Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 13 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
70/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
13/02/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Angelino Barrón y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de febrero de dos mil veintiuno. Recepción y radicación de demandas. Vistas las cuatro demandas de amparo presentadas vía electrónica por Carlos González Valencia, a nombre de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, contras actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Atento a ello, fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrense las demandas en los libros de gobierno con los números 68/2021, 69/2021, 70/2021 y 71/2021. Acumulación de juicios. Resulta procedente la acumulación de los juicios formados con motivo de las demandas de amparo presentadas por Carlos González Valencia, a nombre de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, atento a las siguientes consideraciones. Los artículos 49 y 66 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 49. Cuando el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito ante el cual se hubiese promovido un juicio de amparo tenga información de que otro está conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean distintos, lo comunicará de inmediato por oficio a dicho órgano, y anexará la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como, en su caso, del auto dictado como primera actuación en el juicio. "Recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes si se trata del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, y comunicará lo anterior al oficiante. Si reconoce la competencia de éste, le remitirá los autos relativos. "En caso de conflicto competencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 48 de esta Ley. "Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que haya resultado competente y se deberá sobreseer en el otro juicio. "Artículo 66. En los juicios de amparo se substanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente esta Ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan durante el procedimiento. El órgano jurisdiccional determinará, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Ahora bien, del estudio de las demandas de amparo, se advierte que el promovente señala en los cuatro ocursos a las siguientes autoridades responsables: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Los treinta y un gobernadores de las entidades federativas. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaría de Gobernación. Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México. De igual forma, en la tercera y cuarta de las demandas señala como responsables: Dirección de la Penitenciaria. Subdirección de Seguridad de la penitenciaria Comité técnico de la penitenciaria Además, señala los actos reclamados siguientes: Discriminación por condición. Traslado fuera de procedimiento de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro y fuera de la Ciudad de México que pone en riesgo grave la salud, vida, integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro zona uno, estancia once, a otro dormitorio, diverso módulo, módulo de castigo o área diversa que pone en riesgo grave la salud, vida, integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo. Represalias e intimidación. Actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, como angustia, dolor psíquico y otros. Amenazas. Por tanto, si las demandas de amparo fueron promovidas a nombre de los mismos quejosos, contra las mismas autoridades responsables, pues en las cuatro demandas se incluyen a las mismas y en la tercera y cuarta se añaden otras tres, aunado a que son los mismos actos reclamados, lo procedente es decretar la acumulación de juicios. En efecto, la institución procesal de la acumulación tiene como finalidad de evitar que, en diversos juicios de amparo relacionados entre sí, debido a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades señaladas como responsables, se dicten resoluciones con un sentido contradictorio, lo que implicaría un conflicto para las autoridades responsables para dar el debido cumplimiento a cada una de las ejecutorias de amparo dictadas en los diversos asuntos, es por ello, que se presenta la institución de la acumulación como una solución a este problema y como una herramienta para dar el debido estudio a todos los juicios de amparo relacionados. En consecuencia, lo procedente es decretar la acumulación de los juicios relativos y con ello evitar la contradicción de resoluciones, con lo cual se cumple con lo ordenado en el artículo 17 Constitucional, esto es, que la impartición de justicia se realice de manera pronta, completa y uniforme en asuntos en los que se han señalado a las mismas autoridades responsables y por idénticos actos reclamados. Cabe agregar que la parte final del primer párrafo del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señala: "Artículo 72.