Carlos Alberto Angelino Barrón

Expediente 1044/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1044/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Baja California Sur, por el cual transcribe el proveído de veintidós de noviembre del año en curso, dictado en el juicio de amparo indirecto *** de su índice, del que se advierte, en lo que interesa, que aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento de la presente demanda de amparo. En consecuencia, previas copias que se dejen en autos, se ordena remitir las promociones -***- a la citada autoridad oficiante, para los efectos legales conducentes dentro del juicio de amparo *** de su índice. El presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo. Por tanto, dicho expediente es susceptible de destrucción; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término, procédase a la destrucción del presente expediente.

  2. Principal

    Visto el correo electrónico de cuenta, en atención a su contenido, se tiene por recibida la boleta de turno que correspondiente al presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno,***, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo y la declinó a favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en turno, con sede en La Paz, por ser el mes próximo que no fue señalado como autoridad responsable. En consecuencia, una vez que se tenga noticia de a qué órgano correspondió conocer de la misma, previa copia que se deje en autos, remítase la promoción de cuenta, para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Actuario Judicial del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto***, del índice de este juzgado. En ese contexto, téngase por devuelto el exhorto de mérito, y en consecuencia, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Sin que haya necesidad de acusar recibo de estilo correspondiente, toda vez que el mismo se genera de manera electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, en acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver sobre la referida demanda de amparo y la declinó a favor del Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en turno, con sede en La Paz, por ser el mes próximo que no fue señalado como autoridad responsable. En consecuencia, una vez que se tenga noticia de a qué órgano correspondió conocer de la misma, previa copia que se deje en autos, remítase la promoción de cuenta, para los efectos legales conducentes. Cúmplase.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 1044/2021-L. Suspensión de plano. Ahora bien, con relación a los actos que se reclaman, consistentes en intimidación, represalias, discriminación y cualquier acto de molestia, equiparado a aquellos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, constituye un hecho notorio el juicio de amparo 1043/2021-K, del índice de este juzgado de distrito, en el que el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los mismos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Lo anterior pone en evidencia que el aquí inconforme, se duele de los mismos actos reclamados, los cuales atribuyen a las mismas autoridades administrativas. Así, en proveído de esta fecha dictado en el aludido juicio constitucional, se concedió la suspensión de plano para el efecto que de inmediato cesen los actos de intimidación, represalias, discriminación y actos de molestia, equiparados a actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, de los que se dicen, es objeto el aquí quejoso. De ahí que, resulta patente que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 145. Cuando apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión en otro juicio de amparo, promovido con anterioridad por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión." Lo anterior debido a que, como se dijo, en el diverso sumario constitucional ya se emitió un pronunciamiento expreso en relación con la suspensión de plano respecto de los aludidos actos reclamados, la cual continua surtiendo efectos hasta que se dicte una determinación que disponga lo contrario o cause ejecutoria el fallo en que se resuelva dicho asunto. En consecuencia, se declara sin materia la solicitud de suspensión de plano. Es ilustrativa a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2000807, de rubro "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. PROCEDE DECLARARLO SIN MATERIA CUANDO SE DEMUESTRE QUE SE RESOLVIÓ SOBRE LA DEFINITIVA EN UN DIVERSO JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROPIO QUEJOSO CONTRA LAS MISMAS AUTORIDADES Y POR LOS MISMOS ACTOS, AUN CUANDO SE HAYA DICTADO SENTENCIA EJECUTORIA EN EL PRINCIPAL.". Ahora bien, con relación a la suspensión de plano solicitada respecto a la orden de traslado reclamada, no ha lugar a proveer respecto de la misma, toda vez que como lo ha resuelto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Criterio que se encuentra en la tesis 1a. XXI/2021 (10a.), dictada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, cuyo rubro "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]". Del mismo modo, no ha lugar a decretar la suspensión de plano respecto de los diversos actos reclamados consistentes en la reubicación de dormitorio del quejoso; en virtud de que tal acto no está previsto en alguno de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo, máxime que los mismos no generan de facto una incomunicación, -supuesto bajo el cual el quejoso no refiere ubicarse- o algún ataque a la libertad personal fuera de procedimiento o que se ubique en los supuestos prohibidos por el artículo 22 constitucional. En consecuencia, será el juez que se avoque al conocimiento de la presente demanda, el que deberá realizar el pronunciamiento respectivo. Toda vez que la parte quejosa es omisa en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones, con apoyo en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos. No obstante, dado que el quejoso refiere que se encuentra interno en el reclusorio de la Ciudad de México, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente, a efecto de que el JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL, EN TURNO, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que realice lo siguiente: 1) De conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo, comisione al Actuario Judicial adscrito a ese Juzgado de Distrito, para que se constituya ante el encargado de las instalaciones del centro de reclusión en el que se encuentre el quejoso y le notifique personalmente el presente acuerdo. 