de *** para que los haga valer en el aludido expediente ***. Asimismo, remite el expediente original ***, en apoyo al informe sobre el cumplimiento a la sentencia dictada en el presente sumario constitucional; por tanto, para un mejor manejo del presente expediente, con las constancias remitidas se determina formar un cuaderno de prueba, debidamente identificado como "anexo I". Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la diligenciaria interina del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual, se adhiere al cumplimiento dado por su titular. En atención a lo anterior, dese vista a las partes con los oficios y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de TRES DÍAS contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibidas de que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se dictará la resolución correspondiente, con base en los elementos que obran en el expediente y los aportados por la autoridad responsable.

  3. Principal

    Visto el correo electrónico enviado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, mediante el cual remite la boleta de turno que dio lugar al presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se toma conocimiento de su contenido y se ordena agregar la boleta de turno en el lugar que le corresponde en el presente sumario. Cúmplase.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo, promovida de manera electrónica por ***, por propio derecho, téngasele solicitando el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables: Subdirección de Enlace Administrativo de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generales de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Actos reclamados: -Restricción de colocar instalación de energía eléctrica en estancia ***, dormitorio ***, zona uno, lo que se equipara a tortura. -Restricción de proporcionar colchón para camarote del quejoso. -Restricción de reparación de techo de estancia del área de sanitario que presenta filtración, lo que se equipara a tortura psicofísica y por represalia. Fórmese expediente impreso y electrónico, hágase las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 871/2022-K. Suspensión de plano. Ahora bien, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en las omisiones para mantener las celdas en condiciones dignas, respecto de las que el quejoso aduce que se traducen en tortura, actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 126 de la Ley de Amparo, reclamados a las siguientes autoridades: Subdirección de Enlace Administrativo de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generales de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, en forma específica, para el efecto de que de inmediato cesen las omisiones que impiden una estancia digna en la celda donde permanece recluido el quejoso, lo cual constituye un acto prohibido por el artículo 22 Constitucional y 126 de la Ley de Amparo de los que se dice, es objeto, toda vez que el derecho a la integridad personal, así como a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad. Se previene a las autoridades responsables que la violación de este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo, así como que entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad conforme a lo dispuesto por el artículo 215, fracción XIII, del Código Penal Federal, por lo que de no acatarse sin justificación legal alguna de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Asimismo, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para el efecto de que informen en un término no mayor de VEINTICUATRO HORAS sobre el cumplimiento que den a esta determinación, apercibidos de que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionados en términos del Código Penal Federal, ello conforme lo dispone el artículo 204 de la Ley de Amparo; para tal efecto, remítase a dichas autoridades copia simple de la demanda de amparo respectiva. En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad, está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo. -Incompetencia Por otra parte, conviene señalar que por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, resulta procedente analizar de manera previa lo relativo a la competencia legal de este órgano jurisdiccional para conocer del presente juicio de amparo, a efecto de evitar una dilación procesal en aras de salvaguardar lo establecido en el artículo 17 Constitucional, pues en caso de ser legalmente incompetente para conocer del asunto, ello impediría resolver el fondo. En efecto, la competencia es un presupuesto procesal de orden público cuyo estudio se encuentra obligado a efectuar el juzgado de distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del juzgado de distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Por lo que, para que un juez tenga competencia respecto de un asunto, las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinarla, como lo son la competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. Así, la Ley de Amparo prevé como tipos de competencia los siguientes: 1. Competencia por territorio; 2. Competencia por materia; 3. Competencia por razón de la vía; y, 4. Competencia auxiliar. En esa tesitura, en el caso se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda constitucional por razón del territorio, en atención a que el artículo 37 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame debe tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuanto el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Conforme a lo dispuesto en el numeral citado, se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración consiste en que el juez de amparo ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo que presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior, ya que para el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante el que se presenta la demanda, lógicamente siempre que el acto reclamado haya tenido ejecución dentro de su jurisdicción. c) En el tercer párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que hace la diferencia entre los supuestos descritos en los incisos a y b, no es que el acto se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces de Distrito, en razón de que la primera se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero solo hace mención a que se realice en una jurisdicción; mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Por su parte, lo que distingue las dos primeras hipótesis de la tercera, es que en esta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material. Así, la locución ejecución material es el común denominador de las tres hipótesis, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito que conozcan de juicios de amparo, por ende, la citada expresión debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación. En otras palabras, la ejecución no atiende solo al contenido del acto reclamado, en el sentido de que estatuya una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico o real. En el caso concreto, se advierte que el impetrante de derechos fundamentales se encuentra interno en la Penitenciaria de la Ciudad de México y se duele que las autoridades responsables han llevado a cabo diversos actos que ponen en peligro su vida y su salud dentro de ese centro de reclusión. De este modo, dado que en este momento procesal se tiene noticia del lugar en que se han ejecutado los actos reclamados (Ciudad de México); por tanto la competencia corresponde al Juez de Distrito del lugar donde se está llevado a cabo dicha ejecución, esto es, la Ciudad de México. En consecuencia, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio para someter a control constitucional las actuaciones de las autoridades responsables, y por ende, lo procedente es remitir el juicio de amparo promovido por ***, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito respectivo, quien se estima competente para conocer de la controversia planteada pues es el lugar donde inició la ejecución de los actos combatidos. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, solicitándose al órgano jurisdiccional que conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Toda vez que la parte quejosa es omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. No obstante, dado que el quejoso refiere que se encuentra interno en la Penitenciaria de la Ciudad de México, sita en Calzada, Ermita Iztapalapa, sin número, alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, realice lo siguiente: 1) De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentre el quejoso y le notifique personalmente el presente acuerdo. 2) De conformidad el ordinal 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, comisione al actuario judicial adscrito al juzgado exhortado a efecto de que proceda a dar fe de las condiciones físicas en las cuales se encuentre el quejoso, de lo cual deberá realizar una relación detallada; asimismo, de estimarlo necesario, realice toma de placas fotográficas a fin de acreditar el estado físico de los peticionarios de amparo. En el entendido que la autoridad administrativa ante quien están a disposición el quejoso directo, deberá prestar todas las facilidades a efecto de que el actuario facultado se pueda constituir a desahogar la diligencia de mérito. 3) Ordene al actuario de su adscripción, se constituya en el domicilio oficial de las autoridades responsables: Subdirección de Enlace Administrativo de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Jefe de la Unidad Departamental de Servicios Generales de la Penitenciaría de la Ciudad de México. Las cuales se ubican en la Ciudad de México; y les notifique los oficios que contienen transcripción del presente proveído, con copia de la demanda de amparo. Se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, al respecto, requiérase a los Actuarios adscritos a este Juzgado, a efecto de que observen lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificaran inmediatamente en que sean pronunciadas. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberá informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Así mismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad del secretario la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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