- Dos o más litigios deben acumularse cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso, o tienden en todo o en parte al mismo efecto, o cuando en dos o más juicios, debe resolverse, total o parcialmente, una misma controversia. Para que proceda la acumulación es necesario que los juicios no estén para verificarse la audiencia final de la primera instancia. La acumulación del más nuevo al más antiguo." Del anterior precepto, se advierte que de los juicios acumulados deberá conocer el juez que previno y tratándose de juicios que se llevan ante un mismo Juzgado, el más reciente se acumulará al más antiguo. Por tanto, como en las demandas de amparo figuran los mismos quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, procede la acumulación de los juicios de amparo números 69/2021, 70/2021 y 71/2021 al 68/2021, por ser éste el que se recibió primero en este órgano jurisdiccional. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 51/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro: 180969 Instancia: Pleno Novena Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Agosto de 2004 Materia(s): Común Tesis: P./J. 51/2004 Página: 5 "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." De igual forma, es útil para sustentar esta decisión la tesis XXII.1o.9 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2006107 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.9 K (10a.) Página: 1416 "ACUMULACIÓN. SUBSISTE DICHA FIGURA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. Si bien la Ley de Amparo en vigor, a diferencia de la ley abrogada, de manera expresa no prevé la acumulación de los juicios de garantías, lo cierto es que dicha institución se encuentra contemplada en la fórmula genérica que prevé el numeral 66 de dicho ordenamiento, al disponer que en los juicios de amparo se sustanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente la ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan dentro del procedimiento, quedando en libertad el órgano jurisdiccional de amparo para determinar, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Además, si se considera la relevancia de las finalidades que se persiguen con la acumulación, a saber, economía procesal y evitar sentencias contradictorias; entonces, la figura jurídica de mérito, debe considerarse como parte del sistema procesal del amparo, porque con ello el juzgador estará en posibilidad de dar solución adecuada al conflicto que se le ha planteado, salvaguardando así el derecho fundamental del gobernado a la impartición de justicia completa, pronta e imparcial." Suspensión de plano. De la lectura íntegra de las demandas de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: "[.] "Discriminación por condición. "Traslado fuera de procedimiento de los quejosos de la penitenciaria CDMX a otro centro diverso que pone en riesgo grave la salud, vida, integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 constitucional y 15 Ley de Amparo. "Reubicación de los quejosos del dormitorio cuatro zona uno estancia once a otro dormitorio diverso módulo (sic) de castigo o área diversa fuera de procedimiento por motivos discriminatorios y que pone en riesgo grave la salud vida integridad y dignidad personal de los quejosos y actualiza actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional y 15 Ley de Amparo. "Represalias e intimidación. "Actos prohibidos por el artículo 22 constitucional como angustia, dolor síquico y otros. "Amenazas." Atento a lo anterior, en tanto que se reclaman actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se concede a Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, la suspensión de plano en los siguientes términos. a. Orden de traslado. Por principio debe tenerse presente que los quejosos señalan que la orden de traslado que reclaman fue emitida fuera de procedimiento. En tal virtud, es dable estimar que dicho acto afecta la libertad personal de manera indirecta, pues aún y cuando los promoventes se encuentren detenidos, lo cierto es que con el traslado a diverso centro carcelario se modifican las condiciones de internamiento. Luego, si esa orden de trato es un acto que afecta a la libertad personal fuera de procedimiento, debe concederse la suspensión de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "Registro digital: 2013066 Instancia: Primera Sala Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 58/2016 (10a.) Página: 865 "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 17/2013 (10a.) y 1a./J. 83/2015 (10a.), (1) ha establecido, respectivamente, que la orden de traslado de un recluso de un centro penitenciario a otro produce una afectación a la libertad personal de manera indirecta; y, que cuando dicha orden se ejecuta sin la intervención de la autoridad jurisdiccional rectora del proceso o de la fase de ejecución de sentencia, no puede estimarse que se trate de un acto emitido en razón del procedimiento. Luego, si la literalidad del artículo 126 de la Ley de Amparo precisa que la suspensión de plano y de oficio se concederá cuando se trate de actos que importen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, las condiciones para actualizar el supuesto son precisamente las que de manera clara y concreta se establecen en el propio precepto y consisten solamente en: a) que se trate de un acto que conlleve privación de la libertad personal; y, b) que tal acto sea dictado fuera de procedimiento, sin que sea dable añadir como requisito que la afectación a la libertad se deba verificar de manera directa o indirecta, pues