2) De conformidad el ordinal 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, comisione al actuario judicial adscrito al juzgado exhortado a efecto de que proceda a dar fe de las condiciones físicas en las cuales se encuentre el quejoso, de lo cual deberá realizar una relación detallada; asimismo, de estimarlo necesario, realice toma de placas fotográficas a fin de acreditar el estado físico del peticionario de amparo. En el entendido que la autoridad administrativa ante quien están a disposición el quejoso directo deberá prestar todas las facilidades a efecto de que el actuario facultado se pueda constituir a desahogar la diligencia de mérito. -Incompetencia. En otro orden de ideas, cabe señalar que los presupuestos procesales son los requisitos que los gobernados deben cumplir al hacer uso del derecho de acceso a la justicia. A razón de ejemplo cabe citar, entre otros, la competencia (el gobernado debe de presentar su petición ante el órgano facultado por el legislador para conocer del procedimiento); la legitimación (cuáles son las personas que pueden demandar y cuáles pueden ser demandadas); la vía (el procedimiento que el legislador previó para el caso concreto). Así, la competencia es la distribución de jurisdicción entre los jueces, que se realiza mediante la asignación de determinadas facultades para realizar la función jurisdiccional en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. De esta forma, se traduce en los límites del poder jurisdiccional, dentro de los cuales el juez puede conocer de los conflictos o controversias que los gobernados le presentan; en ese orden ideas, podemos decir que la competencia es sólo la facultad que tiene el juzgador para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y solo dentro de determinado territorio. En esa tesitura, al ser la competencia de estudio preferente, este órgano jurisdiccional procede a examinar si resulta competente para conocer del presente asunto. Como se ve, en la demanda que se analiza se señala como autoridad responsable entre otros, al suscrito Juez Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala -tomando en consideración que se señalaron con tal carácter a la totalidad de juzgadores de amparo del Estado de Tlaxcala- motivo por el cual este órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer del presente asunto. En ese sentido, debe tomarse en consideración lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Amparo, el cual refiere lo siguiente: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". El precepto legal en cita determina la competencia para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de distrito, siendo competente otro de la misma categoría dentro del mismo distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca dicho juez. En ese sentido, en el caso se actualiza lo establecido en dicho numeral, ya que el suscrito fue señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción o no en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, y por tanto al ser parte en el juicio de amparo respectivo, no se puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez. Bajo ese contexto, se colige que conforme a la regla prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, resulta competente para conocer de la presente demanda constitucional, al juez de distrito, en turno, más cercano. Cobra relevancia, por su idea jurídica, la jurisprudencia sostenida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización, con registro electrónico 190008, de rubro "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMRITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN.". Ahora bien, en el caso, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso no señaló como autoridades responsables a los jueces de distrito en Baja California ni a los de Baja California Sur. En ese sentido, tomando en consideración la distancia que existe entre dichas entidades federativas, y el Estado de Tlaxcala, se estima que el juez competente para conocer del libelo constitucional, lo es el Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en turno, con sede en La Paz. Esto, toda vez que constituye un hecho notorio para el suscrito, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, que la distancia aproximada entre esta ciudad de Apizaco, Tlaxcala y La Paz, Baja California Sur, es de aproximadamente de 1807 km (mil ochocientos siete kilómetros). Mientras que la distancia entre Apizaco, Tlaxcala y Tijuana, Baja California, es de aproximadamente 2939 km (dos mil novecientos treinta y nueve kilómetros; y entre esta ciudad y Mexicali, en dicha entidad federativa, hay una distancia aproximada de 2770 km (dos mil setecientos setenta kilómetros). De ahí que con apoyo en el Acuerdo General 3/2013 dei Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización y por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, corresponde al Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en turno, con sede en La Paz, conocer de la demanda de amparo planteada, dada su cercanía con la ciudad en la que reside este juzgado federal. En tales condiciones, se estima que este órgano de control constitucional carece de legal competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta, por lo que deberá remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Baja California Sur, en turno, con sede en La Paz, on fundamento en los dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, remítase mediante oficio el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Sur, con sede en La Paz, con el objeto de que lo turne al órgano jurisdiccional correspondiente, para que tenga a bien determinar si acepta o no la competencia propuesta, solicitando que a la brevedad posible remita el acuse de recibo respectivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con copia simple de la demanda de cuenta, así como autógrafa del presente acuerdo, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Se autoriza a cualquier secretario y actuario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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