Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Expediente 71/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 13 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 13/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, trece de febrero de dos mil veintiuno. Recepción y radicación de demandas. Vistas las cuatro demandas de amparo presentadas vía electrónica por ***, a nombre de *** y ***, contras actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Atento a ello, fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrense las demandas en los libros de gobierno con los números ***, ***, ***y ***. Acumulación de juicios. Resulta procedente la acumulación de los juicios formados con motivo de las demandas de amparo presentadas por ***, a nombre de *** y ***, atento a las siguientes consideraciones. Los artículos 49 y 66 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio. Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Ahora bien, del estudio de las demandas de amparo, se advierte que el promovente señala en los cuatro ocursos a las siguientes autoridades responsables: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los treinta y un gobernadores de las entidades federativas. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaría de Gobernación. Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México. De igual forma, en la tercera y cuarta de las demandas señala como responsables: Dirección de la Penitenciaria. Subdirección de Seguridad de la penitenciaria Comité técnico de la penitenciaria Además, señala los actos reclamados siguientes: Discriminación por condición. Traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México que pone en riesgo grave la salud, vida, integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro zona uno, estancia once, a otro dormitorio, diverso módulo, módulo de castigo o área diversa que pone en riesgo grave la salud, vida, integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Represalias e intimidación. Actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, como angustia, dolor psíquico y otros. Amenazas. Por tanto, si las demandas de amparo fueron promovidas a nombre de los mismos quejosos, contra las mismas autoridades responsables, pues en las cuatro demandas se incluyen a las mismas y en la tercera y cuarta se añaden otras tres, aunado a que son los mismos actos reclamados, lo procedente es decretar la acumulación de juicios. En efecto, la institución procesal de la acumulación tiene como finalidad de evitar que, en diversos juicios de amparo relacionados entre sí, debido a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades señaladas como responsables, se dicten resoluciones con un sentido contradictorio, lo que implicaría un conflicto para las autoridades responsables para dar el debido cumplimiento a cada una de las ejecutorias de amparo dictadas en los diversos asuntos, es por ello, que se presenta la institución de la acumulación como una solución a este problema y como una herramienta para dar el debido estudio a todos los juicios de amparo relacionados. En consecuencia, lo procedente es decretar la acumulación de los juicios relativos y con ello evitar la contradicción de resoluciones, con lo cual se cumple con lo ordenado en el artículo 17 Constitucional, esto es, que la impartición de justicia se realice de manera pronta, completa y uniforme en asuntos en los que se han señalado a las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados. Cabe agregar que la parte final del primer párrafo del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala: Artículo 72. Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación del más nuevo al más antiguo. Del anterior precepto, se advierte que de los juicios acumulados deberá conocer el juez que previno y tratándose de juicios que se llevan ante un mismo Juzgado, el más reciente se acumulará al más antiguo. Por tanto, como en las demandas de amparo figuran los mismos quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, procede la acumulación de los juicios de amparo números ***, *** y *** al ***, por ser éste el que se recibió primero en este órgano jurisdiccional. Suspensión de plano. De la lectura íntegra de las demandas de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: Discriminación por condición. Traslado fuera de procedimiento de los quejosos de la penitenciaria CDMX a otro centro diverso que pone en riesgo grave la salud, vida, integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 Ley de Amparo. Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio diverso módulo (sic) de castigo o área diversa fuera de procedimiento por motivos discriminatorios y que pone en riesgo grave la salud vida integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional y 15 Ley de Amparo. Represalias e intimidación. Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional como angustia, dolor síquico y otros. Amenazas. Atento a lo anterior, en tanto que se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se concede a *** y ***, la suspensión de plano en los siguientes términos. a. Orden de traslado. Por principio debe tenerse presente que los quejosos señalan que la orden de traslado que reclaman fue emitida fuera de procedimiento. En tal virtud, es dable estimar que dicho acto afecta la libertad personal de manera indirecta, pues aún y cuando los promoventes se encuentren detenidos, lo cierto es que con el traslado a diverso centro carcelario se modifican las condiciones de internamiento. Luego, si esa orden de trato es un acto que afecta a la libertad personal fuera de procedimiento, debe concederse la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo al acto reclamado respecto del cual se concede la suspensión, debe destacarse que el artículo 161 de la Ley de Amparo dispone: Artículo 161. Cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo. Por lo tanto, desde este momento, se concede la suspensión de oficio y de plano que solicitan los quejosos, para el efecto de que no se ejecute el traslado de los aquí quejosos *** y *** del centro penitenciario en donde se encuentren recluidos, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer, en su caso, del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, siempre y cuando no se haya ejecutado, pues se estaría ante un acto consumado. Cabe precisar que la suspensión que se concede, no surtirá efectos si la orden de traslado de *** y *** del centro penitenciario en donde se encuentran recluidos, a diversa institución de internamiento obedece a una orden emitida por una autoridad diversa a las responsables. Asimismo, la suspensión que se concede no surtirá efecto alguno si la orden de traslado obedece a que el delito por el cual se le vinculó a proceso es de delincuencia organizada o si el imputado requiere medidas especiales de seguridad y que éstas hayan sido decretadas por la autoridad judicial. Esto es así, pues de tratarse de los indicados supuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, concretamente las establecidas en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, no sería procedente conceder la suspensión del acto reclamado. b. Discriminación por condición, reubicación de dormitorio, represalias, intimidación, actos que impliquen angustia o dolor psíquico y amenazas. Ahora bien, respecto a los diversos actos reclamados consistentes en la discriminación por condición, reubicación de dormitorio, represalias, intimidación, actos que impliquen angustia o dolor psíquico y amenazas, los cuales están prohibidos por el artículo 22 Constitucional, por implicar un riesgo en la integridad física y dignidad personal de la parte quejosa, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que, de inmediato, las autoridades responsables realicen todos las actuaciones necesarias para que: No se ejecute la reubicación a otro diverso módulo o a uno de castigo; y, en caso, de que los quejosos ya hubieran sido reubicados, deberá cesar de inmediato tal situación, a efecto de que sean devueltos al dormitorio que tenían asignado. Cesen los actos de discriminación por condición, represalias, intimidación, actos que impliquen angustia o dolor psíquico y amenazas que están ejerciendo sobre los quejosos. Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta determinación, anexando copia certificada de las constancias necesarias para acreditarlo; apercibidas que de no hacerlo así, se aplicarán en su contra las medidas de apremio que establecen los artículos 237 fracción I, 238 párrafo primero, 259 y 262 fracción III de la Ley de Amparo, consistente en una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación de inmediato. En el entendido que de no obedecer en sus términos la suspensión de oficio otorgada en el presente juicio de amparo, se procederá, conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Dada la urgencia del asunto, las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios correspondientes, aun cuando su denominación no sea la correcta, por lo que, de ser el caso, se les requiere para que en el momento de su recepción, o bien, en el informe que rindan se sirvan realizar las aclaraciones correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que se encuentran obligadas a prestar el auxilio necesario para el desahogo de las diligencias decretadas por este órgano jurisdiccional y por el órgano que se exhorte, siendo su responsabilidad estar en aptitud de hacerlo, lo cual, bajo ninguna circunstancia, excusa el entorpecimiento del desarrollo de diligencias jurisdiccionales urgentes, como el presente, por lo que de no prestar el apoyo y auxilio necesario al funcionario judicial encomendado para esta diligencia, de conformidad con el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, se procederá a dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, para que proceda conforme a derecho corresponda. Se ordena girar exhorto En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III inciso b), de la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual se encuentra de guardia, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione al Actuario Judicial de su adscripción a fin de que se constituya de manera inmediata en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de que notifique personalmente a los directos quejosos este proveído y notifique mediante oficio que tenga a bien generar, a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada, siendo concretamente a las siguientes: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaría de Gobernación. Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México. Dirección de la Penitenciaria. Subdirección de Seguridad de la penitenciaria Comité técnico de la penitenciaria Para logar la notificación de las autoridades responsables, anéxese al exhorto copia de este acuerdo y de las cuatro demandas de amparo. Por tanto, se faculta al Juez de Distrito exhortado para que, con plenitud de jurisdicción, provea lo conducente a fin de lograr la encomienda de que se trata, de conformidad con la ley aplicable, pudiendo disponer que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su desahogo, incluso, acuerde promociones, recabe copias y habilite días y horas inhábiles. Se solicita al Juez de Distrito exhortado que una vez que sea diligenciada esta comunicación oficial electrónica, la devuelva por la misma vía a este juzgado. No es óbice que en la demanda de amparo se hayan señalado como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en tanto que en términos del artículo 39 y 42, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cumplimiento de exhortos o despachos no cabe sostener algún impedimento. Incompetencia para conocer de la demanda de amparo. Ahora bien, en los escritos de demanda se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que los directos quejosos se encuentran recluídos en la Penitenciaría de la Ciudad de México. En ese sentido, es menester tener presente que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso de la orden de traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO, determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario. Sin embargo, no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un circuito judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. En ese caso específico, la Primera Sala ha establecido que la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. En el caso que nos ocupa, los quejosos están recluídos en un centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México, es decir, en un circuito judicial distinto al en que este Juzgado de Distrito tiene competencia y jurisdicción. Además, de lo narrado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, el promovente no tiene noticia del lugar al que serán trasladados los directos quejosos. En consecuencia, cobra actualidad la regla a que se ha hecho mención, en cuanto a que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde los quejosos se encuentran recluidos, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un circuito judicial distinto. De igual forma, respecto de los actos restantes consistentes en la discriminación por condición, reubicación de dormitorio, represalias, intimidación, actos que impliquen angustia o dolor psíquico y amenazas, cobra actualidad la regla contenida en el artículo 37, en cuanto a que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se esté ejecutando; dado que si los quejosos están recluídos en un centro carcelario de la Ciudad de México, es en es lugar donde se ejecutan los actos que reclama o donde tendrán ejecución. Ahora bien, en la demanda de amparo se señalan como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; de manera que para determinar la competencia de quien debe conocer del presente asunto se debe tomar en cuenta que, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito más cercanos a los señalados como autoridades responsables son los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan; tal como se advierte de la certificación de cuenta. En tanto que debe privilegiarse la cercanía del Juez de Distrito en relación con las autoridades responsables y, en este caso en particular, respecto del lugar en que se encuentran recluídos los quejosos. De igual forma, resulta aplicable la tesis aislada I.5o.P.20 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice Por tanto, con apoyo en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio y declina la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno; por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este Juzgado si acepta o no la competencia declinada a su favor. En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, remítase vía interconexión el oficio que derive del presente asunto y las demandas de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De igual forma háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), notifíquese las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, se le comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por exhorto a los quejosos y a las autoridades responsables residentes en la Ciudad de México, en tanto que a los Gobernadores de las entidades federativas de la República Mexicana se les deberá notificar mediante oficio.
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