adicionar un nuevo requisito para la procedencia de la suspensión de plano a través de una interpretación sería en detrimento del derecho fundamental de tutela judicial efectiva. En ese sentido, si el precepto de que se habla únicamente refiere que se debe tratar de un acto que ataque a la libertad personal y que dicho acto se emita fuera de procedimiento, lo que tiene lugar, precisamente, en el caso de la orden de traslado de un centro penitenciario a otro cuando es emitida por autoridades de carácter administrativo, es inconcuso que respecto de la mencionada orden debe concederse la suspensión de oficio y de plano, aun cuando ésta únicamente afecte la libertad personal del recluso de manera indirecta." Ahora bien, atendiendo al acto reclamado respecto del cual se concede la suspensión, debe destacarse que el artículo 161 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 161. Cuando el acto reclamado consista en la orden de traslado del quejoso de un centro penitenciario a otro, la suspensión, si procede, tendrá por efecto que éste no se lleve a cabo." Por lo tanto, desde este momento, se concede la suspensión de oficio y de plano que solicitan los quejosos, para el efecto de que no se ejecute el traslado de los aquí quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González del centro penitenciario en donde se encuentren recluidos, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer, en su caso, del procedimiento penal para los efectos de su continuación. Lo anterior, siempre y cuando no se haya ejecutado, pues se estaría ante un acto consumado. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "Registro digital: 299986 Instancia: Primera Sala Quinta Época Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo CIV Materia(s): Común, Penal Tesis: Página: 1072 "TRASLADO DEL REO, SUSPENSION TRATANDOSE DE. Teniendo en cuenta que se reúnen los requisitos del artículo 124 de la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión que se solicita, debe concederse ésta, para el efecto de que no sean trasladados los quejosos del lugar en donde se encuentran recluidos." De igual forma, sustenta esta decisión, las consideraciones a que se refiere la tesis VIII.1o. 16 P del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que dice "Registro digital: 199764 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Enero de 1997 Materia(s): Penal Tesis: VIII.1o.16 P Página: 557 "SUSPENSION, INCIDENTE DE. PROCEDE CONTRA EL TRASLADO DE REOS. El Juez de Distrito no estuvo en lo correcto al haber negado la suspensión definitiva de los actos reclamados, ya que al consistir éstos en el traslado del reo de una ciudad a otra, debió de considerarse que se encuentra dentro de los supuestos establecidos por el artículo 136 de la Ley de Amparo, es decir, el de estimar que la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejoso quede a disposición del Juez de Distrito, únicamente en lo que se refiere a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad que deba juzgarlo, por lo que hace a la continuación del proceso penal, debiendo suspenderse el traslado del quejoso al lugar donde se le está instruyendo el proceso, mientras se resuelve el fondo del amparo." Cabe precisar que la suspensión que se concede, no surtirá efectos si la orden de traslado de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González del centro penitenciario en donde se encuentran recluidos, a diversa institución de internamiento obedece a una orden emitida por una autoridad diversa a las responsables. Asimismo, la suspensión que se concede no surtirá efecto alguno si la orden de traslado obedece a que el delito por el cual se le vinculó a proceso es de delincuencia organizada o si el imputado requiere medidas especiales de seguridad y que éstas hayan sido decretadas por la autoridad judicial. Esto es así, pues de tratarse de los indicados supuestos, se contravendrían disposiciones de orden público, concretamente las establecidas en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, no sería procedente conceder la suspensión del acto reclamado. Al respecto, es aplicable la tesis I. 9o. P. 129 P (10a.) del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "Registro digital: 2013709 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III Materia(s): Común, Penal Tesis: I.9o.P.129 P (10a.) Página: 2321 "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL. La citada medida cautelar contra la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, debe restringirse en cuanto a su concesión, si dicha orden se encuentra relacionada con el delito de delincuencia organizada o si el quejoso requiere medidas especiales de seguridad, siempre que se emita por autoridad judicial, porque vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el diverso 128, fracción II, de la Ley de Amparo, así lo condiciona, en el sentido de que esa medida no surtirá efectos si contraviene disposiciones de orden público. En efecto, el precepto citado de la Carta Magna establece que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales, y los que revisten este carácter son los centros de reclusión de máxima seguridad, por contar con las medidas de seguridad e instalaciones necesarias para la protección integral de los procesados o sentenciados y la disminución de riesgo de fuga. Incluso, dispone que podrán imponerse medidas de vigilancia especial de seguridad a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley. Lo que se traduce en que ningún derecho fundamental es absoluto y, en esa medida, todos admiten restricciones, con la salvedad de que no se realicen a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros derechos constitucionalmente protegidos." b. Discriminación por condición, reubicación de dormitorio, represalias, intimidación, actos que impliquen angustia o dolor psíquico y amenazas. Ahora bien, respecto a los diversos actos reclamados consistentes en la discriminación por condición, reubicación de dormitorio, represalias, intimidación, actos que impliquen angustia o dolor psíquico y amenazas, los cuales están prohibidos por el artículo 22 Constitucional, por implicar un riesgo en la integridad física y dignidad personal de la parte quejosa, con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto de que, de inmediato, las autoridades responsables realicen todos las actuaciones necesarias para que: No se ejecute la reubicación a otro diverso módulo o a uno de castigo; y, en caso, de que los quejosos ya hubieran sido reubicados, deberá cesar de inmediato tal situación, a efecto de que sean devueltos al dormitorio que tenían asignado. Cesen los actos de discriminación por condición, represalias, intimidación, actos que impliquen angustia o dolor psíquico y amenazas que están ejerciendo sobre los quejosos. Al respecto, se cita la tesis I.10o.P.1 P (10a.) del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice: "Registro digital: 2012356 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV Materia(s): Común, Penal Tesis: Página: 2725 "REUBICACIÓN DE UN INTERNO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A UNA CELDA DE CASTIGO COMO MEDIDA DISCIPLINARIA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, CON EL EFECTO RESTAURATIVO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 147, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. En la reforma constitucional de 6 de junio de 2011 y la posterior emisión de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se evidenció la voluntad del legislador de garantizar que el juicio de amparo sea una herramienta eficaz en la protección y restauración de los derechos humanos; en función de lo cual, con el artículo 147, párrafo segundo, de la citada ley, se ampliaron los efectos de la suspensión, para que en los casos en que la naturaleza del acto reclamado lo permita, esa figura sirva como medida restitutoria provisional de los derechos afectados por determinado acto y así evitar que el proceso constitucional autónomo pierda su materia al haberse consumado la afectación irremediable a los derechos del quejoso. Por lo anterior, cuando el acto reclamado se hace consistir en una medida disciplinaria impuesta a un interno de un centro penitenciario, como lo es su reubicación a una celda de castigo, y tomando en cuenta que por la premura con que el Juez de amparo resuelve sobre la medida cautelar, no se cuenta con elementos que permitan presumir la legalidad del referido acto, debe concederse la suspensión solicitada con el efecto restaurativo a que se refiere el precepto mencionado, a fin de restablecer al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado, a efecto de que se le reinstale en el dormitorio que originalmente le fue asignado, toda vez que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela], al estar limitada la utilización de las celdas de castigo al tiempo estrictamente necesario y otros requisitos cuyo incumplimiento se traduce en actos de tortura, de no paralizarse el acto reclamado, se corre el riesgo de que se sufra en su totalidad la violación alegada y el juicio de amparo principal quede sin materia, lo que contradice la finalidad de la medida suspensional de que se trata." Por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta determinación, anexando copia certificada de las constancias necesarias para acreditarlo; apercibidas que de no hacerlo así, se aplicarán en su contra las medidas de apremio que establecen los artículos 237 fracción I, 238 párrafo primero, 259 y 262 fracción III de la Ley de Amparo, consistente en una multa de trescientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación de inmediato. En el entendido que de no obedecer en sus términos la suspensión de oficio otorgada en el presente juicio de amparo, se procederá, conforme a lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] "III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.". Dada la urgencia del asunto, las autoridades señaladas como responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios correspondientes, aun cuando su denominación no sea la correcta, por lo que, de ser el caso, se les requiere para que en el momento de su recepción, o bien, en el informe que rindan se sirvan realizar las aclaraciones correspondientes. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que se encuentran obligadas a prestar el auxilio necesario para el desahogo de las diligencias decretadas por este órgano jurisdiccional y por el órgano que se exhorte, siendo su responsabilidad estar en aptitud de hacerlo, lo cual, bajo ninguna circunstancia, excusa el entorpecimiento del desarrollo de diligencias jurisdiccionales urgentes, como el presente, por lo que de no prestar el apoyo y auxilio necesario al funcionario judicial encomendado para esta diligencia, de conformidad con el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo, se procederá a dar vista al Ministerio Público por la posible comisión de un delito, para que proceda conforme a derecho corresponda. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que literalmente establece lo siguiente: "Registro digital: 2014917 Instancia: Pleno Décima Época Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I Materia(s): Común, Penal Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Página: 5 "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Se ordena girar exhorto En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción Ill inciso b), de la Ley de Amparo, gírese exhorto vía electrónica al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, el cual se encuentra de guardia, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione al Actuario Judicial de su adscripción a fin de que se constituya de manera inmediata en las instalaciones que ocupa la Penitenciaría de la Ciudad de México, a fin de que notifique personalmente a los directos quejosos este proveído y notifique mediante oficio que tenga a bien generar, a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada, siendo concretamente a las siguientes: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Secretaría de Gobernación. Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Dirección Ejecutiva de Seguridad Penitenciaria de la Ciudad de México. Dirección de la Penitenciaria. Subdirección de Seguridad de la penitenciaria Comité técnico de la penitenciaria Para logar la notificación de las autoridades responsables, anéxese al exhorto copia de este acuerdo y de las cuatro demandas de amparo. Por tanto, se faculta al Juez de Distrito exhortado para que, con plenitud de jurisdicción, provea lo conducente a fin de lograr la encomienda de que se trata, de conformidad con la ley aplicable, pudiendo disponer que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su desahogo, incluso, acuerde promociones, recabe copias y habilite días y horas inhábiles. Se solicita al Juez de Distrito exhortado que una vez que sea diligenciada esta comunicación oficial electrónica, la devuelva por la misma vía a este juzgado. No es óbice que en la demanda de amparo se hayan señalado como autoridades responsables a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en tanto que en términos del artículo 39 y 42, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cumplimiento de exhortos o despachos no cabe sostener algún impedimento. Incompetencia para conocer de la demanda de amparo. Ahora bien, en los escritos de demanda se advierte que el promovente manifestó, bajo protesta de decir verdad, que los directos quejosos se encuentran recluídos en la Penitenciaría de la Ciudad de México. En ese sentido, es menester tener presente que de acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Amparo es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Finalmente, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso de la orden de traslado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario. Sin embargo, no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un circuito judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. En ese caso específico, la Primera Sala ha establecido que la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Este criterio está contenido en la jurisprudencia 1a./J. 64/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala, que dice: "Registro digital: 2020828 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 64/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará." En el caso que nos ocupa, los quejosos están recluídos en un centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México, es decir, en un circuito judicial distinto al en que este Juzgado de Distrito tiene competencia y jurisdicción. Además, de lo narrado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, el promovente no tiene noticia del lugar al que serán trasladados los directos quejosos. En consecuencia, cobra actualidad la regla a que se ha hecho mención, en cuanto a que la competencia para conocer del asunto corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde los quejosos se encuentran recluidos, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un circuito judicial distinto. De igual forma, respecto de los actos restantes consistentes en la discriminación por condición, reubicación de dormitorio, represalias, intimidación, actos que impliquen angustia o dolor psíquico y amenazas, cobra actualidad la regla contenida en el artículo 37, en cuanto a que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución o se esté ejecutando; dado que si los quejosos están recluídos en un centro carcelario de la Ciudad de México, es en es lugar donde se ejecutan los actos que reclama o donde tendrán ejecución. Ahora bien, en la demanda de amparo se señalan como autoridades responsables, entre otras, a los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; de manera que para determinar la competencia de quien debe conocer del presente asunto se debe tomar en cuenta que, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito más cercanos a los señalados como autoridades responsables son los Jueces de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan; tal como se advierte de la certificación de cuenta. En tanto que debe privilegiarse la cercanía del Juez de Distrito en relación con las autoridades responsables y, en este caso en particular, respecto del lugar en que se encuentran recluídos los quejosos. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 44/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido: "Registro digital: 190008 Novena Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 75 Tipo: Jurisprudencia "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." De igual forma, resulta aplicable la tesis aislada I.5o.P.20 K (10a.), del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que dice "Registro digital: 2016545 Décima Época Materias(s): Común Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, página 1910 Tipo: Aislada "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA OMISIONES O ABSTENCIONES DEL JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE LA MATERIA, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN Y, SI NO LO HUBIERA, EL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE AQUÉL PERTENEZCA. El artículo señalado prevé una regla especial de competencia en el juicio de amparo cuando el acto reclamado se atribuye a un Juez de Distrito, pues la competencia para conocerlo, se surte a favor de otro Juez del mismo Distrito y especialización y, si no lo hubiera, del más cercano dentro de la jurisdicción del Circuito al que pertenezca; de esta manera, si bien es factible que de acuerdo con la naturaleza del acto reclamado (omisión o abstención del Juez de Distrito), pudiera encuadrar en una de las hipótesis del artículo 37 de la Ley de Amparo, de manera específica, la prevista en su último párrafo, que ordena: "cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda", lo cierto es que, en este caso, no debe aplicarse dicha regla, sino aquella especial, sobre todo cuando con ello se privilegia el factor de cercanía del Juez de Distrito que debe conocer del juicio respecto de la autoridad judicial federal señalada como responsable." Por tanto, con apoyo en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito se declara legalmente incompetente por razón de territorio y declina la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno; por lo que se le solicita que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas haga saber a este Juzgado si acepta o no la competencia declinada a su favor. En tal virtud, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este juzgado, remítase vía interconexión el oficio que derive del presente asunto y las demandas de amparo al Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. De igual forma háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en la residencia de este Juzgado de Distrito, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), notifíquese las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista. Medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Exhortación a las partes para la continuación del juicio en línea. De igual modo, se le comunica al promovente que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo aprobado por el Pleno del Consejo en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, para el caso de que así lo deseen, podrán imponerse del contenido de los presentes autos (consulta de expediente electrónico), así como promover y recibir notificaciones vía electrónica (notificaciones vía electrónica) a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o "e.firma", antes firma electrónica avanzada o "FIEL", de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de dicho Acuerdo, por lo que en este caso, deberán de hacer la solicitud correspondiente ante este órgano jurisdiccional, conforme lo establece el referido Acuerdo General 12/2020. En consecuencia, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registró en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio, que así lo ameriten y, presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el procedimiento, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Transparencia y datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a las disposiciones aplicables al caso. Los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto. A su vez, los mismos serán protegidos en términos de la mencionada ley y los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Además, este juicio también está sujeto a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre otras cosas, esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por exhorto a los quejosos y a las autoridades responsables residentes en la Ciudad de México, en tanto que a los Gobernadores de las entidades federativas de la República Mexicana se les deberá notificar mediante oficio. Lo proveyó y firma la Licenciada Argelia Román Mojica, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante el Licenciado Aldo Christian Gallegos Ortiz, con quien actúa. Doy fe.L'ACGO.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano